La violación sistemática de los derechos humanos en el caso de cinco antiterroristas cubanos prisioneros en Estados Unidos es una mancha que ensombrece el sistema de justicia en ese país. El 5 de marzo miles de activistas en todo el mundo se pronunciaron por la liberación de cinco cubanos encarcelados en Estados Unidos hace casi 15 años por infiltrar grupos terroristas del Sur de la Florida.

Para quienes han seguido de cerca esta causa es conocido que ya se cerró el proceso penal y que casi se cumplen 15 años del arresto de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González. Entretanto, René González, excarcelado en 2011 tras saldar el 85% de su condena de 15 años (tiempo máximo para permanecer en prisión), es obligado a continuar tres años de libertad supervisada dentro del territorio estadounidense.

Han expresado analistas del caso que las razones por las cuales fueron enjuiciados y sentenciados de manera arbitraria obedecieron especialmente a las exigencias del sector más reaccionario de los cubanoamericanos de Miami, la ciudad de Estados Unidos más hostil hacia el gobierno de la isla. Sin embargo, ninguno de ellos cometió actos que pusieran en peligro allí la seguridad nacional estadounidense, así lo confirmaron varios expertos y autoridades, como los generales Charles Whilhem y Edward Atkinson, el almirante Eugene Carol y el coronel George Buckner, quienes testificaron que los acusados no tenían acceso a información clasificada. Incluso, James Clapper, ex director de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, testigo de la Fiscalía, reconoció que ellos no habían realizado espionaje contra Estados Unidos.

Mas todos esos testimonios no fueron tomados en cuenta, lo que ratifica la arbitrariedad del fraudulento proceso de marcado signo político, destaca un resumen acerca de quiénes son los Cinco publicado en la página electrónica de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. El propio Gerardo Hernández enfatizó en su alegato, leído durante la vista de sentencia en diciembre de 2001, que se les puso “al mismo nivel de los peores espías que se hayan conocido sin que para ello exista una sola prueba contundente y sin haber causado daño alguno, solo sobre la base de suposiciones”. Y añadió “la nuestra quizás sea una de las acusaciones de espionaje más ridículas en la historia de este país”.

La labor que realizaron se centró en dar seguimiento a organizaciones e individuos violentos de origen cubano dedicados a planificar y ejecutar acciones criminales contra la población civil de la nación caribeña en la mayoría de los casos con la tolerancia de las autoridades norteamericanas. Téngase en cuenta que la década del 90 del pasado siglo fue una etapa de constantes sabotajes y acciones terroristas contra Cuba.

Solo entre mayo de 1995 y febrero de 1996 se registraron no menos de 25 incursiones aéreas ilegales en el espacio aéreo de la isla, procedentes de Miami. De acuerdo con informes oficiales, en enero de 1996, el almirante retirado Eugene Carroll visitó La Habana, donde fue notificado por el jefe de las Fuerzas Aéreas que Cuba derribaría las avionetas provenientes de esa ciudad floridana si continuaban sus incursiones ilegales.

El 23 de febrero 1996, el Departamento de Estado recibió del gobierno cubano un comunicado relativo a un “vuelo no autorizado previsto para el día siguiente”, el cual advirtió además que era improbable para el país caribeño seguir impasible frente “a estos vuelos no autorizados”. Richard Nuncio, antiguo responsable de asuntos cubanos durante la presidencia de William Clinton, declaró ante el Tribunal que juzgó a los Cinco que estuvo inquieto cuando recibió entonces las protestas de Cuba en ese sentido. Según dijo, no podía hacer gran cosa para detener tales incursiones aéreas.

El 24 de febrero de 1996, el servicio cubano de control de vuelos alertó a tres avionetas que se dirigían hacia Cuba, que la zona norte de La Habana estaba activada, el mensaje textual a los pilotos especificaba: “se están poniendo en peligro volando por debajo del paralelo 24 norte”. Al no obedecer el llamado y luego de varios mensajes, dos de las aeronaves fueron abatidas por la fuerza aérea cubana.

