La Habana (Prensa Latina).- La Unión Africana registra avances hacia un mayor accionar como ente regional, pero todavía está lejos de cumplir los retos que animaron la creación de su antecesora, la OUA, en 1963. En los últimos tres años África se ha visto estremecida por la virtual ola de sublevaciones que involucró al norte de la región y al Oriente Medio en la llamada “Primavera Árabe” de 2011; por los conflictos internos en Somalia y la República Democrática del Congo (RDC); por los roces entre Sudán y Sudán del Sur, y recientemente por los golpes de Estado en Malí y Guinea Bissau.

La creación de la Organización de la Unidad Africana (OUA) en 1963 estableció una brecha entre dos etapas importantes para el continente: el período colonial y el de la toma de conciencia posterior. Si bien en 1960 se declaró simbólicamente el año de la descolonización y pese a la madurez de las tendencias nacionalistas, es la fundación de la OUA, predecesora de la Unión Africana (UA), el primer paso concreto de los ideólogos de la región para partir del nacionalismo emotivo y primario hacia un escalón superior, donde se valorará al máximo la soberanía.

Según Daniel R. Brower, la eclosión anticolonial se expresaba en el rechazo a “la presencia de administradores blancos y soldados en estas colonias, (lo cual) se convirtió en un símbolo de imperialismo, cuya destrucción brindaba un lazo de unión común entre los pueblos y líderes nacionalistas africanos”. El salto en la ideología revolucionaria ocurriría significativamente en la década de 1950; lo que sería la antesala del proceso de descolonización se evidenció en dos colonias británicas: Costa de Oro (después Ghana) y Kenya.

En los años que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial se intensificaron los antagonismos entre las metrópolis y las regiones africanas dependientes. En ese ámbito de fuertes y múltiples contradicciones, la historia gestaba una época de cambio. Si bien el conflicto armado se escenificó mayormente en el occidente europeo, ni Asia, América o África -zonas de la periferia colonial- quedaron al margen de ese proceso.

África aportó hombres y fondos económicos a la disputa: muchas tropas anti-eje se nutrieron de sus soldados, e incluso el Magreb y los dominios alemanes en este continente fueron teatro de operaciones militares hasta zanjarse el conflicto en 1945. Una suerte de retroalimentación ocurrió durante la guerra. África asistió a la contienda y esta fomentó nuevos criterios entre los hombres del continente respecto a las relaciones con las metrópolis europeas.

Se dice que los soldados africanos que acudieron a la conflagración, volvían de ella con criterios políticos diferentes. Muchos de los que combatieron retornaban con las ideas de que lo hicieron en una tierra ajena, la cual no resolvía sus problemas inmediatos y otros volvieron con planteamientos más temerarios respecto a cómo romper con los patronos cuando la oportunidad lo permitiera y en condiciones honrosas.

Los historiadores de África conceden suma importancia al brote nacionalista ghanés, considerado por muchos como uno de los movimientos anticoloniales más efectivos por su esquema de agitación política, ejecutado por un joven líder de educación occidental, Kwame Nkrumah, quien movilizó a su pueblo contra el imperio británico. En 1949 Nkrumah, como paso previo, logró unir a varias tribus en el Partido de la Convención Popular, desde el que anunciaba una nueva era. Un argumento de cohesión tomaba fuerza, la lucha contra el colonialismo y la unidad continental integraban un sínodo.

Nkrumah, quien por su plan político sufrió cárcel, fue propulsor del movimiento de cohesión continental y un incansable luchador por la independencia de toda la región. Sobre él, otro prócer, el tanzano Julius Nyerere, dijo que “fue un líder (ghanés), pero fue también nuestro líder, porque fue un líder africano”, y le indicó como el “gran cruzado de la unidad africana”. En la segunda mitad de los años 30, Nkrumah contactó en Estados Unidos con la corriente del panafricanismo como expresión ideológica impulsada por los estudiantes procedentes del continente asentados allí; también influyó en esa época la filosofía de Marcus Garvey del “Regreso al Africa, africanos”.

Entre los promotores del pensamiento nacionalista africano también estuvo Jomo Kenyatta, cuyas actividades revolucionarias contra la dominación colonial británica comenzaron en 1922, con la defensa de su tribu, los Kikuyu, de arbitrariedades de los colonos blancos. Su formación transcurrió en Moscú y Londres entre 1929 y 1946, y regresó al país tras la Segunda Guerra Mundial, cuando consideró llegado el momento de reclamar la independencia. En 1947 fue electo jefe del partido nacionalista y panafricanista Unión Africana de Kenya y cinco años más tarde preso, por supuestos nexos con la rebelión Mau-Mau. En 1964 resultó el primer presidente de la Kenya postcolonial.

En la historia contemporánea africana es de suma importancia la visión de solidaridad expresada por las mentes más lúcidas en cuanto al pasado y el presente; al respecto el Mwalimu (maestro) Nyerere aseguró que “los que han experimentado el colonialismo, directo o indirecto, simpatizan con los países que al parecer viven amenazados por el renovado control externo”.

Nyerere fue uno de los grandes líderes de África, que proyectó un pensamiento de avanzada en el cual tomaba los valores de la cultura tradicional y los redimensionaba con el afán de avanzar hacia un futuro más amplio. Con ese pensamiento llevó a su país a la independencia en 1961, como República de Tanganika, de la que fue su primer presidente; luego, pasó a denominarse Tanzania, tras unirse a Zanzíbar.

La Unión Africana frente a nuevos y viejos desafíos

La UA es el paso más avanzado de integración política del continente, como lo fue en 1958 la Unión de Estados Africanos, la Organización de la Unidad Africana en 1963 y la Comunidad Económica Africana en 1981. Un grupo de jefes de Estados y de Gobiernos, en una declaración emitida en la ciudad libia de Sirte el 9 de septiembre de 1999, promovieron la construcción de una estructura superior en el proceso de cohesión regional, dado que percibían que su plataforma perdía capacidad de reacción ante los desafíos de los nuevos tiempos.

Para algunos, la OUA estaba superada después de la descolonización de los años 60 del pasado siglo, un criterio que reforzaba la conclusión de las últimas guerras en las colonias portuguesas, a mediados de los 70, y en los 90 la destrucción del régimen segregacionista sudafricano y el logro de la independencia namibia. Todo lo anterior fueron banderas erigidas en el proceso de maduración histórica de la región a lo largo de un lastimoso camino de obstáculos, aún no superados totalmente, pero al menos bien identificados como las próximas metas que el continente debe vencer para sobrevivir material y espiritualmente.

La UA desarrolla una importante labor en el contexto mundial relativo a la situación social y económica africanas, y su gestión destacada en la mediación de conflictos. Son temas de la organización su claro papel en el debate por un nuevo orden económico internacional, en la batalla contra la pobreza, cuestiones inherentes al logro de mayor unidad y solidaridad entre los Estados y pueblos africanos, y en la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la independencia.

Estos son aspectos orientados a acelerar la integración política y socioeconómica del continente. Se abren nuevas perspectivas de reforzar el panafricanismo para unir en la marcha hacia nuevos y decisivos desafíos que, al vencerlos, aproximarán el renacimiento de la región, donde las complejidades sociales, políticas y económicas no empequeñecieron el gran esplendor de sus pueblos.

Durante sus 13 años de vida, la UA registra avances hacia un mayor accionar como ente regional, si bien están todavía lejos los retos que animaron la creación en 1963 de su antecesora, la OUA. Organismo nacido de un fuerte sentimiento anticolonial, el sentido de soberanía e independencia signó las sesiones de su XIX Cumbre Ordinaria, aunque problemas vitales como la pobreza y el tribalismo prevalecen en la mayoría de sus 53 países miembros. La solución al atraso heredado de siglos de explotación occidental se mantuvo aún distante de las sesiones del organismo, en cuyas manos tampoco está obtener de los responsables suficiente ayuda para afrontar ese flagelo.

