Lima.- El sentimiento de inseguridad personal se acrecienta, sobre todo en los últimos meses, por la frecuencia en que se cometen graves delitos violentos contra las personas y el patrimonio. Sentimiento que es influenciado por la información sensacionalista de los diversos medios de comunicación.

Este fenómeno, como siempre sucede, ha dado lugar a diversas reacciones de responsables estatales, políticos, jueces, fiscales, policías y militares. El elemento común a todas ellas es, sobre todo, de índole represiva. Lo que implica la exigencia de que se modifiquen las leyes penales en el sentido de aumentar las penas y de hacer más expeditivo el procedimiento policial, fiscal y judicial. Así, se reitera en el error de considerar que mediante las leyes se logrará combatir la delincuencia y, por tanto, proporcionar la seguridad exigida por la población. De esta manera, se deja de lado la discusión fundamental sobre las causas sociales que condicionan la intensificación de la delincuencia y, en consecuencia, de la inseguridad personal.

En esta perspectiva, destaquemos dos casos que pueden parecer anecdóticos, pero que dicen mucho de las actitudes adoptadas frente a este problema. El primero es la reacción, ante la prensa del Presidente de la Republica, frente a la fuga de un menor delincuente. El Presidente lo califico de peligroso y merecedor de severa sanción, la misma que no debería necesariamente ser ejecutada en el establecimiento que la ley prevé para los delincuentes menores. Respecto al entorno social del caso, hizo a los padres responsables del mal comportamiento de su primogénito y que merecerían también un castigo. Si de esta manera se puede seguramente ganar la simpatía de futuros votantes, es innegable que pone de manifiesto la falta total de conocimiento o de asesoramiento sobre la política responsable que el Estado debe adoptar para evitar la degradación de la situación de inseguridad.

El segundo caso es el del Presidente del Poder Judicial que se convierte en el abanderado de una mayor severidad punitiva, planteando la acumulación de penas sin límite legal. Lo que le lleva a decir que no hay que temer que estas penas puedan ser de 30, 60 ó más años de duración, pues lo decisivo es que los delincuentes que merecen estas penas sean excluidos de la sociedad para que no cometan nuevos crímenes. Si se tiene en cuenta el promedio de vida en nuestro país, el mismo que puede ser inferior entre la población de los encarcelados, y de las condiciones infrahumanas en que la detención es ejecutada en establecimientos insalubres, sobrepoblados, sin un sistema que asegure la debida alimentación o el mantenimiento físico, se debe deducir que el tipo de penas propuesto es absolutamente desproporcionado y que implica en buena cuenta penas perpetuas y a la larga letales. Poco falta para que, pues en apariencia se presenta como más razonable y consecuente, se planteé la reincorporación de la pena de muerte. Ésta sería con seguridad de mayor efectividad porque excluye definitivamente al delincuente y también menos onerosa para el Estado.

Se trata de un problema muy complejo y para encontrar las soluciones necesarias es indispensable la conjunción de esfuerzos de todos y cada uno de las personas, públicas o privadas, afectadas por la inseguridad. Esta es responsabilidad de todos, pues cada uno mediante su comportamiento cotidiano puede consolidarla o ayudar a combatirla. En esto está en juego el respeto de los derechos y garantías fundamentales.

Como muestra de esta preocupación, me permito transcribir un breve texto que nos ha remitido el Dr. José Reaño Peschiera, profesor de derecho penal y abogado de gran reputación, en el que informa y opina sobre un aspecto interesante de la problemática señalada.

“Esperando que el sofocante verano limeño no apresure su retorno a Friburgo, le envío como archivo adjunto un texto de interés. Se trata del proyecto de ley que el Primer Ministro ha presentado al Congreso, y cuya urgente aprobación con exoneración de comisiones ha pedido públicamente el miércoles pasado. Al parecer, se convocará a un Pleno extraordinario para ello. En evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima, sus agremiados advirtieron con enorme preocupación y estupor que estas nuevas reglas para combatir la criminalidad organizada incluyen el delito tributario, al lado de los de terrorismo, secuestro, robo agravado, extorsión, pornografía infantil, entre otros. Echaron en falta una explicación sobre el particular en la exposición de motivos del proyecto”.

“No hay duda que la norma cuya aprobación ha sido sometida al Congreso es expresión del fenómeno expansionista que el derecho penal experimenta a nivel global, cuando menos en Europa continental, EE.UU y Latinoamérica. Utilizando una terminología al uso, digamos que los empresarios, en tanto potenciales imputados por delitos fiscales y/o ambientales, se asombran de ser incluidos en el catálogo de “enemigos”, y no ya no en el de “ciudadanos” destinatarios de las garantías clásicas del derecho penal liberal. Temen asimismo sufrir daños irreparables por la indebida aplicación del instrumento legal cuya aprobación se pretende, que incluye medidas limitativas tan intensas como la interceptación de las comunicaciones, clausura temporal de negocios, anotación registral del proceso penal, incautación y pérdida de dominio de bienes, que pueden ser dictadas inclusive antes del inicio del proceso penal, en fase de investigación preliminar, y en los procedimientos actualmente en curso”.

“El ámbito de aplicación de la norma está acotado por dos (2) factores; a saber, (i) un espectro amplio de delitos, caracterizados por su gravedad, reiteración e intolerabilidad social, en el que se incluye a los delitos fiscales y ambientales, junto a otros propios de la criminalidad violenta, sin expresar las razones que avalan tal imbricación; y, (ii) que hayan sido presumiblemente cometidos por una “organización criminal”, proponiéndose al respecto una definición lata, que se asemeja a una simple esquema de co-autoría y complicidad”.

“Como siempre, el éxito o fracaso de la norma dependerá en gran medida de cómo sea esta aplicada. Por ello, no hubiese estado de más que el proyecto contemplara sanciones igualmente duras para los fiscales y jueces que arbitraria e irrazonablemente soliciten o dicten medidas carentes “causa probable”, extralimitándose en la aplicación del instrumento legal, tal como ocurrió con la inhabilitación de 11 años impuesta al juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas a los abogados defensores en el caso Gürtel”.

Esperamos que estas breves reflexiones sirvan a promover el debate sobre materia de tanta trascendencia y en el que deberían intervenir, en particular, los juristas especialistas. El silencio se presenta muchas veces como aceptación o complacencia de criterios equivocados. No basta transmitir conocimientos dogmáticos ni ejercer con eficacia la abogacía, es indispensable intervenir, mediante la crítica alturada y bien informada, en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales que se encuentran en la base de la inseguridad que impera en el país.

Lima, 5 de marzo de 2013.