La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales las causales “poco precisas y demasiado generales” y los procedimientos de “naturaleza administrativa” y “no jurisdiccional” establecidos en el proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado. El TCP dictaminó que la “acción de extinción de dominio de bienes ilícitos” no se aplica a delitos de contrabando, considerado “un problema social resultante del agotamiento de un modelo económico incapaz de redistribuir equitativamente los excedentes económicos”, y además no admite injerencia alguna de la Procuraduría u otro ente allegado al Órgano Ejecutivo.

El 23 de agosto de 2012 el ministro de Gobierno Carlos Romero presentó al Ministerio de la Presidencia el anteproyecto de la Ley de “Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado” que promueve la incautación y monetización aceleradas de propiedades y bienes adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico, el contrabando, la corrupción y la legitimación de ganancias ilícitas.

El proyecto de ley de Romero plantea que, en caso de flagrancia, la Procuraduría General del Estado (PGE) disponga la incautación de todos los bienes resultantes de actividades ilícitas para que sean inmediatamente monetizados en beneficio del Estado, otorgando un plazo mínimo a los imputados para que presenten descargos. (1)

El proyecto de ley consta de cuatro capítulos, 15 artículos, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y abrogatoria y tres disposiciones finales. Fue aprobado el 30 de agosto por el Consejo Nacional de Política Económica Social, y luego enviado al Órgano Legislativo con la instrucción de que sea sancionado sin modificaciones.

La Cámara de Senadores aprobó sin cambios el “enlatado” del Ejecutivo, motivando paros y multitudinarias movilizaciones de transportistas y comerciantes minoristas en las principales ciudades del país, a las que se sumaron paulatinamente trabajadores fabriles, maestros y pequeños productores. Decenas de abogados constitucionalistas y especialistas de la Defensoría del Pueblo denunciaron que el proyecto de ley vulnera derechos individuales fundamentales, entre ellos el derecho a la propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Ante la fuerte presión social, la ex presidenta de Diputados Rebeca Delgado reconoció que algunos artículos de la norma “realmente no se ajustan a la Constitución y podrían dar lugar a una mala interpretación o a una arbitrariedad”. Los legisladores de la Cámara Baja no fueron tan complacientes como sus colegas del Senado, corrigieron varios artículos del “enlatado”, incluyeron algunas salvaguardas para garantizar “los derechos de terceros”, y terminaron modificando casi el 60% del texto original, informó Delgado.

El ministro Carlos Romero defendió su proyecto y dijo que “tal vez la presidenta de la Cámara de Diputados no dimensionó correctamente el alcance y la profundidad de las modificaciones, que de ninguna manera representan el 60%, porque si fuera así ya no sería una iniciativa del Ejecutivo sino del Legislativo, y en ese caso habría que redactar una nueva ley”.

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes provocó un sonado duelo verbal entre la diputada Delgado y el ministro Romero, razón por la cual el Presidente Evo Morales solicitó al Tribunal Constitucional que determine quién tiene la razón; “a lo mejor el gobierno está equivocado”, reflexionó el Jefe de Estado en esa oportunidad. (2)

El TPC desahucia el engendro legal de Carlos Romero

El 8 de noviembre de 2012 el Presidente Morales pidió al TCP que verifique la constitucional del proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado, y el 19 de abril de 2013 la Sala Plena del TCP emitió un fallo que declara inconstitucionales más del 70% de los 15 artículos y de las ocho disposiciones finales y transitorias de la norma, además de condicionar la constitucionalidad de al menos cuatro artículos. (3)

En líneas generales, el presidente del TCP Ruddy Flores explicó que la acción de extinción de dominio de bienes ilícitos es constitucional y no vulnera el derecho a la propiedad privada, ya que ésta debe cumplir una función social, y, para gozar de protección, el uso que se haga de ella no debe ser perjudicial al interés colectivo. “La propiedad adquirida por medios ilícitos o ilegítima no merece protección constitucional, por lo que al no configurar un derecho digno de protección, el Estado puede declarar legítimamente su extinción, dando prevalencia así al interés general sobre el particular”, justificó Flores. (ABI)

No obstante, el presidente del TCP aclaró que la Sala Plena “ha identificado que el proyecto de ley, como un instituto jurídico, es constitucional y aplicable a los delitos de narcotráfico, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, pero ha exceptuado al contrabando, señalando que no entra en los cánones de constitucionalidad debido a que existen procedimientos específicos y el Estado tiene una responsabilidad respecto del control del contrabando”.

