No hay que buscar el poder sólo en los grandes escenarios, también es menester encontrarlo en los pequeños escenarios, escenarios menores, en comparación con el escenario estatal y la magnificencia del gobierno central; por lo tanto encontrarlo en los eventos cotidianos, en los hechos minúsculos e intrascendentes. Ver cómo funciona en los lugares menos relevantes que aquellos dónde se expresa la soberanía como símbolo mayúsculo.

Preguntarnos por ejemplo qué se juega en una elección de las presidencias de la cámara baja y de la cámara alta del Congreso. ¿Por qué tiene que intervenir el presidente del Estado y jefe del partido en estas elecciones? ¿Por qué tiene que decidir quién va presidir la presidencia del Senado? Se entiende que sea importante tratándose de la Asamblea Legislativa, pero, ¿por qué intervenir en elecciones donde el partido oficial es mayoría y está garantizada la elección y el control de esa mayoría? ¿Por qué los nombres de la presidenta del senado y la presidenta de diputados son imprescindibles para el presidente? ¿Por qué no pueden ser elegidas las personas y representantes de ambas presidencias del Congreso por los propios asambleístas? Parece que para la presidencia de diputados hubo consenso o se construyó un consenso, después de largas negociaciones; empero que, para el caso del Senado, no se había logrado este consenso, las fuerzas estaban divididas, es más, la mayoría se inclinaba por otras personas, vinculadas a sus regiones y bancadas, en tanto el presidente eligió otra persona, después de un discurso anacrónico que se refería a la sucesión monárquica del poder; el hijo del soberano, el hijo del hijo del soberano, y así sucesivamente. Por último se quedó con el nombre que impuso el soberano. Se acató la decisión del presidente, a pesar del notorio malestar de los senadores y senadoras.

En el análisis no nos interesa saber quién ha sido nombrada presidenta de cada una de las dos cámaras, no interesa sus nombres; no es un problema de personas, sino se trata de comprender por qué le es tan imprescindible intervenir al presidente en esta elección. En general, se puede decir que el presidente no es ajeno a toda elección, sea de federaciones, de confederaciones sindicales, particularmente campesinas, sea de alcaldías, sea de la “nacional” del partido, sean de las departamentales del partido, así como de las elecciones relativas a la Asamblea Legislativa. Esta es una preocupación constante que se comprende que se dé; empero, ¿por qué intervenir, si los que eligen son partidarios? ¿No se tiene confianza? ¿Por qué se tiene que intervenir incluso en contra de los elegidos por las propias bases? ¿No es acaso mejor que las bases se fortalezcan a través de sus propias dinámicas? ¿Este control vertical no debilita más bien al propio partido y a las organizaciones sociales, así como a las instituciones del Estado? ¿Qué nos dicen estas intervenciones de los tejidos y manejos de las relaciones de poder?

Una primera hipótesis de interpretación tiene que ver con la forma y el modo de ejercer la política, con el modelo de organización sindical de la política. Remontando su propia historia, el MAS viene de las organizaciones sindicales campesinas; su principal experiencia se encuentra en las luchas sindicales campesinas, particularmente en las luchas de las Federaciones Sindicales Campesinas del Trópico de Cochabamba. Hay pues una memoria política vinculada a estas luchas, íntimamente ligada a las formas de organización de los sindicatos campesinos. También a sus formas de elección y selección de los dirigentes, que tienen que ver con las alianzas territoriales, la acumulación de fuerzas y la formación de bloques. La experiencia de la larga lucha en la defensa de la hoja de coca, en pleno contexto de guerra de baja intensidad, templa a estas organizaciones sindicales campesinas. La represión, las acciones punitivas policiales y militares de la interdicción, obligan a estas organizaciones a adquirir un perfil semi-clandestino, un compromiso de exigente lealtad y fidelidad con los objetivos de la lucha; lucha en defensa de la hoja de coca que adquiere, en el transcurso, un discurso anti-imperialista, por las características propias de la guerra de baja intensidad. Se trata de organizaciones sindicales campesinas que exigen disciplina respecto a las determinaciones de las asambleas. Como se puede ver, una de las características de esta experiencia sindical es que se trata de organizaciones de lucha, obligadas a organizarse para la defensa territorial, además de contar con la disponibilidad y capacidad de convocatoria; estamos ante organizaciones sindicales que aprenden a preparar y a desplegar una serie de marchas de cocaleros y cocaleras a la sede de gobierno, en defensa de la hoja de coca. Estas marchas son ya legendarias, forman parte de la historia de las Federaciones Cocaleras del Chapare y también de las Federaciones cocaleras de los Yungas de La Paz. En estas movilizaciones, en esta defensa territorial, en esta alianza territorial de los sindicatos campesinos, se formaron los dirigentes cocaleros, principalmente su líder primordial y ahora presidente del Estado.

