La Habana (PL).- Después de casi dos años de cruda polémica, el primer ministro conservador británico David Cameron vuelve a desenfundar las tijeras de los recortes sociales y como verdadero fígaro cercena el estado de bienestar nacional. La brecha entre ricos y pobres en Reino Unido es cada vez más notoria; mientras de un lado aumenta la indigencia en cifras alarmantes, por otro los millonarios evaden impuestos en cifras también alarmantes.

Recientes datos oficiales dan cuenta de que en la nación europea el número de familias sin hogar creció en 14%, principalmente como consecuencia de los recortes del gasto público, los altos precios en los alquileres y una pesada carga impositiva. De acuerdo con las solicitudes de ayuda recibidas por los ayuntamientos a inicios de marzo, en la actualidad viven en suelo británico unas 49 mil familias sin techo, frente a las cerca de 42 mil registradas en 2010. Analistas estiman que ese registro, el más elevado en una década, podría ser mucho mayor.

Para el secretario de Estado de Vivienda, el conservador Grant Shapps, esas problemáticas se deben a la endeudada economía heredada del anterior gobierno laborista. Por su parte, el parlamentario por esa formación opositora y ministro de Vivienda en la sombra, Jack Dromey, responsabilizó al Ejecutivo del primer ministro David Cameron.

A juicio de Dromey, las medidas económicas de la actual administración de conservadores y liberal demócratas provocan aumento del desempleo, encarecimiento del combustible y mayor restricción de los ingresos al hogar, en una generación. Campbell Robb, director general de Vivienda, considera que la citada cifra constituye un recordatorio impactante de la brecha entre los ricos y quienes carecen de un techo digno en este país.

Una encuesta divulgada a inicios de marzo por Channel 4 revela que el 59% de los inquilinos británicos ven como imposible poseer un inmueble propio, mientras que el 76% reconoce la existencia de una crisis habitacional. Esos resultados ilustran la magnitud y la gravedad de la situación inmobiliaria existente en la nación británica, comentó Robb. Señaló además que cada dos minutos alguna familia se enfrenta a la triste realidad de perder su casa.

Entretanto, activistas de organizaciones humanitarias advierten sobre un posible empeoramiento en los próximos meses como consecuencia del impacto de los recortes en las prestaciones sociales. Por esa causa, miles de familias y jóvenes vulnerables se ven obligados a vivir en la calle o en albergues con escasas condiciones de habitabilidad, afirman esas entidades.

Nuestros peores temores se están cumpliendo. Nos enfrentamos a una tormenta perfecta de recesión económica, aumento del desempleo y alza de la demanda de domicilios asequibles, afirmó Leslie Morphy, director ejecutivo de la crisis en Reino Unido. La organización caritativa Centrepoint llamó la atención sobre la cantidad de jóvenes sin hogar, la cual ascendió en el 2011a 17 mil frente a los 15.500 registrados un año antes. Esa entidad estima que el número de personas de ese segmento poblacional viviendo en albergues o durmiendo en la calle podría triplicar la cifra oficial.

Reino Unido necesita desesperadamente más viviendas y más apoyo a los jóvenes para ayudarles a encontrar un trabajo y tener éxito en la vida independiente, afirmó Seyi Obakin, director ejecutivo de Centrepoint. Como parte de las restricciones, el Gobierno de Londres recortó el subsidio de unas 500 libras esterlinas (poco más de 600 euros) semanales a las familias pobres, y suprimió otras prestaciones, consideradas como pilares del sistema de bienestar en los últimos 80 años.

El Instituto de Estudios Fiscales pronosticó un crecimiento casi nulo de los ingresos reales para los ciudadanos británicos en el próximo lustro. Serán prácticamente los mismos que los existentes en 2002, auguró esa entidad en su informe anual. A tales cifras se suman las proyecciones de débil crecimiento en Reino Unido en términos económicos, con 0,7% en 2012, significativamente inferior al 2,5% estimado el pasado año. La economía británica crecerá a un ritmo menor del esperado con el 2,1% en 2013, frente al 2,9%, y tan sólo el 2,7% en 2014, según estadísticas oficiales.

Mientras a muchos la crisis les pasa la cuenta, otros gozan de ciertos privilegios, atribuidos a un descontrol existente por años en el estado europeo. De acuerdo con un reciente informe, publicado en el rotativo The Sunday Times, unas 100 mil propiedades, varias de ellas de ciudadanos ricos, están registradas en el extranjero, lo cual supone una pérdida de mil millones de libras ( unos 1.200 millones de euros) en impuestos para el país.

