Madrid y Santiago de Chile (Mapocho Press).- La visita a Irak de una misión judicial encabezada por el juez español Santiago Pedraz en enero de 2011 para reconstruir el asesinato del camarógrafo hispano José Couso Permuy, de la cadena Telecinco, marca un hito en la lucha por una efectiva justicia universal y también constituye una derrota política para el gobierno “socialista” de José Luis Rodríguez Zapatero, la Fiscalía Nacional de España, la Embajada de EEUU en Madrid, la Casa Blanca y todos los sectores interesados en echarle tierra al asesinato del periodista ocurrido el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina de Bagdad.

La diligencia practicada por la comisión judicial de Pedraz entre el 27 y 29 de enero de 2011 también reclamó tácitamente justicia por el asesinato de otros dos periodistas ejecutados simultáneamente con Couso: el ucraniano Taras Protsyuk, de 35 años, de la agencia británica Reuters, y el jordano Tarek Ayoub, de 35 años, de la cadena árabe Al Jazeera TV. Los tres fueron atacados el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad al comenzar la invasión de EEUU a Irak, por un tanque de EEUU tripulado por el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, siguiendo órdenes del teniente coronel Philip de Camp.

El juez Pedraz y su comitiva concluyeron su misión el 28 de enero de 2011 con algunas dificultades. Pudieron visitar la habitación 1403, en el piso 14 del hotel Palestina, e instalar una cámara con trípode similar a la de Couso en el balcón apuntada en dirección al puente Aljumuriya, desde donde el tanque estadounidense disparó el cañonazo mortal. También Pedraz y sus acompañantes pudieron observar el piso 15, que fue el blanco principal del proyectil. Lo que no pudieron hacer los miembros de la comisión fue adentrarse en el puente hasta el lugar preciso en que se encontraba el tanque pues se los impidió el ejército de Irak.

Los problemas de la comisión judicial comenzaron al llegar al puente Aljumuriya. El ejército iraquí les bloqueó el acceso hasta el lugar preciso en que se hallaba el tanque al momento de efectuar los disparos, alegando razones de seguridad. Sólo dejaron bajarse de los automóviles a ocho miembros de la delegación, pero a 20 metros del lugar exacto de los disparos. A esa distancia, los militares iraquíes permitieron la presencia de sólo tres cámaras: las del juez Pedraz y del abogado de la familia Couso, Enrique Santiago, y del equipo de televisión de TVE. Argumentaron que el puente está bajo control militar, mientras el permiso que obtuvo Pedraz para su inspección ocular fue otorgado por el ministerio del Interior iraquí… no por el ministerio de Defensa.

El magistrado Pedraz, junto con Jon Sistiaga, también reportero de Telecinco que trabajaba con Couso; Olga Rodríguez, periodista de la Cadena SER; Jesús Quiñonero, camarógrafo de Antena 3, Carlos Hernández y Enrique Maillo, miembro de la Asociación Libre de Abogados, pudieron comprobar que desde esa posición se divisan perfectamente las cinco plantas superiores del hotel Palestina, un edificio de 17 pisos. La habitación 1403, en cuyo balcón trabajaba Couso, se encuentra en el piso 14. Aunque el grueso proyectil impactó de lleno en el 15, Couso pereció un piso más abajo.

Posteriormente, los cuatro periodistas españoles, acompañados del intérprete-guía Safa Majid, quien trabajó con Sistiaga y Couso en la cobertura de la invasión estadounidense, regresaron a la habitación 1403 para recordar solemnemente a su compañero muerto. El juez Pedraz les tomó declaraciones como testigos porque trabajaron cerca de Couso en el hotel Palestina aquel 8 de abril de 2003.

El juez iraquí Fhihad Ahmed Hussein acompañó a su colega español durante toda la diligencia y al término se despidió amablemente: “Estoy muy honrado de colaborar con usted durante la práctica de las diligencias”. Ese día viernes hubo más de 50 muertos en atentados en Bagdad.