Justo dos años después, los días 12 y 13 de julio de 1998, el diario The New York Times divulgó declaraciones del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles en las que afirmó: “El FBI y la CIA no me molestan y soy neutral con relación a ellos, pero los ayudo siempre que puedo”. Apenas dos meses habían transcurrido de esa publicación, cuando el 12 de septiembre los Cinco fueron arrestados en Florida bajo cargos de conspiración para cometer espionaje y de conspiración contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces han sido sometidos a tratos degradantes (luego de la detención estuvieron 17 meses en confinamiento solitario) y a la negación de los contactos familiares de forma regular, en particular en los casos de Adriana Pérez y Olga Salanueva, esposas de Gerardo Hernández y René González, respectivamente.

A ambas mujeres Washington les ha rechazado en múltiples oportunidades el derecho a la visa para reunirse con sus cónyuges, una cuestión denunciada por organizaciones de derechos humanos y diferentes personalidades del mundo. También se han sumado las violaciones por parte del gobierno referidas a la manipulación de las evidencias, su falsificación o su ocultamiento para obstruir la justicia, así como otros aspectos de carácter técnico en el ejercicio de la defensa, explicó Nuris Piñero, directora del Bufete Internacional y abogada de las familias de los Cinco. De modo que ha imperado la falta del debido proceso, un punto previsto en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En diferentes foros internacionales los familiares de los cinco cubanos han denunciado la violación de sus derechos elementales, amparados en la Declaración de Derechos Humanos. Pero desde el 27 de mayo de 2005 el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas concluyó que su detención era arbitraria. Meses más tarde, el 9 de agosto, un panel de la Corte de Apelaciones del XI Circuito de Atlanta falló a favor de la realización de nuevo juicio fuera de Miami, como forma de restablecer la legalidad.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso y un año más tarde el pleno de la Corte de Apelaciones del XI Circuito de Atlanta, revocó esa decisión, resolviendo la apelación en el año 2008, ratificando las condenas de Gerardo Hernández y René González. Lo que se logró finalmente fue la modificación de las sentencias de tres de ellos: Ramón Labañino (ahora 30 años), Antonio Guerrero (21 años más 10 meses en prisión y cinco años de libertad supervisada) y Fernando González (17 años y nueve meses).

Pero la injusticia persiste, según afirmaron los tres en una declaración pública en 2009 después de recibir las nuevas penas. “Mientras, en esta etapa de libertad supervisada de René continúan violándose sus derechos, al no poder cumplir el requisito fundamental de ella que es la inserción en su medio familiar y como algo paradójico en su sanción accesoria se le prohíbe frecuentar lugares donde se conoce son asiduos personas que militan en organizaciones terroristas”, subrayó Piñero a Prensa Latina.

Para personas familiarizadas con este tema, el caso de los Cinco es típico de los juicios políticos que Estados Unidos critica como contrarios al respeto por los derechos humanos cuando tienen lugar en otros países. Y a menos que el presidente Barack Obama resuelva devolverlos a su país como reclama la solidaridad mundial, así como la opinión pública internacional que se ha expresado a través de parlamentos enteros, premios nobel, organizaciones de derechos humanos, ex presidentes como James Carter y el ex fiscal general Ramsey Clark, esta causa pasará a la historia como precedente para negarle un juicio justo a otros hombres y mujeres dentro de Estados Unidos.

Gerardo Hernández y la mala aplicación de la justicia en EE. UU.

Gerardo Hernández, uno de los cinco antiterroristas cubanos detenidos desde 1998 en Estados Unidos, defendió su inocencia en una carta escrita hace años y dirigida simbólicamente a los hijos que aún no tiene. Desde hace 17 años el gobierno estadounidense se niega a mostrar las imágenes satelitales del 24 de febrero de 1996, referentes al derribo de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, que violaron el espacio aéreo y las aguas jurisdiccionales de Cuba.

Estados Unidos responsabilizó -sin pruebas- a Hernández de este hecho, por el cual fue sentenciado en diciembre de 2001 a dos cadenas perpetuas más 15 años. Una de las dos sentencias de por vida se la impuso la jueza Joan Lenard por conspiración para cometer asesinato, referida a su presunta implicación en el derribo de las avionetas. Sin embargo, la evidencia es abrumadora en relación con el hecho de que Hernández no tuvo nada que ver con ese incidente y que la intención de Cuba de encarar los sobrevuelos ilegales a su territorio era consistente con el derecho internacional.