Este es el estrato más antiguo y más importante del MAS; estos dirigentes que emergieron de estas luchas en defensa de la hoja de coca. Otros estratos posteriores se añaden al anterior, sobre todo después de las elecciones de 2002, cuando el MAS se convierte en la segunda fuerza política del Congreso. Los otros estratos van a ir modificando el perfil y la estructura del MAS, sobre todo cuando se suman contingentes de las ciudades. Pero, antes de entrar en esto, es indispensable seguir a estos dirigentes sindicales campesinos, del estrato matricial; lo que pasa con ellos, sobre todo cuando asumen tareas de gobierno, tareas en la Asamblea Constituyente y en el Congreso.

Es indudable que llegar al gobierno implica un gran desafío, sobre todo cuando no se cuenta con la experiencia de la administración pública. Era indispensable cerrar filas, defender al flamante gobierno indígena y popular ante las contingencias que puedan venir. Se comparte el entusiasmo del pueblo, después de las elecciones de 2003 y la contundente victoria por mayoría absoluta. La asunción al gobierno es apoteósica, llena de símbolos promisorios; tanto en Tiwanaku como en la Plaza Murillo. En Tiwanaku se despeja el cielo cuando llega Evo Morales, deja de lloviznar, se forma una aureola bordeada por colores del arco iris. Era una aureola llena de luz radiante. Lo que sucedía era asombroso y fue comentado por la gente que asistió a la ceremonia. En el palacio de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente entrega el bando al presidente, quien no contiene sus lagrimas de emoción. El discurso inaugural de la gestión es convocativo y de invitación a vigilar el proceso, invitando a los amautas a participar y orientar, urgiendo al pueblo a la crítica si hay equívocos y errores. Esto ocurría mientras ancianos campesinos aymaras lloraban en las veredas de la plaza, ancianos emocionados e incrédulos todavía ante los eventos trastrocadores que acontecían. Fue una gran fiesta, así como son las revoluciones al inicio de su desenvolvimiento.

Lo que vino después es como enfrentar las formas concretas de gobierno, posteriormente al entusiasmo. Al escoger gobernar se tuvo que dejar el impulso de la rebelión, se tuvo que optar por el realismo, entonces por administrar los recursos del Estado, sobre todo sus ingresos, y distribuirlos. Para esto se necesitaba que la maquinaria siga funcionando, para que esto ocurriera también se necesitaba de los técnicos y funcionarios que sabían hacerla funcionar, pues formaron parte de esta maquinaria. La diferencia radicaba en el discurso, también en la procedencia de los nuevos gobernantes, a quienes se tenía, en principio, temor. Habían ganado fama en años de lucha. Sin embargo, estos “guerreros” dejaron de serlo en otro contexto, en contexto del campo burocrático. Al principio se sentían desubicados en esos grandes salones, en esos palacios, que eran símbolos arquitectónicos contra lo que habían luchado. Después, se acostumbraron a mandar a quienes antes aborrecían, los funcionarios que los trataban mal. Con un tiempo más transcurrido de experiencia en el gobierno, terminó gustándoles el mando. Claro que hubo otras diferencias, se pudo ampliar los ingresos del Estado mediante la nacionalización de los hidrocarburos; si bien, esto mejoró los márgenes de distribución, se siguió haciendo lo mismo; captar ingresos y distribuirlos mediante el presupuesto general de la nación, después de la Constitución llamado presupuesto general del Estado. Había una alegría por haber aprendido a manejar este know-how administrativo público, con ayuda de “técnicos” afines, nombrados ministros. También una alegría no disimulada por haberlo hecho mejor que los gobiernos anteriores. Desde una perspectiva administrativa no se les puede reprochar; el problema no es precisamente una mala administración, como creen los voceros de la derecha. El problema es que hicieron lo mismo y quizás mejor que los gobiernos neo-liberales. El problema es que los dirigentes quedaron atrapados en las redes administrativas e institucionales del Estado.

