Ginebra, Naciones Unidas, Colombo y Damasco (PL).- El Consejo de Derechos Humanos ha perdido credibilidad y su legitimidad está en cuestionamiento, advirtió la embajadora de Cuba ante los organismos internacionales con sede en Ginebra Anayansi Rodríguez, y pidió poner fin a la hipocresía, la selectividad y los dobles raseros, nocivas prácticas que en el pasado hundieron en el descrédito a la extinta Comisión de Derechos Humanos.

Durante su intervención en el vigésimo segundo período de sesiones de ese órgano del sistema de Naciones Unidas, la diplomática cubana afirmó que el espíritu de respeto y cooperación que esperanzaba a muchos durante la instauración del Consejo de Derechos Humanos (CDH) hace siete años continúa siendo una tarea pendiente. El Consejo se parece cada vez más a la fenecida Comisión de Derechos Humanos y se ha convertido en un nuevo tribunal inquisidor para condenar exclusivamente y con creciente agresividad a los países del sur, lamentó Rodríguez.

También se ha transformado, dijo, en instrumento para justificar, promover y legitimar las intervenciones militares en el Tercer Mundo, pero, al contrario, nada se dice de las violaciones de los derechos humanos sufridas por las víctimas de “las guerras contra el terrorismo” y sus daños colaterales, ni de las mutilaciones de los derechos humanos de los millones de desplazados por la crisis económica, especialmente en el mundo industrializado.

“¿Por qué no exigen una acción internacional contra el genocidio israelí en Palestina?”, y sin embargo se piden sanciones para países vecinos a los que se quiere demonizar, se preguntó Rodríguez y recordó que su país ha sido víctima de agresiones y actos de terrorismo aupados y promovidos por el gobierno norteamericano que han provocado la muerte a 3.478 personas e incapacidad a otros 2.099.

Este martes la embajadora Rodríguez advirtió que muchas naciones industrializadas, en particular Estados Unidos, presentan listas de países a los que acusan de cometer supuestas violaciones y, sin embargo, hacen silencio sobre brutales casos de represión en otros. En algunos casos estas acusaciones se intentan utilizar como pretexto para justificar intervenciones y promover cambios de gobiernos.

Al respecto, el embajador de Venezuela ante la ONU Jorge Valero aseveró que la noción “responsabilidad de proteger” ha servido para menoscabar la soberanía e independencia de naciones, derrocar gobiernos legítimos e imponer intereses expansionistas, imperialistas y colonialistas. La historia reciente demuestra que la intervención militar o el apoyo a grupos armados desde el exterior no son decisiones apropiadas para proteger a civiles y prevenir conflictos armados, subrayó.

Al hablar en una reciente sesión del Consejo de Seguridad sobre ese tema, el diplomático venezolano aseguró que “no se protege a los civiles cuando se proporcionan armas a contendientes internos para intentar el derrocamiento de gobiernos legítimos”. Asimismo, criticó la utilización de categorías técnicas del ámbito militar para diluir responsabilidades ante el uso desproporcionado de la fuerza y la muerte de personas civiles inocentes por bombardeos indiscriminados. (1)

Sobre las llamadas operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, el embajador Valero dijo que deben cumplir siempre con los principios de imparcialidad, el consentimiento de las partes y no uso de la fuerza excepto en legítima defensa. Es fundamental, dijo, respetar la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de todos los Estados y la no injerencia en los asuntos internos.

Valero también criticó los planes antiterroristas y de contrainsurgencia que derivan en la muerte de civiles inocentes y en violaciones masivas de los derechos humanos. Al respecto, recordó la investigación iniciada por el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo Ben Emerson.

Ese especialista estudia el impacto que sufre la población civil y sus derechos humanos por la acción de aviones no tripulados (drones), en particular en 25 ataques realizados en Pakistán, Yemen, Somalia, Afganistán y los Territorios Palestinos Ocupados. La mayoría de los conflictos armados tienen su origen en la subestimación de la dimensión social del desarrollo y en el papel expoliador de corporaciones internacionales que succionan riquezas de los países del Sur, apuntó Valero.

Según la diplomática cubana Rodríguez, si están tan preocupados por la causa de los derechos humanos, por qué nada dicen de las cárceles secretas para la tortura, el uso de drones para asesinar a civiles o los campos de concentración, como el establecido en el territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos en Guantánamo.