Esa reunión ordinaria en Addis Abeba, Etiopía, abrió nuevas perspectivas de diálogo y reconciliación ante diferencias pasadas, y amplió la búsqueda de salidas o vías para encarar nuevos problemas colectivos. La reunión develó también la persistencia de algunas contradicciones entre países y bloques, como las registradas durante la elección del cargo de Presidente de la Comisión de la UA. La surafricana Nkosozana Zuma fue la favorecida por esa elección, que generó largas discusiones desde la cumbre de enero último, concluida sin acuerdo sobre el tema. El keniano Erastus Mwencha fue ratificado como vicepresidente.

Zuma, de 63 años, ex ministra del Interior de Suráfrica, ex esposa de su presidente Jacob Zuma, y primera mujer africana en asumir el cargo, obtuvo 37 de 51 votos posibles frente al saliente presidente, el gabonés Jean Ping. Pero, para los representantes de los estados miembros, resultó desgastante dedicar tanto tiempo al tema, a causa de la tenaz oposición entre un bloque anglófono, representado por Zuma, y otro francófono por Ping. La falta de consenso se prolongó durante meses y las votaciones abarcaron cuatro rondas, lo cual condujo al organismo a ampliar el tiempo de mandato del anterior Ejecutivo.

En su discurso de asunción del cargo, la propia Presidenta llamó a los países de la región a trabajar juntos para solucionar discrepancias como las generadas alrededor de su elección. “Estamos aquí para enfrentar unidos el futuro de este continente”, aseguró Zuma. Ramtane Lamamra (Argelia), Alisdha Abdullahi (Nigeria), Elham Mahmound (Egipto), Mustapha Kaloko (Sierra Leona) Fátima Acyl (Chad), y Rhoda Tumusiime (Uganda) fueron electos como Comisarios del organismo.

Limitaciones frente a los conflictos

África se vio estremecida durante 2011 por una virtual ola de sublevaciones que involucró al norte de la región y al Oriente Medio en la llamada “Primavera Árabe”, frente a cuya complejidad poco pudo hacer la UA. Esos conflictos fueron muy intensos en Túnez, Egipto y Libia, éste último víctima de una invasión occidental liderada por Estados Unidos y la OTAN, cuyas dimensiones anularon los esfuerzos de este y de otros organismos. La Alianza militar casi destruyó la infraestructura material libia, asesinó a su líder, Muamar el Gadafi, e impuso un gobierno provisional subordinado a sus tropas, aunque con una falsa fachada nacionalista. A esos conflictos se sumaron brotes de violencia postelectoral en Costa de Marfil y golpes de estado y otros intentos de asonadas en otros países.

Frente a esos últimos problemas, el organismo solo pudo asumir medidas ulteriores, como fueron el apoyo a la Organización de Países de África Occidental en la aplicación de medidas de presión o de mediación. Ese fue el caso de los golpes de estado en Malí y Guinea Bissau, ya en fechas más cercanas de marzo y abril de este año, respectivamente, cuya reacción regional tuvo que ser necesariamente a partir de hechos consumados. La envergadura de situaciones domésticas como las de Malí, agravada por el control de la región norte por opositores tuareg e islámicos, limitaron las posibilidades inmediatas de una solución regional.

El organismo todavía está en la fase de decidir qué tipo de fuerza militar puede asumir para llevar una solución expedita al empobrecido país del Magreb. Por el momento, la Cumbre llamó a la formación de una comisión internacional para investigar los hechos que derrocaron al gobierno constitucional maliense y demandó la integración inmediata de un ejecutivo de unidad nacional. Mucho más cerca de la competencia real de la UA estuvieron los debates de esta reunión sobre los conflictos internos en Somalia y la República Democrática del Congo (RDC) o entre estados como Sudán y Sudán del Sur.

Sobre este último contencioso bilateral, que ha recibido sistemática atención del organismo sobre todo a través de la mediación para la paz, lo principal de esta Cumbre fue el encuentro entre sus respectivos presidentes. El sudanés Omar Hassan al Bashir y el sursudanés Salva Kiir expresaron su voluntad de solucionar diferencias principales, entre ellas el trazado de límites fronterizos y la disputada existencia de petróleo en ellos. Al Bashir y Kiir diseñaron “un nuevo espíritu de asociación estratégica” y ello incluye no volver a “recurrir a la fuerza para resolver sus diferencias”, comentó el comisario de Paz y Seguridad, Ramtane Lamamra.

Los análisis y acuerdos de esta reunión comprendieron propuestas para otros disensos, pero respecto a algunos más antiguos y de mayor complejidad fueron limitados debido a que la UA mantiene ya desde antes una puntual atención. Tal es el caso, por ejemplo, de Somalia, país desangrado por la guerra interna entre el Gobierno y el grupo islámico radical Al Chabab, pero donde el organismo sostiene una Misión multinacional con una fuerza militar activa.

Esta cumbre de la región logró también consenso para intervenir en la situación creada por los choques de grupos militares sublevados contra el Gobierno en el este de la RDC. “La UA está preparada para contribuir al establecimiento de una fuerza regional para poner fin de manera definitiva a las actividades de los grupos armados en ese país”, declaró el presidente saliente de la Comisión, Jean Ping.

Para el diplomático gabonés, la situación congoleña muestra “la seriedad de la amenaza contra la paz y la seguridad en África”, por el posible involucramiento de estados fronterizos y el alto número de desplazados. Respecto a esos conflictos bélicos y a otras críticas situaciones nacionales, comprendidas las alimentarias en el Sahel, la UA ve también reducida su acción a causa de los pobres recursos financieros a su alcance. La organización sigue afrontando problemas presupuestarios por las escasas contribuciones anuales de sus miembros, cumplidas con regularidad solo por Libia, Egipto, Suráfrica, Argelia y Nigeria.

Nuevos giros en la guerra somalí

El interés etíope de retirar sus tropas de Somalia y la reactivación de actividades guerrilleras de la organización Al Shabab hacen presentir cambios en el desarrollo de la guerra en ese país del Cuerno Africano. Ganó dimensión entre los integrantes de la Autoridad Internacional para el Desarrollo (IGAD) -ente subregional de integración- la declaración de Addis Abeba, respecto a cumplir su propósito de excluirse del conflicto armado cuando las fuerzas de seguridad de Somalia sean capaces de garantizar la estabilidad perdida hace 22 años.

Pese a que el primer ministro, Hailemariam Desalegn, no precisó un calendario para retirar sus soldados del escenario bélico, el hecho de expresarlo en una sesión ante el Parlamento y reiterarlo durante una visita oficial a Kenya crea serias expectativas respecto a lo que se avecina tras dos años de presencia y actuación etíope allí. La decisión, difundida por la prensa, antes de hacerse efectiva deberá incluir los intereses de Mogadiscio, que aún no logra consolidar sus proyectos económicos, políticos y sociales, aunque es respaldado por Occidente, el cual le reconoce como legítimo y eso se interpreta como ayuda en diversos campos, o al menos promesas de apoyo.

Desalegn hizo pública la percepción de que la situación operativa en el teatro de la guerra está estancada, de que las fuerzas desplegadas allí -la Misión de la Unión Africana (Amisom), las tropas de Kenya, el incipiente ejército nacional, los soldados etíopes y los aliados paramilitares de Hassan Sheikh Mohamud-, no rompen ese impasse. Al finalizar el pasado año, el desarrollo de la contienda favorecía a las tropas conjuntas, pero quizás en los últimos tiempos se operó un giro, que puede retornar a una situación de escalada de la inseguridad en general, tanto en lo propiamente bélico como en lo político, humanitario e institucional.

Al parecer la guerrilla de Al Shabab, en cuyo núcleo palpita el espíritu de la Unión de las Cortes Islámica, única formación que demostró poder controlar al país, cambió las tácticas de combate y ahora su ecuación incluye la guerra de guerrillas en las áreas urbanas, con ataques de pequeños grupos comandos y la multiplicación de los sabotajes. Marzo pasado comenzó con un atentado con el empleo de un coche bomba en un restaurante de la popular playa de Lido, próxima a Mogadiscio, y causó dos muertos y siete heridos, según un informe del ministro del Interior, Abdi Karim Guled.