Un abogado y un juez sacaron adelante el Caso Couso en España

El abogado Enrique Santiago Romero lleva 10 años bregando ante la justicia por el asesinato del camarógrafo José Couso Permuy, muerto el 8 de abril de 2003. Hoy siguen vigentes las órdenes de búsqueda y captura dictadas en 2005 por el juez español Santiago Pedraz contra el sargento Thomas Gibson; el capitán Philip Wolford; y el teniente coronel Philip De Camps –aplicando a estos tres una fianza o embargo de bienes por un millón de euros por responsabilidad civil– y desde 2011 aparecen imputados otros dos altos superiores de la cadena de mando, el general Bufort Blount y el coronel David Perkins.

La acción iniciada por el abogado Santiago y la familia Couso en la Audiencia Nacional (AN) de España invocó “delitos contra personas internacionalmente protegidas” de las Convenciones de Ginebra de 1949 sobre DIH, reconocidos en España por el Art. 611 del Código Penal y el articulo 139 del mismo código.

“Desde el principio de las actuaciones judiciales, el gobierno español [José María Aznar, 19962004] se ha opuesto a la instrucción de la causa a través de la Fiscalía General del Estado, alegando falta de jurisdicción española, por haberse cometido los hechos fuera de España, como ausencia de delito, al no tratarse, según su criterio, de una acción intencionada del Ejercito de EEUU, sino de un triste ‘accidente’”, dijo el abogado.

En 2005 Pedraz dictó “órdenes de prisión incondicional y de busca y captura internacional a efectos de extradición” contra el sargento T. Gibson; capitán Philip Wolford, que autorizó disparar a Gibson; y el teniente coronel Philip De Camps, jefe de la brigada acorazada de los carros de combate. La Fiscalía General del Estado apeló esas órdenes internacionales y logró que la Sala de lo Penal (SP) de la AN cerrara las actuaciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) acogió un nuevo recurso de la familia Couso y en diciembre de 2006 ordenó reabrir la causa. El TS estableció que España era competente y tenía jurisdicción para conocer esos hechos.

Entonces el juez Pedraz renovó en 2007 el procesamiento de los tres militares de EEUU y reiteró las órdenes de busca y captura internacional y de prisión incondicional. Pero la resolución de nuevo fue apelada por el Fiscal y el 13 de mayo 2008 la SP de la AN anuló el procesamiento, las órdenes de prisión y las órdenes de búsqueda y captura, alegando que en los imputados no existían indicios suficientes de culpabilidad.

Pero, por efecto de la sentencia anterior del TS, de diciembre 2006, la SP de la AN no pudo ordenar el archivo de las actuaciones, de modo que siguió la instrucción de la causa. El 20 de mayo 2008, acordó practicar 7 nuevas pruebas, entre ellas admitir la declaración de una testigo propuesta por la acusación particular, Adrienne Kinne, ex sargento del ejército de EEUU miembro de la inteligencia militar durante los hechos. En una entrevista por TV en EEUU, el 14 de mayo 2008 Kinne denunció (1) que el hotel Palestina fue designado “blanco militar” por el ejército de su país, pese a estar protegido por las Convenciones de Ginebra y a despecho que allí estaba concentrada la prensa internacional por orden expresa de los militares de EEUU.

El juez también citó a declarar, como perito de la acusación particular, al general de la Guardia Civil española Gonzalo Jar Couselo, especialista en derecho internacional humanitario de la Cruz Roja española y autor de una investigación jurídica que califica como crimen de guerra la muerte del periodista. Además, solicitó practicar pruebas periciales de técnicos especialistas del cuerpo de artillería del ejército español y citó a declarar a los ex ministros de J.M. Aznar Ana Palacio, titular de Exteriores al momento del asesinato de los periodistas, y a Federico Trillo, de Defensa en ese instante, quienes dieron a conocer por escrito las explicaciones ofrecidas en su día al gobierno español sobre los asesinatos por las autoridades de EEUU, tanto de forma oficial como de manera extraoficial.

De inmediato, el 21 de mayo de 2009, el juez instructor ordenó un nuevo procesamiento y renovó la orden de detención internacional de los imputados. Entonces, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de nuevo apeló esta resolución y el 14 de julio 2009, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no sólo admitió el recurso y revocó los procesamientos y órdenes de detención, sino además –y contra el criterio del Tribunal Supremo– ordenó al juez instructor que concluyera el sumario y elevara la causa a la SP de la AN para que ésta procediera a cerrarla, lo que el juez instructor hizo el 16 de julio 2009.