El TCP alega en su fallo que el contrabando “es un problema social resultante del agotamiento de un modelo económico que ha sido incapaz de redistribuir equitativamente los excedentes económicos y reinvertirlos en el desarrollo económico productivo, lo que ha ocasionado, entre otros aspectos, altos índices de desempleo que obligaron a una gran cantidad de personas a incursionar en el comercio informal. En consecuencia, la lucha contra el contrabando exige la adopción de otro tipo de medidas, no solamente de carácter legal sino también administrativas y técnicas, dirigidas a mejorar los sistemas de control en el ingreso de mercaderías, fortaleciendo además la capacidad de las instituciones comprometidas en esta labor…”. (4)

En base a esta primera observación de fondo, el TCP declara constitucionales los artículos 1 y 2 del proyecto de ley, exceptuando el término “contrabando”. (5)

Como segunda crítica sustancial al proyecto de ley, el TCP dictamina que el procedimiento de “naturaleza administrativa” y “no jurisdiccional” para la expropiación de bienes, definido en el artículo 3, no garantiza el respeto de los derechos y garantías de las personas, como por ejemplo el “debido proceso, la presunción de inocencia, el juez natural, la garantía de la vía judicial, entre otros, con reglas claras y razonables que aseguren certidumbre jurídica”. (6)

El TCP recuerda que la Constitución Política del Estado (CPE) determina que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos (art. 115.I), y tendrá derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial (art. 120.I). De ahí que todo cuestionamiento, controversia, restricción, privación de derechos o afectación de intereses legítimos de las personas debe ser conocido y resuelto por una autoridad judicial, y con todas las garantías inherentes al debido proceso.

De todo ello se colige que “la acción de extinción de dominio no puede darse a través de un procedimiento de ‘naturaleza administrativa’ que no asegura que se cumplan estándares mínimos inherentes a la garantía del debido proceso, porque la ‘naturaleza administrativa’ de un proceso pone a éste en manos de autoridades de esta naturaleza, con total ausencia de probidad, que no garantizan independencia ni imparcialidad por su vinculación a funciones que son propias del Órgano Ejecutivo, quien en las acciones de extinción de dominio podría aparecer como juez y parte, en evidente concentración de funciones, lo que indudablemente lesionaría derechos y garantías constitucionales”, argumenta el TCP en su fallo. (7)

En consecuencia, el TCP declara la inconstitucionalidad del artículo 3 del proyecto de ley porque lesiona derechos fundamentales y contraría los artículos 13.I, 115.I y II, 119.II, 120.I, 178.I y 180.II de la CPE.

Esgrimiendo el mismo argumento, el TCP determina también que las cuatro causales de la extinción de bienes definidas en el artículo 5 del proyecto de ley son inconstitucionales, “poco precisas y demasiado generales, atentan contra el principio de seguridad jurídica y podrían llevar a que se cometan excesos, puesto que sobrepasan el objeto y fines definidos por el propio proyecto de ley, así como la concepción del instituto contenido en los convenios o tratados internacionales, la doctrina y legislación comparadas”. (8)

Al respecto, el TCP reitera que autoridades o funcionarios administrativos encargados del procesamiento de faltas disciplinarias no pueden disponer la expropiación de bienes de otros servidores públicos (una acción con connotación muchísimo más amplia por su vinculación a derechos fundamentales e incidencia en cuestiones sensibles relacionadas con el patrimonio de las personas), sin la intervención de una autoridad judicial proba e idónea que garantice ampliamente el derecho a la defensa del justiciable.