Washington también silencia las brutales represiones de movimientos como Occupy Wall Street y los Indignados en Europa, y por el contrario pretende presentar como “disidentes” y “patriotas” cubanos a mercenarios y agentes a quienes paga cuantiosos salarios por promover la política de agresión y bloqueo contra Cuba. En otro esfuerzo por servir al imperio, un grupúsculo de mercenarios de origen cubano se ha acreditado ante el Consejo, seguramente para denigrar y calumniar a su país, denunció Rodríguez.

Por si fuera poco, Estados Unidos continúa ignorando las solicitudes de varios países latinoamericanos que reclaman la extradición de criminales refugiados en su territorio, denunció el 5 de marzo el diario Granma. Así ocurre con el terrorista Luis Posada Carriles, acusado por la voladura de un avión cubano de pasajeros que causó la muerte a 73 personas en 1976. Posada, reclamado por Cuba y Venezuela, vive tranquilamente en Miami.

Jean-Guy Allard, articulista del periódico Granma, calificó de “show” el juicio que en la ciudad del estado de Florida se le sigue al ex ministro de Defensa de El Salvador José Guillermo García. El ex oficial centroamericano podría ser deportado en virtud de una ley de 2004 para castigar a los extranjeros involucrados en actos de torturas y ejecuciones. “Nada ha cambiado. Estados Unidos sigue como siempre del lado de los políticos que se sometieron al dominio imperial y de los ex alumnos de su siniestra Escuela de las Américas”, afirmó Allard.

Granma recuerda que Argentina sigue esperando la deportación del ex teniente de corbeta Roberto Bravo, encargado de rematar a 16 jóvenes en lo que se conoce como la Masacre de Trelew. Chile también intenta hacer justicia por el asesinato del cantautor Víctor Jara, cuyo responsable, el ex oficial del ejército Pedro Barrientos, disfruta del asilo otorgado por el Departamento de Estado. Pronto se cumplirán 10 años de la huida del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a territorio estadounidense, tras ordenar la masacre que bañó de sangre a la sublevación popular de 2003 en Bolivia.

Experto ONU confirma torturas durante el gobierno de Bush

El relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales durante el combate al terrorismo Ben Emmerson, en un informe presentado este martes al CDH, reclamó al gobierno de Estados Unidos que publique sin demora el informe elaborado por un comité selecto del Senado sobre el programa secreto de detención e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El especialista señaló a la administración del ex presidente estadounidense George W. Bush como responsable de “una campaña sistemática de actos internacionales arbitrarios, como detenciones y traslados secretos y torturas de sospechosos de terrorismo”. Recordó que ese gobernante autorizó a la CIA a operar ese esquema secreto que incluyó la creación de instalaciones clandestinas de detención conocidas como “sitios oscuros”. Esos centros fueron establecidos en los territorios de otros países “con la colaboración de funcionarios públicos de esos Estados”.

Emmerson también confirmó que Bush dio su autorización personal a la técnica de ahogamiento (waterboarding) durante los interrogatorios de “presos de alto valor” y que una oficina del departamento de Justicia favoreció un paquete de técnicas de abuso mental y físico. No obstante, el relator de la ONU reconoció diversas medidas adoptadas por el actual gobierno del presidente Barack Obama contra la detención secreta, la tortura y otras formas de abusos.

Sin embargo, lamentó que “a pesar del claro repudio a las acciones ilegales perpetradas por la CIA durante la era Bush, muchos de los hechos permanecen clasificados y ningún funcionario ha sido presentado ante la justicia en Estados Unidos”. Por el contrario, indicó Emmerson, el fiscal general Eric Holder anunció que no se procesará a “ningún funcionario que haya actuado de buena fe y dentro del marco de las orientaciones legales que recibió” para el interrogatorio de sospechosos de terrorismo.

El informe presentado al CDH revela que los “sitios oscuros” creados para esos prisioneros fueron instalados en Lituania, Marruecos, Polonia, Rumanía y Tailandia. Y que “al menos otros 49 países permitieron la utilización de su espacio aéreo o aeropuertos” para los aviones que trasladaron a los prisioneros.

La OCI y Siria exigen ecuanimidad

El secretario general de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) Ekmeleddin Ihsanoglu instó a evitar la politización y la selectividad dentro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, al intervenir en la vigésimo segunda sesión de ese órgano.

Ihsanoglu insistió en la urgencia de resolver el largo y permanente sufrimiento del pueblo palestino causado por la ocupación, el muro segregacionista levantado por Tel Aviv y las políticas israelíes que vulneran los derechos humanos de esa población en los aspectos civil, político, económico, social y cultural. Denunció también el bloqueo a la Franja de Gaza y la vulneración de los derechos de los prisioneros palestinos en cárceles de Israel.