Las acusaciones particular y popular apelaron la resolución de concluir el sumario acordada por el instructor en cumplimiento del Auto de la Sala de lo Penal del 14 de julio 2009. Y así, un nuevo Auto de la Sala de lo Penal del 23 de octubre 2009 ratificó la conclusión del sumario y determinó el sobreseimiento de las actuaciones, con el único voto en contra de la magistrada Clara E. Bayarrri, quien hizo constar la necesidad de continuar la instrucción del sumario, mantener los procesamientos y proceder a practicar las pruebas pendientes, relató Santiago.

El abogado Santiago recordó que en esta etapa del Caso Couso, entre el Auto del 21 de mayo 2009, en que el juez Pedraz acordó el nuevo procesamiento, y la fecha de interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo impugnando el sobreseimiento libre de las actuaciones, los órganos legislativos españoles reformaron el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La reforma cercenó y limitó hasta lo irreconocible el principio de jurisdicción universal extenso de la legislación, que hasta entonces había permitido a los tribunales españoles abrir casos de persecución efectiva de delitos –como el enjuiciamiento de Pinochet–, con el consiguiente prestigio internacional adquirido por la justicia hispana.

“En el Caso Couso nos encontramos con la clara resistencia de la justicia española a aplicar los principios de perseguibilidad universal, contradiciendo así lo establecido en las Convenciones de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario de 1949 y en los Protocolos Adicionales de las Convenciones de 1977, a pesar de ser tratados internacionales de cumplimiento obligado para nuestro país por haberlos signado y ratificado”, afirmó el abogado Santiago.

EEUU y la Interpol impiden que España haga justicia

Para continuar avanzando en la causa judicial del asesinato del periodista José Couso, el magistrado español Santiago Pedraz sólo necesitaba que Interpol cumpla la orden –emitida por primera vez en 2005– de búsqueda y captura de los militares estadounidenses responsables del crimen del 8 de abril de 2003 en Bagdad: el Sargento Gibson, el Capitán Wolford; el Teniente Coronel Philip de Cam; y los dos superiores en la cadena de mando añadidos por el juez el 4 octubre de 2011, el coronel David Perkins y el general Bufort Blount.

“Efectivamente, se van a cumplir 10 años del asesinato de José Couso, y lamentablemente la causa no va por buen camino a pesar de los esfuerzos del juez Santiago Pedraz”, dijo en Madrid el abogado Enrique Santiago. “Tras las negativas de Interpol a cursar las órdenes de detención de los militares de EEUU acusados del crimen el juez no va a tener más remedio que archivar la causa provisionalmente hasta que uno de los acusados fuere detenido y puesto a disposición del juzgado, y ello porque no nos quedan más diligencias que practicar, dada la negativa del gobierno de EEUU a cumplimentar las diligencias que España (el juez Pedraz) pide a ese país mediante Comisiones Rogatorias”, precisó Santiago.

En octubre 2010, la Oficina Legal de Interpol, con sede en Lyon, remitió un oficio a la Audiencia Nacional negándose a cumplir las órdenes de búsqueda y captura contra los tres militares EEUU, amparándose para tal negativa en el Art. 3 de los Estatutos de Interpol, esto es dando consideración de asunto “de carácter político, militar, religiosos o racial” y no considerándolo como una investigación criminal, explicó el abogado Santiago.

“Llama la atención esta actitud de Interpol ya que en dos ocasiones anteriores había emitido esas mismas órdenes de busca y captura a petición del juez Santiago Pedraz y en esa misma causa penal, órdenes de busca y captura que estuvieron vigentes varios años y que cesaron cuando el Auto 23 octubre 2009 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ordenó el archivo de la causa”, dijo Santiago. “Interpol sigue a la fecha de hoy sin cumplir estas órdenes de busca y captura y detención internacional, único caso conocido de incumplimiento respecto a una resolución judicial española, lo que resulta llamativo en extremo atendiendo a que en dos ocasiones anteriores cumplió las mismas órdenes de detención sin mostrar ninguna objeción sobre ellas”, precisó el abogado.