En su tercera crítica de fondo al proyecto de ley, el TCP señala que tampoco es admisible la intervención de la Procuraduría General del Estado (PGE) y sus dependientes en el proceso de extinción de bienes, en razón a que sus atribuciones son diferentes, de acuerdo a la CPE. Por tanto, declara la “constitucionalidad” del artículo 7, excepto las frases “Procuraduría General del Estado” contenidas en los parágrafos I y II, las cuales se declaran “INCONSTITUCIONALES”. En otras palabras, el TCP insinúa que es inconstitucional que la Procuraduría ejecute, administre, monetice y subaste los bienes expropiados por el Estado, tal y como plantea el artículo 7. (9)

Con la misma base argumental, el TCP declara la constitucionalidad de los parágrafos I y II del artículo 8 (que identifica a las entidades técnicas operativas que participan en el proceso), “excepto la frase ‘a simple solicitud de la Procuraduría General del Estado, cuando concurran las causales establecidas en el Artículo 5 de la presente Ley’, misma que se declara INCONSTITUCIONAL”, al igual que los parágrafos III y IV del artículo 8. (10)

El TCP recalca que el parágrafo I del artículo 8 es constitucional únicamente respecto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero como entidad operativa en las acciones de extinción de dominio, sin que la solicitud de información pueda ser ejercida por la PGE, que tiene una naturaleza diferente a la que se le pretende asignar en el proyecto de ley.

Apelando nuevamente al principio de independencia de poderes, el TCP declara inconstitucionales los artículos 10 y 11 del proyecto de ley porque autorizan la intervención de la Sub Procuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado en las acciones de extinción de dominio de bienes a favor del Estado (11); y dictamina la constitucionalidad de los artículos 13 y 14, “excepto la frase ‘Sub Procuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado’, contenida en el art. 13.I.3”; y los términos “… personal de la Procuraduría General del Estado y de la Unidad de Investigaciones Financieras” mencionados en el artículo 14. (12)

De igual manera, el TCP condiciona la “constitucionalidad del art. 9 a que la intervención de toda entidad pública en calidad de coadyuvante, sea en la medida que resulte pertinente”. (13)

En una cuarta observación de carácter formal, el TCP declara la inconstitucional del artículo 6 que define el ámbito de aplicación de la norma (bienes cuyo valor sea igual o superior a 70 mil bolivianos), excepto el parágrafo II, que excluye del alcance de la ley los bienes inembargables establecidos en el Artículo 179 del Código de Procedimiento Civil. (14)

Según el dictamen del TCP, “los valores expresados en el artículo (6) se quedan cortos, por cuanto, como es sabido, dichas actividades que se pretenden combatir mueven ingentes cantidades de dinero, expresadas en cientos o millones de dólares; de donde, por las previsiones monetarias contenidas en el artículo en cuestión, podría, llegar a afectarse a personas con escaso patrimonio, ingresos moderados o capitales mínimos, lo que por lo demás ha generado la justa preocupación de sectores sociales de la población como gremialistas y trasportistas…”. (15)

Por si fuera poco, el TCP también determina que son inconstitucionales las Disposiciones Transitorias Segunda, Tercera y Cuarta; y las Disposiciones Finales Primera, Segunda y Tercera del proyecto de ley. (16)

Finalmente, el TCP solo admite la constitucionalidad sin condiciones de cinco articulados de importancia secundaria: los artículos 4, 12 y 14, y las disposiciones transitoria primera y derogatoria y abrogatoria única. (17)

Reacciones

Los dirigentes de los gremios directamente afectados y legisladores de la oposición saludaron el fallo del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales a la mayoría de los artículos del draconiano proyecto de Romero porque vulneran de manera flagrante la normativa nacional e internacional.

Para el jefe de Bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Diputados Adrián Oliva Alcázar, el TCP corroboró que el proyecto de ley del Ejecutivo es defectuoso y puso en evidencia “la desprolijidad y la incapacidad de algunas autoridades que en algún momento tuvieron el tupé de criticar el trabajo de la Asamblea Legislativa, de cuestionar la labor de la ex presidenta de la Cámara de Diputados y de señalar que las observaciones que hacía no tenían ningún fundamento”.

“El ministro Romero debe reconocer sus errores y tendrá que actuar con mayor prolijidad la próxima vez que mande un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, esto para evitar que cerca del 50% de los proyectos enviados por el Ejecutivo no sean declarados inconstitucionales”, recomendó Oliva.

Por su parte, la diputada del MAS Rebeca Delgado y varios dirigentes sociales criticaron al TCP por emitir un fallo ambiguo y parcial. En su criterio, el máximo tribunal de justicia debería haber declarado inconstitucional a toda la norma en vez de hacer malabarismos verbales, aparentemente para congraciarse con el Ejecutivo.

