De manera distinta a lo que ocurrió cuando se incorporó la definición geográfica de la Amazonía boliviana en la Constitución, actualmente la necesidad constitucional de una ley especial de la Amazonía está generando entre sectores sociales con pertenencia amazónica expectativas e iniciativas dirigidas a plantear propuestas al respecto, algunas de las cuales ya empiezan a incursionar en el escenario mediático.

En sujeción al marco socio-ambiental que establece el capítulo octavo de la Constitución, la futura ley especial de la Amazonía debería contemplar aspectos centrales como el de la etnicidad, considerando que la Amazonía alberga más de dos tercios de los pueblos indígenas reconocidos en Bolivia; el medio ambiente, por las características ecológicas peculiarmente frágiles de la Amazonía y; la visión de desarrollo, en concordancia con las condiciones ecológicas y los patrones culturales que hacen a un modo de vida característico de indígenas y campesinos de la región.

Sin embargo y pese al creciente interés social en Pando y Beni por concretizar la ley especial de la Amazonía, no resultará fácil colmar las expectativas sociales de manera común, debido entre otras, a una limitante que desde un inicio ha generado sentimientos de exclusión: el alcance territorial minimalista establecido en la Constitución, que restringe la Amazonía boliviana a una superficie correspondiente al 13% del territorio nacional, pues el artículo 390 de la CPE, establece que “la Amazonía boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias Vaca Díez y Ballivián del departamento del Beni”.

Pese a su status constitucional, esta delimitación política, en un país donde alrededor del 70% de su territorio forma parte de la cuenca amazónica, deja al margen un amplio territorio con características ecológicas indiscutiblemente amazónicas. Esta restricción territorial tiene entre sus impactos el debilitamiento de la importancia estratégica de la Amazonía boliviana porque no sólo afecta sentimientos de pertenencia amazónica de quienes quedan fuera de tal delimitación, sino que también afecta al país en su conjunto porque le reduce actoría en las decisiones y negociaciones de carácter panamazónico.

Pero esta delimitación también deja al margen a más de la mitad de los pueblos indígenas de la Amazonía, los cuales en su diversidad identitaria, comparten un modo de vida amazónico con características muy comunes vinculadas al sentido hidráulico de sus medios de vida, un vínculo estrecho a los recursos de bosque, un modo de relacionamiento espiritual con el entorno natural, entre otros rasgos socioculturales.

La delimitación geográfica de la Amazonía establecida en la Constitución, en los hechos, fracciona la continuidad territorial de un espacio ecológico muy característico en el país, lo cual a su vez constituye una amenaza al modo de vida de los pueblos indígenas afectados, puesto que, además de la fractura de sus territorialidades históricas desde el orden administrativo del Estado, el ejercer gobierno estatal en la Amazonía legal implicará por mandato constitucional (artículos 91 y 92) unas políticas específicas a la cualidad amazónica, por lo que dejará una parte de estos pueblos amazónicos expuestos a otro tipo de políticas públicas. De ese modo, se habrá incorporado otro capítulo más en el ya tradicional establecimiento de fronteras divisorias entre los pueblos originarios.

Sin embargo, la apertura del debate en torno a la ley especial de la Amazonía es un momento propicio para buscar salidas territorial y étnicamente incluyentes al problema de la delimitación minimalista de la Amazonía. Este debate ya perfila algunas posibilidades ante tal situación, una de las posibles vías sería la de incorporar en la ley especial de la Amazonía un mecanismo de ampliación del alcance de al menos el nivel de planificación conjunta a los demás espacios socio-territoriales con sentimiento social de pertenencia amazónica. Indudablemente que esta vía requerirá trabajar sus argumentos jurídicos, pero es una posibilidad.

En el mismo sentido que la anterior, otra posibilidad ante esta misma situación, es la creación de una macroregión amazónica, donde, sin transgredir la delimitación constitucional de la Amazonía ni interferir las divisiones político-administrativas en la región, plantea una instancia de coordinación y planificación del desarrollo integral en la Amazonía.

Esta propuesta trabajada por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, no trastoca el orden constitucional de tal delimitación, pero plantea una solución congruente con los aspectos más sensibles del problema: el ecológico y el sociocultural; otro de sus méritos es que, por tratarse de una instancia de carácter administrativa, no interfiere las dinámicas autonómicas actuales o futuras de las unidades territoriales político-administrativo.

* Sociólogo de CIPCA – Beni.