Centenares de indígenas brasileños paralizaron nuevamente la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte sobre el río Xingú en Brasil. Desde el inicio de las obras en marzo de 2012, el consorcio Norte Energia suspendió operaciones al menos en seis oportunidades debido a las protestas de los indígenas y grupos ecologistas de todo el mundo.

Decenas de analistas, expertos y científicos independientes han evidenciado que la represa de Belo Monte es económica, social y ambientalmente inviable. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) han determinado que el proyecto pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas afectadas.

En abril de 2011, la CIDH dictó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas contactadas y no contactadas que habitan en la cuenca del río Xingú, y manifestó que el gobierno de Dillma Rousseff debía suspender la construcción de la represa mientras no realice una consulta completa y efectiva a las comunidades –lo que supone darles acceso a una evaluación del impacto medioambiental y social del proyecto en sus lenguas– y tome medidas para proteger la existencia de las comunidades que viven en aislamiento voluntario.

Pese al pedido de la CIDH y a las numerosas protestas de pueblos indígenas, grupos ambientalistas y a las más de 600 mil firmas recogidas implorando por la preservación y resguardo de las poblaciones nativas, el 1 de junio de 2011 el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) aprobó la licencia ambiental para la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, la tercera más grande del mundo después de la usina Tres Gargantas en China y de la hidroeléctrica de Itaipú en la frontera entre Brasil y Paraguay.

La hidroeléctrica de Belo Monte será construida en el estado de Pará sobre el río Xingú, un afluente importante del Amazonas, con una inversión de casi 11 mil millones de dólares, y cuando esté concluida en 2015 tendrá una capacidad de generación de 11.233 megavatios, lo que representa casi el 40% de la energía consumida actualmente por todo el sector residencial brasileño. La primera turbina entrará en operación en 2015 y la última en 2019.

Se prevé que los dos embalses de la mega obra inundarán un área de 516 kilómetros cuadrados de selva amazónica (400 mil hectáreas de bosque nativo), provocando el desplazamiento de al menos 16 mil personas, aunque organizaciones civiles como el Consejo Indigenista Misionario (Cimi) y Xingú Vivo Para Siempre estiman que 50 mil indígenas y campesinos que habitan en las riberas del Xingú tendrán que abandonar sus tierras.

El Ibama aseguró haber concedido la licencia de instalación que autoriza al consorcio Norte Energia la construcción de la hidroeléctrica luego de un “análisis técnico robusto” que supone la incorporación al proyecto de compensaciones socioambientales, entre estas una distribución de agua suficiente para mantener los ecosistemas y los modos de vida de las poblaciones tradicionales.

Tiempo después, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) aprobó un préstamo sin precedentes de 10,8 mil millones de dólares para la construcción de la controversial hidroeléctrica, el crédito más abultado en los 60 años de historia del banco estatal brasileño. En respuesta, nueve organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Ministerio Público Federal una investigación por la presunta violación de requisitos legalmente vinculantes relativos a los impactos sociales y ambientales del proyecto, sus riesgos y su viabilidad económica.

“Las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa Belo Monte han sido denunciadas ante instancias internacionales, por lo cual el Estado de Brasil y por ende ahora también BNDES, podrían ser responsables”, advirtió la co directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Astrid Puentes.

Según el director del Programa de Amazonía de International Rivers Brent Millikan, “si los costos sociales y ambientales, junto con los riesgos financieros, legales y de reputación de Belo Monte hubiesen sido seriamente tomados en consideración, el BNDES nunca se hubiese acercado al proyecto”.

“Mientras Norte Energía y el Gobierno brasileño, incluyendo el BNDES, continúen ignorando las demandas de los afectados, habrá resistencia y aumentará la conflictividad. Al aprobar este préstamo mientras existe un grado alto de conflictividad en la zona se demuestra la falta de compromiso del BNDES para garantizar derechos y salvaguardas ambientales. El banco debería reconsiderar la aprobación del préstamo para evitar más conflicto”, opinó la asesora de Financiamiento Internacional de Amazon Watch Maíra Irigaray.

En la actualidad, el consorcio Norte Energía y el Gobierno Federal enfrentan al menos 15 acciones civiles promovidas por el Ministerio Público, la defensoría pública e instituciones de la sociedad civil, además de acciones internacionales que cuestionan las numerosas ilegalidades e irregularidades cometidas desde el inicio de las obras.

En junio de 2011 Amnistía Internacional (AI) recomendó al gobierno de Brasil “aplicar la recomendación de la CIDH hasta que los derechos de las comunidades indígenas locales estén plenamente garantizados”. “Continuar con la construcción de la presa de Belo Monte sin haber garantizado antes que los derechos de las comunidades indígenas están protegidos equivale a sacrificar los derechos humanos en aras del desarrollo”, argumentó la directora adjunta de AI para América Guadalupe Marengo.