Ciertamente los dirigentes no estaban solos en las tareas de la administración del Estado, contaron con otros estratos de masistas que ingresaron después de las elecciones de 2002, además de contar con los funcionarios heredados de anteriores administraciones. Fuera de dirigentes y campesinos de base, que son el primer estrato, se sumaron sectores populares urbanos, ciertos estratos de las clases medias, y infaliblemente trabajadores, cooperativistas mineros y obreros. El partido o movimiento, como quiera llamarse, creció de una manera in-controlable. Se ganaron las elecciones de 2005 por mayoría absoluta; el MAS era indiscutiblemente la principal fuerza política del país. Es esta colectividad la que es mayoría en la Asamblea Constituyente. Allí este conglomerado tuvo su primer gran desafío, construir un instrumento jurídico y político para transformar el Estado. Allí se aprendió a compartir y formarse en la comprensión de sus propias diferencias, a convivir en la adversidad y a construir dramáticamente el pacto social. Sin embargo, también en la Asamblea Constituyente se recurrió a una forma de organización política para encarar el desafío; la forma de organización a mano y conocida era la sindical y territorial. Se optó por esta forma de organización buscando adaptarla al nuevo contexto político, sobre todo al escenario deliberativo de la Asamblea Constituyente.

Esta adecuación de la forma de organización política sindical fue problemática. Sacada de su contexto la forma de organización territorial campesina resultaba incongruente para las tareas deliberativas, para las tareas de comisión y las tareas de elección de la directiva. La democracia de la asamblea sindical, que era ciertamente deliberativa en su propio contexto, recurriendo a la propia retórica sindical, no se pudo rehacer ni repetir en la Asamblea Constituyente, tampoco en el Congreso y menos en el gobierno. El condicionamiento de estos escenarios de la deliberación liberal, de la administración jerárquica y vertical gubernamental, transformaron las formas del sindicalismo campesino. Ya no valían tanto las decisiones de las asambleas, eran mas bien decisivas las decisiones del presidente, quien seguramente tomaba determinaciones consultando al gabinete o algún entorno estrecho allegado al caudillo. Como era, además de presidente del Estado, presidente de las Federaciones del Trópico de Cochabamba, líder popular y cabecilla del MAS, se suponía que la deliberación debería llegar de las bases a las más altas dirigencias, que en este caso ya eran mandos del Estado. Esto no ocurrió, pues se trataba de dos formas de organización política, la sindical y la estatal, que no podían sincronizar. La combinación de ambas formas resulto en un “síntesis” autoritaria. Entonces se asumía las decisiones del presidente como si fuera la decisión de todos, aunque la construcción colectiva no haya ocurrido. Los dirigentes sindicales del primer estrato del MAS interpretaban esta actitud como que el presidente no se puede equivocar. Los otros estratos del MAS, se encontraron insertos en el formato de la forma de organización política sindical recurrida; en ese contexto, debían acatar las decisiones del presidente, y cumplir con la orden disciplinadamente. De alguna manera, la justificación de que el presidente no se puede equivocar también fue asumida por estos estratos, por las otras organizaciones sociales involucradas, incluso por las organizaciones indígenas originarias, que tenían cierta autonomía de organización y de deliberación, contando con sus propias decisiones. El entusiasmo del que venían, la confianza que imperaba, el sentimiento de bloque, coadyuvó a justificar esta forma de decisiones no democráticas. Esta forma de operar trajo muchos problemas, se cometieron errores, se puso en peligro a la Asamblea Constituyente, pero se siguió delante de la misma manera sin dejar ventilar la crítica y la autocrítica. El clima compartido se puede describir como una atmósfera de concomitancias, explicada por la coyuntura, había que entender que se luchaba con la derecha y era indispensable cerrar filas. Este itinerario se repitió en los otros escenarios institucionales, incluso en los municipios. La decisión del presidente era la voz de todos. A pesar de ciertos desacuerdos y algunas protestas, se terminaba aceptando esta forma de conducir. La Asamblea Constituyente tuvo que atravesar dos crisis graves que casi la llevan a la periclitación, la crisis de la aritmética de las decisiones, la de los 2/3 o mayoría absoluta, y la crisis de la “Capitalía”. Empero el peso de la mayoría era gigantesco; esta diferencia casi desmesurada permitió salvar los atolladeros. El problema era que esta forma de conducir se convirtió en costumbre, se arraigó en las prácticas gubernamentales y se cristalizó como obediencia, en la forma de organización política sindical. El sindicato ya no fue nunca lo mismo que era antes, un escenario de deliberación de la asamblea; se convirtió en una organización que acataba disciplinadamente las decisiones del presidente, una organización cooptada. Los dirigentes, los representantes y altos funcionarios de los otros estratos del MAS, en el gobierno, asumieron las prácticas de la administración pública liberal. El procedimiento entonces se institucionalizó. Las decisiones del presidente fueron legitimadas por la aceptación de todos y por la forma gubernamental de proceder.

