(Agencias).- El Presidente Evo Morales, a su retorno de Venezuela donde participó en las exequias del mandatario de ese país Hugo Chávez, promulgó el sábado la Ley 348 que protege a las mujeres de la violencia y marca tres ámbitos de acción: prevención, protección y sanción.

Morales, en acto realizado en Palacio Quemado con la asistencia de autoridades de Gobierno, legisladores y diferentes organizaciones de mujeres, saludó la aprobación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y dijo que “seguro ningún varón no nos podemos salvar, hay tantas formas de agresión, pero vimos el llamado feminicidio que es el extremo”.

“Estaba prevista la promulgación para el día de ayer, pero lamentablemente tuvimos que asistir al sepelio del hermano presidente venezolano Hugo Chávez, en Caracas”, comentó el jefe de Estado. La Ley Integral fue aprobada con celeridad luego del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, quien murió luego de recibir 15 puñaladas de su esposo Jorge Clavijo, hecho que dejó al descubierto la falta de normas y medidas que protejan a la mujer y frenen y castiguen la violencia.

Morales destacó estar cansado de tantas leyes que no se aplican, a veces por falta de dinero, pero adelantó que instruirá al ministro de Economía para que defina los fondos para su implementación. Reconoció que hay desigualdad entre el hombre y la mujer y que está muy acendrada la dominación por los hombres, y si ellas no se someten, entonces aplican la fuerza.

“Algunas no se divorcian porque piensan que en el mundo machista es malo ser una mujer divorciada… Estoy convencido que este proceso beneficia, sobre todo, a las mujeres y al movimiento indígena”. También destacó que a partir de la presente gestión los títulos de tierras se entregarán a nombre de las mujeres, y se vanaglorió por los avances que se han alcanzado en los últimos tiempos, porque antes todo era a nombre de los hombres.

El Presidente insistió en la necesidad de denunciar los hechos de violencia y aseguró que no hay ninguna justificación para pegarle a una mujer, en tanto insistió que para combatir esa actitud se debe comenzar a educar desde la familia.

El Jefe de Estado manifestó que el origen de la violencia contra la mujer es la dominación, pero también la desigualdad entre el varón y la mujer. Demandó la participación de las féminas quienes deben acudir a la justicia y denunciar hechos de violencia o agresiones en su contra.

La norma fue impulsada desde hace tres años por diferentes organizaciones de la sociedad, y en particular de aquellas que defienden los derechos de las mujeres. La ley establece 30 años de cárcel sin derecho a indulto para quienes matan a una mujer, implementa la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, marca la participación de gobiernos subnacionales, define la asignación de recursos especiales en caso de extrema violencia, crea centros de acogida para las mujeres agredidas, entre otros aspectos.

Para la presidenta de la Cámara de Senadores Gabriela Montaño, un gran avance es que a través de la norma promulgada se saca del ámbito privado la violencia hacia la mujer y se incluye la figura del feminicidio como un delito.

La senadora Gabriela Montaño insistió en que “nada puede justificar la violencia de un ser humano contra otro ser humano, sea hombre o mujer”, y agregó que “lo más importante para nosotros es construir una sociedad en la que ninguna mujer sufra violencia, en la que ninguna se sienta agredida”.

“Hay un compromiso del presidente, del gobierno nacional, para dar los recursos, a través del Tesoro General de la República”, dijo y enfatizó que “este no es un problema solo de Bolivia. Es un problema en el mundo entero. Tenemos que tratar de ser ejemplo para nosotros mismos y para el resto de la región”.

Según la Coordinadora de la Mujer, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia constituye un importante avance que define las bases normativas para una política pública integral para enfrentar la violencia contras las mujeres, y al mismo tiempo, plantea el desafío para que las diferentes organizaciones de mujeres de la sociedad civil, desplieguen los esfuerzos necesarios para la exigibilidad, incidencia y vigilancia para garantizar su implementación en los diferentes niveles de gobierno e instancias públicas y privadas, establece un documento de balance de la norma, emitido por la institución.

Entre los elementos relevantes de La Ley se señala el hecho de que se reconozca la violencia como un tema de prioridad nacional y como un problema de salud pública, desde un enfoque de prevención, protección de las mujeres en situación de violencia y la sanción de los agresores. Se reconoce también, el rol preponderante del Estado para articular acciones de los actores institucionales de las diferentes entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias.

Un elemento fundamental, subraya la Coordinadora de la Mujer, constituye el reconocimiento de 16 formas de violencia, pasando su tratamiento al ámbito penal, a través de la simplificación de algunos aspectos del procedimiento penal. Adicionalmente se han establecido nuevos tipos penales entre ellos el feminicidio, acoso sexual, violencia familiar o doméstica, esterilización forzada, incumplimiento de deberes, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos. Y se incorpora como delitos contra la mujer la violencia económica, violencia patrimonial y sustracción de utilidades de actividades económicas familiares.

La Coordinadora de la Mujer identifica como un elemento de avance establecer la imposibilidad de usar la figura de homicidio por emoción violenta, en casos de feminicidio, que hacía referencia a razones de “honorabilidad”, por la cual los agresores se acogían a esta figura, para lograr sanciones entre 2 y 6 años. El cambio de esta figura penal incluye la eliminación de la referencia a motivos de honorabilidad y el incremento de la pena, entre 2 y 8 años.

Entre otros elementos relevantes, se destaca el establecimiento de un conjunto de medidas de prevención en diferentes niveles y ámbitos, que pretenden contribuir a modificar los comportamientos violentos, tanto individuales como colectivos y estructurales, que toleran, naturalizan y reproducen la violencia, priorizando medidas de prevención en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral y comunicacional, estableciendo tareas de cumplimiento obligatorio.

La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos Teresa Zubieta aseguró que esa entidad será celosa guardiana para el cumplimiento de la norma y no se convierta en “papel mojado”. En esa misma línea la presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa Juanita Ancieta manifestó que una de las tareas de las organizaciones sociales es socializar la norma para que la conozcan hombres y mujeres y así sea acatada.