En el Caso Couso el Tribunal Supremo ha tenido una actuación a favor de la justicia, mientras la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha hecho lo contrario. Para el abogado Santiago, el “cerrojazo judicial” de 2009 al Caso Couso de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, mediante Auto de sobreseimiento libre, en la práctica supuso una resolución absolutoria anticipada. El Auto de la Sala de lo Penal del 23 de octubre de 2009 justificó el supuesto “error” militar en el lenguaje propio del gran mexicano Cantinflas:

“Estamos pues ante una sola acción ejecutada, y por sus características, aunque no hubiera fuego cruzado inmediato, y precisamente por la ausencia de batalla o escaramuzas en las inmediaciones del hotel, estas circunstancias no difieren de las explicaciones del capital Wolford en los medios informativos, y en consecuencia no desvirtúan la credibilidad del error visual, reconociendo la presencia de un francotirador o de un ojeador, que dio lugar a la decisión de atacar el hotel para asegurar la zona, en términos de prevención”.

“La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha venido considerando mínimamente creíbles y rigurosas las conclusiones del mando central norteamericano, mientras ha rechazado las conclusiones fundadas en el resultado de la prueba a las que llega el juez instructor de la causa”, dijo Santiago.

Según el abogado, había dos pruebas pendientes de realizar cuando la Sala Penal de la Audiencia Nacional acordó precipitadamente concluir el sumario y sobreseer: la declaración de los procesados, contemplada en el artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim); y la declaración de la testigo residente en el extranjero, la ex-sargento del ejército de EEUU Adrianne Kinne, conforme a lo establecido en el artículo 424 LECrim.

La ex sargento de la inteligencia militar de EEUU Adrianne Kinne, el 13 de mayo de 2008 le dijo a Amy Goodman, del programa de TV Democracy Now!: “Uno de los casos fue el hecho de que estábamos escuchando a periodistas que se alojaban en el Hotel Palestina. Y recuerdo que, concretamente a causa de que, durante la intensificación de la operación Shock and Awe (Impacto y Terror) por la que gente de mi unidad estaba muy nerviosa, se nos dio una lista de posibles objetivos en Bagdad, y el Hotel Palestina estaba catalogado como objetivo potencial.

“Y recuerdo esto concretamente porque, sumando dos y dos, había periodistas alojados en ese hotel y estaba incluido como objetivo potencial, acudí a mi oficial al mando, y le dije que hay periodistas alojados en ese hotel que creen estar a salvo, y lo tenemos catalogado como objetivo potencial, y de algún modo aquí no se está estableciendo una relación, ¿no deberíamos hacer un esfuerzo para que las personas adecuadas conozcan esta situación?

“Por desgracia, mi oficial al mando, de forma parecida a cuando le expresé mi preocupación acerca de ciertas cosas que estábamos recopilando o sobre información de inteligencia que estábamos proporcionando, me dijo básicamente que no era mi trabajo analizar. Mi trabajo era recopilar información y pasarla y que alguien en un nivel superior de la cadena de mando sabían lo que estaban haciendo”.

También quedaba pendiente practicar el reconocimiento judicial del lugar de los hechos, la inspección ocular prevista en los artículos 326 al 333 de la LECrim. Pero la Sala Penal de la Audiencia Nacional concluyó que “las diligencias admitidas y pendientes de practicarse se revelan innecesarias…”.

El Auto de la Sala Penal de la AN del 23 de octubre 2009 ignoró el pronunciamiento anterior del Tribunal Supremo en el caso Couso. El 13 de julio de 2010 la Sala Penal del Tribunal Supremo nuevamente se pronunció sobre el caso Couso, cuando su sentencia admitió los recursos de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de ley y de precepto constitucional interpuesto por las acusaciones particulares y popular contra el Auto de 23 de octubre de 2009 de la Sala de lo Penal de la AN que ordenaba el archivo de las actuaciones, recordó el abogado.