En su misiva, el antiterrorista cubano advirtió a sus “queridos hijos” que cuando leyeran “estas líneas habrán pasado algunos años desde que fueron escritas (…) Todo se debe a que estoy viviendo momentos difíciles de mi vida, lejos de mi país y mi familia”. Ciertamente, el caso de los Cinco, como son conocidos a nivel internacional Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González (en libertad supervisada), ha despertado la sensibilidad de infinidad de personas en el mundo.

Ellos fueron arrestados mientras monitoreaban los planes de grupos violentos que desde la ciudad de Miami organizan, financian y ejecutan acciones que han causado al pueblo cubano alrededor de 3.400 víctimas en los últimos 50 años. Un tribunal los condenó y sentenció durante un proceso judicial plagado de irregularidades, pero la situación de Gerardo Hernández es la más grave y la que, a su vez, mueve el mayor repudio, según han expresado políticos, parlamentarios y activistas.

El 14 de junio de 2010 fue presentada en la Corte Federal de Miami la apelación colateral (también conocida como Habeas Corpus) a nombre de Hernández. Este ha sido el último recurso legal para él dentro del sistema de justicia de Estados Unidos. La presentación en su conjunto cuestionó todos los aspectos de la sentencia, y en especial se concentró en dos aspectos: conspiración para cometer asesinato, que carece de cualquier base de hecho, y por la propaganda hostil, financiada por el gobierno de Washington a periodistas de Miami.

Posterior al juicio se reveló que la Casa Blanca pagó a reporteros radicados en esa ciudad del sur del estado de Florida para que desplegaran una amplia cobertura al juicio y escribieran en los medios locales de prensa, tanto escrita, radial como televisiva, sobre la presunta culpabilidad de los Cinco. El objetivo era promover el miedo y el prejuicio existente contra Cuba en la comunidad de Miami; además, algunos periodistas acosaron a miembros del jurado. Igualmente, se incluyeron las violaciones cometidas por el gobierno con la manipulación de las evidencias, su falsificación y en no pocos casos su ocultamiento para obstruir la justicia y otros aspectos de carácter técnico en el ejercicio de la defensa.

El 25 de abril de 2011 el gobierno solicitó a la Corte que fuera rechazada la solicitud de Habeas Corpus de Hernández y que se le negase una audiencia para analizar sus argumentos y las supuestas pruebas presentadas contra él. Y hoy la representación legal del procesado, así como grupos de derechos humanos y personalidades continúan pidiendo que sean reveladas las imágenes guardadas celosamente por el gobierno de Estados Unidos acerca del incidente con las avionetas de Hermanos al Rescate, en las cuales se presume está la clave de este caso.

Entre las más recientes peticiones a Washington a favor de Gerardo Hernández está la del Centro por los Derechos Humanos y Constitucionales de Los Ángeles. El Centro interpuso una demanda federal en 2010 bajo el Acta de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) contra la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Con ello se busca el acceso a evidencias de lo que la Casa Blanca sabía acerca de la posibilidad de una confrontación entre Cuba y los aviones del grupo terrorista, que sistemáticamente violaban el espacio aéreo de la nación caribeña. La sanción impuesta a Hernández debe ser reconsiderada por las autoridades para reducir su sentencia y permitir que sea liberado, afirmó el abogado Peter Schey, director del Centro por los Derechos Humanos.

Se busca lograr mayor transparencia por parte del gobierno y eventualmente obtener una decisión jurídica o política para reconsiderar la sentencia, afirmó Schey, letrado principal en el caso de FOIA. “Es muy posible que el gobierno de Estados Unidos posea más información de la que estuvo disponible para Gerardo sobre la planeada confrontación”, señaló Schey. Si la Casa Blanca tenía más información “que Gerardo sobre el derribo antes de que se llevara a cabo, esto mostraría claramente que su condena de cadena perpetua es extremadamente injusta”, acotó.

Mientras que Gerardo Hernández cumple su pena en prisión, las autoridades estadounidenses que estaban en posición de evitar el derribo, no han compartido ninguna responsabilidad por este hecho, consideró el abogado en una entrevista concedida a inicios de febrero al Comité Internacional. Para el jurista, detalles técnicos de la ley de Estados Unidos y un jurado prejuiciado permitieron que Hernández fuera declarado culpable de conspiración para cometer asesinato.

