Rebeca Delgado ha vuelto a salir a la palestra en defensa de la Constitución y del proceso; esta vez lo hace declarando la inconstitucionalidad del fallo del Tribunal Constitucional (TCP) sobre la pretendida re-elección impuesta, sin respetar la norma constitucional. Se sabe que es difícil salir al frente, colocarse en la posición crítica, cuando se está en la bancada oficial. La mayoría de esta bancada, especialmente los grupos de poder, no lo permiten. Un miembro común de la “mayoría” parlamentaria considera que su labor es ser soldado, obediente, subordinado a las determinaciones de los clarividentes, la cúpula de la dirigencia “partidaria”.

Este sentido común de “mayoría” desprecia la crítica, la considera una desmesura de libertad. Considera que el bloque, en este caso la bancada oficial, debe mantenerse unida, monolítica; concibiendo que la unidad se logra por disciplina y sumisión a los mandatos de las direcciones. A este sentido común de sumisión no se le entra en la cabeza que las decisiones deben ser discutidas y consensuadas, que debe haber una construcción colectiva de la decisión política. Están acostumbrados a obedecer sin chistar. Sin embargo, hay excepciones honrosas, que abren rutas a construir una unidad dinámica, no aparente, que sólo se puede generar a través del ejercicio crítico y autocrítico, buscando corregir los errores, en contante vinculación con los movimientos sociales anti-sistémicos, sin reducirlos a simples espectadores y aplaudidores de discursos en las concentraciones.

Rebeca Delgado ha vuelto a salir a la palestra en defensa de la Constitución y del proceso; esta vez lo hace declarando la inconstitucionalidad del fallo del Tribunal Constitucional (TCP) sobre la pretendida re-elección impuesta, sin respetar la norma constitucional. En contra de la algarabía de la cúpula de poder ha dicho que no se trata de estar contra la re-elección, sino de hacerlo como manda la Constitución: reforma parcial de la Constitución y referéndum constitucional. Esta es la única manera de fortalecer la candidatura de Evo Morales Ayma. Lo otro, lo que quiere hacer el llunkirio generalizado, es empujar al presidente a una re-elección inconstitucional, deslegitimada desde un principio, a pesar del fallo constitucional, que es un procedimiento legal, no legítimo. Aunque se diga que su fallo es inapelable; este legalismo, este procedimiento leguleyo, no está por encima de la Constitución, tampoco del pueblo que es dónde se deposita la soberanía. La Constitución se ha pronunciado; no se puede hacer una reelección sin reforma constitucional. Ahora le toca al pueblo pronunciarse.

Seguramente ahora Rebeca Delgado será atacada despiadadamente por los llunk’u. No saben hacer otra cosa. Dirán que se ha pasado a la derecha. No saben decir otra cosa. No discuten. Sólo acusan como inquisidores renovados. Están lejos de entrever que lo que hacen merma la fortaleza del proceso, corroe las fuerzas de defensa del proceso, debilita la candidatura del presidente, lo llevan a la desproporción de una imposición, que lo único que ocasiona es llevar el agua al molino de la derecha. En vez de convocar a las fuerzas en apoyo de una reforma constitucional, buscando consensos en la re-conducción del proceso, acumulando fuerzas perdidas, retomando un discurso legitimo, basado en la estructura de la Constitución. El llunk’u lo resuelve todo adulando al “jefe”, alabando al “jefe”, agazapándose a su figura. Cree que esa actitud indigna es “revolucionaria”. Un líder no requiere de este llunkirio, a no ser que sea vanidoso. Un líder requiere de crítica, pues el gobernar no es tarea fácil, menos cuando el gobernar debe desembocar en transformaciones estructurales.

La política, menos la política que debe ser transformadora, se reduce al canto al “jefe”. Los problemas políticos no se resuelven con salmos. La política es debate, supone el debate, la asamblea, la deliberación, la conformación del consenso, que no es el resultado de la obediencia, sino precisamente de la discusión. En el caso que nos ocupa, que es, en el fondo, la re-conducción del proceso, pues está en crisis, que toca también, de manera particular, el tema de la re-elección, debe haber discusión y deliberación, sobre todo por lo que atinge a la Constitución. No se puede vulnerar la Constitución impunemente, sin traer consecuencias. Lo que ha hecho, primero la Asamblea Legislativa, luego el TCP, es desacreditar la Constitución con sus interpretaciones perversas y adulteradoras de los contenidos escritos del texto constitucional. Al final, la consecuencia es que la Constitución no valga nada, no defina ya nada. ¿No es este precisamente el objetivo de la derecha? El diablo no sabe para quien trabaja.

