Nicosia y Lisboa (PL).- El 25 de marzo el gobierno de Chipre finalmente logró un acuerdo in extremis con la delegación de la troika de acreedores (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) para desbloquear una asistencia de hasta 10 mil millones de euros, de 17 mil millones pactados el pasado año, condicionada a una severa reforma financiera. El presidente de Portugal Aníbal Cavaco Silva calificó de muy peligrosa la decisión de la Unión Europea de aplicar un impuesto extraordinario sobre los depósitos bancarios, en su criterio una medida inédita en la historia reciente europea y carente de sentido común.

El capital necesario para el saneamiento del sector bancario de Chipre se estimaba a mediados de 2012 en 15 mil millones de euros. Según la agencia de calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P), esa suma equivalía al 83% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La institución estimaba que los requerimientos para los próximos tres años serían del orden de los 11 mil millones de euros. A esa cantidad se añaden cuatro mil millones al tomar en cuenta la inestabilidad en Grecia y los riesgos de otros países afectados por la crisis como Portugal e Irlanda.

El 2 de agosto de 2012 S&P recortó el rating de Chipre, desde BB+ a BB, y decidió situarlo en revisión, de acuerdo con la evolución de las negociaciones sobre un eventual rescate financiero. La la agencia de calificación crediticia argumentó que Chipre negociará una ayuda financiera de 11 mil millones de euros, lo que representa más del 60% de su PIB.

La agencia estimó sobre esa base que la deuda pública neta suba cerca de 12% como promedio en 2012 y 2013, hasta alcanzar un máximo del 108% del PIB el siguiente año. También consideró que existe una significativa incertidumbre acerca de la obtención de financiación bilateral, o sea, solo entre Nicosia y la Unión Europea. S&P no descartó la posibilidad de una nueva rebaja en el tercer trimestre de 2012, si la ayuda financiera no llegaba o lo hacía con estatus de acreedor preferente.

Chipre fue el quinto estado del bloque de 17 naciones vinculadas al euro que presentó una solicitud de ayuda financiera comunitaria. Con anterioridad, Grecia, irlanda y Portugal accedieron a programas de rescate, en tanto España aspira a recibir unos 100 mil millones de euros para recapitalizar la banca.

Una semana atrás el rechazo del parlamento chipriota contra un plan de rescate a cuenta de depositarios en los bancos asombró a la UE. Muchos se sorprendieron en Bruselas al ver como una isla de apenas 250 kilómetros de largo, con una población de un millón 200 mil habitantes y que ingresó en la zona euro hace solo cuatro años desafiaba las demandas de los acreedores, pero ese gesto de dignidad quedó sepultado con un nuevo acuerdo con dramáticas consecuencias sociales.

El legislativo pareció responder a la mayoritaria opinión de la población que consideró un saqueo la recaudación de 5.800 millones de euros a costa de un impuesto extraordinario de 6,75% para cuentas de 20 a 100 mil euros y de 9,9%, para las superiores a esa última cifra. A cambio, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo prometían un rescate de 10 mil millones euros, en lugar de los 17 mil millones acordados en junio del pasado año, seis meses antes de las presidenciales chipriotas.

Nikos Anastasiadis del Partido Conservador (DISY), elegido presidente de Chipre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en febrero con el 57,5% de los votos, se pronunció por aplicar fuertes medidas de austeridad y llamó al sacrificio necesario de todos.

Después de un tormentoso fin de semana, caracterizado por vigilias de 24 horas frente al Parlamento y a la Presidencia de esta capital realizadas por empleados bancarios y población en general, se alcanzó un acuerdo que en opinión de políticos es una propuesta de un mal menor. El 25 de marzo el gobierno de Chipre finalmente logró acuerdo in extremis para desbloquear una asistencia de hasta 10 mil millones de euros, aunque como contraprestación deberá aplicar una severa reforma financiera.

El “salvamento” comprende la liquidación de la entidad financiera Laiki y la reestructuración del Banco de Chipre, la primera por volumen de activos. En ese proceso, el Laiki será convertido en un “Bad Bank” (banco malo), en el cual se colocarán los denominados activos tóxicos, es decir, los fondos de inversión de muy baja calidad que se crean a partir de hipotecas a personas con solvencia económica baja.

Por otro lado, los activos bancarios que están garantizados se ubicarán en el Banco de Chipre, mientras a los pequeños ahorradores, con menos de 100 mil euros en la cuenta, no se les vinculará a la aportación forzosa de financiamiento. En cambio, los depósitos superiores a 100 mil euros tendrán que asumir pérdidas, que servirán para pagar las deudas y recapitalizar la banca.

El Gobierno y el Banco Central de Chipre convinieron con la delegación de la troika de acreedores en imponer una tasa de entre 4 y 20% solo a los depósitos bancarios que sobrepasen los 100 mil euros del Cyprus Bank, el mayor banco de la isla, reportó la Agencia helena AMNA. La decisión de gravar a los depositarios podría poner fin a Chipre como paraíso fiscal, factor que movió en los últimos años su avance económico.

El plan también contempla duras medidas encaminadas a reducir la deuda pública del país. Se anticipan recortes de gastos, aumentos impositivos y privatizaciones que condenarán al pequeño país, de apenas un millón de habitantes, a la recesión, según expertos. Como ya ha ocurrido en Irlanda, Portugal o Grecia, el duro programa de recortes sociales, lejos de los objetivos anunciados por la UE, solo recrudecerá el desempleo y la depauperación social en general.

El presidente de la Comisión Europea (CE) José Manuel Durao Barroso reconoció que Chipre tiene por delante inmensos desafíos, tras afirmar que el modelo económico de ese país era inviable. Dio así por sentado que la isla mediterránea se enfrentará a un duro choque económico. No obstante, el jefe del Ejecutivo comunitario matizó que si el acuerdo alcanzado se implementa correctamente, se podrá restaurar la viabilidad económica del país. Desde ya la UE llamó a Nicosia a pisar el acelerador y ejecutar de inmediato el pacto alcanzado en Bruselas.

La nueva fórmula empleada en Chipre, comentaron en su momento analistas del rotativo Cyprus Mail, podría crear un pésimo precedente en Europa, pero en especial en las naciones más afectadas por la zona euro, con el deterioro de la confianza de los depositarios en los bancos, por lo general lo más beneficiados con los programas de rescate. De momento, la prensa especula que podría significar el cierre de entre 30 y 40 mil empresas, muchas de las cuales son tenedoras de cuentas de más de 100 mil euros. La esfera bancaria y turística conforman el 60% de la economía de la dividida isla, cuya zona norte está ocupada por Turquía desde 1974.

El 26 de marzo renunció el presidente del Banco de Chipre Andreas Artemi, en protesta por no ser consultado sobre las decisiones adoptadas para reestructurar esa entidad. El directivo estaba en desacuerdo con que el Banco de Chipre asumiera las deudas del Banco Popular (Laiki), que ascienden a unos nueve mil millones de euros.

Tampoco fue consultado sobre la absorción de las filiales que tiene la entidad bajo su cargo en Grecia. Las fuentes también refieren que Artemi justificó su renuncia por no ser tenida en cuenta la opinión de la junta directiva del banco a la hora de nombrar al administrador especial, Dinos Jristofidis, encargado de aplicar las medidas de saneamiento.