Pese a todo, la diputada Delgado destacó que el dictamen del TCP finalmente le dio la razón y ahora el Ejecutivo no tiene más que aceptar las observaciones de forma “constructiva”: “Seguramente aparecerán voceros o ventrílocuos (que cuestionen el fallo), pero para qué le vamos a dar más vueltas al asunto: el proyecto de ley estaba mal hecho, es inconstitucional y hay que hacer uno nuevo”.

Notas:

1. El artículo 4 del proyecto de ley dispone que son bienes susceptibles de expropiación “todos aquellos inmuebles, muebles sean tangibles o intangibles, sujetos a registro o no, cosas fungibles, consumibles, indivisibles, pertenencias, frutos naturales o civiles así como los derechos, valores, acciones y cualquier otro activo u objeto susceptible de valoración económica, ubicados en el territorio nacional o fuera de este”.

2. Antes de conocer el fallo del TCP, el Presidente Morales descalificó públicamente a Rebeca Delgado: “En nuestros proyectos, anteproyectos de ley que enviamos a la Cámara de Diputados o al Órgano Legislativo siempre habían errores de forma y de fondo; nos comunicamos y trabajábamos decisiones técnicamente y a veces tomábamos decisiones políticas… Lamentablemente con la señora Rebeca Delgado ha habido muchos problemas y eso va a ser evaluado”, se quejó el Jefe de Estado y poco tiempo después ordenó a sus legisladores que no reelijan a Delgado como presidenta de la Cámara Baja.

3. Ver el fallo completo en http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/descargas/Exp2073-DCP02-2013.pdf

4. “… el instituto de extinción de dominio de bienes surge como una respuesta a la necesidad de combatir actividades relacionadas con el crimen organizado, nacional y transnacional, atacando fundamentalmente a las fuentes de financiamiento de estas organizaciones, desestimulando la conformación de redes delictivas y disuadir a quienes pretendan enriquecerse sin justa causa… Empero, tomando en cuenta la realidad social boliviana (…) dicha implementación no puede abarcar un espectro tan amplio como en el que se plantea en el proyecto de ley, el cual únicamente debe estar circunscrito a las actividades relacionadas con el narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y corrupción; no así para el contrabando…”, argumenta el TCP en su fallo.

5. El artículo 1 define el objeto de la norma: regular el procedimiento de extinción de dominio a favor del Estado sobre bienes de procedencia ilícita por actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. El artículo 2 identifica los fines de la Ley: 1. Identificar los bienes procedentes o utilizados en actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. 2. Extinguir el dominio de bienes de procedencia ilícita a favor del Estado, con la pérdida de la titularidad del derecho propietario sin contraprestación ni compensación, “salvando expresamente los derechos de terceros de buena fe, quienes al haber acreditado la legalidad y legitimidad de su derecho propietario, deben gozar invariablemente de su protección, sin que pueda alcanzarles la extinción de dominio”, recalca el TCP en su fallo.

6. El Artículo 3 define la extinción de dominio de bienes a favor del Estado como una “acción pública de naturaleza administrativa y contenido patrimonial que consiste en la pérdida del derecho de propiedad o posesión de bienes cuando éstos sean producto de las conductas descritas en el artículo 5, salvándose los derechos de los terceros de buena fe. II. Esta acción administrativa es independiente, especial, no jurisdiccional, de aplicación preferente a cualquier acción que se haya iniciado, sin necesidad de sentencia penal previa contra la o el titular del bien. III. La extinción de dominio no es una sanción penal principal ni accesoria, ni se basa en la culpabilidad de una persona, es susceptible de ser recurrido en el marco del procedimiento administrativo vigente, exceptuándose el proceso contencioso administrativo. IV. La acción de extinción de dominio de bienes procede contra la poseedora o poseedor en caso de no conocerse un derecho propietario cierto”.

7. Según el TCP, “pretender que la extinción de dominio de bienes a favor del Estado se materialice en vía administrativa niega de plano la aplicación de la vía judicial, que resulta ser la más idónea para este tipo de situaciones…”. No obstante, “para que la acción goce de todas las garantías inherentes al debido proceso, no puede tener una ‘naturaleza administrativa’ y ‘no jurisdiccional’, sino que, al contrario, debe ser más bien de naturaleza jurisdiccional…”. “Al final de cuentas –recalca el TCP– lo que estará en discusión será la legitimidad o no del origen de un derecho de propiedad, lo que demanda una carga probatoria dinámica, que necesariamente tiene que ser valorada con probidad, por una autoridad judicial competente y además idónea… dentro de la potestad de impartir justicia, labor que ha sido encomendada siempre, dentro del marco del principio de separación de funciones, a las autoridades judiciales, que son las únicas que ejercen jurisdicción conforme a ley, (respetando) los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad, equidad, armonía social y respeto a los derechos…”.

