(Agencias).- El gobernador de Maryland Martin O‘Malley promulgó el 2 de mayo la revocación de la pena capital, lo que convierte a ese Estado en el décimo octavo de Estados Unidos en tomar esa decisión. Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México y Nueva York también suprimieron el castigo extremo y en abril de 2012 Connecticut fue el penúltimo en abolir la pena de muerte.

En los últimos años abolieron la pena capital los estados norteamericanos de New Jersey, New Mexico, New York, Alaska, Hawaii, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, North Dakota, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Wisconsin, Illinois, Connecticut y Maryland.

El 25 de abril de 2012 el gobernador de Connecticut Dannel Malloy abolió la pena de muerte, y ese estado se convirtió en el número 17 que suprimió el castigo extremo, y en el quinto que sometió a escrutinio el tema en los últimos cinco años. La sentencia capital había estado vigente en el pequeño territorio del noreste del país desde la época colonial británica.

En 2009 legisladores estaduales intentaron pasar una enmienda para derogación, pero fue bloqueada por la entonces gobernadora republicana Jodi Rell. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 12 de abril de 2012 tras una votación positiva de 86-63, luego de que el Senado aprobara igual propuesta una semana antes.

Michael Ross, un asesino serial, fue el último convicto del Constitution State en morir por inyección letal en 2005, y 11 prisioneros esperaban en el corredor de la muerte por la aplicación del veredicto. El gobernador Malloy certificó que de todas maneras estos reos morirán porque la ordenanza es prospectiva y, por ende, no aplicable a los ya condenados a la máxima sentencia.

Por su parte, el gobernador demócrata de Maryland Martin O’Malley afirmó que la pena de muerte es cara y no funciona para prevenir el crimen, y “por esa razón creo que deberíamos dejar de practicarla”. Reveló que desde 2008 una comisión estatal reportó que por cada 8,7 personas sentenciadas a muerte, una de ellas resultó inocente, y subrayó que “la administración de la pena de muerte claramente muestra prejuicio racial”.

La última ejecución del estado se llevó a cabo en 2005, durante la administración del gobernador republicano Robert Ehrlich y desde 2006 estaba en suspenso después de un fallo de la corte. Según el Departamento de Seguridad Pública de Maryland y la página digital de Servicios Correccionales, Maryland ha ejecutado a cinco condenados a muerte desde 1976.

El 2 de mayo de 2013 el gobernador demócrata firmó la ley que anula la extrema medida, con más de tres siglos de existencia, pero no perdonó a cinco hombres condenados por diversos asesinatos y que aguardan en el corredor de la muerte. La nueva legislación establece la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional como el máximo castigo permitido en Maryland.

Estados Unidos tiene 32 estados donde se mantiene la pena máxima, pese a las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales. A principios de noviembre de 2012 más del 55% de los electores de California aprobó en las urnas mantener la aplicación de la condena a muerte dentro del sistema penal estatal, y rechazó de plano la Proposición 34, que sugería eliminarla como posible condena para los culpables de asesinato en primer grado, diluyendo las esperanzas de más de 720 condenados a muerte.

Una encuesta realizada en septiembre del año pasado por la CNN y la agencia Opinion Research reveló que el 50% de los estadounidenses favorece las cadenas perpetuas, por un 48% que apoya las ejecuciones, mientras que el resto se abstiene de opinar.

De acuerdo con el Death Penalty Information Center (Centro de Información sobre la Pena de Muerte), en Estados Unidos se han ejecutado a 1.277 presos durante los últimos 36 años, y 477 de estos casos se concretaron en Texas. El récord de ejecuciones se registró en 1999 cuando fueron llevados al patíbulo 97 individuos, lo que significó la cifra más alta desde 1976, cuando la Suprema Corte de Justicia permitió nuevamente el castigo supremo tras una moratoria de cuatro años. En 2011 por primera vez desde 1976 el número anual de nuevas condenas a muerte fue inferior a 100.

Autoridades penitenciarias en Estados Unidos ejecutaron a 86 convictos desde 2011 hasta mediados de diciembre de 2012 y en los estados de Oklahoma, Mississippi, Arizona y Texas se concretó el 75% de las sentencias. Acorde con un reporte del Death Penalty Information Center, un total de 154 penas máximas fueron además impuestas durante el mismo periodo y los territorios de Florida, California, Texas, y Alabama ratificaron dos tercios de esos dictámenes judiciales.

Según cifras oficiales, los territorios con mayor cantidad de reos en el corredor en la muerte son California con 724 personas, Florida con 407 y Texas con 308. Los dos últimos estados registraron la mayor cifra de ejecuciones en 2012, al aplicar la inyección letal a 13 y a 15 prisioneros, respectivamente.

En julio de 2012, Yokamon Hearn, un afroamericano de 33 años, se convirtió en el primer condenado a muerte en Texas en ser ejecutado con la aplicación de un nuevo método que emplea una sola droga letal: el pentobarbital, conocido con el nombre comercial de Nembutal, que sustituye al anterior cóctel de tres drogas, método empleado para las ejecuciones en el estado de Texas desde 1982, después que se diera a conocer el vencimiento del relajante muscular pancuronium bromide, uno de los componentes de la triada letal.

Hearn, declarado culpable del secuestro y asesinato de un hombre en Dallas en 1998, recibió una inyección de ese poderoso analgésico, utilizado en la medicina veterinaria para sedar animales, y fue declarado muerto 25 minutos después en la localidad de Huntsville, al noroeste de Houston, destacó un despacho publicado en el sitio digital Huffington Post Washington.

El 17 de enero se efectuó la primera ejecución de 2013 en Estados Unidos en Virginia, tras ser llevado a la silla eléctrica el reo Robert Gleason Jr., de 42 años de edad, que cumplía cadena perpetua por un asesinato en 2007 cuando mató a su compañero de celda en 2009 y fue sentenciado a la pena máxima. El recluso, quien advirtió que seguiría cometiendo crímenes si no era ejecutado, fue el primero también en elegir morir en la silla eléctrica desde 2010.

Desde 1973, 140 personas sancionadas en Estados Unidos se salvaron del corredor de la muerte después que fueron reconocidas como inocentes gracias a investigaciones forenses relacionadas con el ADN mitocondrial. Luego de una investigación exhaustiva que abarcó una década, peritos concluyeron que el estado de Texas habría matado a un sujeto inocente en 1993. Se trata del hispano Ruben Cantu, procesado por homicidio a los 17 años de edad y ejecutado, pese a que se carecía de evidencia material que lo vinculara con el crimen.

Con reportes de Prensa Latina.