La acción del vehículo con explosivos, los cuales estallaron frente a la instalación en esa zona recreativa, estuvo combinada con la de un atacante suicida que activó una bomba frente a un nutrido grupo de personas. Ninguna organización reivindicó la acción ni fue atribuida, como es usual, por el gobierno al grupo Al Shabab, pero líderes de esa organización anunciaron por esos días que realizarían ataques de ese tipo, tras una ofensiva del ejército y las tropas regionales contra sus destacamentos.

El fracaso destroza el interés oficial de eliminar la violencia guerrillera; las demostraciones de incapacidad son claras en lugares como Mogadiscio, transformada en el lugar de las ruinas en medio del infierno, tras dejar atrás donaire y disciplina de vida, algo que el nuevo gobierno no ha podido restaurar. Luego de los ataques de marzo, el conflicto apenas se hizo notar, pero a principio de abril y luego a mediados de mes la ciudad fue estremecida por acciones insurgentes, con lo cual se debilitó la imagen de estabilidad cosechada por la administración actual y bien vista por Occidente, que costea la mayor parte de sus gastos.

Una operación guerrillera a mediados de abril hizo pensar en una posible recuperación insurgente, sin que esto significara pasar a una gran ofensiva contra el gobierno al cual acusa de apóstata; en un contexto musulmán como el somalí equivale a restarle legitimidad y calificarlo de total falta de autoridad. Aunque esa reacción dista mucho de la violencia total propugnada por la Jihad (guerra santa islámica), es innegable que lo ocurrido el domingo 14 de abril en Mogadiscio fue síntoma de fragilidad e inseguridad oficiales, mientras algunos políticos sintieron precipitarse parte de su castillo de naipes institucional.

En Somalia se esforzaron para establecer un orden oficial, y eso incluyó el establecimiento de un Parlamento y la designación de un Presidente y su equipo, con lo que se le dio un fin formal al endeble Gobierno Federal de Transición; todo eso fue identificado como un supuesto cambio de etapa en la construcción nacional. Más de 30 muertos causaron un ataque al edificio de la Corte Suprema y las explosiones de dos coches-bomba en las inmediaciones de esa dependencia. Diversos testimonios recogieron que las acciones fueron ejecutadas por suicidas, quienes asaltaron el recinto judicial e hicieron detonar un carro cargado de explosivos, los cuales mataron a varias personas.

Según la policía, “siete hombres armados y con uniformes oficiales entraron en la Corte e intercambiaron disparos con los agentes de seguridad que custodiaban el inmueble”, el cual en escaso tiempo fue cercado por efectivos de las fuerzas del orden público. Entonces ocurrió la segunda detonación. El Ministerio del Interior dijo que eran nueve los asaltantes, todos de Al Shabab.

La administración del presidente Hassan Sheikh Mohamud se propone saltar obstáculos e impulsar al país a otra realidad que no sea la guerra persistente y de desgaste, la cual causó millares de víctimas fatales, heridos y desplazados, la destrucción de inmuebles y sobre todo acrecentó la inseguridad. Ese ideal de estabilidad que pasa por vencer a los rebeldes permanece como un propósito, sin muchas perspectivas reales de alcanzarse, toda vez que en esa contienda en el Cuerno Africano las victorias y derrotas son relativas, pues son inexistentes las definiciones respecto a quiénes realmente ganan en sus objetivos estratégicos. Porque más allá de las operaciones militares están los grandes intereses de los participantes directos o indirectos en el conflicto.

Somalia tenía todo para tener éxito: una ventajosa situación geográfica, petróleo, minerales y algo más bien raro en África, una sola religión y una sola lengua para todo su territorio. Hubiera podido ser una gran potencia de la región… ¿Cómo se ha hundido este país? Esa es una interrogante hecha a Mohamed Hassan, especialista etíope en geopolítica y en el mundo árabe, por Gregoire Lalieu y Michel Collon para la revista Pueblos, y cuya respuesta sobrepasa el simple razonamiento sobre los asuntos internos somalíes y convoca a valorar otro tema, el de la influencia extranjera en los procesos africanos.

Nigeria: Los asesinos del Delta del Níger

Desde la segunda mitad de 2012, la actividad militar en el estado del Delta del Níger fue discreta; guerrilla y ejército parecían encaminados a reducir las tensiones en esa región petrolera nigeriana. Esa disminución de la actividad bélica fue precedida por la decisión del gobierno de amnistiar a los insurgentes de Movimiento de Emancipación del Delta del Níger (MEND) que depusieran las armas, lo cual benefició hasta el exjefe de la formación, Henry Okah, quien partió a residir a Sudáfrica, y otro saldo positivo resultó la reducción de los secuestros.

No obstante, en octubre del año pasado Okah fue juzgado por un tribunal en Pretoria y acusado de estar relacionado con los atentados con explosivos perpetrados en Abuja, la capital federal nigeriana, y por lo cual le condenaron en marzo último a 24 años de privación de libertad, una sanción que prevé apelar. La corte le declaró culpable por 13 delitos de terrorismo, incluyendo estallidos de bombas en Abuja el 1 de octubre de 2010, Día de la Independencia de Nigeria, que causaron 12 muertos y 36 heridos. También se le vinculó con un ataque con explosivos ese año en Warri, en el estado del Delta.

En su momento, el exjefe guerrillero rechazó todo vínculo con el Movimiento, lo cual le posibilitó acogerse al indulto dispuesto por las autoridades nigerianas en 2009. Sin embargo, desde principios del actual año, el posible adiós a la guerra entró en fase de regresión, la situación empeoró, las facciones no disueltas del MEND amenazaron con desatar las hostilidades contra el ejército; esto también estimuló la decisión de penar con largos años de cárcel a su antiguo líder.

La reacción de la guerrilla no se hizo esperar y en marzo último perpetró varias operaciones; el vocero de las facciones, Jomo Gnomo, destacó el ataque contra un objetivo policial con más de una decena de agentes muertos, “para que el gobierno tomara en serio a la formación”. Según el comisario de la policía del estado de Bayelsa, Kingsley Omire, sus efectivos fueron agredidos cuando una embarcación en que se desplazaban se detuvo por problemas técnicos. Ellos -dijo otra fuente- fueron asesinados cuando protegían a los asistentes al funeral de la madre de uno de los ex líderes indultados del MEND.

Versiones sobre ese suceso dejan entrever desacuerdos entre los guerrilleros, de ahí que se asegure que la acción fue ejecutada por seguidores de un exjefe de la rama sureña del Movimiento, Kile Selky Torughedi, debido a asuntos del dinero que el gobierno debe pagar a los exrebeldes en relación con el perdón concedido. Un insurgente afirmó que atacaron la embarcación porque creían que en ella viajaba Torughedi, a quien acusan de malversar las finanzas de la amnistía. Las autoridades nigerianas confirmaron lo ocurrido y lo consideraron un significativo hecho de sangre, pero se desconoce si repercutirá negativamente en la distensión.

“El MEND ha estado prácticamente inactivo desde la amnistía de 2009, aunque hace un año reivindicó la autoría de un ataque perpetrado contra un oleoducto de la compañía italiana Eni. No obstante, los secuestros y la piratería han continuado en el Delta del Níger”, conforme un recuento de prensa sobre el estado de la beligerancia.

El MEND -fundado por Godswill Tamuno y Jomo Gbomo- informó su creación entre finales de 2005 y principios de 2006, cuando asaltó en diversas ocasiones la infraestructura petrolera de Nigeria, que por entonces redujo en un cuarto la producción diaria del crudo. Como principal fuerza insurrecta que opera en el sur del país, el Movimiento amenazó con reiniciar en 2013 sus acciones militares, emprendidas desde 2006 con la demanda de realizar una redistribución más beneficiosa de las ganancias financieras correspondientes al Delta del Níger por las ventas de petróleo. Varios ataques en marzo dieron el temido aldabonazo…

El grupo aseguró que “combatientes fuertemente armados del MEND interceptaron y se enfrentaron a las fuerzas gubernamentales en Azuzama” y, además de reconocer el hecho, recomendó “a todas las empresas petroleras en el Delta del Níger y al público a ignorar la falsa sensación de seguridad” ofrecida por las autoridades. Sin embargo, el actual conflicto del Delta del Níger sobresalió en medio de un incremento de las tensiones entre las empresas petroleras internacionales y las comunidades de la región entre 1980-1990, en especial, las discrepancias con los pueblos ogoni e ijaw.