Todo era revisado celosamente por el estrecho grupo de colaboradores del presidente, los nombramientos en ministerios, los nombramientos de jefes de bancadas, los nombramientos de coordinadores de comisiones, los nombramientos de candidatos. A pesar de haber acarreado tensiones y no pocos conflictos, se siguió adelante con el procedimiento. Cualquier discusión al respecto era tomada como indisciplina o desacato, incluso como favorable a la derecha, por lo tanto era descalificada de inmediato. Cuando se pasó de la primera gestión de gobierno a la segunda y se enfrentaron conflictos mayores como los del “gasolinazo” y el del TIPNIS – una vez de haber atravesado la culminación de la ofensiva de las oligarquías regionales, que optaron por oponerse a la aprobación de la Constitución, inclinándose al recurso de la violencia, tomando instituciones e involucrándose en la masacre de El Porvenir, en el departamento de Pando -, este procedimiento autoritario, avalada por el gabinete, el MAS y las dirigencias campesinas, se convirtió en el mecanismo que apañó la proliferación de las corrupciones, la corrosión institucional, la violencia desmesurada del Estado y el aval de una casta política, convertida en indispensable, en el trámite de la reproducción de un sistema político corroído por prácticas de poder paralelas y colaterales.

La descripción de este panorama político no tiene nada que ver con la aludida definición del “centralismo democrático”. Si se recurre a este enunciado es una muestra patética del desajuste que hay entre el imaginario político del sujeto de la enunciación y la efectiva práctica política. Es una invocación al fantasma de los bolcheviques para que vengan a salvar al último “bolchevique”, para amparar una conducción política caudillista. El uso del concepto de “centralismo democrático” llama la atención por dos razones; no sólo por el gran contraste entre el enunciado invocado y la efectiva práctica política, sino también por la misma historia de este “centralismo democrático”. El “centralismo democrático” condujo al comunismo de guerra, donde las decisiones se concentraron en el comité central del partido comunista, comunismo de guerra del que nunca se salió. El “centralismo democrático” llevó a la forma política centralizada del estalinismo, fenómeno estatal por excelencia totalitario, donde la dictadura del partido se convirtió en la dictadura del patriarca de la patria socialista. A todas luces es un desatino usar el argumento del “centralismo democrático” para justificar un procedimiento caudillista y carismático.

A estas alturas, después de la elección de la presidencia del senado, se puede decir que los mandos de la conducción del gobierno y del Estado se encuentran atrapados en la estructura de un procedimiento autoritario. Ya no pueden salir del mismo; se trata de un funcionamiento mecánico. El presidente y el entorno más estrecho del caudillo no pueden dejar que estas decisiones queden en manos de los asambleístas, la presencia del soberano tiene que manifestarse en todo. Los colaboradores en todas las instancias de representación tienen que quedar a cargo de las personas que han demostrado fehacientemente la lealtad y la obediencia a las órdenes emitidas. La fidelidad con las consignas es premiada. El objetivo es lograr la conexión y la articulación más homogénea y dócil a la voluntad del soberano, así como del grupo estrecho de colaboradores, más aún si se trata de un periodo electoral. Mucho más si el ejecutivo, el gobierno, la conducción política, son interpeladas por las organizaciones sociales, incluso por grupos del propio partido.

Como se puede ver, se ha perdido la perspectiva democrática, la perspectiva asambleísta de la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia. Estas son las únicas prácticas políticas que pueden defender, profundizar y fortalecer el proceso de cambio. Se ha optado mas bien por el desarme de lo popular; se le ha quitado al bloque popular sus dinámicas propias de organización y deliberación. Se ha vulnerado la defensa del proceso, sustituyendo el proceso de transformaciones por la defensa de una casta política, que se considera a sí misma la encarnación del proceso. En estas condiciones le resulta más difícil al MAS afrontar sus tareas electorales; es difícil repetir las mismas lealtades que antes, cuando hay un deterioro mayúsculo en las convicciones, cuando un grueso de los militantes se encuentran frustrados. Los conductores creen que todo se puede resolver con el control y el monopolio del aparato de Estado, que de alguna manera sustituiría a la falta de entusiasmo y a la carencia de convicción. Esta es una creencia que muestra más desesperación que seguridad; en el fondo se intuye el problema, pero se prefiere ignorarlo.