Pero independientemente de eso, el caso pone de manifiesto que la cadena perpetua es excesivamente exagerada, dijo y sugirió que la condena sea reconsiderada “por cualquier autoridad de Estados Unidos con posibilidad de reducir la sentencia y permitir que Gerardo sea liberado”.

El Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta hace poco revocó la decisión de la Corte de Distrito en el caso titulado Centro por los Derechos Humanos y Constitucionales vs. Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, una demanda iniciada por el fallecido abogado Leonard Weinglass. En una decisión unánime emitida el pasado 23 de enero por un panel de tres jueces, la corte decidió que el tribunal federal erró en el otorgamiento de juicio sumario sin requerir que la NGA “presentara una declaración clasificada para una revisión en cámara”.

El Noveno Circuito concluyó que el caso debe regresar a la Corte de Distrito donde se ordenó que la NGA debe proporcionar una declaración más pormenorizada para una revisión en ese nivel. Según Schey, el presidente estadounidense, Barack Obama, y su equipo de política exterior deben “entender que la cadena perpetua de Gerardo es de gran preocupación para el pueblo cubano que lo considera un héroe y un preso político”.

Encontrar un camino para lograr su liberación y regreso a Cuba podría ser una condición previa esencial para recomponer las relaciones de Cuba y Estados Unidos, enfatizó el abogado. Mientras, apelaciones, mociones, recursos de Habeas Corpus y declaraciones juradas presentadas por la defensa entre 2011 y 2012 siguen sin respuesta por parte de la jueza Joan Lenard, de la Florida. Una situación a la que se suma el hecho de la negativa reiterada de Washington a otorgarle una visa humanitaria a Adriana Pérez, la esposa de Gerardo Hernández, para que pueda visitarlo en la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra confinado.

La alcaldesa de Richmond, en California, Gayle McLaughlin, abogó porque el gobierno de su país escuche los argumentos que amparan la inocencia de Gerardo Hernández, quien “no tuvo nada que ver con el derribo de dos aviones de (la organización terrorista) Hermanos al Rescate en 1996”. La funcionaria señaló a Prensa Latina que el gobierno de su país debe darle la posibilidad al condenado “de saber cuáles fueron las supuestas pruebas que se usaron en su contra que lo sentenciaron a pasar el resto de su vida en prisión”.

McLaughlin respaldó la demanda interpuesta en 2010 por el Centro de Derechos Humanos y Constitucionales (CDHC) de Los Ángeles, en la cual se exige a la administración estadounidense transparencia, a partir del Acta de Libertad de Información (FOIA). El Centro solicita que sean revelados los documentos acerca de los vuelos ilegales de las avionetas de la organización anticubana, que en reiteradas ocasiones violaron el espacio aéreo de la nación caribeña sin que la Casa Blanca tomara medidas al respecto, pese a las advertencias de La Habana.

Grupos solidarios han planteado que de darse a conocer todos los expedientes relacionados con el derribo, incluidas las imágenes satelitales celosamente guardadas por Washington hace 17 años, se despejarían muchas interrogantes, la principal la inocencia de Hernández. Según la alcaldesa el CDHC está “haciendo un trabajo muy importante en la búsqueda de transparencia, porque además todas las personas amantes de la justicia tienen derecho a saber qué oculta Estados Unidos en este caso”.

Gayle McLaughlin ha expresado reiteradamente su solidaridad con la causa de los Cinco. El 5 de junio de 2012, la gobernante local envió una carta al presidente Barack Obama en la cual le pidió “un gesto humanitario para poner fin a esta arbitrariedad”. Según escribió entonces, una solución en ese sentido sería un mensaje claro al mundo, una importante base para mejorar (las inexistentes) relaciones entre los dos países.

La presión política devolverá a los antiterroristas a Cuba

Solo la presión política y el incremento de las acciones solidarias podrá conducir al retorno de cinco antiterroristas cubanos a su país, tras casi 15 años de cautiverio en Estados Unidos, opinaron activistas norteamericanos. Para el destacado fotorreportero Bill Hackwell, casi se han agotado los caminos legales de la causa de los Cinco. “Pero en Estados Unidos grandes casos únicamente se han resuelto con grandes movilizaciones de la opinión pública y para ello hay que divulgar”, subrayó Hackwell en comunicación vía correo electrónico con Prensa Latina en esta capital.