En 1957 se descubrió petróleo en tierras de la comunidad ogoni, en 1958 las empresas Chelldon y Shell comenzaron a explotar los pozos y las fuerzas de seguridad expulsaron a muchos pobladores tras el pago de una exigua indemnización; desde 1979 se expropió y redistribuyó legalmente toda tierra necesaria relacionada con las extracciones. Pero en 1966 se dio la primera versión de un movimiento popular allí, formado por estudiantes y activistas de la etnia Ijaw; “la Fuerza de Voluntarios del Delta del Níger (NDVF) nació a partir del deseo de luchar contra las injusticias económicas, políticas y sociales”, afirma un estudio de la colombiana Adriana Paola Cruz Cardozo.

El descontento en esa comunidad aumentó en los años 80 porque su ecosistema, economía y sociedad se deterioraban aceleradamente con las expropiaciones y en 1992 se creó el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (Mosop), del dramaturgo y escritor Ken Saro Wiwa, muerto en 1995. La inestabilidad se recrudeció nuevamente en 2006-2007. La competencia por la riqueza petrolera nutrió la violencia entre grupos étnicos, de ahí la militarización del área, donde se formaron milicias tribales y se incrementaron los efectivos de las fuerzas de seguridad en una atmósfera social muy cargada.

En las condiciones de Nigeria, se requiere recordar que es el primer país africano y el sexto del mundo en población, con unos 170 millones de habitantes divididos en unos 200 grupos étnicos con sus intereses comunitarios, por lo cual se considera sumamente complejo mantener sin declive al Estado nacional, en este caso federal. Entre 2005 y 2006 las condiciones prevalecientes posibilitaron la creación del Movimiento de Emancipación del Delta del Níger (MEND, siglas en inglés), con un método de acción definido, marcada capacidad combativa y un armamento notable, y desde entonces es una seria amenaza para el gobierno y las trasnacionales petroleras.

Si bien en la región del Delta del Níger se admite que la violencia disminuye, al menos formalmente, persisten dudas sobre el fin del conflicto en ese escenario, donde las demandas que condujeron a la lucha armada no están satisfechas y la población civil en su conjunto sobrevive en circunstancias inseguras. El ecocidio, considerado uno de los peores males que afecta al área, continúa y con él se profundiza la crisis sufrida por los residentes en ese espacio, uno de los económicamente más ricos de Nigeria, pero atascado en la miseria, de la cual en gran medida es culpable el orden económico actual y sus depredadores, las trasnacionales.

La extracción de petróleo en esa área constituye cerca del 50 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, mientras la producción del gas acompañante es de magnitud incalculable. Según especialistas en asuntos de energía, ese renglón convirtió a Nigeria en referente internacional. A pesar del imaginable esplendor que puede acompañar a la tenencia del combustible, lo cual para muchos es una bendición, allí tiene otra lectura, pues el 75 por ciento de la población allí vive bajo el umbral de la pobreza, mientras contempla como le arruinan el entorno, paisaje frecuentemente matizado por derrames de petróleo.

En cuanto a tales índices, el sitio web ecologiaverde.com afirma que los ingresos procedentes de la extracción petrolera representan más del 98 por ciento de cuanto recibe Nigeria en divisas y recuerda que hubo millares de víctimas por estallidos de conflictos por el control del hidrocarburo a finales de los años 90, y en 2003 y 2004. “Desde 2006, se registraron en el Delta del Níger más de tres mil derrames de crudo, la mayoría en instalaciones de empresas petroleras internacionales. Desde el comienzo de la explotación petrolífera, (en los años 60 allí), han sido vertidos al Delta del Níger más de 1,5 millones de toneladas de crudo”, destaca el sitio digital.

El informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre 50 años de contaminación en el Delta del Níger, dice que “se tardará más de 30 años en limpiar las zonas contaminadas” y advierte que “antes de empezar a hacerlo hay que acabar con las fuentes de nuevos focos de contaminación”. Todo costaría mil millones de dólares. Un juzgado holandés reconoció en enero pasado la responsabilidad de la Shell por un vertido de petróleo en Nigeria en 2005, pero la exculpó de otras cuatro denuncias, indicaron fuentes judiciales sobre la primera ocasión en que se llevó a la trasnacional petrolera a los tribunales por agresión al ecosistema de un país extranjero.

La demanda se inició en 2008 y las víctimas son originarias de los pueblos de Goi, Ikot Ada Udo y Oruma en el Delta del Níger. Sus denuncias ilustraron la terrible degradación medioambiental que la industria petrolera provoca en esa zona. El 11 de octubre del 2012, un tribunal de La Haya había admitido la demanda contra la firma Royal Dutch Shell, la primera vez en la historia que una empresa comparecería para dar las explicaciones pertinentes y compensar a las víctimas.

Sudán-Sudán del Sur, susurro de paz y algarabía petrolera

Luego de llegar al borde de la guerra, Sudán y Sudán del Sur entendieron, al parecer, lo favorable de aplicar prácticas que le aporten dividendos: la convivencia inteligente y la complementariedad económica. En varias oportunidades las dos partes hicieron predominar el músculo por encima del razonamiento, lo cual fue criticado tanto por la UA como por la ONU, cuyo Consejo de Seguridad advirtió la posibilidad de imponer sanciones que afectarían a las administraciones de Jartum y de Juba, y por consiguiente, indirectamente, a sus aliados.

La relación intersudanesa aún adolece de la flexibilidad requerida para que subsista la fraternidad total; la imperfecta separación territorial en el ámbito de la independencia sureña de julio 2011 significó un trauma para la zona septentrional. La separación conllevó pérdidas que no se han podido compensar desde el ángulo geopolítico e inestabilidad en términos de seguridad.

El discurso conciliador perdió una y otra vez su efectividad, y dejó que la violencia hiciera lo suyo entre los ex guerrilleros del Movimiento Popular de Liberación de Sudán (MPLS), el actual gobierno en Juba y el ejército sudanés, que tras la división identificó a por lo menos dos contrincantes: los ex rebeldes y las facciones afines que operan en la frontera. Sobre estos grupos sobresale el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Frente Norte (MPLS-N), insurgentes segregados del MPLS, quienes lucharon a su lado y tras el Acuerdo General de Paz de 2005 quedaron sin soporte y oficialmente sin aliado. Pero en las zonas fronterizas, poco definidas luego de ocho años del pacto, aún operan otros grupos armados.

En ese torbellino bélico convergen destacamentos menores que disputan renglones de diverso interés, sea propiamente petroleros, por el agua, por el pasto, por ser una zona considerada propiedad de una etnia determinada o por la tendencia de allanar el camino resolviendo militarmente una crisis que obstaculiza negocios de grandes dimensiones. Con la separación formal del sur de la composición sudanesa en 2011, se asistió al nacimiento de otro Estado africano, también atado a la madeja de las relaciones políticas contemporáneas y embargado en problemas del desarrollo, tanto económico como social.

Sudán del Sur es mono exportador de petróleo y su economía interna está en una situación muy compleja en cuanto a la pobreza. Alrededor del 98 por ciento de los ingresos procede de la explotación petrolera, según estadísticas públicas de su Producto Interno Bruto (PIB), y mejorar la redistribución hacia la base aún es una promesa.

La existencia de Sudán del Sur fue la conclusión de un proceso histórico iniciado en 1983; ese año el entonces mandatario sudanés, Gafar el Numeiry, lanzó un proceso de islamización de la región austral, poblada mayormente por practicantes del cristianismo y de religiones tradicionales africanas. En ese contexto de imposición-resistencia se originó el MPLS, que con las armas rechazó la decisión del régimen. El Movimiento fue reconocido con amplitud y, con independencia de su heterogeneidad ideológica, su unidad dependió en gran medida de difundir un discurso desligado de extremismos religiosos.