La otra hipótesis de interpretación de esta forma de poder autoritario, donde en el centro se acción se encuentra el caudillo, es la que plantea que cuanta con más disponibilidad de fuerzas se cuenta, ya sea en votos y adhesiones, es cuanto más se manifiesta la tendencia a la centralización del poder en pocas manos. ¿Por qué ocurre esto? Parece paradójico, cuanto menos preocupación se puede sentir por la vulnerabilidad es cuando más se insiste en controlarlo todo, incluso en los detalles; menos se confía, incluso en los partidarios, en los dirigentes, en las organizaciones sociales que abrieron el proceso. ¿Por qué a mayor disponibilidad de fuerzas, incluso mayor legitimidad, se busca mayor centralización, control y concentración de poder? ¿Qué tiene el poder que preocupa tanto a sus agentes, operadores, sobre todo a sus conductores y dirigentes? La disponibilidad de fuerzas choca con la distribución democrática de la potencia social; la acumulación y el uso de las fuerzas terminan recayendo en mandos, en cambio la acción y el flujo de la potencia social requiere de composiciones espontáneas y acordadas, requiere entonces de deliberación y asambleas, de la construcción participativa y colectiva de la decisión social. En el acontecimiento que más se requiere de la mayor disponibilidad de fuerzas posible, la guerra, por lo general, se opta por la centralización de los mandos, la unificación de las fuerzas y las voluntades, para lograr los desplazamientos coordinados de los combates. Tomada la política como la continuación de la guerra por otros medios, el Estado es un complejo dispositivo que no ha abandonado el escenario de la guerra; el Estado está estructurado por una centralización jerárquica de mandos, no deja de ser un aparato de guerra. ¿Contra quién está en guerra permanente el Estado? Los gobiernos que se hacen cargo del Estado experimentan esta tendencia a la concentración y centralización, actúan en conformidad buscando el control total. El ejercicio democrático, la deliberación, la participación son un estorbo. Lo que importa ya no es tanto el mandato popular, sino cumplir con esta lógica inherente de concentración y centralización de poder inherente, que además se realiza a nombre de los mandatos populares. Aunque se cuente con un mapa institucional, normas institucionales y administrativas, leyes, incluso una Constitución como mandato, el impulso primordial no es legal ni administrativo, sino a la concentración y centralización del poder.

El caudillo no gobierno sólo, se apoya en un núcleo de confianza. A lo largo de las gestiones de gobierno se forman amistades y complicidades, se selecciona por descarte un grupo de confianza, no sólo los más cercanos y los más íntimos del presidente, sino los más eficaces en la colaboración y asesoramiento. La conformación de un grupo de decisión última, algo así como la última defensa, pero también la primera en importancia en la toma de decisiones, es parte de estratificación en la administración del poder. Se comparte gran parte del tiempo de de sus vidas, entregadas al ejercicio de gobierno, se conocen no solamente en las reuniones oficiales, sino que se convive conllevando preocupaciones, amarguras, alegrías; se llegan a conocer mejor, terminan siendo los habitantes solitarios del mundo cerrado del poder. Cada uno de los miembros del núcleo de poder tiene como sus propias redes, sus influencias, sus dominios. También tienen sus personas de confianza repartidos en el aparato estatal, incluso algunos en las organizaciones sociales. Es de esperar entonces que haya interés en ciertos nombres para la presidencia del Senado, también en otros cargos, en la postulación a gobernación, incluso en las coordinaciones de comisiones. Entonces los juegos de poder se hacen más variados, se abren a distintas opciones. De lo que se trata es de lograr mayor control y prevenir contingencias; entre los congresistas hay dirigentes ligados a sus regiones, que consideran que deben responder a sus regiones y a sus mandatos. Estos dirigentes pueden convertirse en problemáticos, dado el caso. O como ocurrió con Rebeca Delgado, que siendo presidenta de la cámara baja, decidió responder a su mandato constitucional, al reclamo de organizaciones sociales, como los gremialistas y transportistas, incluso de organizaciones regionales, en el asunto de la controvertida ley de bienes. Nadie puede osar semejante acción deliberativa, legislativa y fiscalizadora, pues no cuenta con el visto bueno del núcleo cupular. Por eso es importante el control de las presidencias y de las comisiones encargadas, en consecuencia, de los partidarios hay que seleccionar a los que no tengan atisbos de convertirse, en algún momento, en problemáticos.