He escuchado un argumento que llama la atención; se pregunta: ¿Por qué tenemos que respetar las disposiciones transitorias acordadas con la derecha y propuestas por ella? No se trata de respetar algo que ha propuesto la derecha y se ha terminado de acordar con ella, sino se trata de respetar lo que ha quedado en la Constitución aprobada por el pueblo boliviano y promulgada por el presidente. Lo que se tiene que entender es que la Constitución es, al final de cuentas, la construcción dramática del pacto social, incluso después de la aprobación de la Constitución de Oruro. Aunque los constituyentes debemos desaprobar la intervención del poder constituido, el Congreso convertido en constitucional, el haber vulnerado los atributos ilimitados del poder constituyente, revisando la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente, de todas maneras, ocurrió de este modo el camino a la aprobación y la promulgación de la Constitución. Se revisó el 30% de la Constitución aprobada en Oruro.

La Constitución aprobada por el 64% del pueblo boliviano fue la Constitución revisada por el Congreso. Una vez aprobada y promulgada no se puede pedir volver a los artículos modificados del texto de Oruro. Esto implica desconocer la Constitución aprobada. Esta actitud es peligrosa y atentatoria en contra de la Constitución. La responsabilidad política, la defensa del proceso, radica en la defensa de la Constitución aprobada y promulgada. Una actitud distinta, manipular la Constitución a gusto y antojo, destruye la base constitucional del proceso de cambio. Esta destrucción de la Constitución es destrucción del proceso, diga lo que se diga, incluyendo el estrambótico argumento de acudir a la voluntad del constituyente, voluntad que no se respetó en todas las leyes promulgadas, además de no respetar el núcleo estructural de transformaciones estructurales exigidas, como la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, como el cumplimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, la prohibición de exportar materias primas, la no mercantilización de los recursos naturales, mas bien destinados al vivir bien, el pluralismo jurídico, la construcción de la economía social y comunitaria con enfoque sustentable.

Los otros argumentos pergeñados por los voceros oficialistas, asambleístas y funcionarios, y por el TCP, ya los discutimos en otros textos publicados y difundidos[1]. Lo que haremos ahora es dos cosas; primero, apoyar la valiente actitud crítica de Rebeca Delgado, enfrentando al llunkirio generalizado, enfrentando a la cúpula del poder, encaramada, sin legitimidad alguna, medrando de la sombra del caudillo. Poniendo en mesa el insostenible fallo del TCP, ratificando la fatua “interpretación” de la Asamblea Legislativa, que hace malabarismos inconcebibles para dar la vuelta a los artículos constitucionales pertinentes. Lo que pone en mesa Rebeca Delgado es la usurpación de una cúpula palaciega de la representación del proceso, la impostura de este entorno respecto a lo que corresponde a los movimientos sociales, el haberse apoderado del proceso de cambio, que es un producto histórico y político colectivo. También pone en mesa las contradicciones profundas del proceso, así como el haber atentado contra el MAS, contra su competencia a deliberar y a intervenir en las decisiones políticas. Dejando en claro que no está contra la reelección sino contra la forma perversa como se quiere lograrlo. Por otra parte cuestiona la conducción e influencia negativa del vicepresidente, quien sería responsable de esta orientación autoritaria y antidemocrática, además de desconocer la competencia de los movimientos sociales, derivando en una especie de despotismo ilustrado.

Como se puede ver se trata de temas fundamentales relativos a la defensa del proceso. No se pueden soslayar los temas puestos en la mesa por Rebeca Delgado, quien exige un debate a la bancada del MAS. Son temas ineludibles, que no se resuelven con el barato electoralismo al que han caído los del ejecutivo, la directiva de la Asamblea Legislativa, los órganos de poder del Estado y las dirigencias sociales cooptadas. El proceso no se reduce, de ninguna manera, a la compulsión electoral. El proceso es de cambio, de transformación estructural e institucional. La realización del proceso depende de la participación social, de la movilización, de la materialización de la revolución democrática y cultural, que no se puede reducir a la demagogia de los discursos, pues esta revolución se efectúa por la transferencia del poder a la sociedad movilizada. Las organizaciones sociales, los movimientos sociales anti-sistémicos, las organizaciones indígenas, los sindicatos de trabajadores, los constituyentes consecuentes, los intelectuales críticos, las organizaciones feministas, de defensa de los derechos de la mujer y los derechos de las subjetividades diversas, además de otras organizaciones de defensa de las distintas generaciones de derechos constitucionalizados, incluyendo los derechos de los seres de la madre tierra, debemos apoyar a esta voz valiente, que defiende la posibilidad del cambio contenida, como germen, en la Constitución. La crítica de Rebeca Delgado es una convocatoria al pueblo a defender su proceso.