El Movimiento promovía un cambio social y luego conseguir la paz, como lo logró en 2005 con negociaciones con el gobierno de Omar Hassan al Bashir. Sin embargo, los asuntos centrales que se abordaron en 2005 para poner fin a la guerra aún requieren concretar su ejecución; uno de los pendientes es la definición respecto a la pertenencia de la población de Abyei, distrito en la zona de yacimientos petroleros enfrascada en una pugna sobre si su orientación es norteña o sureña.

Las indefiniciones geográficas y su relación con los asuntos de la seguridad y explotación de los hidrocarburos son fantasmas que parecen espantar los mejores esfuerzos diplomáticos. Tal estadio y sus indefiniciones son considerados por algunos estudiosos como muy perjudicial, porque exhibe un vacío de autoridad que podría traer graves consecuencias en la construcción del más joven Estado africano, pero también de su vecino.

Sin resolver esos problemas que afectan a cinco regiones y casi dos mil kilómetros de fronteras -y ante la amenaza de ser sometidas a sanciones, nada agradables para las potencias con intereses económicos en esa zona-, a finales de 2012 los presidentes de Sudán, Omar Bashir, y de Sudán del Sur, Salva Kiir, firmaron en la capital etíope un acuerdo al respecto. Ese convenio permitía la creación de una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera y el tránsito del crudo sursudanés a través de territorio sudanés, donde se asienta la mayor parte de la infraestructura requerida para la exportación.

Bashir calificó la suscripción como “momento histórico en la construcción de la paz entre ambos países” y manifestó la confianza en que las partes sabrían encontrar en el futuro una solución a los conflictos de Abyei y Heglig, territorios fronterizos ricos en petróleo. Sudán del Sur reanudaría poco después la producción del crudo que se suspendió a principios del 2012 por el conflicto con su vecino del norte y vinculado con eso Juba aceptó -al menos documentalmente- la creación de una zona tapón en la frontera y cortar todo presumible apoyo a los insurgentes enfrentados a Jartum.

Sudan del Sur detuvo una producción diaria del orden de los 350 mil barriles, tras una disputa con Jartum por las tarifas de tránsito. Tal acción puso, de hecho, en crisis los puntos del Acuerdo General de Paz de 2005 y aunque fortalecía su soberanía sobre el combustible, fue un rampa. Ante la amenaza de sanciones y una quiebra económica, Al Bashir y Kiir adoptaron establecer una zona neutral, que según analistas occidentales sólo posterga la solución del tema fronterizo, aunque es un paso efectivo en cuanto a la seguridad de los dos Estados.

Pero ante cualquier evaluación o pronóstico se requiere recordar que la frontera fue teatro de operaciones militares de las dos partes, por ejemplo la ciudad petrolera de Heglig, cuyo entorno llegaron a ocupar las tropas sursudanesas y llevó al Parlamento en Jartum a darle connotación de enemigo a Juba, con todo lo que tal identificación puede acarrear contra la buena vecindad.

“El campo de Heglig es vital para la economía de Sudán, ya que representa la mitad de los 115 mil barriles por día de salida que se quedaron bajo su control cuando el sur de Sudán se separó”, apuntaron en su momento medios de prensa para recalcar la gravedad de la situación. Cuando se separaron, el norte perdió el 75 por ciento de la producción petrolera del país.

Por su parte, la falta de acuerdo sobre el pago de tarifas le impidió tener salida al mar de su petróleo, y Juba perdía valores equivalentes a 350 mil barriles por día que debían dirigirse a la exportación “a través de las tuberías de Sudán, de un puerto del mar Rojo y de otras instalaciones”. Reem Abbas, de Intenational Press Service (IPS), apuntó que, “según el Ministerio de Minería y Petróleo de Sudán del Sur, la producción disminuyó de 85 mil a 60 mil barriles diarios (de 159 litros) en los estados fronterizos, y lo mismo ocurrió con el crudo de Sudán, que cayó de 60 mil a 48 mil unidades por día”.

Estadísticas relativas a la exportación del crudo en los últimos tres años indican la importancia estratégica que tiene Sudán en el mercado internacional para el cual produjo 514 mil 300 barriles diarios (dato de 2010 y válido hasta 9 de enero de 2012). En 2009 exportaba tres mil 900 barriles diarios, los que ente el 75 y el 80 por ciento procedieron del sur.

Para tener elementos de relación hay que apuntar que el 75 por ciento eran unos 385 mil 725 de barriles diarios y el 80 por ciento equivalía a unos 411 mil 440 barriles diarios. Las reservas comprobadas ascendían a cinco mil millones de barriles (dato de enero de 2011, válido hasta enero de 2012). Según estimados difundidos por los medios, el hidrocarburo sureño constituía el 56 por ciento del PIB sudanés, lo cual confirma la secuela traumática de la separación y la necesidad de avanzar en el asunto de la seguridad, para definitivamente evitar una crisis multicausal en la que todas las partes perderían mucho más: las decisiones están en manos de Salva Kiir y Al Bashir.

Así se percibe la actualidad de las relaciones intersudanesas, cuando el 20 de febrero pasado el gobierno de Jartum rechazó una petición presentada por Juba a los mediadores africanos para extender por tres meses más las negociaciones bilaterales sobre los territorios fronterizos en disputa.

República Centroafricana: la rebelión que concluyó en golpe de Estado

La coalición guerrillera Seleka, de República Centroafricana, echó del poder en poco tiempo al presidente, Francois Bozizé, quien se refugió en Camerún, mientras su familia y colaboradores lo hicieron en la República Democrática del Congo. Concluyó así, al menos, la parte más perceptible de un conflicto armado caracterizado por los vaivenes en el teatro de operaciones militares y las indefiniciones respecto a cómo obrar para mantener la conducción del país, rico en oro, uranio y diamantes, pero ubicado entre los 10 más pobres del mundo. De todas formas, sólo finalizó una parte de la trama, pues falta por definirse la capacidad de gestión del nuevo poder, cuyos líderes ya fueron censurados por la UA y por el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, y en cuya trayectoria se teme que caigan en excesos y actos criminales contra la población civil.

En lengua Sango, Seleka significa alianza o unión y fue integrada el año pasado por cuatro organizaciones guerrilleras que habían firmado acuerdos de paz con la administración de Bozizé y que se quejaban por sus incumplimientos, entre otros la admisión de ex guerrilleros en el ejército. Ese movimiento, formado en agosto de 2012 por facciones de la Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración (UFDR), la Convención de Patriotas para la Justicia y la Paz (CPJP) y el Frente Democrático de los Pueblos de África Central (FDPC), entre otros, reúne en conjunto a unos tres mil efectivos.

Medios de prensa recordaron que esa agrupación rechazó negociar con Bozizé, pero los rebeldes no descartaron hacerlo “con los jefes de Estado de África Central que tienen a soldados desplegados en la República Centroafricana”, al parecer previendo una acción conjunta de los gobiernos de la región que los eliminara. No obstante, esa coalición no es un ente benéfico, lo cual ilustraron los sucesos de Dekoa, a 200 kilómetros al norte de Bangui, capital de República Centroafricana, donde dieron fuego a 200 casas y tras esos incendios unos 500 pobladores debieron huir y refugiarse en difíciles condiciones en la parroquia del lugar.

Tampoco es una organización homogénea, pues se dieron hechos de discrepancias por acciones que no contaron con el respaldo directo de toda la formación como los relacionados con el trato a la población de confesión islámica. “Han surgido informes de abusos a los derechos humanos, que incluyen matanzas, violaciones y saqueos. Los habitantes de algunos barrios de Bangui ya expresaron su temor a represalias por apoyar a Bozizé”, apuntó Tendai Marima en el sitio web de asuntos africanos GuinGuinbali.com.

El politólogo alemán Andreas Mehler opina que el cambio a la cabeza del Estado puede señalar el comienzo de un régimen autoritario, y la imposición de una política menos inclusiva “se considera que por lo menos algunos componentes rebeldes tienen ese tipo de agenda”.

