El Congreso en Washington diseña una ley que amenaza con anular la privacidad de los estadounidenses, en un país donde paradójicamente varios derechos constitucionales prohíben al Estado interferir en asuntos personales de la ciudadanía. De ser aprobada en el Senado, la Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA) alteraría el concepto de las comunicaciones vía Internet y entregaría las llaves de todas las puertas digitales al gobierno del presidente Barack Obama.

Empleados estadounidenses podrían ser obligados a revelar sus contraseñas de Internet si el Senado federal aprueba una ley sobre interacciones en la red digital conocida como CISPA. Una treintena de legisladores, liderados por Mike Rogers (republicano) y Dutch Ruppersberger (demócrata), encabezan el patrocinio de la nueva reglamentación, la cual tiene también el apoyo financiero de corporaciones como IBM, Intel y AT&T.

Con el incombustible argumento de proteger a la nación de eventuales ataques terroristas, la Casa Blanca recibiría licencia absoluta para chequear cualquier cuenta de usuario clasificado como sospechoso potencial en caso de aprobarse el proyecto legislativo, que ya recibió dos veces el visto bueno de la Cámara de Representantes y quedó listo para ser debatido en el siguiente hemiciclo parlamentario de Washington.

En 2012 la cámara baja validó la CISPA con un balance de 248 a 168 sufragios, y el 18 de abril de 2013 repitió la aprobación con un guarismo de 288 a 127 votos. Los líderes demócratas del Senado adelantaron que discutirán sobre su implementación tan pronto den curso a otros temas políticos más importantes, como el control de armas y la inmigración ilegal.

Uno de los acápites de la propuesta permite a empleadores exigir a sus trabajadores la entrega de las contraseñas de redes sociales como condición de permanecer en la plantilla laboral. El futuro manejo público de los llamados passwords podría convertirse en Estados Unidos en un requerimiento lícito para obtener o conservar un puesto de trabajo, denunció el medio digital WebProNews.

Acorde con el diputado demócrata Ed Perlmutter, este artículo es controversial porque afecta la privacidad de los tradicionales usuarios de plataformas sociales y otorga privilegios especiales a los patronos. De ser convertida en ley, la Cyber Intelligence Sharing and Protection Act permitirá en general que Washington acceda a datos personales de los usuarios en la WEB sin el requerimiento de un aviso o el permiso del perjudicado.

Si es sancionada por Obama, la CISPA permitiría que el sector privado vinculado a negocios en la web pueda compartir informaciones de sus clientes con la administración federal e incluso con otras instituciones dentro o fuera de la telaraña cibernética internacional. En otras palabras: el día en que Washington quiera revisar la foto que usted acaba de encriptar en Reddit, Linkedin, u otras redes sociales, averiguará su clave particular y leerá todos sus mensajes, además, sin que medie fuerza mayor para impedirlo.

Compañías como Comcast y Verizon, con oscuros intereses convergentes hacia la aprobación de la ley, donaron a sus patrocinadores en el Congreso 93 millones de dólares para apuntalar la iniciativa, comparado con los cuatro millones que aportaron los oponentes al acta. Acorde con el grupo de muestreo MapLight, la firma AT&T gastó 34 millones de dólares en cabildeo, Comcast 32 millones, Verizon más de 27 millones y los dueños del explorador Mozilla contribuyeron con dos mil dólares. Los padrinos del proyecto han recibido 38 veces más dinero que los parlamentarios opuestos.

En marzo, 200 ejecutivos de IBM volaron a Washington DC para declarar que abrirán sus billeteras en respaldo a la enmienda. Luego de tal declaración, los copatrocinadores pasaron de solamente dos (Rogers y Ruppersberger) a 36 congresistas.

La idea igualmente ha atraído numerosas críticas. La organización antimonopolios Occupy Wall Street emitió una comunicación donde afirma que la CISPA es “un programa increíblemente perverso y malintencionado que debe ser detenido a cualquier precio”. Otras organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), la Internet Defense League y la Electronic Frontier Foundation igualmente se oponen debido a la evidente violación de derechos constitucionales.

El colectivo internacional de piratas informáticos conocido como Anonymous organizó a finales de abril un bloqueo desde importantes sitios de Internet como protesta a la proyectada normativa norteamericana. Según Anonymous, el plan de bloqueo era que determinados portales digitales apagaran los contenidos de sus páginas de inicio durante 24 horas y colocaran proclamas o barras de censura en contra de la reglamentación.