Sin embargo, el gobierno de Roussef no solo ignoró la recomendación formulada por la CIDH en 2011 sino que tomó represalias retirando la candidatura de Paulo Vannuchi para integrar la CIDH. Ese año representantes indígenas viajaron a Washington para sostener un encuentro con la OEA, al que el gobierno de Brasil decidió no acudir.

Con la decisión de “no dialogar el gobierno de Brasil se dispara a sí mismo en el pie, ¿cómo se le va a dar asiento en el Consejo de Seguridad si desautoriza a una institución de derechos humanos como la CIDH?”, cuestionó en esa oportunidad la directora de Justicia Global Andressa Caldas, mientras que Jacob Kopas AIDA comentó que “la actitud de Brasilia es un golpe en la cara de la imagen que promueve Brasil como líder regional y anfitrión de la cumbre Río+20”.

Belo Monte es “una obra criminal que significa la destrucción ambiental de una gran área de selva, que afectará la vida de decenas de miles y que secará el río para cinco aldeas indígenas que perderán la supervivencia de su alimentación”, denunció la coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre Antonia Melo.

La presidenta Dilma Rousseff se defendió asegurando que la mega obra no afectará a ninguna de las 10 tierras indígenas de la zona y los pobladores aborígenes no serán desplazados de sus aldeas, ya que la represa fue reducida en 60% con relación al proyecto original que se discute desde hace 40 años. El ministro de Minas y Energía Edison Lobao recordó que la represa original debía inundar unos 1.230 kilómetros cuadrados, pero se decidió reducir el área de afectación hasta 500 kilómetros cuadrados.

“Ningún indígena será perjudicado con la construcción de Belo Monte, ya que la aldea más próxima está a 32 kilómetros del área que será inundada y otras a 500 y 800 kilómetros”, dijo el ministro Lobao, y aseveró que unas cinco mil familias que residen en áreas más próximas a la zona inundada serán trasladadas a residencias con servicios sanitarios y educación.

Lobao reiteró que la construcción de la hidroeléctrica es “irreversible” porque Brasil requiere de un crecimiento anual de 5% en su potencial de generación de energía eléctrica para satisfacer las necesidades de la población y de la industria.

Tropiezos de Belo Monte

El controversial proyecto hidroeléctrico fue paralizado al menos en seis oportunidades por las comunidades indígenas y de pescadores. El año pasado ocho mil trabajadores de Norte Energía cerraron el complejo, incendiaron los campos de construcción y la maquinaria, y bloquearon carreteras en reclamo por la violación de la legislación laboral por parte de la constructora.

Además, jueces federales suspendieron las obras de Belo Monte en dos ocasiones durante 2012, alegando la falta de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, tal y como estipulan la Constitución de Brasil y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

El Ministerio Público Federal del estado de Pará recomendó que ninguna licencia sea concedida hasta que se cumplan todas las condiciones, entre ellas el pago de compensaciones sociales valuadas en 75 millones de dólares. Según el procurador del estado Ubiratán Cazetta, “siempre que se habla del financiamiento de la obra, se habla exclusivamente de lo referente a la ingeniería, a la construcción; sin embargo, nada dirigido a las medidas de compensación para evitar que la situación social de la región se torne peor de lo que ya está”.

La concesionaria Norte Energía informó que durante el pico de las obras espera emplear directamente a 18.700 personas y más de 23 mil indirectamente, sumando 96 mil con sus familias. De ahí que el procurador Cazetta consideró necesario preparar la región de Altamira para cobijar a casi 100 mil trabajadores: “Eso significa duplicar el tamaño de la región, que hoy ya enfrenta un problema muy serio con sus políticas de salud, educación, seguridad pública, en el combate a la prostitución infantil y a la prostitución general”.

En marzo de 2013 el gobierno federal envió a un grupo de efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad para participar en la realización de estudios técnicos sobre los impactos ambientales, pero no detuvo la construcción de la cuestionada hidroeléctrica. Es así que a principios de mayo los nativos de las etnias Munduruku, Juruna, Kayapó, Xipaya, Kuruaya, Asurini, Parakaná y Arara se movilizaron nuevamente y paralizaron las obras.

Los aborígenes advirtieron que permanecerán en Belo Monte hasta que el gobierno demuestre que la mega represa no afectará la naturaleza de la región amazónica del estado de Pará, y hasta que cumpla con lo estipulado por el Convenio 169 de la OIT.

En una carta pública, los indígenas denunciaron: “Nos están apuntando armas a la cabeza, sitian nuestros territorios con soldados y camiones de guerra; hacen que los peces desaparezcan; se roban los cuerpos de nuestros antepasados enterrados en nuestra tierra y lo hacen porque tienen miedo de oírlos…”.

Con datos de las agencias Prensa Latina, EFE, AFP y Radioagencia NP. Más información: www.aida-americas.org / www.internationalrivers.org / www.amazonwatch.org / www.xinguvivo.org.br