El Tribunal Supremo ordenó entonces “proseguir las actuaciones, practicándose las diligencias e instrucción pendientes y las demás que resultaren procedentes para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

Posteriormente, recapituló Santiago, una vez reabierta la causa por orden del Tribunal Supremo, el Juzgado Central de Instrucción Nº 1, del juez Pedraz, mediante Auto de 29 julio de 2010, repuso la situación de la causa a la existente cuando la Sala de lo Penal ordenó el archivo de la misma en octubre de 2009, a cuyo efecto ordenó nuevamente la búsqueda y captura e ingreso en prisión a efectos de extradición de los militares norteamericanos sargento Thomas Gibson, capitán Philip Wolford y teniente coronel Philip de Cam, librándose las oportunas órdenes internacionales de detención.

En esa misma línea, el Juzgado central de Instrucción Nº 1 dictó ese mismo 29 de julio de 2010 una “providencia” en la que ordena la práctica de varias diligencias de prueba:

1.- Libró oficio a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para localizar como testigos a los periodistas de Al Jazerra y Abhu Dabi TV que el día del asesinato de Couso se encontraban en sus sedes televisivas, las cuales también fueron blanco de ataques de los blindados de EEUU.

2.- Reiteró la Comisión Rogatoria, librada antes a Irak y nunca contestada, para que ese país autorizara el desplazamiento a Bagdad de una comisión judicial para realizar la “inspección ocular” del lugar de los hechos.

3.- Libró Comisión Rogatoria a EEUU, reclamando a los departamentos de Defensa, de Justicia y de Estado una copia íntegra de sus investigaciones e informes sobre el asesinato de Couso, en caso de existir estos.

4.- Ordenó tomar declaración como imputados al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolford y al teniente coronel Philip de Cam.

Vergonzosa sumisión a EEUU del gobierno español

En diciembre 2010, Wikileaks sacó a la luz pública las comunicaciones sobre la investigación judicial del asesinato de José Couso remitidas al departamento de Estado por la Embajada de EEUU en Madrid. Los documentos, que muestran absoluta coordinación entre las autoridades políticas españolas y la representación diplomática estadounidenses para abortar la causa y conseguir su archivo definitivo, involucraron a varios ministros, a la Vicepresidenta del Gobierno, al Fiscal General del Estado, y a algunos fiscales y jueces de la Audiencia Nacional.

“El contenido de los telegramas difundidos muestra que la Fiscalía General del Estado –con Cándido Conde-Pumpido Tourón como Fiscal General– ejercía en la práctica como asesoría legal de la Embajada de EEUU para conseguir el cierre de la causa, en una actitud ignominiosa y servil de los poderes públicos españoles ante una potencia extranjera que han difundido una imagen de España como colonia bananera de los EEUU”, dijo Enrique Santiago Romero, abogado de la familia Couso.

Entre la documentación oficial del Departamento de Estado de EEUU relacionada con el Caso Couso y publicada por Wikileaks, el abogado Santiago destacó los siguientes documentos:

1. Telegrama confidencial del embajador de EEUU Eduardo Aguirre (2), de fecha 21 de octubre 2005, afirma: “Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional”, aseveración del embajador tras afirmar haber hablado con María Teresa Fernández de la Vega (entonces Vicepresidenta Primera y ministra de la Presidencia del gobierno PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero), Juan F. López Aguilar (ministro de Justicia) y Miguel Ángel Moratinos (ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación).

2. Telegrama del embajador Aguirre a Condoleezza Rice (secretaria de Estado de EEUU), el 1 de junio 2007 indica: “El Gobierno de España había ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara las decisiones del juez”. Hay otro telegrama en igual sentido del embajador Aguirre al departamento de Estado, de fecha 14 mayo 2007.

3. Otro de los telegramas hace referencia a una llamada telefónica del entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, al embajador Aguirre, días antes del 21 de octubre 2005, donde el ministro habría indicado: “María Teresa Fernández de la Vega está implicada en el tema”.

4. Telegrama del embajador Aguirre al departamento de Estado del 22 marzo 2006, donde el diplomático afirma: “María Teresa F. de la Vega dice a Aguirre que [Cándido] Conde Pumpido (Fiscal General del Estado) le ha informado de la excelente cooperación entre embajada y autoridades españolas para cerrar caso Couso”.

5. Los telegramas indican que diplomáticos de EEUU se reunieron con Javier Zaragoza, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, el 18 enero 2007 con el objeto de conversar sobre la causa judicial.