En enero de 2012, un apagón voluntario de Internet que abarcó a siete mil websites, incluyendo Wikipedia, Reddit y Google, logró que las también polémicas enmiendas Stop Online Piracy Act (SOPA) y Protect IP Act (PIPA) fueran archivadas indefinidamente en el Capitolio. Incluso Obama advirtió que vetará la ley si los republicanos no modifican cláusulas controversiales sobre la privacidad, acotó la comunicación del grupo.

Autoridades de Estados Unidos mantenían en debate, por separado, dos proyectos de ley encaminados a regular y limitar el uso de Internet en el país norteño: la Ley para Frenar la Piratería en Línea (SOPA en inglés) y la Ley para Prevenir Amenazas Reales en Línea a la Creatividad Económica y Robo a la Propiedad Intelectual, conocida como Protección a IP.

La normativa contra la piratería fue presentada el pasado 26 de octubre y establece la posibilidad de clausurar sitios web operados desde Estados Unidos u otro país, que resulten sospechosos de contar con documentos protegidos por el derecho de autor. Al mismo tiempo, el Senado estudiaba la normativa Protección a IP, que versa sobre la defensa contra el robo de trabajos o documentos por vía cibernética y constituye un complemento de SOPA. El costo de la aplicación de esos estatutos se estima en alrededor de 47 millones de dólares hasta el año 2016.

La aprobación de esas leyes implicaría una nueva etapa en el uso de Internet, considerada por muchos como un espacio demasiado libre. No obstante, Facebook, Twitter, consideradas las principales redes sociales, así como los mayores buscadores (Google, Yahoo, eBay y AOL) manifestaron rechazo a los dos proyectos, que cuentan en principio con apoyo de 23 congresistas de los partidos Demócrata y Republicano. (1)

Con anterioridad, la ACLU denunció que el gobierno de Washington ya irrespeta la privacidad de los ciudadanos en cuanto a comunicaciones electrónicas en general. Delegados de esta organización tuvieron acceso a documentos del Servicio de Impuestos Internos, en los cuales se afirma que este buró adjunto al Departamento del Tesoro puede acceder a mensajes digitales en redes sociales de Internet.

La oficina federal, cuya sigla en inglés es IRS, ha insistido en que tiene libre acceso a intercomunicaciones electrónicas de los estadounidenses, sin necesidad de una orden judicial o una autorización estatal. El informe de la ACLU recuerda que este hecho es una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que prohíbe pesquisas contra la privacidad personal sin un mandamiento de registro basado en causas probables. Según una explicación de IRS, las transmisiones por Internet y otras comunicaciones cibernéticas pierden sus expectativas de amparo de la Cuarta Enmienda por las características del medio conductor del mensaje.

En febrero último, medios alternativos de prensa revelaron un nivel récord de espionaje gubernamental a través del motor de búsqueda Google. Agencias federales enviaron un alto número de solicitudes a Google para obtener los datos personales de sus usuarios, incluyendo los del correo electrónico, según estadísticas difundidas por la compañía con sede en Mountain View, California.

El número total de esos pedidos ascendió a 13.753, abarcó a más de 31 mil personas y en la mayoría de los casos los trámites se hicieron sin orden judicial. Durante la administración de George W. Bush, el diario The New York Times denunció la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional sobre llamadas telefónicas y comunicaciones por Internet, generadas o destinadas a Estados Unidos.

El próximo paso en el proceso legislativo de la CISPA es que el Senado introduzca su propia versión de la norma y luego ambas cámaras deben armonizar las dos variantes antes de presentar un documento único a la Casa Blanca. Los antecedentes de CISPA fueron los proyectos legales SOPA y PIPA, pero estos textos más bien condenaban acciones de falsificación de softwares y asuntos vinculados a la protección del copyright.

Una ley nacional de vigilancia de 1978 establece que agencias gubernamentales deben solicitar permiso a una corte, antes de interceptar comunicaciones de civiles en territorio del norteño país.

Nota 1: El 19 de enero de 2013 al menos 18 legisladores de Estados Unidos retiraron su respaldo a la ley de regulación cibernética SOPA tras una protesta realizada por numerosos sitios digitales. Entre los detractores figuran en su mayoría senadores del Partido Republicano, quienes se distanciaron de esa normativa y del otro estatuto denominado PIPA luego del “apagón” de actividades protagonizado por varios portales web, entre ellos los reconocidos Wikipedia, Google, Yahoo y Facebook. Entre los legisladores que se desentendieron de los proyectos se encuentran Roy Blunt (Missouri) y Marco Rubio (Florida), así como Ben Cardin, demócrata de Maryland.

* Jefe de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.