El Presidente Evo Morales condenó el jueves la violación a una funcionaria de la Asamblea Departamental de Chuquisaca ocurrida el 20 de diciembre, hecho en el cual están involucrados asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS). “Condenable, repudiable, no comparto (…) esperemos que se investigue y se juzgue a quienes cometieron ese grave error”, dijo el Mandatario. No es el primer escándalo sexual protagonizado por representantes del oficialismo.

Una mujer de pollera encargada de la limpieza de la Asamblea Departamental de Chuquisaca habría sido abusada sexualmente el pasado 20 de diciembre de 2012, luego de una sonada fiesta con abundante consumo de bebidas alcohólicas en los ambientes de la Gobernación, según informaron los propios asambleístas chuquisaqueños.

El caso se conoció después que la televisora Gigavisión presentó un video en el que se ve que algunos integrantes de la Asamblea Departamental abusan sexualmente a la funcionaria. “Lamento mucho, no todos somos iguales, en los departamentos mantenemos la mayoría de asambleístas y es difícil conocer a todos”, declaró Evo Morales.

Más tarde, el presidente del Tribunal de Etica del MAS Rodolfo Barrientos, citado por la red gubernamental Patria Nueva, informó que se determinó expulsar de sus filas a los concejales departamentales de Chuquisaca Domingo Alcibia y Jaime Humana, involucrados en caso de violación.

En Sucre el fiscal General Ramiro Guerrero instruyó investigar el caso, mientras que el gobernador de esa región Esteban Urquizu exigió la destitución de todos quienes resulten involucrados en el hecho. A su vez las mujeres campesinas de Chuquisaca, entre otras organizaciones sociales, pidieron el jueves a los medios de comunicación no reproducir de forma indiscriminada el video.

“A los medios de comunicación pedimos el respeto a la mujer boliviana, puesto que al reproducir las imágenes (…) de manera irresponsable y reiterativa van en contra del derecho al honor e intimidad, sin medir la vulnerabilidad e integridad de la víctima y su familia”, dijo la representante de la federación de mujeres trabajadoras indígenas Arminda Durán.

En ejercicio de las funciones específicas conferidas por el Art. 88 dela Ley Orgánicadel Ministerio Público, la cual otorga a la Direcciónde Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público la función de promover la protección y asistencia a las víctimas de delitos, testigos, personas que colaboran con la persecución penal y servidora o servidores del Ministerio Público, se debe guardar el debido respeto de los derechos de la víctima al momento de difundir alguna nota periodística al respecto; dentro del marco de la libertad de expresión y de prensa, exigió la Fiscalía General.

El máximo representante del Ministerio Público recomendó que al momento de difundir noticias los medios de comunicación “deben considerar el respeto a los derechos fundamentales del ser humano; que se sobreponga el interés de la misma a cualquier otro interés, puesto que con la continua difusión de imágenes, videos y ciertas notas periodísticas, se está generando una situación altamente revictimizante”. (1)

De otra parte, el dirigente nacional del Movimiento sin Miedo (MSM) Edwin Herrera reprochó a las dirigentes y ministras del MAS por no defender la integridad de la persona que fue abusada sexualmente en la Asamblea Departamental de Chuquisaca. Por hechos menos graves, las ministras y viceministras de gobierno en meses pasados defendieron la integridad de las mujeres, “pero en el caso de una violación filmada no se pronunciaron, excepto algunas declaraciones de diputadas chuquisaqueñas”, criticó.

Varios dirigentes políticos del MAS enfrentan cargos de violación. Por ejemplo, Abraham Duri y Sergio Ordoñez que fungían como altos dirigentes del partido gobernante, fueron encarcelados el pasado miércoles por abuso sexual. Además, el concejal masista Jaime Cabrera fue posesionado como alcalde interino de La Guardia, pese a que es procesado por violación. De igual manera, el diputado del MAS Justino Leaño, acusado de violar a una menor de edad, permanece en su cargo.

Según Herrera, el país está viviendo un nivel de descomposición y de degradación social, ética y moral que tiene que ver con varios elementos y sobre los cuales el gobierno debe asumir políticas que revaloricen los componentes esenciales de la sociedad boliviana como la familia, las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores.

“Uno de ellos es la falta de sanción real a autoridades públicas que cometieron delitos como un diputado que está denunciado por violar a su hija; el caso Vedia en Santa Cruz que ahora está gozando de libertad; el caso Carrillo en Cochabamba que estaba manejando ebrio y no hubo más sanción que la suspensión de su licencia de conducir; y el caso de Pinto en La Paz, quien está sentado en la sala de sesiones pese a tener una sentencia ejecutoriada en su contra”, recordó el dirigente del MSM.

“Esperemos que esta vez no quieran echarle tierra al asunto de la violación de una mujer humilde en Chuquisaca, pues se trató de una abierta y filmada violación; el gobierno debe aclarar este hecho y otros varios que continúan en la impunidad”, exigió Herrera.

Nota:

1. El Fiscal General recalcó que debe tenerse presente que no solo los operadores de justicia son agentes revictimizadores, sino también todo el entorno social “cuando incurrimos en acciones que recuerdan el acto delictivo, lo cual es altamente ofensivo para la persona, pues se generan estados de ansiedad, estrés o angustia que afectan la vida cotidiana; al punto que la víctima prefiere que el caso se deje en la impunidad o provocar la pérdida de vidas humanas”.

La “Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,aprobada porla Organizaciónde Naciones Unidas en su Resolución 40/53, 1985, dispone que las víctimasserán tratadas con respeto por su dignidad por lo tanto se deben tomar medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, y proteger su intimidad. En ese mismo sentido, la Ley 2033 de Protección a Víctimas, en su Art. 15, dispone que la víctima tiene derecho al anonimato en los medios de comunicación, y a que no se brinde información sobre su familia o su entorno, que permita su identificación.

Con información de ABI y Radio Patria Nueva.