El titular de la OCI expresó su preocupación por las crisis en Siria, Mali y Myanmar y su impacto en el campo de los derechos humanos; alertó sobre la tendencia creciente de la islamofobia en un planeta cada vez más interdependiente, y reiteró la condena del mundo islámico a la difamación de las religiones, sus símbolos sagrados y personalidades veneradas.

El pasado viernes la delegación estadounidense presentó a la 22 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un proyecto de resolución titulado “Promoción de la reconciliación y la rendición de cuentas en Sri Lanka”. La moción, a la que ya anticiparon su apoyo varias naciones occidentales, se someterá a votación el próximo 21 y se funda en el supuesto de que el ejército srilankés cometió excesos contra la población civil durante la última etapa de la guerra al movimiento separatista Tigres de Liberación del Eelam-Tamil.

El ministro del Gabinete del gobierno de Sri Lanka Lakshman Yapa Abeywardena acusó a Estados Unidos de asesinar y cometer abusos contra la población civil afgana, mientras al mismo tiempo, y sin fundamento, atribuye a la isla crímenes similares. Hay informes fidedignos, incluso reconocidos por Washington, sobre la muerte de civiles a manos de las tropas norteamericanas (que ocupan Afganistán).

“Algunos Estados pasan por alto los abusos de los soldados estadounidenses en Afganistán, pero no tienen remilgos en acusar a naciones que como Sri Lanka nada tienen que ocultar ni de qué arrepentirse”, dijo Abeywardena y recalcó que pese a esa infame campaña su gobierno se mantendrá firme en la política de trabajar por la reconstrucción del país y la reconciliación nacional.

De acuerdo con la visión de Washington, el gobierno de la isla no ha avanzado lo suficiente en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas (CRLA), creada en agosto del 2010 por iniciativa del propio presidente Mahinda Rajapaksa. Colombo sostiene haber cubierto más del 90% de las recomendaciones de la CRLA, pide tiempo adicional para cumplirlas -la guerra concluyó hace menos de cuatro años- y recalca que injerencias externas solo conseguirán atizar el conflicto.

El ente concluyó que el ejército no mató civiles deliberadamente durante la guerra al secesionismo, aunque recomendó investigar algunos abusos aislados y conceder mayores poderes a la etnia tamil en las regiones donde es mayoritaria. Llamó además a una solución dialogada de los conflictos posbélicos e instó al gobierno a convocar “un serio y estructurado diálogo” con todos los partidos políticos, en particular con los que representan a los tamiles y otras minorías. Este lunes, Sri Lanka creó una comisión encargada de estudiar el proyecto de resolución de Estados Unidos para, según dijo un alto funcionario de la cancillería, darle “una respuesta apropiada”.

Por otra parte, el gobierno de Sri Lanka pidió al Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc) retirar a la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) su status consultativo ante ese órgano. En carta a Achilles Henczel, presidente del CDH de Naciones Unidas, el embajador permanente de la isla Ravinatha Aryasinha impugnó las intenciones de HRW de presentar en Ginebra el documental “Zona Libre de Fuego: Los campos de la muerte en Sri Lanka”.

Realizado por el Canal 4 del Reino Unido y HRW con apoyo de Amnistía Internacional y el Festival de Cine y Foro sobre Derechos Humanos, el vídeo expone supuestos excesos del ejército srilankés en la etapa final de la guerra contra el movimiento separatista Tigres de Liberación del Eelam-Tamil (LTTE).

“Sri Lanka considera que esta película, así como la fecha de su emisión (coincidente con la 22 sesión del CDH), forma parte de un cínico esfuerzo concertado y de una campaña clara y estratégicamente motivada por consideraciones políticas colaterales”, acusó la misiva. Denunció que el documental, tercero de una serie producida por el Canal 4, contiene una narrativa “no corroborada y carente de fundamento”, y persigue “socavar la reputación de uno los estados miembros de la ONU y la labor del Consejo”.

Sri Lanka considera que la presentación del documental persigue viciar la atmósfera para facilitar la aprobación de una resolución promovida por Estados Unidos sobre pretendidos abusos contra la población civil durante la guerra a los Tigres Tamiles, concluida en mayo del 2009 luego de casi 30 años. (2) En respuesta, el presidente del CDH alegó que las organizaciones no gubernamentales con el estatus de entidades consultivas de Ecosoc tienen el derecho de organizar eventos paralelos, sin que ello signifique que estos reflejen la posición oficial del Consejo.

