Nueva Delhi (PL).- La decisión del gobierno indio de abrir el comercio minorista a las inversiones extranjeras tuvo la rara virtud de unir en bloque a los partidos opositores, a algunos de sus aliados políticos y a la inmensa mayoría de la población. Desde hace años, las transnacionales Walmart, Tesco y Carrefour codiciaban ese mercado que mueve entre 350 mil y 400 mil millones de dólares al año.

Aún con un crecimiento envidiable para la mayoría de las naciones del planeta, la India cerró 2012 con el más bajo aumento de su Producto Interno Bruto (PIB) en casi una década y una alarmante tendencia bajista en otros indicadores económicos. Preocupado, el gobierno anunció una batería de reformas para liberalizar la economía e intentar revertir la desaceleración, pero el primer resultado ha sido una ola de protestas por parte de un vasto espectro de organizaciones políticas y sociales, escépticas sobre los eventuales dividendos de las medidas.

Los avisos han venido uno tras otro: en el trimestre enero-marzo de 2012, el PIB fue del 5,3, el más bajo en nueve años; en abril-junio apenas hubo recuperación, pues solo fue 5,5%, y en julio-septiembre retornó al 5,3%. El crecimiento económico promedio en esos primeros nueve meses fue del 5,36%, muy inferior a la media del 8,2% que marcaron los últimos ocho años.

Según los analistas, la ralentización de la economía india se debe en gran parte a la crisis económica y financiera global -especialmente en Europa y Estados Unidos, dos de los principales socios de la nación surasiática-, la disminución de los flujos de capital y el aumento de los precios internacionales del petróleo. Pero también influyen factores domésticos como la baja productividad del trabajo, la deficiente infraestructura, el alto costo de los capitales, un alto déficit fiscal y las inmovilistas políticas monetarias, las cuales han provocado a su vez una notable depreciación de la rupia y una incontrolable inflación.

Con las variables a su alcance, a mediados de diciembre de 2012 el gobierno rectificó a la baja su pronóstico de crecimiento económico para el año fiscal que concluyó en marzo de 2013, y lo situó en 5,7%. Pero llegar a esa cota dependía de que el PIB supere el 6% en el trimestre de cierre, y aún cuando se alcance, sería el peor desempeño de la economía nacional desde 2002.

En medio de tal panorama, el gobierno anunció en septiembre varias medidas de inmediato rechazadas por la oposición y la ciudadanía, entre ellas aumentar el precio de los combustibles y reducir de 12 a seis el número de cilindros de gas que podían comprar los sectores menos favorecidos a precios subvencionados. Confiado en que ello también revitalizará la economía, el gobernante Partido del Congreso propuso además abrir a la inversión extranjera la banca, la radiodifusión, la aviación y el comercio minorista multimarca.

El Parlamento fue desde entonces un campo de batalla, pues hasta las bancadas más a la izquierda y a la derecha, incluidas las de algunos partidos aliados al oficialismo, cuestionaron esa política por considerar que, lejos de insuflar oxígeno a la economía nacional, la asfixiará. La apertura del comercio minorista fue la reforma más resistida, ya que la entrada de las transnacionales significará la ruina para millones de campesinos y propietarios de las pequeñas tiendas familiares.

El primer ministro Manmohan Singh anunció que la India abriría a las transnacionales extranjeras el sector minorista multimarca, las aerolíneas locales y la televisión, con topes accionarios del 51, 49 y 75%, respectivamente. En el inicio de una campaña de reformas que ha dado en denominarse Big-Bag, el gobernante Partido del Congreso logró de entrada una explosión que hasta cierto punto reconfiguró el universo político nacional.

Un par de días después de anunciada la medida en diciembre de 2012, partidos de derecha a izquierda, agrupaciones políticas regionales y sindicatos convocaron a una huelga general que luego apoyaron más de 60 millones de personas. A las protestas no les faltó combustible, pues adicionalmente el gobierno había anunciado que aumentaría en el 12% el precio del diesel y reduciría a seis por año los cilindros de gas licuado a precios subvencionados para las familias pobres.

Y aún más: a las transnacionales extranjeras también se abrirían las aerolíneas y la televisión locales… por el momento, porque según diversas fuentes la decisión también alcanzará a la industria farmacéutica y hasta a los seguros y pensiones.

Los críticos aseguran que estas medidas provocarán la ruina de los campesinos, los pequeños industriales y los propietarios de más de 12 millones de “kiranas”, pequeños comercios tradicionales que dan sustento al doble o triple de personas. La India es el país con la mayor densidad de comercios en todo el mundo en virtud de la existencia de las kiranas, pequeños negocios que se heredan de padres a hijos y ofrecen desde créditos hasta el producto más impensado, entrega a domicilio incluida.

Considerados un elemento clave en la vida cotidiana, estos establecimientos dominan las ventas al por menor y han conseguido sobrevivir a la competencia de los grandes supermercados por estar junto al consumidor, conviviendo con la comunidad y formando parte de ella. Esencia aparte, está la cantidad: se considera que cerca de 50 millones de pequeñas tiendas existentes en el país le garantizan el sustento a un número cuatro o cinco veces superior de personas, o sea, a alrededor de la sexta parte de los 1.210 millones de indios.

