(ABI y agencias).- El Órgano Judicial requiere al menos 432 nuevos juzgados y un presupuesto de 197,4 millones de bolivianos para mejorar el acceso a la justicia y resolver la gran mora procesal, estimó el presidente del Consejo de la Magistratura Roger Triveño. Hasta fines de 2012 se contabilizaban casi 600 mil procesos judiciales pendientes de resolución y sólo 800 jueces para cumplir esa tarea.

A mediados de 2011 alrededor de 754 jueces atendían 591 mil causas, de las cuales 247 mil se encontraban paralizadas. En materia penal, solamente en el Distrito de La Paz se contabilizaban 30 mil causas acumuladas. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia Dennis Racicot estimó que el 78% de los más de 10 mil reclusos del país no tienen sentencia ejecutoriada.

Hasta diciembre de 2012 sumaban 598.355 las causas pendientes de resolución en los tribunales de Bolivia y sólo 800 jueces para cumplir esa tarea “humanamente imposible de resolver”, evaluó el abogado constitucionalista Iván Lima en una entrevista con el programa El Pueblo es Noticia difundido por la radio y televisión estatales.

Luego de revisar los datos oficiales del Consejo de la Judicatura, Lima aseguró que todo lo que ingresa al sistema judicial termina en el Tribunal Supremo de Justicia, “incluso una disputa entre vecinos, y allí se tiene sólo nueve magistrados”. Otro dato importante es que “el Tribunal Supremo de Justicia emitió hasta el momento (diciembre de 2012) 1.723 autos supremos en su sala de titulares y 870 en su sala liquidadora”, mientras que el Tribunal Agroambiental emitió en su sala de titulares y liquidadora alrededor 340 autos agrarios. “Recordemos que el mandato que le dio el país es que tenía que liquidar todas sus causas en un año, y hasta la fecha sólo han resuelto el 60% de causas”.

El fiscal general del Estado Ramiro Guerrero destacó que la Fiscalía del Departamento de Tarija es una de las mejores del país por la eficiencia con la que ha reducido la mora procesal. En los seis meses de gestión del fiscal departamental Gilbert Muñoz el número de causas abiertas se redujo de 9.200 a 6.271 hasta principios de mayo de 2013, lo que quiere decir 2.829 procesos menos.

Al presentar el proyecto de reingeniería de juzgados y tribunales de justicia, que tiene el propósito fundamental de reducir la mora procesal acumulada en los últimos cinco años, el decano y presidente en ejercicio del Consejo de la Magistratura Roger Triveño reconoció que “los niveles de acceso a la justicia son reducidos porque de 331 municipios en Bolivia, 149 tienen juzgados”. Eso significa que 182 municipios carecen de juzgados, aspecto que limita en su esencia el principio de acceso a la justicia establecido en la Constitución Política del Estado.

Además, Triveño informó que cada año las causas que atienden los juzgados y tribunales ordinarios crece 10%, lo que significa un incremento de 34.911 causas al año. “No obstante esta realidad, el número de juzgados y tribunales existentes en el país no creció a la par del crecimiento del índice de litigiosidad que reflejan las estadísticas y recién en la gestión 2012 el IX Consejo de la Magistratura consolido la creación de 29 nuevos juzgados ordinarios”.

Se calcula que hasta diciembre de 2011 el país contaba con un total de 439 fiscales. Triveño estimó que el Órgano Judicial requiere en la actualidad al menos 432 nuevos juzgados y un presupuesto de 197,4 millones de bolivianos para mejorar el acceso a la justicia y resolver la gran mora procesal.

Al respecto, el fiscal general del Estado Ramiro Guerrero reconoció que hay poblaciones intermedias de hasta 50 mil habitantes que tienen un solo Fiscal, y anunció que se crearán 320 nuevos ítems (160 fiscales y asistentes de fiscales y auxiliares) que serán distribuidos en todo el país.

Por otro lado, el Consejo de la Magistratura creará 48 juzgados de materia que atenderán denuncias sobre violencia hacia las mujeres, en cumplimiento de la Ley 348 promulgada el 9 de marzo de 2013. El consejero Wilder Choque manifestó que debido al número de casos de violencia contra la mujer es necesario contar con 84 juzgados; sin embargo, se procederá a la creación de los primeros 48 juzgados públicos, acompañados por 13 equipos multidisciplinarios, que en total demandarán 120 nuevos funcionarios.

“En los últimos cinco años se registraron 88.411 denuncias sobre violencia contra la mujer, de las cuales apenas el 7,25% (6.409) llegaron a los juzgados de instrucción de familia y juzgados en materia penal, por eso es necesario crear 84 juzgados conforme establece la Ley 348”, manifestó Choque a la ABI.

El consejero precisó que los juzgados se crearán, sobre todo, en ciudades capitales e intermedias porque en esos lugares existe una recarga laboral o mora judicial, como por ejemplo en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz y donde hay jueces instructores mixtos se verá la posibilidad de ampliar sus competencias.

El Vicepresidente Álvaro García anunció que una de las tareas prioritarias del Congreso este año es cambiar el Código de Procedimiento Penal. El objetivo es “modificar costumbres y traumas que aún quedan, como el uso del papel”, dijo el abogado Iván Lima.

El jurista subrayó que hay muchos casos que se pueden resolver por la vía de la conciliación, como en Derechos Reales, donde los problemas se agrandan por un cambio de nombre, porque falta una palabra o, en otros casos, por deudas menores a 10 mil dólares. A su juicio, el 75% de los casos se pueden resolver en la vía de la conciliación, la mayoría de ellos por problemas familiares, violencia familiar y sólo el 25% son casos penales y temas de orden público.

De otra parte, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Iván Campero pidió a las máximas autoridades del Órgano Judicial replantear la escala salarial considerando que los jueces de Bolivia son los peores pagados de América Latina.

“Si revisamos todos los países que son vecinos al nuestro, en toda la América Latina no encontrarán salarios más bajos como los jueces de Bolivia, por lo que se debe reestructurar la escala salarial en función al decreto supremo que firmó el 1 de mayo el presidente, Evo Morales”, justificó Campero.

Explicó que en Paraguay un juez de primera instancia percibe un salario de 1.500 dólares, mientras que en Bolivia los auxiliares de juzgados y oficiales de diligencia del Órgano Judicial ganan menos del salario mínimo nacional.