6. Dichos telegramas indican que el 25 enero 2007 el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se reunió con el Embajador Aguirre. El 26 enero de 2007 el embajador Aguirre envió un telegrama al Departamento de Estado indicando: “Conde Pumpido dice que los fiscales de la AN continuarán oponiéndose a las órdenes de detención de los militares EEUU, así como a embargos sobre propiedades EEUU”. (El abogado Enrique Santiago precisó: “Cabe recordar que antes de esto, el 14 de diciembre de 2006, el Tribunal Supremo ordenó reabrir la presente causa y rechazó los argumentos que para el archivo de la misma había esgrimido la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional”.)

7. El 27 de abril de 2007, el juez Santiago Pedraz acordó nuevamente el procesamiento de los 3 militares de EEUU identificados en la causa. Según consta en las comunicaciones, ese día la Directora General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, llamó al embajador Aguirre indicándole que “en el Ministerio habían trabajado con los fiscales en 2006 para lograr el archivo del caso” (Telegrama 106159 de la Embajada de EEUU).

8. El 10 de mayo de 2007 se produjo una reunión entre Hugo Llorens –segundo diplomático en el escalafón de la embajada de EEUU en Madrid y posteriormente embajador de EEUU en Honduras cuando se produjo el golpe contra el presidente Zelaya– con Julio Pérez Hernández, Secretario de Estado de Justicia de España. Según el telegrama 107903, del 11 de mayo, Llorens aseguró que Pérez Hernández le garantizó que el “gobierno de España trabajaría con el de EEUU para asistirle en el proceso”.

9.- El 11 de mayo 2007, el Fiscal asignado a la causa interpone recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el Auto de procesamiento de los 3 militares de EEUU acusados en esta causa. Según consta en el telegrama de la embajada de EEUU de fecha 14 de mayo de 2007, identificado con el número 108128, ese día el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, llamó a la embajada de EEUU para informarles de la interposición de dicho recurso y de su contenido.

10. El 13 de mayo de 2008, la Sala Penal de la Audiencia Nacional resolvió, entre otras cuestiones, ordenar al juez instructor archivar el sumario. Según consta en otro de los telegramas conocidos, el Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, llamaron a la embajada de EEUU para informarla de este archivo, que después fue nuevamente revocado por el Tribunal Supremo, el 14 julio 2009.

La familia Couso interpuso una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía de Madrid. “Si bien la Fiscalía entendió que los anteriores hechos no estaban acreditados aunque habrían ocurrido, pero únicamente existía la versión de las comunicaciones internas de EEUU y, por tanto, decidió no abrir ninguna investigación al respecto”, dijo el abogado Enrique Santiago.

Boicot oficial hispano a la diligencia

La Inspección Ocular del lugar donde ocurrieron los hechos investigados: el Hotel Palestina y el Puente Al-Jumhuriya en Bagdad tuvo que vencer varios obstáculos. Primero, el caso fue archivado en dos ocasiones por la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España, pero después el Tribunal Supremo anuló esas decisiones por considerar que existían indicios fundados de delitos de homicidio y contra la comunidad internacional. El juez imputó a los tres militares estadounidenses que ordenaron y ejecutaron el disparo que acabó con la vida de Couso (y de sus dos colegas olvidados). El mismo Tribunal Supremo ordenó practicar la diligencia en Bagdad.

No obstante, el gobierno de Rodríguez Zapatero y el ministerio Fiscal se opusieron al viaje a Bagdad. El 13 de enero de 2011, el ministerio de Justicia le escribió al juez Pedraz expresándole su “altísima preocupación” por el viaje por no existir en Irak garantías para la protección de la comisión judicial (integrada, además, por la secretaria judicial, los testigos y los abogados de las partes). Añadió que la embajada de España carecía “de medios propios en aquel país para garantizar la seguridad de 17 o 18 personas”, incluyendo periodistas y enviados especiales.

Según los Wikileaks, la embajada de EE UU en España informó al Departamento de Estado que la ex vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega, el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar y el ex responsable de Exteriores Miguel Ángel Moratinos maniobraron sin éxito para archivar el caso a lo largo de toda la investigación judicial. El fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido le garantizó al embajador de EEUU que el ministerio público se opondría a las eventuales órdenes de detención de Pedraz contra los tres militares estadounidenses imputados.