8. El artículo 5 menciona cuatro causales para la acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado: 1. Bienes identificados en flagrancia en actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. 2. Cuando en proceso judicial existan elementos suficientes para determinar que los bienes son producto, instrumento o medio de esas actividades. 3. Contra los bienes de cualquier servidor o servidora pública cuando al interior de un proceso judicial o administrativo existan elementos suficientes para determinar que son producto de beneficios otorgados a personas vinculadas a las actividades ilícitas, y 4. Contra los bienes afectados en procesos penales por los cuatro delitos descritos.

9. El artículo 7 determina: I. La PGE, a través de una Unidad desconcentrada de Administración y Monetización, es la encargada de la ejecución, administración, monetización y subasta de los bienes cuyo dominio haya sido extinguido a favor del Estado. II. La estructura organizacional de la Unidad desconcentrada de administración y monetización será establecida mediante Resolución de la PGE.

10. El artículo 8 nombra a las ENTIDADES TÉCNICAS OPERATIVAS: I. La autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, a simple solicitud de la PGE se constituirá en entidad operativa, cuando concurran las causales establecidas en el artículo 5 de la Ley. II. La Policía Boliviana, a través de su unidad especializada, es el organismo técnico operativo responsable de obtener y acumular información durante las acciones de extinción de dominio de bienes y de brindar apoyo a la PGE. III. El Ministerio Público a través de su representante garantizará que durante las acciones de extinción de dominio de bienes se respeten los derechos y garantías constitucionales de las personas intervinientes. IV. De acuerdo a la complejidad del caso, la PGE a través de la Unidad desconcentrada de administración y monetización podrá conformar un equipo multidisciplinario o solicitar la colaboración de una entidad especializada pública o privada.

11. El Artículo 10 (ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO) dispone: I. La acción de extinción de dominio de bienes será declarada procedente o improcedente por la Sub Procuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, conforme las causales establecidas en el artículo 5 de la Ley. II. En caso de flagrancia de acuerdo al Numeral 1 del artículo 5, se aplicará el siguiente procedimiento: 1. La Sub Procuraduría, con la participación del representante del Ministerio Público y en coordinación con la fuerza pública, procederá al decomiso e incautación de todos los bienes ilícitos. 2. Otorgará un plazo de cinco días hábiles para que se presenten los descargos. 3. Vencido el plazo, emitirá la declaratoria de extinción de dominio de bienes a favor del Estado mediante resolución motivada. III. En caso de concurrir las causales de los Numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 se aplicará el siguiente procedimiento: 1. Previa notificación de la procedencia de la acción de extinción, la Sub Procuraduría procederá al decomiso o incautación de bienes. 2. El titular o poseedor deberá demostrar la licitud de estos bienes en el plazo de 10 días hábiles; caso contrario la Sub Procuraduría emitirá la declaratoria de extinción.

El artículo 11 determina que la resolución que declare la extinción de dominio de bienes a favor del Estado podrá ser impugnada a través de los recursos administrativos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento.

12. El artículo 13 (SUBASTA PÚBLICA) determina: I. La Unidad de Administración y Monetización procederá a la subasta pública de los bienes, de acuerdo al siguiente procedimiento: 1. La publicación de la subasta y de los bienes a subastar a través de medios orales, audiovisuales, escritos, internet o cualquier otro medio que garantice su amplia difusión. 2. El precio base será del 75% del valor del bien en el mercado, que no podrá ser disminuido en ningún momento hasta la adjudicación del bien. 3. El valor del bien será determinado por el perito especializado designado por la Sub Procuraduría del Defensa y Representación Legal del Estado de una lista remitida por el Banco Central de Bolivia. II. La subasta se realizará tres veces de manera consecutiva, en periodos de 10 días calendario cada una. En caso de que no se llegue a adjudicar el bien, transcurridas las tres subastas, el bien será asignado a una entidad pública que cumpla los fines sociales previstos en la presente Ley de acuerdo a Decreto Supremo reglamentario.