En los últimos 12 años, un total de 94.760 posesiones, que incluyen castillos, fincas e incluso garajes, están domiciliadas fuera de Reino Unido y en paraísos fiscales para evitar pagar gravámenes, según cálculos del Registro británico de la propiedad. The Sunday Times contabilizó 122 territorios diferentes donde los más acaudalados de este país registran bienes inmuebles para así quedar fuera del alcance de la política tributaria nacional.

Un fígaro del estado de bienestar británico

La aprobación del primer paquete de las reformas a la salud, la ayuda social, legal y de vivienda a los más desfavorecidos y la reducción de casi un 50% de los impuestos a los sectores de mayor ingreso, parecen poner de relieve el conservadurismo de Cameron. Con la reducción de los impuestos a los más ricos, éstos contarán con al menos 150 mil dólares anuales adicionales.

Pero el camino es tortuoso, sobre todo si las intenciones del jefe de Gobierno es mantenerse en Downing Street 10 después de los comicios del 2015, en medio de una estrepitosa caída del apoyo en los sondeos del Partido Conservador (PC). Además, son cada vez más los británicos que miran con preocupación lo ocurrido en Grecia, Portugal, España y Chipre, tras adoptarse recetas dictadas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo con nefastas consecuencias sociales.

Lo más curioso es que con la reducción de gastos sociales para buscar la eficiencia y el recorte de abultados déficits, sólo se multiplica el desempleo y la depauperación de las condiciones de vida de la población. Tal círculo vicioso parece acercarse al Reino Unido, donde el gobierno hace malabares para evitar un crecimiento cero por segundo semestre consecutivo, lo cual obligaría a declarar una recesión económica.

Ello ocurriría pese a los recortes de todo tipo en materia de educación y facilidades sociales que se aplicaron en los primeros dos años de mandato de la coalición de conservadores y liberal-demócratas. Ahora, toca el turno al capítulo más polémico de las reformas que ya recibió la crítica de la oposición laborista, de al menos cuatro iglesias anglicanas, de organizaciones no gubernamentales y en general de la población, la cual lo manifestó por miles en las calles.

Las medidas incluyen el llamado impuesto de la habitación vacante, que afectaría a unos 700 mil ciudadanos, en su mayoría discapacitados, beneficiados con las viviendas sociales y que podría convertir a barrios enteros en verdaderos guetos. Así, los ciudadanos con viviendas sociales que el Estado considere poseen un espacio superior a las necesidades de una familia, se le aplicará un impuesto de 14%, mientras las de dos habitaciones vacías abonarán un gravamen de 24 puntos.

En muchos casos, los discapacitados emplean tales habitaciones para acoger a enfermeras o algún familiar que los debe asistir permanentemente y por ello están en realidad ocupadas. La recomendación del ministro de Trabajo y Pensiones, Ion Duncan Smith, no puede ser más polémica: esas personas deben mudarse a otra vivienda con menos capacidad, algo que para ellas resulta casi imposible fuera del programa de ayuda.

Para Duncan Smith, a quien los ciudadanos invitan a vivir con 53 libras esterlinas semanales (62 dólares) que propone la reforma, pese a los elevados gastos de las familias, sería “injusto” entregar subsidios a personas sin empleo superiores al salario de quienes trabajan. Además, el gobierno conservador congela a solo un uno por ciento el aumento de la ayuda anual social del Estado, pese a una inflación muy superior.

En teoría, por encima de ese uno por ciento podrían recibir ayudas los discapacitados, pero ahora una comisión determinará qué personas están incapacitadas para trabajar. Por cierto, esta categoría también será flexible. Así, cerca de un millón de personas podrían perder su asistencia social, pues el estado determinará si su incapacidad le resta realmente posibilidades laborales, afirma la prensa británica.

El diario The Guardian destaca que en el norte de Inglaterra el número de viviendas superpobladas triplica a las de las familias con un dormitorio vacante, mientras dos tercios de los afectados son discapacitados. De esa forma, agrega el rotativo, el gobierno, en busca de ahorrar unos 500 millones de dólares al año, obligará a las personas de bajo ingreso a pagar casi 800 dólares adicionales.

Según un estudio de la ONU, Reino Unido quedaba en 2010 como la segunda nación de Europa, solo superada por Portugal, con mayor índice de diferencia social, cuando el 10% de los ricos gana 273 veces más que el 10% de los más pobres. Además, uno de cada cinco adultos no genera los ingresos suficientes como para pagar vivienda, comida y calefacción, mientras son 13 millones las personas por debajo del umbral de la pobreza, sobre una población de más de 61 millones.