Tras la reapertura de la causa ordenada por el Tribunal Supremo en 2010, entre el 27 y 29 de enero 2011 pudo finalmente desplazarse a Bagdad la Comisión Judicial a fin de realizar la Inspección Ocular. La Fiscalía renunció a participar en esa Comisión Judicial, relató el abogado Santiago, quien participó en la diligencia.

Pedraz fue atendido en Irak por nueve magistrados del Tribunal Supremo iraquí que le demostraron apoyo y cenaron con él durante su estancia. Su homólogo que colaboró con la inspección ocular, Fhihad Ahmed Hussein, es el juez del tribunal de Al Rusafa, bajo cuya jurisdicción se encuentran el hotel Palestina y el puente Aljumuriya.

El resultado de esta Comisión Judicial fueron los informes periciales de expertos físicos y ópticos que emitieron sendos informes sobre imágenes captadas con cámaras fotográficas y de video desde ambas ubicaciones. Los informes pusieron de manifiesto que la tripulación del tanque Abrams M1 que atacó al hotel Palestina veía perfectamente que estaba disparando a población civil y, concretamente, a periodistas.

La diligencia fue una victoria para la justicia universal y el magistrado Santiago Pedraz. También marca otro hito en la tenaz lucha del abogado de derechos humanos Enrique Santiago, quien antes actuó judicialmente contra los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro internacional de torturas de la prisión de Guantánamo, así como contra los “servicios de hotelería” negociados en 80 mil dólares por cada prisionero de Guantánamo eventualmente trasladado a España por el gobierno de Rodríguez Zapatero y el reabastecimiento en territorio de España de los vuelos clandestinos de la CIA que transportaron ilegalmente prisioneros políticos secuestrados por EEUU en diferentes países del orbe.

El 4 octubre de 2011, el juez Santiago Pedraz emitió el Auto que de nuevo dispuso el procesamiento de los tres militares imputados, y en busca y captura hasta ese momento, el Sargento Thomas Gibson, el Capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, y fijó a los tres una fianza de 1 millón de euros por responsabilidades civiles, acordando el embargo de sus bienes en caso de no depositarse la caución, indicó el abogado.

Y esa misma decisión judicial de 2011 aumentó las imputaciones de militares de EEUU, al incluir como imputados a dos superiores en la cadena de mando de los tres militares procesados, concretamente al General Bufort Blount, jefe del cuartel general y comandante de la 3ª división de infantería de ejército de EEUU, y al coronel David Perkins, jefe de la 2º brigada de la 3ª división. Por lo tanto, en el Caso Couso están imputados 5 militares de EEUU.

Durante los últimos 3 años el tribunal de Pedraz cursó sucesivas Comisiones Rogatorias a EEUU, solicitando entre otras diligencias que la ex sargento Adrianne Kinne fuera citada a declarar como testigo para que ratificara las declaraciones que realizó el 24 de junio de 2008 a medios de comunicación de EEUU.

Enrique Santiago observó que la Sargento no ha accedido a acudir voluntariamente a declarar a España, ni las autoridades de EEUU han hecho caso a las peticiones de las autoridades judiciales españolas. Ante este bloqueo, el 5 de julio 2012, el juez Santiago Pedraz tomó declaración testifical a la periodista Amy Goodman, directora del programa de TV Democracy Now! emitido en EEUU, quien entrevistó a la sargento Kinne en junio 2008 y corroboró sus declaraciones ante el juez español.

Notas:

1. Ver http://www.democracynow.org/es/blog/2008/5/14/denunciante_seala_que_hotel_de_bagdad_atacado_por_eeuu_estaba_en_lista_de_objetivos_militares

2. Eduardo Aguirre, cubano de Miami convertido en embajador de EEUU por el gobierno de George Bush hijo. Fue uno de los niños de la famosa “Operación Peter Pan”, montada por EEUU para sacar de Cuba a más de 14.000 menores entre diciembre de 1960 y octubre de 1962, “para salvarlos del comunismo”.

* Periodista y escritor chileno.