Según Hackwell, en los últimos tiempos se aprecian pasos en el posicionamiento del tema en el país, “aunque todavía las barreras son fuertes, pero nosotros desde el movimiento solidario estamos trabajando para mantenerlo vivo, es una cuestión del día a día, de no agotarnos”.

En las ciudades de San Francisco, Nueva York y Washington se exhibieron un total de 25 mariposas endémicas de Cuba, dibujadas por Antonio Guerrero, uno de cinco prisioneros políticos en Estados Unidos desde 1998. La muestra pretende sensibilizar conciencias y aunar voluntades a favor del regreso a su patria de estos hombres. En la exposición de San Francisco participó Alejandro Murguía, Poeta Laureado, “una personalidad que por primera vez se suma a las actividades de apoyo a esta causa”, precisó Alicia Jrapko, coordinadora en Estados Unidos del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco.

Y es así, “con acciones de diverso tipo, que hemos ido difundiendo entre distintos sectores cuál es la injusticia y hemos ido sumando a políticos, artistas, parlamentarios, amigos de todos los credos y religiones”, quienes alzan su voz por el regreso de estos hombres al seno de su familia en Cuba. Adelantó Jrapko que “junto al Comité del Reino Unido Campaña de solidaridad con Cuba estamos participando con información sobre los Cinco en una conferencia de mujeres del Sindicato de los Trabajadores del Acero en Pittsburgh, Pensilvania”.

El 5 de marzo, miles de activistas en todo el mundo se pronunciaron por la liberación de los inco cubanos encarcelados en Estados Unidos por infiltrar grupos terroristas del Sur de la Florida. En Washington circularon miles de mensajes en la red social Twitter pidiendo al gobierno de Estados Unidos dar solución al caso de cinco prisioneros políticos en cárceles federales.

Entre los textos difundidos se pueden leer frases twitteadas por los internautas del reconocido actor y activista estadounidense Danny Glover, quien expresó que “tiene que haber justicia para los Cinco”. “Libertad a los Cinco cubanos presos injustamente en Estados Unidos”, “(presidente Barack) Obama dame a los Cinco, tú puedes hacerlo”, “nuestros hijos son antiterroristas”, “¿tendrá Obama la sabiduría y el valor de firmar el indulto y así poner fin a tanta injusticia?”, son parte de los escritos.

En Roma, Italia, una valla gigante fue colocada en una céntrica vía por iniciativa de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, con el reclamo de liberación para los antiterroristas apresados en 1998. Asimismo, en la capital rusa estudiantes de la escuela 43 de San Petersburgo dedicaron una gala cultural, en ocasión de la jornada mundial Cinco por los Cinco, en reclamo de su excarcelación. Las palabras de justicia, libertad, independencia, solidaridad cobran un significado especial cuando se habla de héroes como Hernández, González, Guerrero, González y Labañino, expresó la profesora Elena Petroyán.

En Ginebra, Suiza, la esposa de René González, Olga Salanueva, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las violaciones cometidas por Washington en este caso. Salanueva recordó que desde 2005 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de ese Consejo declaró arbitrario el arresto, juicio y encarcelamiento de los cinco cubanos. “Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, que los encausó y violó sin pudor cada una de sus leyes para castigarlos brutalmente, sigue prestando oídos sordos”.

Al cierre del debate, Mads Andenas, profesor de derecho de la Universidad de Oslo y miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos, se hizo eco de los comentarios del Gobierno de Cuba y de otros Estados y organizaciones no gubernamentales que se refirieron al caso de los Cinco. Andenas llamó a trabajar de conjunto con otros mecanismos del Consejo para garantizar que nadie, por poderoso que sea, se sitúe al margen de la ley internacional.

En la isla caribeña, también se celebraron actividades como la inauguración en la central provincia de Sancti Spíritus de la exposición “Los Cinco no tienen frontera”, donde se presentaron pinturas, caricaturas, fotos y carteles, en torno a la vida de los cinco antiterroristas. Además, en Ciego de Ávila, también en la zona central del país, cientos de mujeres protagonizaron una marcha como apoyo solidario a ellos y sus familiares.

* Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.