El artículo 14 prohíbe participar directa o indirectamente en los procesos de monetización, subasta y adjudicación a cualquier persona, servidora o servidor público interviniente en el proceso de extinción de dominio, al personal de la PGE y de la Unidad de Investigaciones Financieras, hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad.

13. El artículo 9 dispone que las instituciones coadyuvantes en las acciones de extinción de dominio de bienes son los Ministerios de Gobierno, de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, de Defensa, el Ministerio Público y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

14. El artículo 6, parágrafo l, determina que la acción de extinción de dominio de bienes que resulte procedente de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 5 se aplicará sobre: 1. Los bienes cuyo valor individual sea igual o superior a setenta mil bolivianos. 2. Los bienes muebles cuyo valor individual o en conjunto sea igual o superior a setenta mil bolivianos 3. Los bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte cuyo valor sea igual o superior a setenta mil bolivianos.

15. Explica el TCP en su fallo que estos sectores sociales “se han opuesto abiertamente a la ley, pues consideran que pone en riesgo sus fuentes de empleo, principalmente sus herramientas de trabajo, las que eventualmente podrían quedar confiscadas al establecerse su vinculación con alguna de las actividades definidas en el objeto del proyecto de ley… por lo que al declararse la extinción podrían quedar virtualmente en situación de desamparo, lesionando así valores supremos previstos en la Constitución, como los de igualdad, dignidad, solidaridad, equilibrio, pues dichos bienes podrían constituir el mínimo vital que requiere una persona para su sustento, de la cual podría ser privada arbitrariamente a través de la acción de extinción de dominio”.

16. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: Queda extinguido el dominio a favor del Estado sobre los bienes decomisados, incautados, confiscados o en procesos penales que no hayan sido reclamados en el plazo mínimo de seis meses anteriores a la publicación de la presente Ley. DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA: La Procuraduría y la Policía deberán capacitar a personal especializado en procesos de extinción de dominio de bienes en un plazo máximo de seis meses, a partir de la promulgación de la Ley. En ese lapso aplicarán la ley los funcionarios de las instituciones coadyuvantes. DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA: La Procuraduría deberá implementar los sistemas informáticos necesarios para las subastas públicas en un plazo máximo de un año computable a partir de la publicación de la Ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: Se incluye el numeral 17 en el Artículo 8 de la Ley Nº 064 de 5 de diciembre de 2010 con el siguiente texto: “17).- Conocer y resolver las acciones de extinción de dominio de bienes a favor del Estado”. DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA: Se establece como función específica de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, además de las descritas en el Artículo 14 del Decreto Supremo Nº0788 de 5 de febrero de 2011, la siguiente: “f) Emitir mediante Resolución la Declaratoria de procedencia o improcedencia de la acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado”. DISPOSICIÓN FINAL TERCERA: A partir de la publicación de la presente Ley, se establece la extinción de dominio a favor del Estado de los bienes perecederos o frutos naturales susceptibles de devaluación o descomposición que se encuentren decomisados, incautados o confiscados, para su inmediata monetización a través de subasta pública.

17. El artículo 4 detalla cuáles son los bienes susceptibles de ser expropiados por el Estado (Ver nota 1). El artículo 12 (MONETIZACIÓN) dispone que los bienes extinguidos serán monetizados inmediatamente después de la declaratoria de extinción con Resolución final, a través de subasta pública por la Unidad de Administración y Monetización. El artículo 15 (DESTINO DE LOS RECURSOS) indica que los recursos obtenidos y monetizados ingresarán al Tesoro General del Estado y serán destinados a políticas sociales de prioridad nacional de acuerdo al Decreto reglamentario.

La DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA establece: I. El Órgano Ejecutivo en un plazo de 60 días hábiles computables a partir de la publicación de la Ley aprobará el Decreto reglamentario que establezca la distribución y asignación de los recursos obtenidos de acuerdo al Artículo 15 de la Ley. II. El Decreto establecerá un porcentaje destinado a fines determinados por el CONALTID. La DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA ÚNICA deroga el Inciso a), del Numeral 2, del Artículo 134 de la Ley N° 260 Ley Orgánica del Ministerio Público del 11 de julio de 2012, y abrogada y derogada todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.