Ante los hechos conocidos públicamente respecto al delito de violación, sucedido el 20 de diciembre de 2012, en oficinas de la Asamblea Departamental de Chuquisaca, en el que la víctima fue una servidora pública y el violador un Asambleísta Departamental, en complicidad de otros funcionarios públicos, la Coordinadora de la Mujer expresa:

Repudio e indignación ante el delito de violación registrado por el sistema de seguridad de la Asamblea Departamental y tipificado en el Código Penal por el Art. 308 que expresa, nuevamente el abuso y toma de los cuerpos de las mujeres desde el ejercicio del poder patriarcal de una autoridad electa.

Exige la inmediata investigación y sanción ante el delito perpetrado en la Asamblea Departamental de Chuquisaca, que permita identificar y sancionar según establece la Ley, al o los responsables y a quienes estuvieron involucrados como cómplices en la comisión del delito de violación tipificado en el Art.308 ter, según nuestra normativa penal.

Exige a la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca su compromiso para el esclarecimiento de los hechos, y las medidas necesarias para garantizar la actuación de la Justicia para sancionar a las y los responsables, evitando cualquier intento de encubrimiento, que deje el delito en la impunidad.

Demanda la inmediata expulsión del Asambleísta sindicado y la implementación de las medidas jurídicas establecidas para evitar su fuga y garantizar la sanción establecida ante el delito perpetrado.

Cuestiona el tratamiento de algunos medios de comunicación quienes han transmitido “en imágenes una violación”, vulnerando la protección de la víctima, así como una noción ética ante la vulneración de los derechos de una mujer que ha sido víctima de un delito encontrándose en estado de indefensión en ambos casos.

Manifiesta su solidaridad con la víctima, y compromete sus esfuerzos para que hechos como éste, no queden en la impunidad, y para que el uso abusivo y machista del poder no cobre más víctimas.

Demanda la modificación de la normativa procesal penal en relación a que la violación se constituya en delito de acción pública, garantizando desde el Estado la protección de los derechos de las mujeres y, en particular, para enfrentar la violencia sexual. Asimismo, en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, demanda al Fiscal General la creación de Fiscalías Especializadas para temas relativos a la violencia contra las mujeres para abordar estos delitos de manera eficiente y cualificada.