El 10 de diciembre pasado la guerrilla ocupó las ciudades norteñas de Ndele, Sam Ouandja y Ouadda, y luego fue hacia el centro del país, donde conquistó otros lugares sin hallar resistencia: Bria, Bambari, Grimari, Kabo, Kaga-Bandoro, Dekoa, Sibut, pero cuando llegó a Damara, a 75 kilómetros de Bangui, fue el preámbulo del fin. La contienda entre la alianza y el gobierno se decidió en horas, luego de fracasar el establecimiento de la autoridad de un gabinete de “unidad nacional”, prácticamente invalidado apenas concebido y en el cual jefes insurgentes poseían carteras. Esta parte de la historia sucede a la de 2007, cuando hubo otro pacto para la distensión entre insurgentes y el gobierno.

El 11 de enero guerrilleros, la oposición política y el gobierno firmaron un acuerdo de paz en Libreville, la capital de Gabón, que para el auditorio africano tenía escasas probabilidades de éxito, ya que fue redactado con premura y apenas con tiempo para que las partes en conflicto negociaran. Así el pasado 24 de febrero debió comenzar la retirada de rebeldes hacia tres áreas de reagrupación en Ndele, Bria y Bambari, donde se iniciarían el desarme y desmovilización bajo la autoridad de la misión militar multinacional africana en la región central del continente (Fomac), pero eso quedó en el anuncio.

Así el pacto alcanzado bajo auspicios de la comunidad internacional y con la mediación de los mandatarios de la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEAC), resultó para muchos un acto en extremo aceptado por el presidente Bozize, lo cual argumentaría la abulia política gubernamental para cumplirlo. Por aquel entonces Francois Bozizé emitió dos decretos, uno permitía liberar a los prisioneros políticos y el otro al levantamiento del toque de queda, dos demandas de los rebeldes, quienes estaban dispuestos a retomar las armas, en caso de que tales solicitudes resultaran improcedentes a la consideración del mandatario.

Según el documento presidencial, “las personas presas, detenidas, condenadas a partir de 15 de marzo de 2012, hasta la fecha de ese decreto están libres. Esta medida se aplica a los prisioneros políticos y de guerra mencionados en los acuerdos (de paz) de Libreville”. Las demandas de los insurgentes no fueron prioridades en el entendimiento, aunque admitieron la autoridad representada por un primer ministro que contaba consenso, el opositor Nicolas Tiangaye, quien desde su aceptación llamó a todas las partes a un comportamiento tolerante dirigido a lograr la estabilidad.

Según los insurgentes -probablemente más de tres mil, incluyendo ex militares, alzados en armas en diciembre último en el norte del país- el mandatario incumplía en cuanto a la liberación de presos políticos y la salida de los 400 a 500 militares sudafricanos desplegados para reforzar al ejército de República Centroafricana. El 18 de marzo, la coalición guerrillera se ubicó en Boali, a menos de 30 kilómetros de Bangui, la capital de República Centroafricana, desde donde hizo presión a las tropas de Bozize, un pulseo que a la postre mostró la incapacidad del ejército para detener una probable ofensiva final.

“Nuestras tropas tomaron Boali, a menos de 50 kilómetros de Bangui, y avanzan hacia la entrada de la ciudad”, afirmó un vocero rebelde identificado como Eric Massi. El mando de Seleka llamó a sus tropas y al ejército, principalmente en la urbe, a que se mantengan el orden y la conducta correcta, que no se cometan abusos contra la población, ni saqueo, robo, violación en caso de enfrentamientos. “Para nosotros, lo más importante es que nuestras tropas sean disciplinadas”, agregó el vocero.

Ya hacía un día que la alianza tenía retenidos a cinco ministros del Gobierno de Unidad, quienes fueron impedidas de regresar a la capital tras participar en unas conversaciones de paz con responsables de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Unión Europea. El mensaje que acompañó a la retención de los titulares fue que “le damos a Bozizé y a los que le acompañan 72 horas para cumplir nuestras demandas o retomaremos las hostilidades”, dijo otro portavoz de Seleka, el coronel Sylvain Bordas, tras la reunión con autoridades internacionales celebradas en la localidad de Sibut.

Tras expirar el ultimátum dado al presidente para cumplir las demandas los guerrilleros avanzaron rápidamente hacia Bangui. Con una clara ventaja táctica, la coalición Seleka atacó una central eléctrica con lo cual cortó el suministro de energía en la capital, el próximo paso fue evadir los obstáculos para entrar en la ciudad por el sector norte, pese a la presumible resistencia a la que se enfrentaría, entre otras la de los soldados sudafricanos.

Pero las condiciones operativas favorecían a las acciones irregulares de la guerrilla y así los rebeldes pasaron de la periferia de la ciudad a su corazón, con ataques a centros más simbólicos, representativos de la institucionalidad, como el Palacio Presidencial, el Parlamento y la radioemisora nacional. Para los analistas políticos ese empeño de destruir los símbolos de la gobernabilidad, y el desplazamiento del presidente electo le dio carácter de golpe de Estado a esta etapa de la rebelión en República Centroamericana, afectada por un evento bélico como otros dos países de la francofonía en el continente: Mali y Congo Democrático.

Armisticio, nuevo Gobierno y el mismo presidente

Instalado un gobierno provisional en la República Centroafricana (RCA), aunque con el mismo presidente contra el que se alzaron los rebeldes el 10 de diciembre último, las partes cumplen ahora otros acuerdos cuya efectividad depende del devenir de los acontecimientos. Negociaciones un mes después entre el Gobierno y la coalición insurgente Seleka, convocadas por la Comunidad Económica de Estados de África Central (Ceeac), lograron un armisticio y la formación de un gobierno transitorio de unidad nacional.

Las conversaciones de paz en Libreville, capital de tradicionales diálogos entre opuestos centroafricanos sobre anteriores contenciosos, discurrieron con inusitada celeridad y precisaron medidas prácticas para garantizar los acuerdos básicos. La primera de ellas, por fuerza, fue el cese del fuego, vital para garantizar la viabilidad de otras como la aceptación rebelde de que el controvertido presidente Francois Bozizé se mantuviera en el cargo hasta el fin de su mandato en 2016.

Esta última decisión sorprendió a muchos, por la posición decadente de Bozizé, pero fue considerada básica por los bandos en pugna y sus mediadores para reorganizar el Gobierno y como moneda de cambio para los opositores elegir su primer ministro. Por si fuera poco, la alianza Seleka de organizaciones insurgentes admitió que el mandato del actual presidente continuará vigente hasta las presidenciales de 2016, aunque la evolución de los hechos pudiera decidir otra cosa.

La noticia de mantener al presidente en el cargo fue transmitida en persona por Idriss Deby, presidente de Chad y de la Ceeac, quien añadió que el nuevo jefe de Gobierno saldría “de las filas de la oposición democrática”. El bloque mediador del diferendo, la Ceeac, integra, además de la República Centroafricana, a Camerún, Angola, Burundi, República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, y Chad.

Las dudas sobre la permanencia o no de Bozizé en el puesto se basaban en el fuerte rechazo contra su persona, al atribuirle Seleka responsabilidad en el incumplimiento de los acuerdos del 2008 suscritos también en Libreville entre las mismas partes. La falta de aplicación de disposiciones pactadas entonces, como el desarme y desmovilización de los insurgentes de Seleka y su incorporación al Ejército de la RCA, provocó el levantamiento de diciembre.

Los líderes de la coalición rebelde también reaccionaban por insatisfacciones al no ceder el Ejecutivo a la liberación de prisioneros de anteriores gestas y al pago de una remuneración a los irregulares que aceptaron el desarme. El ímpetu antigubernamental generado por esas razones fue tal que las milicias insurgentes tomaron la mayor parte del país en menos de un mes, desde la sublevación el 10 de diciembre hasta antes de las negociaciones del 11 de enero.

Los rebeldes ocuparon ciudad tras ciudad, 10 en total, entre ellas varias económicamente estratégicas, como Bria, enclave central diamantífero, Bambari, aurífera en el centro sur, y Kaga Bandoro, en el centro norte. La avanzada opositora se produjo a una velocidad que puso también en solfa la capacidad militar del Ejército, su disposición combativa o la defensa al gobierno de Bozizé.