La otra cosa que vamos a hacer es un análisis de coyuntura, lo que se juega en esta coyuntura. Mayoría de los analistas va coincidir que ya se trata de una coyuntura electoral. ¿Es así? ¿Se reduce el acaecer politico de la coyuntura a la dimensión electoral? Déjenos disentir con esta apreciación. Es cierto que ingresamos a la compulsa electoral en lo que quedad de los dos años para delante, hasta fines de 2014; también es cierto que el gobierno no dejó nunca de hacer campaña electoral; ha reducido la política al electoralismo. Los llamados partidos de oposición se encuentran en campaña para las elecciones nacionales, esto desde la campaña por las elecciones del departamento del Beni, ganadas por la oposición. Las mismas organizaciones sociales, como la COB, parecen haber caído en la misma compulsión electoral, cuando anuncian formar el partido de los trabajadores, el instrumento político se los trabajadores, empero, lastimosamente orientado hacia las elecciones de 2014. Lo mismo ocurre con el CONAMAQ, que también ha decidido formar un instrumento político; también lastimosamente pareciendo orientarse rsponder a la concurrencia en las próximas elecciones. Aunque en estos dos últimos casos, el de la COB y el de CONAMAQ, el proyecto de instrumento político no pueda reducirse a la coyuntura electoral, de todas maneras está como emplazando a descender hacia el electoralismo, cayendo en el campo gravitacional votante. Sin embargo, todas estas consideraciones no son suficientes como para terminar caracterizando a la coyuntura como electoral.

Estos dos últimos años, hacia el 2014, forman parte de la segunda gestión de gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Se trata de dos gestiones que forman parte de lo que se ha venido llamando el proceso de cambio y de la revolución democrática y cultural. Sobre todo la segunda gestión se ha caracterizado por entrar en contradicción con la Constitución, con el proceso, con el pueblo y con las organizaciones indígenas. Se puede considerar la segunda gestión gubernamental, el lapso que le toca, como relativo a la crisis del proceso de cambio, cuando el propio proceso entra en profundas contradicciones. Entonces estos dos últimos años son claves en lo que respecta a la realización del proceso o, de lo contrario, a la experiencia dramática de su periclitación. Por eso, preferimos caracterizar la coyuntura como relativa a la intensificación de la crisis del proceso, a la radicalización de las contradicciones profundas del proceso, al desenlace de los enfrentamientos entre las fuerzas sociales que resisten a la restauración del Estado-nación, las organizaciones indígenas, desde la perspectiva de la descolonización, las organizaciones de los trabajadores, desde la perspectiva salarial y de la recuperación del llamado salario diferido, la jubilación, contra las fuerzas mayoritarias estatales y gubernamentales que optaron por el realismo político y el “pragmatismo”, que cada vez más se evidencia como descarnado oportunismo.

Entonces la caracterización de la coyuntura puede asumirse no tanto desde la perspectiva del futuro inmediato, las elecciones, como desde el pasado mediato, el proceso de cambio. Desde esta segunda perspectiva, de más largo alcance, mas bien ponderada por las exigencias de transformaciones estructurales e institucionales, se puede evaluar mejor lo que se juegan en el lapso de los dos años para adelante. Se juega, por decirlo de un modo dramático, el destino del proceso, la reconducción del proceso. Si el bloque popular, que ha abierto este proceso, después de seis años de luchas sociales (2000-2005), la movilización prolongada, no logra re-articularse, re-dinamizar su potencia, impulsar nuevamente el desplazamiento de sus fuerzas, re-conduciendo el proceso, retomando los mandatos de los movimientos sociales anti-sistémicos, de las naciones y pueblos indígenas originarios, del pueblo boliviano, recuperando el programa politico, inscrito en la Constitución, el proceso terminaría languideciendo en las convalecencia decadente de un electoralismo, postrado en la cama de enfermo terminal, que no es más que la simulación de la democracia. La responsabilidad del bloque popular es reposicionar al bloque popular antes de las elecciones de 2014. Si esta tarea queda en el camino, si, por último, el gobierno “pragmático” termina imponiendo su visión realista, sometiendo a las organizaciones sociales por medio del prebendalismo y el clientelismo, habría terminado de clausurar las posibilidades efectivas del proceso de transformaciones, decayendo en la misma práctica política de todas las elites gobernantes, que lo único que hacen es conservar el poder. La estrategia gubernamental se reduce a este vulgar objetivo.

[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza La constitucionalidad a la deriva. Horizontes nómadas; La Paz.