De acuerdo con Richard Orr, encargado de campañas de Shelter (refugio), de ayuda a los sin techo, la mayoría de las familias británicas dedica gran parte de sus ingresos a pagar la renta de la vivienda. La plaza Trafalgar Square, como mismo lo fue en 2011 con la variante británica del movimiento Occupy, fue escenario de protestas de unas 1.500 personas contra el impuesto del dormitorio, indicó el Daily Mirror. Solo en el barrio de Liverpool, unas 202 mil personas deberán pagar mil libras esterlinas (mil 514 dólares) adicionales al año.

Pero los tijeretazos del fígaro conservador se extienden a la sanidad, uno de los puntos más polémicos del paquete de reformas que entró en vigor el 1 de abril de este año y por el cual Cameron debió convencer a diputados de su partido. Así, se constituyen los llamados consejos médicos en 240 localidades, integrados por doctores de cabecera, enfermeras y otro personal de apoyo que pese a su escasa experiencia en materia administrativa, serán los encargados de conciliar los gastos para el sistema de sanidad.

Los consejos estarán auxiliados en sus decisiones por otras instituciones y podrán solicitar el servicio de entidades tanto estatales como privadas para atender a pacientes, lo cual es visto aquí como una privatización solapada y un ataque al Servicio Nacional de Salud, vigente desde 1948. De esa forma, las estratégicas autoridades de medicina primaria desaparecen, advierte The Guardian.

Además, el gobierno también reduce las erogaciones para atención a adultos, lo que podría afectar a cinco millones 800 mil personas, según la misma fuente. Con las propuestas de Cameron, el estado pretende desestimar gastos por 1.400 millones de libras esterlinas (unos 2.119 millones de dólares) en 2014 y otros cinco mil millones de libras esterlinas (7.570 millones de dólares) al año siguiente.

La semiprivatización de un sistema, en que el seguro médico distribuía gran parte de las medicinas de forma gratuita, excepto en las autonomías (Escocia e Irlanda del Norte), donde no se cobraba nada, ahora le cambia radicalmente su esencia. Tampoco escapó de la barbería conservadora el sistema de ayuda social a los más desposeídos y la excepción del pago municipal de la vivienda, de la que se dejará fuera a casi seis millones de familias, por cuyos bajos ingresos eran exceptuados de ese gravamen.

El sistema de ayudas se traslada ahora a las instancias municipales, cuyos presupuestos se contrajeron en un 10% en los últimos tiempos, mientras las familias necesitadas tendrán un techo máximo de asistencia de 26 mil libras esterlinas (casi 39.364 dólares) al año. La medida busca reducir gastos estatales por otros 480 millones de libras esterlinas (más de 726 millones de dólares).

Tampoco parece que será más justo el sistema judicial, cuando el gabinete de Cameron elimina la ayuda a las familias, al solo pagar servicios legales de quienes cuenten con ingresos inferiores a 32 mil libras esterlinas (alrededor de 48.448 dólares) para prestaciones legales. Ello se limita a reclamos de divorcios, custodia infantil y casos de inmigración y desempleo, lo cual obligará a personas de menos ingresos a pensarlo más de una vez antes de presentar quejas en el juzgado, con lo que se da una estacada a la igualdad de la defensa.

De acuerdo con el diario Daily Telegraph, los desempleados también se las verán difícil a partir de ahora, pues para acceder a los subsidios les será necesario recibir los cheques de pago de forma personal. El 26 de abril de este año entra en vigor la integración de seis tipos de subsidios en uno solo, para lo cual se iniciará esa actividad en un centro de atención a desempleados en Ashton-under-Lyne, en Greeter Manchester.

Para septiembre próximo, se pondrá a prueba un centro para analizar la justificación de entrega de subsidios por desempleo, mientras se conoce que solo entre los jóvenes se registra un millón de desocupados. Todo ello ocurre cuando la Oficina para Responsabilidades del Presupuesto redujo las previsiones de crecimiento para este año a solo 0,6%, casi la mitad de lo planificado.

Además, el déficit presupuestario se sitúa en 181 mil millones de dólares por segundo año consecutivo, mientras la deuda pública puede llegar al 87% del Producto Interno Bruto en el periodo 2016-2017. Las tijeras de Cameron parecen dar un paso más en el paulatino desmontaje del estado de bienestar que tiene lugar en Europa, sobre todo en el último lustro, y del cual el Reino Unido está lejos de ser la excepción.

* Rondón García es jefe de la redacción Europa de Prensa Latina y Osoria Ramírez, periodista de la Redacción Europa.