El propio presidente lamentó en su discurso de Año Nuevo la falta de disciplina y el fracaso de las fuerzas armadas ante el rápido avance guerrillero. La dirección rebelde desacreditó también en un mensaje la capacidad logística del Ejército, con pocos equipos, desmotivado y mal organizado. Los insurgentes llegaron hasta cerca de la capital, Bangui, declararon abstenerse de tomar esa ciudad para evitar más derramamientos de sangre y exigieron al Gobierno deponer las armas y entregar el poder.

El otro paso gubernamental inmediato en cumplimiento de los acuerdos de Libreville fue el nombramiento por Bozizé del primer ministro propuesto por los rebeldes, que recayó en el abogado Nicolas Tiangay, una semana después del diálogo de Gabón. Tiangay deberá ahora aplicar sendos acuerdos de Libreville correspondientes, en primer lugar, a formar un nuevo gabinete de cinco ministros, y, en segundo, decretar y preparar elecciones en términos de un año.

Dentro de esa trama político-militar, el nuevo primer ministro goza de una ventaja sobre su opositor Bozizé concedida en Libreville: no podrá ser destituido, al menos durante el año frente al gobierno de transición. Tiangay, conocido por su vocación defensora de los derechos humanos, se propone cumplir durante sus 12 meses frente al gobierno, además, una meta hasta ahora difícil de alcanzar por sus antecesores: pacificar al país.

“La RCA enfrenta una crisis y he optado por cumplir esa misión como un sacerdocio”, declaró el flamante jefe de Gobierno, quien rechazó en 1996 una propuesta similar cuando presidía la Liga de los Derechos Humanos. El mes de ofensiva insurrecta estremeció las estructuras de poder y puso sobre ascuas a Bozizé, que terminó pidiendo ayuda militar a Francia y a Estados Unidos, cuya respuesta no llegó, al menos de manera pública, aunque París aumentó a 700 sus efectivos. La escalada de hechos que condujeron al clímax de diciembre último comprendió violentas protestas el día 26 por presuntos partidarios del Gobierno contra las embajadas de París y Washington, que subrayaron el vínculo con Occidente.

El incremento francés de su personal militar en el país, que hasta entonces se limitaba a unos 200, se basó en el clásico argumento de proteger a sus compatriotas (unos mil 200) e hizo temer una mayor complicación internacional del conflicto. Pero el gobierno galo no pasó de ahí y al parecer se limitó a manipular otra solución mediante gestiones diplomáticas con la Ceeac, principal negociadora desde el empeoramiento en diciembre del conflicto, y con otros interlocutores regionales.

La manera de actuar de París en la RCA pudo depender, entre otras razones, de su decisión de intervenir en Malí, emprendida el 11 de enero, el mismo día en que se celebraban en Libreville las conversaciones de paz. Dentro de la actual estrategia geopolítica de Francia y en general de Occidente de recolonizar sus antiguas posesiones africanas, resultaba estratégico intervenir en uno, pero no en dos países africanos al unísono, opinan expertos.

En cualquier caso, el país está situado en una explosiva región de conflictos africanos, pues limita al sur con la República Democrática del Congo y la República del Congo, al este con Sudán y Sudán del Sur, al oeste con Camerún y al norte con Chad.

Pacto en Addis Abeba: por la seguridad en los Grandes Lagos

El interés por preservar la seguridad de la República Democrática del Congo (RDC) ganó respaldo con la firma en Addis Abeba de un acuerdo-marco por parte de los países de la región africana de los Grandes Lagos. Sin duda alguna, la aceptación de 11 Estados de trabajar para poner fin a una situación de conflicto armado de baja intensidad que desgasta al oriente de la RDC, abre una perspectiva positiva también para la zona, la cual presumiblemente se proyecta hacia un rediseño de sus relaciones políticas, económicas y sociales.

Si teóricamente el Congo Democrático constituye un factor de equilibrio en África central, el ambiente bélico le resta posibilidades de avance, por lo cual un proceso de distensión favorecería desempeñar su papel, algo pendiente desde 2003 cuando concluyó la mayor contienda subregional sufrida tras la descolonización en los años 60. El documento en cuestión persigue poner fin a la violencia en el país, a la vez que prohíbe a los países de la subregión apoyar a las agrupaciones antigubernamentales e insta a Kinshasa a aplicar una serie de reformas dirigidas a restablecer el estado de derecho en el norte y el este del país.

También en esa línea, las autoridades de la RDC deberán profundizar en el reforzamiento de los factores relacionados con la seguridad, en especial el ejército y la policía, así como realizar acciones vinculadas con la gestión financiera. El pacto fue suscrito por los presidentes de Congo Democrático, Joseph Kabila; de Sudáfrica, Jacob Zuma; República del Congo, Denis Sassou Nguesso; de Ruanda, Paul Kagame; de Sudán del Sur, Salva Kiir; y de Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete. Igualmente lo rubricaron representantes de Angola, Uganda, República Centroafricana, Burundi y Zambia, en total los 11 Estados miembros de la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos (CIGL), que en su mayoría participaron directa o indirectamente en la guerra que concluyó en 2003.

La firma del texto en la capital etíope el 24 febrero -que tiene carácter de acuerdo de cooperación para la paz y estabilidad en la RDC- en el África Hall, sede de la Unión Africana (UA), fue saludada por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En una declaración de prensa emitida en la sede de la ONU en Nueva York, los 15 miembros del Consejo de Seguridad llamaron a los Estados firmantes “a cumplir de buena fe lo pactado”. Para el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, este es el comienzo de una iniciativa global en la que habrá que trabajar más para lograr la paz total en el este congoleño, rico en recursos minerales y donde se estima que operan más de 20 grupos armados.

El documento suscrito cuenta con cuatro garantes: la ONU, la UA, la CIGL y la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC). Según se prevé, el primer paso para respaldar y hacer efectiva la retórica diplomática sobre la distensión en el este congoleño deberá manifestar una clara voluntad política de cortar todo respaldo a las agrupaciones antigubernamentales a nivel de subregión.

Existe la tendencia a fomentar enemigos en la retaguardia de los contrincantes como ocurrió en 1996-1997 y 1998-2003, de ahí que decidir acabar con el suministro a las guerrillas significa poner fin al apoyo al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, hoy Movimiento 23 de Marzo (M23), de ex militares congoleños. Asimismo es cerrarle apoyo a los remanentes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, un acto de confianza con Kigali, a la que en un informe expertos de ONU acusaron de apoyar al M23, lo cual rechazaron todo el tiempo las autoridades del país.

Las fricciones que sobrevinieron a mediados del pasado año entre la RDC y Ruanda por el informe al Consejo de Seguridad hicieron temer por la estabilidad del área y hasta se pensó que podría desencadenarse una crisis como la de 1998-2003, la cual causó más de cuatro millones de muertos y concluyó con la firma de un convenio en 2002.

El llamado Acuerdo Global e Inclusivo de Pretoria, rubricado el 16 de diciembre de 2002 para la pacificación de la RDC, ya preveía algunos aspectos abordados ahora a nivel de UA y que resultan básicos para recuperar la tranquilidad en los Grandes Lagos, donde las secuelas de los conflictos causó más de tres millones de emigrantes. Para entender las fuentes que condujeron al pacto en la ciudad sudafricana, hay que tomar en cuenta el logro de una tregua, la cual permitió avanzar hacia el establecimiento de un gobierno de transición y de una Constitución de igual tipo para dar paso al diálogo intercongoleño.

En la llamada Gran guerra en la RDC participaron por una parte el país que fue escenario y Angola, Namibia y Zimbabwe (todos integrantes de la SADC) y frente a ellos tropas de Uganda, Ruanda y en menor escala Burundi, pero también indirectamente afectó a Gabón, Tanzania, República Centroafricana, Chad y Sudán. Entre las fuerzas irregulares que actuaron en la contienda estuvieron las milicias tutsi, la Unión Congoleña para la Democracia y el Movimiento de Liberación del Congo, así como la guerrilla Mai Mai y los deplorablemente recordados Interhamwes, paramilitares vinculados con el genocidio ruandés de 1994.