Como puede verse esta es la lógica del control; vigilancia, concentración y centralización del poder, aparentemente eficaz, a los ojos del núcleo del poder, pues garantiza el cumplimiento de la voluntad concentrada del poder. Empero, lo que no ve este núcleo de poder, es que esta lógica merma la capacidad organizativa, destruye la dinámica propia de la Asamblea Legislativa. Al convertir a la Asamblea Legislativa en un apéndice del ejecutivo, ha descartado un espacio indispensable de legitimación, que sólo se puede realizar si hay deliberación, apertura a las propias deliberaciones populares, madurando y experimentando el desarrollo legislativo como parte de una experiencia constructiva. La mejor defensa del proceso no puede ser otro que el ejercicio democrático, el ejercicio plural de la democracia, el ejercicio participativo y de control social. Al núcleo de poder todo esto le parece una pérdida de tiempo; para este grupo lo práctico y realista, contando con la mayoría absoluta, los dos tercios del Congreso, es ejecutar las medidas tomadas por el ejecutivo, contando con la aprobación del legislativo. Esta “certeza” en su “correcta” posición los empuja a exigir disciplina en el cumplimiento de lo que vendrían a ser ordenes. Esta “certeza” se afirma en la creencia de la claridad y objetividad de sus análisis de coyuntura. A pesar de varios traspiés del ejecutivo, no se inmutan de los errores, prefieren suponer que se trata de incomprensiones o, en el peor de los casos, de conspiraciones.

La experimentación del poder produce fenómenos peculiares; uno de ellos es lo que llamo la desconexión con la “realidad” efectiva; otro es que los propios conductores se cavan su propia tumba al descartar todas las defensas democráticas del proceso; preferir las defensas “militares”, las defensas “fortalezas”, creyendo que el cerrar filas es la mejor defensa. Lo único que han hecho con este comportamiento es aislar la “fortaleza” de la sociedad y empujar a la sociedad en contra de la “fortaleza”. Se trata de una conducta paradójica, una política de control que ocasiona consecuencias que no controla. Este aislamiento del poder es uno de los fenómenos más notorios en el desenvolvimiento político en la modernidad y capitalismo tardíos.

En relación a la crisis política, que es crisis del proceso, también crisis del Estado, por lo tanto crisis del poder, crisis manifestada en sus contradicciones profundas, hay dos interpretaciones que observamos por su simpleza y esquematismo; una es la que se coloca en una posición programática, dice que si hubiera habido un programa revolucionario, un partido revolucionario, compuesto por militantes profesionales, otro hubiera sido el cantar, el proceso hubiera sido revolucionario. Los que emiten esta interpretación se basan en lecturas parciales e incompletas de la revolución rusa, tienen como una caricatura de este acontecimiento histórico, una caricatura como la de los dibujos animados, donde los personajes pierden rasgos humanos y se caracterizan por representar una sola convicción y determinación reiterativas. Han dejado de lado la historia efectiva y la complejidad de situaciones que tuvo que atravesar esa revolución. Armados por una caricatura pretenden realizar una revolución pura en su propio país, noventa y seis años después de este acontecimiento trascendental. Creen que se puede hacer una revolución como acto de voluntad y como logro de la imaginación. Por lo tanto, la crítica a lo que ocurre es deducida de esta interpretación esquemática; el proceso estaba destinado al fracaso pues esta conducido por pequeños burgueses, por una burguesía emergente; el populismo engaña a las masas y no observa las leyes dialécticas de la historia. La ausencia de la conducción del proletariado, de su dirección y programa revolucionarios, muestran de antemano el fracaso de este proceso.

Esta interpretación apoya la inmovilidad política a nombre de la pureza de la revolución. Esta interpretación en la actualidad, está lejos de la utilidad que tenía la versión inaugural de la revolución permanente y la tesis de transición difundida en la década de los años cuarenta del siglo pasado, cuando se aprobó la Tesis de Pulacayo. La utilidad de la Tesis de Pulacayo, fuera de formar parte de la formación del proletariado minero boliviano, fue de servir de herramienta de interpretación de los procesos sociales y políticos en las formaciones sociales periféricas del sistema-mundo capitalista. Se convirtió después en el programa del proletariado boliviano y tesis de la COB. En aquél periodo heroico la teoría de la revolución permanente y la tesis de transición eran instrumentos interpretativos que se usaban para intervenir en las luchas concretas del proletariado y en las coyunturas específicas de la temporalidad política. No como ahora, cuando se ha reducido el discurso “revolucionario” a un esquematismo ingenuo, que sirve para inmovilizarse políticamente. No se participa en las luchas concretas del proletariado minero, que enfrenta las contradicciones más complejas del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. El proletariado minero ha sido abandonado de la preocupación activista, dejado en la experiencia contingente de un capitalismo salvaje. El sindicato de maestros no sustituye al proletariado, como se pretende en las actuales versiones de este discurso “radical”.

La anterior versión esquemática viene de la izquierda. Otra versión, más simple, e incluso más ingenua, viene de la derecha. La “crítica” de los voceros de los partidos de derecha denuncian la corrupción, el autoritarismo, las políticas económicas provisionales del gobierno, como si éstos fenómenos administrativos no se hubieran dado en sus gobiernos neo-liberales. Colocan al pasado inmediato, cuando gobernaron, como si hubiera sido un ejemplo de paz y de institucionalidad. Como si el caos y el “barbarismo” se dieran en el gobierno de Evo Morales Ayma. Esto equivale a inventarse un paraíso terrenal en el pasado inmediato, descargando todos los males de la política al gobierno indígena y popular. El problema no es éste, justamente en esto no hay diferencia entre el presente gobierno y sus gobiernos pasados. El problema es que el presente gobierno se parece demasiado a sus gobiernos. En este sentido parece una continuidad de las viejas prácticas políticas, prebéndales, corrosivas, de los circuitos de influencia y las redes de corrupción. ¿Cuál es la diferencia? La corrupción era privilegio de los doctorcitos, ahora se ha democratizado, se ha vuelto popular. Para esta derecha no pasó nada, no hubo crisis política del Estado, de la clase política, del modelo neoliberal, de los partidos políticos, de las formas y monopolios de la representación. Tienden a obviar la movilización general de 2000 al 2005, o optan por explicarla a partir de la conspiración; algo parecido a lo que hace el gobierno actual, sólo que al revés. Esta derecha continúa con su crítica a la Constitución, o la usa parcialmente, de una forma des-contextuada, para contrastar con lo que no cumple el gobierno; continúa su crítica al Estado plurinacional, defendiendo la unidad nacional, defendiendo al Estado-nación. En su ingenuidad no se da cuenta que precisamente en esto coincide con el gobierno, que ha restaurado al Estado-nación, que se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas originarios, quienes exigen la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La propuesta de la derecha es ofrecer volver al Estado de derecho, que garantice la propiedad privada y la inversión extranjera, criticando las nacionalizaciones. Las nacionalizaciones se han reducido a compra de acciones, como se hace en otros lados, incluso en Estados Unidos, que es el modelo económico de la derecha neoliberal. El gobierno popular ha continuado, expandido y profundizado el modelo extractivista que ha preponderado en la historia económica de Bolivia. Este rasgo continúa, además de prorrogar la característica de Estado rentista. La diferencia radica en el discurso, y también en las medidas sociales de corto alcance, coyunturales, como las relativas a los bonos. El problema que no puede ver la derecha, pero si lo tiene claro el pueblo, es que la “revolución democrática y cultural” se ha quedado en el camino, más cerca de sus gobiernos neo-liberales, más lejos del horizonte abierto por la Constitución.

Con esto no se dice que el gobierno popular es lo mismo que los gobiernos neo-liberales, no se puede llegar a este extremo de no leer la diferencia, extremo a la que llega cierta izquierda supuestamente “radical”. El gobierno popular no es neoliberal por la sencilla razón de que emerge de un proceso semi-insurreccional de luchas sociales que se enfrentan al modelo neoliberal (2000-2005), su política económica arranca con la nacionalización de los hidrocarburos, aunque haya sido imparcial, y continua con otras nacionalizaciones, aunque sean montajes propagandísticos, evidentemente efectuados por compras de acciones. Se propone fortalecer al Estado como empresario, aunque esto quede en planes y no terminé de realizarlos; además de inclinarse por la inversión social, aunque esto no termine de efectuarse en la gran escala que se requiere, con impacto en el mediano y largo plazo. Ciertamente hay parecidos, entre el gobierno popular y los gobiernos neo-liberales, principalmente en lo que respecta a las políticas económicas monetaristas. Empero estos parecidos no los convierte en equivalentes. Tampoco las empresas estatales en hidrocarburos y minerales se han librado del control técnico de las empresas trasnacionales, de la presencia de estas empresas en el campo económico. Sin embargo, es insostenible afirmar que se trata de un gobierno neo-liberal. El problema del gobierno popular no es que sea neo-liberal, aunque esté más cerca de los gobiernos neoliberales que de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico; el problema del gobierno popular son sus contradicciones y limitaciones en el proceso de transformaciones, el haberse convertido un obstáculo para el cumplimiento y la realización de las transformaciones estructurales e institucionales establecidas en la Constitución.

Los tejidos y manejos del poder del gobierno popular son una continuidad de los tejidos y manejos del poder de los gobiernos liberales, nacionalistas, dictatoriales, populistas y neoliberales anteriores, a lo largo de la historia política republicana. Estos tejidos y manejos tienen que ver con la formación de clientelas, por medio de procedimientos prebéndales, la reiteración de recorridos de circuitos de influencia, la reproducción de estructuras de corrosión y corrupción, las llamadas prácticas de poder paralelas. La formación de grupos afines, la mantención de personas de confianza, la conformación de redes de operadores. Ciertamente estas prácticas son más notorias en los gobiernos nacionalistas, en los gobiernos populistas y en el actual gobierno indígena y popular, pues sus bases sociales y convocatorias son ampliamente mayores que el apoyo y la convocatoria de los gobiernos neoliberales, dictatoriales y neo-liberales. Lo que interesa al respecto no es el cumplimiento de la norma, las leyes, la institucionalidad, la administración pública; lo que interesa en el hilado del poder, en el manejo de las relaciones de poder, es la configuración de amistades y complicidades como garantías personales en el cumplimiento de las políticas gubernamentales y la voluntad del núcleo conductor. Esta es una dimensión intersubjetiva del poder, de reconocimiento mutuo de los más afines de los afines, de los más leales de los leales, de los más confiables de los confiables. Los que reclaman plena institucionalidad de los cargos, entre ellos los convenios de los organismos internacionales, deberían saber que esta instancia de las complicidades personales se dan en todos los gobiernos del mundo. Si se quiere, se trata de la relación “afectiva” de las relaciones de poder. La seguridad de la fluidez de las directrices, de las transmisiones y las conducciones, radica, al final, en la confianza en los concebidos como suyos. La supuesta racionalidad, en sentido kantiano, de la administración del poder en el Estado moderno, no ha podido borrar estas prácticas y esta dimensión “afectiva” basada en las confianzas y complicidades.

Terminamos como comenzamos; uno de los secretos de las formas de reproducción del poder, de su conservación, prolongación, efectuación minuciosa, se encuentra en esta dimensión de las relaciones personales, intersubjetivas, de las amistades que sostienen una de las formas de efectuación de la política, una de las formas que llamaremos “afectivas” por la exigencia del reclamo de confianza que tienen los que conducen y gobiernan.

¿Cómo escapar de esta condena, de esta repetición de lo mismo? Se dice que no hay peor derrota que no haber intentado. Las claves para intentar hacer otra cosa se encuentran en la Constitución; la definición del sistema de gobierno como democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia; democracia directa, representativa y comunitaria. En el capítulo sobre participación y control social se define la participación como construcción colectiva de la decisión política, construcción colectiva de la ley y construcción colectiva de la gestión pública. También se encuentran claves en una propuesta de nueva gestión pública, trabajada en un equipo inter-ministerial, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural, donde se plantea, como base de las transformaciones estructurales e institucionales, encaminadas a la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, el pluralismo institucional, jurídico, administrativo, normativo y de gestiones. Se propone transformar la gestión mediante la planificación integral y participativa, con enfoque territorial, la ejecución y el seguimiento con control social, la evaluación participativa y la retroalimentación ajustada y corregida. Se propone además una gigantesca Escuela de Gestión Pública donde no solamente se formen los servidores públicos, sino también los que van a hacer control social. También se propone el gobierno electrónico, un gobierno paralelo virtual, que viabilice la transparencia, permita el acceso a la información, y logre la participación de todos, de la gente, de las organizaciones, de las comunidades. De la misma manera el Plan Plurinacional del Vivir Bien, que fue aprobado por el gabinete de políticas sociales de una manera insólita, pues buscaban un instrumento para mejorar la baja gestión y la baja ejecución, sin atender a concepción que recogía de la Constitución los tres modelos de transformación estructural; el modelo político del Estado plurinacional comunitario; el modelo territorial expresado en el pluralismo autonómico; y el modelo económico, concebido como economía social y comunitaria. Los tres modelos eran contenidos, atravesados y articulados por el macro-modelo del Vivir Bien.

En esta perspectiva, de los instrumentos de la transformación, se contaba también con el Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra, elaborado por el Pacto de Unidad, después convertido en Proyecto de Ley, en discusión y acuerdos con el gobierno y la Asamblea Legislativa. Este proyecto, que conservaba el espíritu del anteproyecto, fue desecho por el gobierno y la Asamblea Legislativa, sin respetar los acuerdos con las organizaciones sociales, para elaborar una ley más de desarrollo integral que de madre tierra. Como puede verse, se contaban con propuestas para una transición transformadora; sin embargo, todo esto ha sido descartado por el gobierno y el núcleo de poder. Han preferido ignorar los mandatos constitucionales y descartar la discusión del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural, así como el Plan Plurinacional del Vivir Bien, del mismo modo la Ley de la Madre Tierra. La vocación del gobierno no es precisamente democrática, participativa, tampoco transformativa. Como hemos dicho, su vocación es conservar y prolongarse en el poder. Este rasgo no lo distingue de los otros gobiernos de la historia política de Bolivia.

* Miembro de Comuna, http://horizontesnomadas.blogspot.com/