Según cifras no oficiales, las kiranas mueven entre 350 mil y 400 mil millones de dólares al año, una cifra que hacia 2020 pudiera llegar a la astronómica cota de un millón de millones de dólares. Desde hace años, transnacionales como la norteamericana Walmart, la británica Tesco o la francesa Carrefour están a la espera de participar en la distribución del pastel. El 99% de los propietarios de las kiranas, por no decir todos, temen que no podrán resistir semejante competencia.

Instalado en la palestra pública, el asunto es objeto de encendidos debates en cuanto foro político, legislativo o comercial sesiona en la India, tanto en los de nivel nacional como en los estaduales o de ciudades, aldeas y barrios. Ya en dos ocasiones el primer ministro Manmohan Singh ha salido a defender públicamente la necesidad de iniciar una campaña de reformas encaminadas a reactivar la economía, mejorar el clima de inversiones y sanear las finanzas públicas.

Singh dijo que las decisiones de aumentar el precio del diesel y de abrir el sector minorista a las compañías extranjeras se mantendrían por absoluta necesidad. Sostuvo que aunque su administración no quiere poner cargas adicionales a los ciudadanos, se hace insostenible seguir subsidiando los precios del combustible y calificó de infundado el temor de los pequeños comerciantes a desaparecer ante la llegada de las transnacionales. Aclaró que cada uno de los 28 estados de la India podrá decidir en última instancia sobre si admitir o no a las empresas foráneas en el comercio minorista, y recalcó que “ninguno de los gobiernos regionales puede negar a los otros los beneficios de la inversión extranjera directa”.

Su discurso se produjo unas horas después de que el Congreso Trinamool, uno de los aliados claves del Partido del Congreso, se desgajara de la gobernante Alianza Progresista Unida y retirara del gabinete a un ministro y seis viceministros. El gobierno dijo tener aún suficientes amigos, confirmó las citadas medidas y anunció que vendrían otras, pero de cualquier forma -como confesó Singh- encajó el golpe “con tristeza”.

El gobernador del nororiental estado indio de Bihar Nitish Kumar advirtió que bajo su intendencia jamás se aplicará la apertura del sector minorista a las inversiones extranjeras directas. “Nunca lo vamos a permitir porque es una decisión suicida del gobierno central”, aseguró antes de criticar al gobernante PC por tomar tal determinación pese a la manifiesta oposición de varias administraciones estaduales. De momento, 13 anunciaron ya que no la aplicarán y no se descarta que otros los imiten.

Kumar sostuvo que la decisión del gobierno federal “es contraria al interés de los agricultores porque caerían bajo el control de grandes compañías internacionales que quieren nuestros mercados”. Con más de 100 millones de habitantes y una economía eminentemente agrícola -cebada, maíz, caña de azúcar, trigo- Bihar tiene una de las rentas per cápita más bajas de la India.

El gobernador apuntó que estaba fuera de su comprensión cómo encajarían dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) los intereses de los propietarios de pequeñas tiendas al por menor y de las pequeñas y medianas empresas indias. También confesó tener la impresión de que Singh había actuado bajo la presión de medios de prensa extranjeros (que lo han estado tachando de inmovilista desde el punto de vista económico y político).

Estallan las protestas sociales

Unos 100 millones de trabajadores iniciaron el 20 de febrero en la India una huelga de dos días para protestar contra el encarecimiento de la vida, la falta de oportunidades de empleo y la corrupción. Apoyado por todos los sindicatos, excepto los alineados con el partido gobernante, el paro evidenció el descontento de la clase obrera india, que se siente excluida de la prosperidad económica del país en la última década.

La inflación, la desinversión en el sector público, la violación de las leyes laborales, los bajos salarios y la ausencia de seguridad social, llevaron a los trabajadores a la huelga, señaló en un comunicado el Congreso de Sindicatos de Toda la India (AITUC), que tiene más de tres millones y medio de miembros.

Acataron la huelga más de un millón de empleados bancarios del país, en desacuerdo con los planes del Gobierno de abrir a los inversionistas extranjeros ese muy estatizado y hasta ahora protegido sector. También participaron los trabajadores del transporte y los servicios públicos, puertos, seguros, minería y metalurgia, telecomunicaciones e incluso de empleados de oficinas y departamentos de los gobierno central y estaduales.

El sector financiero de la India quedó paralizado debido al cierre de todos los bancos, compañías de seguros y establecimientos comerciales en la ciudad de Mumbai y de sus filiales en el resto del país. Respaldaron el paro todos los establecimientos, tanto los estatales como los privados, extranjeros, regionales, rurales y de cooperación, dijo a la agencia de noticias IANS el vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados Bancarios V. Utagi.

En la mayoría de las ciudades el servicio de transporte quedó paralizado y solo se veían circular automóviles y otros vehículos privados o en función del sistema de salud. Los hospitales y las escuelas abrieron como siempre.

Los huelguistas exigieron la instauración de un salario mínimo nacional, contratos de duración indefinida para 50 millones de trabajadores temporales, la observancia estricta de las leyes laborales y una cobertura universal de seguridad social para los trabajadores del sector informal. También, la aplicación de medidas concretas para contener la constante subida de los precios, sobre todo de los alimentos y los combustibles, el cese de la privatización de las empresas estatales y la contención de la corrupción.

Si el gobierno no atiende estas demandas después del paro, vamos a intensificar nuestra protesta mediante otras medidas como las huelgas de hambre masivas y otros actos de agitación, advirtió Gurudas Dasgupta, secretario general del Congreso de Sindicatos de Toda la India.

* Corresponsal Jefe de Prensa Latina en India.