De otra parte, Siria calificó de parcializado y con errores el informe presentado en Ginebra por la Comisión de Investigación Internacional sobre Derechos Humanos, el cual no menciona los datos del Gobierno sobre los ataques terroristas de las bandas mercenarias que operan en el país. Durante la discusión del informe, el delegado sirio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, doctor Faisal al-Hamwi, criticó a la Comisión por descuidar en reiteradas ocasiones una lectura adecuada de la compleja situación geopolítica de la región.

A juicio de al-Hamwi, “la entidad se ha dejado llevar por la corriente de una repugnante campaña incitadora sectaria y étnica, que la sociedad siria rechaza”. Mientras la Comisión ha reconocido haber entrevistado a centenares de miembros de la llamada oposición dentro y fuera del país, evitó hacer lo mismo con ciudadanos que apoyan a las autoridades, lo que convierte los testimonios presentados en unilaterales y dudosos para determinar los hechos, subrayó. (3)

El diplomático sirio cuestionó que la Comisión confirmara que algunos Estados proporcionan apoyo financiero y material a los grupos armados, sin embargo evitó mencionarlos por su nombre cuando son de sobra conocidos, con Catar a la cabeza.

La Comisión convino en la actual realización de operaciones de contrabando de grandes cantidades de armas a través de las demarcaciones sirias, pero se abstuvo de nombrar a Turquía como responsable, país que abrió sus fronteras plenamente al paso de mercenarios y estableció bases para estos en su territorio.

De igual modo, al-Hamwi denunció que la entidad se refiriera al deterioro de la situación económica y humanitaria y la destrucción de la infraestructura, pero ignorara mencionar los ataques terroristas de grupos afiliados a la red al-Qaeda, como el Frente al-Nusra contra hospitales, ferrocarriles, quema de cultivos, sabotajes a plantas de energía, escuelas, universidades y otras infraestructuras.

Notas:

1. El pasado 4 de marzo el secretario de Estado norteamericano John Kerry declaró que su gobierno trabajará para empoderar a la oposición siria. Tras reunirse con el canciller saudita Saud al-Faisal, Kerry opinó que “la oposición moderada tiene la capacidad de asegurarse que las armas les lleguen y no caigan en las manos equivocadas”, aunque admitió que no hay garantías al respecto. El 9 de marzo medios de prensa sirios revelaron nuevas evidencias que confirman la implicación de Estados Unidos en la financiación de las bandas mercenarias que pretenden derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad. La televisión estatal se refirió a un artículo del periódico croata Jutarnji List, que develó los pormenores de una operación organizada por Washington en la cual involucró a Croacia, Arabia Saudita, Jordania y Turquía para el traslado de armas a esta nación levantina.

El Pentágono recolectó armas croatas y Arabia Saudita pagó, mientras que Turquía y Jordania las transportaron hasta territorio de este último país para introducirlas en Siria. De acuerdo con el rotativo, para la transferencia de las tres mil toneladas de armamento en los cuales se estima el cargamento, se utilizaron aviones civiles de Turquía y Jordania, que efectuaron más de 75 vuelos entre noviembre y febrero del aeropuerto de Zagreb, la capital croata. Las armas croatas enviadas a los irregulares sirios incluyen un cañón de mortero calibre 60 milímetros y lanzadores de cohetes.

2. El gobierno de Sri Lanka aseguró que la isla está inmersa en un proceso de reconciliación el cual está siendo boicoteado por entidades extranjeras vinculadas a los remanentes del LTTE, y por algunas ONG acreditadas ante Ecosoc “que facilitan este tipo de materiales falseados y de contenido diabólico”. El Ejecutivo consideró que permitir la proyección del video durante las sesiones del Consejo implicaría que éste lo ha alentado, en contravención de sus principios fundacionales y de su mandato.

3. El delegado en el Consejo de Derechos Humanos explicó que la Comisión se hizo de la vista gorda en sus conclusiones y recomendaciones respecto a las causas del deterioro de la situación en la nación del Levante, que subyace en las injustas sanciones unilaterales impuestas por países árabes y occidentales sobre el pueblo. Al-Hamwi hizo hincapié en que Damasco ha dado muchas oportunidades a la Comisión de Investigación para demostrar su objetividad y rectificar sus errores, pero esta “ha continuado ignorando el rol inmoral que desempeñan los países patrocinadores del terrorismo en Siria”. Por esta y otras razones, Damasco califica los informes de la Comisión de faltos de profesionalidad y credibilidad.