Con el fin oficial de la Segunda Guerra en 2003, muchas de las contradicciones que la generaron persistieron hasta ahora, porque los dilemas no fueron resueltos de raíz y dos de ellos, que afectan la seguridad en la región de los Grandes Lagos, son la presencia anárquica de grupos armados y la insistencia de sus tutores en suministrarles arsenales. Una de esas formaciones es el M23, formado en mayo pasado por ex miembros de la insurgencia tutsi-congoleña del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, que se integró al ejército como parte del acuerdo de paz de 2009, y cuyo jefe más señalado es el ex general Jean Bosco Ntaganda, acusado de cometer crímenes de guerra.

El acuerdo firmado en Addis Abeba tiene un componente diplomático con la nominación de un enviado para la región de los Grandes Lagos, y también uno de defensa militar de los intereses de la subregión, con la iniciativa de establecer un contingente especial de intervención vinculado con la ONU. Según Manuel Augusto, secretario de Estado angoleño para Relaciones Exteriores, una brigada para el mantenimiento de la paz en la RDC será desplegada en las fronteras de ese país y Ruanda, y estará constituida en lo fundamental por estados miembros de la SADC.

Esa idea tomó forma a raíz de las actuaciones del M23 en el oriente congoleño, que logró ocupar la ciudad de Goma, importante para el Congo Democrático, Ruanda y Uganda, un grupo armado contra quien deberá emprenderla tal brigada; otro de los casos podría ser contra los exiguos destacamentos del Ejército de Resistencia del Señor. Este último asuela regiones civiles en República Centroafricana, Sudán del Sur, Sudán, Chad, Uganda y RDC, y se le califica en el continente como una de las peores bandas armadas, la cual ha servido como mercenaria a sectores de poder.

Los países que firmaron el Acuerdo abogan por estabilizar la subregión que, en ocasiones, es identificada como un polvorín dispuesto a estallar y en cuyo centro está la RDC; así el logro de la paz y el entendimiento será un beneficio común y multilateral para el bien de esa zona y de toda África.

¿Será 2013 el año de la independencia saharauí?

El 2013 pudiera ser el año de la independencia del Sahara Occidental del dominio marroquí, si confluyeran la gestión de la ONU para viabilizar un consenso devenido universal y la aceptación de Rabat a renunciar a ese arcaico estatus colonial. La falta de voluntad negociadora de la metrópolis, que heredó de España en 1976 esa posesión, y de soluciones prácticas por el organismo mundial, han sido obstáculos principales durante casi cuatro décadas de esperanza saharauí por su independencia.

Reconocida hasta ahora por 85 países, en el mundo el consenso real sobre la soberanía es aún mucho mayor para la autoproclamada en 1976 República Árabe Saharauí Democrática (RASD), última colonia africana y una de las 16 que quedan en el planeta. Ese apoyo a la independencia saharauí y de los restantes territorios en esa situación se refleja en votaciones, declaraciones, acuerdos y documentos de la Asamblea General. Una resolución de esa instancia de diciembre de 2011, aprobada por 168 de los 193 Estados miembros, con votos en contra solo de Estados Unidos, Reino Unido e Israel y la única abstención de Francia, reiteró su posición por la eliminación del colonialismo.

Dirigentes de la RASD rechazan, por su parte, “el egoísmo de algunos miembros del Consejo de Seguridad, que sólo piensan en sus intereses”, en referencia a potencias como Estados Unidos, Francia y Reino Unido. La lucha saharauí este último año, por otro lado, liderada por su movimiento de vanguardia, el Frente Polisario (Fpolisario), entrenó y fortaleció a ese pueblo tras dicho propósito y frente al estatus colonial que, como todos, incluye la violencia.

Aún cicatrizan las heridas de decenas de manifestantes entre los miles que salieron a las calles durante la gira por la región del enviado especial de la ONU, el estadounidense Christopher Ross, entre finales de octubre y principios de noviembre pasados. Visita cuyo resultado reprodujo la antigua fórmula de estancamiento conceptual de las negociaciones: la posición de Rabat de mantener el control de la región y la de los saharauíes de lograr su soberanía mediante la votación en un referendo.

¿Sobre qué nuevas alternativas trataron entonces las partes durante la visita del enviado de la ONU? Mohamed Jadad, coordinador entre la RASD y la Misión de la ONU para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), marca los límites del diálogo: “Hablamos de etapas del proceso y de factores que contribuyen a su estancamiento. También sobre otros medios para salir del punto muerto. ¿Hay que continuar con las rondas de negociaciones directas? ¿Hay que encontrar otras voces?”, se preguntó Jadad.

El coordinador subrayó también la disposición saharauí ante cualquier nueva propuesta o acercamiento, pero advirtió que “también estamos más que nunca aferrados al derecho a pronunciarnos sobre nuestro futuro”. La estancia del diplomático estadounidense en el norte de África, que abarcó zonas liberadas no controladas por Rabat como Tifariti, debió constituir para él una prueba del significado real de la ocupación marroquí. Ross, que se reunió entonces con líderes y grupos de la sociedad civil y de los derechos humanos marroquíes, mauritanos, argelinos y saharauíes, pudo constatar la brutal represión policial que dejó numerosos heridos en ciudades como El Aaiún.

La masacre de las fuerzas marroquíes contra ciudadanos y activistas que protestaban de modo pacífico, así como las violaciones a sus viviendas, fueron caracterizadas por medios diplomáticos y periodísticos de “sin precedentes”. Como dato curioso, la actitud hostil asumida por Marruecos durante los primeros meses de 2012 contra el representante del Secretario General fue reflejo del distanciamiento de esas dos partes en la solución del contencioso.

Mohamed VI, que en mayo del pasado año le retiró a Ross su confianza por falta de progresos durante las negociaciones, se vio ahora obligado a recibirlo debido a que Ban Ki-moon le ratificó a su representante la autoridad otorgada en 2009. El Fpolisario y el gobierno de la RASD, que sostuvieron con Marruecos desde 2007 cuatro rondas de conversaciones directas y nueve informales, calificaron de arbitrario y desafiante el rechazo de Rabat al enviado de la ONU.

Los eventos transcurridos después del XIII congreso del Frente Popular de Liberación de Saghiet el Hamra y Río de Oro, nombre del que deriva el acrónimo Fpolisario, quedaron marcados por los debates del encuentro de diciembre de 2011. Más de dos mil delegados ratificaron en el cargo al secretario general del Fpolisario y presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, quien criticó la intransigencia marroquí en el diálogo de paz.

Representantes de comunidades saharauíes dentro y fuera del país y de campos de refugiados, un 45 por ciento de ellos jóvenes, ratificaron su anuencia al proceso negociador, pero también su disposición de retornar a la lucha armada, de ser necesaria. Ese Congreso del Fpolisario, movimiento fundado en 1973 como sucesor del Movimiento para la Liberación del Sahara surgido a finales de los años 60 del pasado siglo, incluyó, de hecho, como tema de debate “la renovación y el refuerzo de los medios de lucha”.

La acción militar como forma de liberar su tierra de modo definitivo cobró vida como otra opción desde aquella reunión apoyada por 250 invitados de cinco continentes y se mantuvo en declaraciones ulteriores de sus líderes. Ibrahim Ahmed Mahmud, secretario de Estado encargado de la Seguridad en la RASD, aseguró que el estancamiento del diálogo refuerza la voluntad popular de defender su causa “ya sea por la vía pacífica o por la lucha armada”.

La RASD fue proclamada por el Fpolisario el 27 de febrero de 1976, solo 24 horas después de retirado el último soldado español. Madagascar se convirtió ese mismo día en el primer país en reconocerla y la Unión Africana en 1984 en el primer organismo internacional, mientras Guyana fue el último estado en admitirla, en octubre de 2012.

Según el Comité Especial de Descolonización de la ONU o Comité de los 24, creado en 1961, además de ese, aún se mantienen en ese estatus los siguientes territorios: Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Monserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Samoa Americana, Santa Helena y Tokelau. Unos 80 colonias existían en 1945 al fundarse la ONU, en los que vivían 750 millones de personas, una tercera parte de la población mundial de entonces.

* Periodistas de la redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina.