La Habana, San Juan, Managua, Santo Domingo, Guatemala, Tegucigalpa y Panamá (Prensa Latina).- Pese a la incertidumbre que persiste en el mundo y a los problemas arrastrados, Centroamérica registró cierta recuperación y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) fijó su probable crecimiento en 4,2% para el cierre de 2012. Esta tendencia puede continuar si se cumple lo acordado en la reunión del Sistema de la Integración Económica de Centroamérica, celebrada el 12 de diciembre, en Managua, entre lo que destacó la creación de una zona de libre comercio intrarregional para el intercambio de bienes.

La estabilización y consolidación progresivas del sistema bancario en el área, reconocidos por la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings, constituyen hechos notables en 2012. De mantenerse eso la región alcanzará un balance sólido y niveles de liquidez amplios, así como crecimientos a tasas de dos dígitos, excepto en República Dominicana y en El Salvador, asegura la firma en su estudio Perspectivas 2013: Centroamérica y República Dominicana. Fitch Ratings reconoció a Panamá por poseer el sistema bancario más fortalecido y a Nicaragua, por su elevada cartera de préstamos, en tanto pronosticó mejorías para todas las economías istmeñas.

Pasos adelante y reconocimientos en lo económico chocan contra una gran desigualdad social en Centroamérica, donde más de 17 millones de personas (3,3 millones de hogares) carecen de un empleo decente, educación y seguridad social, según el IV Estado de la Región 2008-2011. Ni la administración de Ortega, reconocida por sus políticas macroeconómicas, programas sociales y de combate a la pobreza, pudo revertir esa herencia dejada por décadas de apego a la ideología neoliberal.

Mayores niveles de desempleo y pobreza, bancos quebrados, negocios perdidos y carencia de credibilidad en el mercado son algunos de los efectos de la crisis económica que continúa su azote, reconoce el distinguido economista dominicano Miguel Ceara. El fenómeno sorprendió a todos, pues nadie pensó que se prolongaría tanto tiempo y con terribles consecuencias en muchas partes del orbe.

Desde 2008 comenzamos a sufrir el colapso financiero, y en la actualidad el panorama resulta poco halagüeño, pues algunas soluciones parecen lejanas, consideró el profesor universitario Ceara en entrevista con Prensa Latina. Junto a la crisis económica, agregó, coexisten otras de diverso tipo: medioambiental, alimentaria, energética, de recursos naturales y de valores, cuyas implicaciones en la vida de las personas se sienten cada día.

Sin embargo, América Latina no ha sufrido de manera tan fuerte los embates de este problema, típico del desarrollo del capitalismo. Como razones principales en ese sentido expuso que la región tenía una mejor situación fiscal y su banca estaba más protegida, por lo cual pudo absorber el impacto sin grandes consecuencias negativas.

Ceara manifestó que la integración entre los países, basada en el equilibrio, juega un papel fundamental a la hora de enfrentar los negativos impactos de la debacle financiera, con mayor fuerza en Estados Unidos y Europa. Sobre ese tema, valoró de manera positiva el surgimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en diciembre del pasado año, un mecanismo para nuestra área sin la participación estadounidense y canadiense.

Aunque en su opinión esta estructura requiere del transcurso del tiempo para fortalecerse y subsanar las diferencias que siempre existen entre algunos de sus miembros. Ejemplificó que las naciones del Caribe anglófono deben comprender un poco más la realidad latinoamericana, y reducir cualquier barrera, hasta la del idioma, en aras de un acercamiento superior al actual.

Balance político regional

Centroamérica vivió momentos intensos en 2012, gran parte de ellos con la capital de Nicaragua como centro, debido que este país presidió de manera temporal el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). El gobierno de Daniel Ortega extendió a ese mecanismo la estrategia solidaria aplicada en su territorio y bajo sus auspicios cobraron forma planes regionales por la seguridad alimentaria y nutricional, contra la pobreza, de impulso al uso de energías renovables y otros.

Las reuniones efectuadas en el período redundaron en acuerdos para enfrentar esas problemáticas y en el reconocimiento a Nicaragua “por la forma eficiente, profesional y airosa” con que ejerció su presidencia. Costa Rica continuará en la misma ruta para que crezca el SICA, prometió el canciller Enrique Castillo, al recibir el mandato provisional del ente el 13 de diciembre, en la XL Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno.

Corresponde al Ejecutivo de ese país, encabezado por la presidenta Laura Chinchilla, proseguir ahora la estrategia para revertir las debilidades de una de las zonas más marcadas en el mundo por la vulnerabilidad ante el cambio climático, la pobreza y la criminalidad asociada al narcotráfico. Puede servir de cimiento y acicate para avanzar en ello el legado nicaragüense, pero también los pasos dados en el orden económico y que merecieron el destaque de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La continuidad del líder sandinista al frente de Nicaragua es otro hecho que marcó el panorama regional en 2012, porque demostró el apego mayoritario a su estrategia de restitución de derechos. Pero mientras los nicaragüenses reconocieron en las urnas la eficacia de la gestión de Ortega del 2007-2011, la conflictividad social y el descrédito crecieron en torno al gobierno en la vecina Costa Rica.

Este año se inició en ese país con un ciclo sin precedentes de protestas contra la mandataria elegida en 2010, cuya gestión es evaluada de mala por 53% de sus conciudadanos, según la encuestadora Unimer. La Asociación Nacional de Empleados Públicos asegura que las 632 manifestaciones de este año batieron los récords históricos de acciones de presión como esas y por la diversidad de actores involucrados en ellas.

En buena medida ello respondió a que 75% de la ciudadanía considera corrupto al gabinete de Chinchilla, que sufrió una veintena de cambios, casi la mitad por acusaciones contra sus titulares por esa causa. Del otrora paraíso centroamericano poco queda, si se considera que la Encuesta Nacional de Hogares mostró que más de un millón de personas quedaron reducidas a la pobreza, 335 mil a niveles extremos, de un total de cuatro millones 300 mil habitantes.

Más allá de esto, crecieron los cuestionamientos a Costa Rica en el entorno del SICA, debido a la negativa de Chinchilla a acudir a sus citas mientras Ortega la presidiera, supuestamente por las diferencias referidas a la controversia territorial entre los dos países. Estas cobraron fuerza cuando Costa Rica presentó una demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra su contraparte por la supuesta invasión a su espacio en áreas el mar Caribe.

En respuesta, el tribunal de la ONU dictó en marzo de 2011 que ninguno de los dos puede mantener fuerzas armadas, de seguridad pública u otros agentes en la zona implicada en la disputa, Harbour Head. Luego Nicaragua recurrió a la CIJ por la probable contaminación de su río San Juan por Costa Rica, con la construcción de una carretera paralela al cauce, cuestionada por la corrupción alrededor de su ejecución, sus daños a la biodiversidad y otras anomalías.

Otra querella presentada por Nicaragua, debido a la controversia arrastrada con Colombia por los límites en aguas del mar Caribe, motivó el pronunciamiento en este año de los 15 jueces del ente con sede en La Haya. Con la sentencia del 19 de noviembre Nicaragua recuperó las 200 millas náuticas que le pertenecían, es decir, más de 90.300 kilómetros cuadrados de zona exclusiva y plataforma marítima en esas aguas.

Tanto ese país como Centroamérica recobraron con eso un espacio rico en bienes naturales, en el cual habitan más de 400 especies de peces, de corales, de esponjas, entre otros, y una reserva potencial de tres mil millones de barriles de petróleo, según el nicaragüense Centro Humboldt.

Desde 1992 la CIJ dirimió en otro caso que involucró a tres naciones centroamericanas: la controversia de fronteras entre Nicaragua, Honduras y El Salvador en el golfo de Fonseca, cuyos presidentes ratificaron este año su respeto a esa resolución, revisada en 2001. Ortega, Porfirio Lobo y Mauricio Funes confirmaron con la declaración del 5 de diciembre su disposición a trabajar por consolidar a esa zona como una de paz, desarrollo sostenible y seguridad para el bien de sus pueblos.

Ese documento, firmado también en la capital nicaragüense, estableció crear una comisión trinacional para el tema y revalidó la negativa a recurrir a cualquier opción bélica para preservar la armonía en el área. Igual reiteró el compromiso expresado en la Declaración de Managua (octubre de 2007), en la de El Salvador (marzo de 2012), y con el SICA.

Preocupación en ese mecanismo fueron las situaciones conflictivas en los países conducidos por Lobo y Funes, relativas a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y que en el caso de Honduras se extendieron hasta diciembre. El enfrentamiento entre los poderes del Estado puso en riesgo a esos débiles sistemas democráticos y para especialistas de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, en El Salvador fueron un retroceso respecto a los Acuerdos de Paz de 1992.

Ambos países y Guatemala conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, considerado por la ONU como una de las zonas más violentas del planeta, por la incidencia del narcotráfico, de los aliados de los carteles mexicanos, la debilidad de las instituciones estatales y la corrupción.

Según un informe presentado por ese mecanismo multilateral en septiembre, Honduras sigue entre los más riesgosos del mundo en supuestas condiciones de paz, con 92 homicidios por cada 100 mil habitantes. En la zona este país es seguido por El Salvador (69), Guatemala (39), Nicaragua (12) y Costa Rica con 10,3, lo cual explica por qué la violencia continúa siendo uno de los mayores desafíos a enfrentar.

Un año difícil para los hondureños

Un año difícil fue 2012 para los hondureños, que padecieron la agudización de sus problemas sociales, sufrieron los efectos de una mayor violencia y criminalidad, e incrementaron su desconfianza en las instituciones. El año cierra con protestas de trabajadores, de alcaldes y de transportistas públicos que, respectivamente, exigían el pago de salarios atrasados, transferencias pendientes para emprender proyectos locales y subsidios adeudados.

Las principales luchas sociales fueron libradas por los maestros y médicos, y el Gobierno reaccionó con falta de voluntad política para negociar y buscar soluciones, y aplicó amenazas, represión y despidos masivos contra quienes protestaron. Un decreto ministerial llamó a audiencias a maestros que el 22, 30 y 31 de agosto participaron en protestas para reclamar sus salarios atrasados y ordenó el despido de unos 900 profesores de la enseñanza pública.

Ante esa postura de las autoridades, el Colegio Profesional Unión Magisterial tuvo que recurrir a juristas para emprender acciones legales contra el Gobierno y defender a sus afiliados. En ese escenario, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso interpuesto por el Colegio de Profesores de Educación Media contra la nueva ley fundamental del sector que violenta la seguridad salarial de más de 60 mil docentes.

En tanto los médicos paralizaron durante tres semanas los 28 hospitales y 256 centros de salud estatales en reclamo de salarios justos, respeto a los derechos laborales y suministros de insumos y medicamentos para atender pacientes. La ministra de Salud Roxana Araujo tuvo que reconocer que todo el presupuesto del sector, unos 556 millones de dólares, se gastó antes de finalizar agosto y tenía un déficit de 46 millones 461 mil dólares, lo cual le dificultaba el cierre del año.

Paralelamente subieron los precios de la canasta básica de alimentos, algo denunciado por Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores, como un genocidio contra más de siete millones 800 mil hondureños pobres. Las cifras gubernamentales sobre inflación son maquilladas y no tienen en cuenta la especulación, opinó el líder sindical y añadió que la canasta básica está por las 13 mil lempiras (unos 660 dólares) y el salario mínimo es insuficiente para cubrirla.

Los sindicatos, el Gobierno y la empresa privada negociaron y el 3 de noviembre fijaron el nuevo salario mínimo en apenas 6.819 lempiras (345 dólares), por lo cual para subsistir una familia, tendrán que trabajar al menos dos de sus miembros. Algo difícil cuando la desocupación es superior al 50% de la Población Económicamente Activa. El Gobierno calcula un millón 400 mil desempleados, el empresariado los estima en un millón 600 mil y los sindicatos en más de dos millones. A eso se suma que 863 mil jóvenes carecen de oportunidades laborales y el 91% de los 700 mil hondureños de más de 60 años no tienen acceso a pensión y dependen de sus familiares, según la Asociación Nacional de Adultos Mayores.

Sin embargo, de los casi 700 mil menores con edades entre cinco y 17 años de edad reconocidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), unos 337 mil están en el mercado laboral y muchos realizan labores de riesgo y por muy bajos ingresos. Otros sectores sociales, como los indígenas, denunciaron este año el total abandono en que se encuentran y hubo pronunciamientos en ese sentido por parte de los tolupanes que habitan en Yoro y en la Montaña de la Flor, y de los chortis de Copán.

En un informe, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoció a Honduras como el tercer país menos equitativo de Latinoamérica, después de Haití y Colombia, tanto en el ámbito económico como social. El informe de Desarrollo Humano de Honduras 2011 Reducir la inequidad, un desafío impostergable fue presentado durante una sesión del Consejo de Ministros por el representante del PNUD en el país José Manuel Hermida, y el sociólogo Mario Posas.

Posas indicó que Honduras es el tercer país más inequitativo de Latinoamérica, después de Haití y Colombia, y en ese sentido indicó que más que los altos niveles de pobreza, lo más importante de atender es la inequidad. Consideró que las desigualdades repercuten en el sistema de enseñanza, pues aunque el problema está resuelto en el nivel primario, a partir del tercer ciclo la situación se complica para los pobres que no tienen acceso a la educación.

Ejemplificó que es poco equitativo que muchos jóvenes de 13 a 18 años de edad, sobre todo de bajos ingresos, tanto en el área rural como en la urbana, tengan que abandonar los estudios de secundaria por razones principalmente económicas. Dijo que a pesar de los avances logrados, persiste el analfabetismo sobre todo entre las personas de menores ingresos, y recordó que entre los pobres rurales apenas el dos por ciento llega a la educación superior y añadió que los pertenecientes a grupos étnicos son los más afectados.

Al referirse a otras inequidades recordó que Honduras figura entre los 10 países con los sistemas tributarios más regresivos de América Latina y ocurre que los pobres pagan más impuestos que los ricos. Eso fue reforzado por la revista The Economist al asegurar que en Honduras hay 205 millonarios que disponen en total de una fortuna de 27 billones (millones de millones) de dólares, cuando este es el país más pobre de Centroamérica.

El presidente hondureño Porfirio Lobo llamó a investigar si esos súper ricos pagan sus impuestos y es que las perspectivas de la Secretaría de Hacienda, de recaudar al menos 76 millones de dólares, se vieron frustradas. Al comentar esa observación, el dirigente empresarial Benjamín Bográn dijo que Lobo confirmó que el gobierno carece de dinero para pagar salarios a empleados públicos y maestros, y se verá obligado a racionalizar gastos y practicar despidos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sobre el Gobierno de Honduras sus exigencias de acelerar la devaluación del lempira, mantener la disciplina fiscal, controlar el gasto y recaudar más impuestos. Una misión técnica del organismo financiero internacional, que visitó este país centroamericano del 3 al 7 de septiembre, dejó a su partida una hoja de ruta que el gobierno debe cumplir.

Para acceder a 130 millones de dólares en apoyo presupuestario, Lobo tiene que cumplir exigencias del FMI como acelerar la devaluación del lempira, mantener la disciplina fiscal, controlar el gasto y recaudar más impuestos. No hacer lo que el Fondo impediría al Gobierno alcanzar un anhelado acuerdo económico que le permitiría acceder al apoyo presupuestario.

El 10 de noviembre, Honduras suspendió 10 de los 20 indicadores establecidos por la Corporación de Desafío del Milenio, de Estados Unidos, y por tanto quedó fuera en la entrega de fondos de ayuda al desarrollo como nación pobre. Ese ente condiciona ese socorro económico a las naciones que logren aprobar sus criterios de gobernar con justicia, libertad económica e inversión en niveles de vida de la población.

En esta oportunidad la ayuda fue reprobada por bajo control de la corrupción y efectividad del gobierno. Tegucigalpa también fue excluida de esa contribución para proyectos sociales, porque tampoco logró mejorar la tasa de finalización de educación primaria de las niñas, y baja también fue su nota en el tema de la salud de los infantes.

Expertos de Estados Unidos toman como referencia datos del Banco Mundial para hacer sus evaluaciones y le atribuye también al gobierno hondureño deficiencia en la política fiscal, en economía, derecho, acceso a la tierra y en la creación de empresas. En 2011 Honduras igual fue reprobada por ese organismo y en el actual año se le reconocen avances en cuanto a controles internos de los gastos, crecimiento de ingresos per cápita. Ello la colocó en el grupo de países de país de Ingreso Mediano-Bajo.

Por otro lado, entre los acontecimientos más candentes del país en 2012 estuvo la violencia desatada en el valle del Bajo Aguán, donde 80 personas murieron en enfrentamientos entre guardias privados al servicio de hacendados y labriegos que reclamaban tierras. Entre las medidas para aliviar tensiones estuvo la militarización del área y el compromiso del Gobierno de comprar varias fincas para venderlas a 3.500 familias campesinas, pero esporádicamente ocurren incidentes armados.

El último de significación fue el ataque a un convoy militar que llevaba material para las elecciones primarias celebradas el 18 de noviembre por 14 movimientos, tres del Partido Liberal, ocho del Nacional y cinco de Libertad y Refundación (LIBRE). En esos comicios internos se eligieron tres candidatos a las presidenciales de 2013 (Juan Orlando Hernández por el Nacional; Mauricio Villeda por el Liberal; y Xiomara Castro por LIBRE), y aspirantes a vicepresidentes, parlamentarios y alcaldías.

Al igual que el conflicto por tierras en la zona del Aguán, las elecciones primarias estuvieron matizadas por actos de violencia, un fenómeno también vinculado al incremento de las luchas entre pandillas y a las acciones del narcotráfico. Según la ONU, Honduras es el país más violento del mundo con una tasa de 91 homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque las autoridades insisten en que ronda los 86 por cada 100 mil, la tasa reportada en 2011, también la mayor del planeta. Más del 80% de los delitos denunciados en Honduras jamás llegan a ser investigados ni juzgados, reconoció el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio. En su último reporte sobre el tema, indicó que en los últimos 11 años la violencia en este país dejó 46.450 muertes; en 2011 hubo 7.104 homicidios y de enero a octubre de 2012 promediaron 558 víctimas mensuales (18 diarias).

Las autoridades lograron en 2012 capturar los mayores alijos de droga, incluyendo lo transportado en un submarino, y destruyeron unas 50 pistas de aterrizaje clandestinas, pero cuando en junio derribaron una avioneta, Washington les quitó el radar. Al comentar esa actitud, el ombudsman lamentó que el mayor consumidor mundial de drogas condicione la ayuda en la lucha contra el narcotráfico y limite a Honduras a ejercer el derecho a la soberanía de su espacio aéreo, terrestre y marítimo.

El año cierra con esfuerzos del Gobierno por superar una crisis de poderes ocasionada cuando el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que antes admitió el recurso profesoral. La decisión siguió a críticas del presidente Lobo contra esos magistrados que habían declarado inconstitucional la imposición de pruebas de confianza a miembros de la policía, infiltrada por el crimen organizado y el narcotráfico.

Magistrados, jueces, abogados y políticos opositores reclamaron contra esa injerencia del Congreso, considerada un atentado a la independencia de la Justicia, y para tratar de aliviar la tirantez entre poderes del Estado, Lobo convocó al diálogo. En este escenario, el Centro de Estudios para la Democracia divulgó una encuesta anual de opinión, en al cual indica que el 52% de la población desconfía de los partidos políticos, el 50% del Congreso y el 45% de la policía. Poco antes, otro sondeo realizado por CID Gallup había revelado que dos de cada tres hondureños desaprueban la gestión presidencial y siete de cada 10 opinan que casi nunca o nunca el mandatario hace lo mejor para el pueblo.

Puerto Rico en un año marcado por la crisis y las protestas

Con una criminalidad incontenible que ha disparado a más de 970 los asesinatos en 2012, un desempleo superior al 13,9% y con múltiples violaciones a los derechos ciudadanos, Puerto Rico parece sumido en la incertidumbre. Esta situación ha provocado que unos 300 mil puertorriqueños hayan abandonado el país en los últimos años, agobiados por la imposibilidad de obtener empleo y por la falta de seguridad con una corrupta policía impuesta en sindicatura por el gobierno federal de Estados Unidos.

También cuentan como razones del éxodo las constantes violaciones de derechos civiles y un costo de vida que ha reducido a 86 centavos el poder adquisitivo de cada dólar con relación a 2006. Por contraste, la Asamblea Legislativa aprobó medidas coercitivas a los derechos civiles de los puertorriqueños, prohibiendo las protestas en determinados escenarios públicos y hasta que se critique a miembros de la Cámara y el Senado, so pena de cárcel.

La inestabilidad económica y social que experimenta esta isla del Caribe se profundizó en 2012 con el cierre de numerosas empresas y comercios locales y la salida del mercando de importantes aerolíneas internacionales. En ese sentido, cabe citar la degradación a punto de “chatarra” de los bonos de monopolios estatales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, así como de la Universidad de Puerto Rico, entre otros, por la casa crediticia Moody’s. “Esos bonistas que por décadas se han cebado de la riqueza que producimos la clase trabajadora y que han dirigido las políticas neoliberales en nuestro país, ahora nos dicen que nuestras corporaciones públicas no valen nada”, denunció el Partido Comunista de Puerto Rico ante la degradación de los bonos.

Los comunistas boricuas entienden que los bonistas de Wall Street, a la sombra de las firmas crediticias, “son los artífices de las políticas económicas que han implementado a sangre fría los gobernantes de la colonia capitalista, particularmente durante este cuatrienio, cuando se han dedicado a endeudar irresponsablemente a la clase trabajadora”.

Adujo el Partido Comunista que ese descomunal endeudamiento agravó a niveles alarmantes con emisiones de bonos giradas contra el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA), sus corporaciones públicas y sus aparatos municipales, lo que asegura el pronto agotamiento del margen prestatario del aparato colonial. Esa situación hizo crisis en las postrimerías de 2012, luego de cuatro años de falsa bonanza económica proyectada por la saliente administración, encabezada por Luis G. Fortuño, del anexionista Partido Nuevo Progresista, a quien el pueblo pasó factura con una derrota en las elecciones generales del 6 de noviembre pasado.

Contrario al panorama que pintaba el equipo económico de Fortuño, Puerto Rico amplió su deuda pública y disminuyó la tasa de empleos, lo que provocó la emigración en el último periodo de unos 80 mil profesionales. Tal panorama profundizó la brecha entre ricos y pobres, lo que ha tenido como resultado un incremento en los suicidios y la violencia intrafamiliar, que ha cobrado la vida de 20 mujeres y cinco hombres.

La desesperanza ha signado la vida de miles de puertorriqueños que han debido recurrir, en contra de sus deseos, a programas de asistencia social y que ha llevado a más de 12 mil estudiantes a abandonar la UPR, luego que hace dos años se impusiera una onerosa cuota especial individual de 800 dólares. En el nivel preuniversitario, donde se supone que cada año sobre 38.300 estudiantes culminen su formación, solo lo hace el 62%, 23.984, entre otras razones por la deteriorada calidad de la enseñanza, según estadísticas oficiales, y la penetración en el entorno de la distribución y el consumo de drogas.

A juicio del Partido Comunista, las escuelas se caen a pedazos y se despiden maestros, lo que condena a la juventud puertorriqueña a un futuro sin oportunidades ni perspectivas de empleo ni desarrollo. Denunció que a la vez que se privatizan los haberes públicos, se destruye el medio ambiente y los hospitales carecen de los medios más elementales para su funcionamiento. “Todo este desastre se agrava para los empleados y pensionados cuando el déficit actuarial de los planes de pensiones se ha disparado en 17 por ciento (30 mil millones de dólares) en sólo un año”, destacó la organización política en declaraciones a Prensa Latina.

La corrupción ha planeado entre funcionarios públicos de alto nivel disfrazada de “bonos de productividad” que en ocasiones han rondado los 200 mil dólares, mientras el gobierno dejó en la calle a unos 30 mil empleados de niveles inferiores, cuyo salario anual no superaba los 24 mil dólares, muchos de los cuales perdieron hasta sus hogares debido a la imposibilidad de abonar a la hipoteca del inmueble.

Pese a que la administración de Fortuño dibujó un cuadro de bonanza económica, en este momento de los 300 millones de dólares que representa la nómina mensual del gobierno central, apenas hay 50 millones en caja para pagar las obligaciones en enero, cuando estrena una administración encabezada por el Partido Popular Democrático.

No hay garantía de que 2013 resulte un año de prosperidad para los puertorriqueños, que ya han comenzado a “apretarse el cinturón”, como han sugerido algunos economistas que vislumbran que los tiempos de prosperidad se terminaron y que, en lo adelante, se hace necesaria una cirugía profunda que permita la reconstrucción del país.

Costa Rica 2012: un gobierno en crisis y un pueblo que protesta

El 2012 fue un año difícil para los costarricenses, pues además de enfrentar la fuerza destructora de un terremoto de 7,6 grados en la escala abierta de Richter, lidiaron con la criticada gestión de un gobierno cada vez más desacreditado. Visibles son las pérdidas materiales estimadas en unos 20 millones de dólares por la Caja Costarricense de Seguro Social debido al sismo del 5 de septiembre en la occidental Península de Nicoya.

Pero el daño a los indicadores sociales y económicos resulta menos divulgado, aunque la inestable situación del otrora autodenominado paraíso de la democracia también está plasmada en cifras. El 53% de los costarricense catalogan como malo el gobierno de Laura Chinchilla, electa presidenta en 2010, en tanto el 75% considera corruptos a los funcionarios de su gabinete, que ha sufrido una veintena de cambios, según un sondeo de la firma encuestadora Unimer.

Los datos del decimoctavo informe Estado de la Nación también lo corroboran, pues señalan este mandato como el más inestable durante los últimos 16 años. De los 21 ministerios, solo seis mantienen al titular inicial de 2010, mientras los otros 15 reportan cambios, incluso en más de una ocasión, señala el reporte. Asimismo, las denuncias por malos manejos de fondos públicos constituyen la causa de más del 50% de esas renuncias y destituciones, como ocurrió con los ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores.

Precisamente, en lo referido a escándalos públicos, los costarricenses presenciaron este año uno de los mayores casos de corrupción administrativa: la actual construcción de una trocha fronteriza con Nicaragua. En la denominada Ruta 1856, el país invirtió más de 40 millones de dólares según datos oficiales, pero esas obras carecen de planos y poseen numerosos sectores en mal estado, sin puentes ni drenajes adecuados, además de violar regulaciones medioambientales. Sin embargo, la presidenta Chinchilla repite que no existen tales errores, mientras la Corte Centroamericana de Justicia y el Tribunal Ambiental Administrativo costarricense hablan de grandes afectaciones en la cuenca del río San Juan, limítrofe con Nicaragua.

Ante el convulso escenario y sin otra alternativa a la mano, los costarricenses hacen sentir su inconformidad en las calles. El titular de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, estima que este año superará la cifra récord de protestas de 2011, con 632 manifestaciones, pues la diversidad de sectores en huelga es inédita.

Si bien las demandas de muchos trabajadores lograron trascender, la represión suele ser la reacción del Gobierno, como en la marcha del 9 de noviembre en defensa de la asistencia social, donde la policía atacó a manifestantes y usó la violencia contra dos diputados de la Asamblea Legislativa. Diversos también fueron los motivos de esos reclamos, como las grandes brechas entre ricos y pobres, la caída de los indicadores sociales y las bajas salariales, entre otros.

Por tercer año consecutivo en este país, la pobreza afecta una de cada cinco familias, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares. Más de un millón de personas viven en la pobreza y de ellas, unas 335 mil llegan a niveles extremos, cuando el total de la población apenas sobrepasa los cuatro millones 300 mil habitantes, precisa la entidad.

Las violaciones a la legislación laboral agravan la situación: unos 300 mil trabajadores no reciben el sueldo mínimo pactado y dejan sin el sustento necesario a sus hogares, indican sondeos de Unimer. Uno de cada cinco empleados carecen de garantías en sus plazas y tres de cada 10 no pueden acceder a vacaciones pagadas ni tienen seguro médico, señalan datos de esa agencia encuestadora.

A ello hay que añadir las grandes diferencias salariales, pues el sueldo mínimo ronda los 7.800 colones (unos 15 dólares) y los más elevados superan los 490.600 colones (más de mil dólares), según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mientras los costarricenses aclaman por soluciones, las leyes llegan al Parlamento y permanecen en una especie de limbo.

Así sucede con la Ley de Reforma Procesal Laboral que recibió el veto del gobierno en lo referido al derecho a huelga en los servicios públicos esenciales y la prohibición de contratar personal temporal. Suerte similar corre la denominada Ley Mordaza, la cual establece condenas de hasta 10 años para quienes difundan informaciones sobre la policía, defensa, relaciones exteriores y actos de corrupción pública, entre otros temas.

Esa normativa, bajo el nombre de Ley de Delitos Informáticos, implica cambios al Código Penal y restringe a niveles alarmantes el ejercicio de la libertad de expresión, destaca el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Si las puertas legislativas continúan cerradas, el 2013 puede repetir una historia ya conocida por los costarricenses y las calles volverán a ser el escenario de protestas.

Menos pobreza y desigualdad en Nicaragua

Nicaragua redujo la pobreza extrema de 11,2 a 5,5% durante el último lustro, mientras aminoró la desigualdad para ubicarse como el segundo país con mejor desempeño en América Latina y el Caribe, indican evaluaciones institucionales. Medida por ingresos diarios inferiores a 1,25 dólares, la miseria extrema disminuyó a la mitad entre 2006 y 2011, valida un reporte del gobierno acerca del desarrollo humano.

En tanto, la desigualdad, calculada mediante el coeficiente Gini, bajó de 0,41 puntos porcentuales en 2005, a 0,34 en 2011, confirmó el doctor Paul Oquist, secretario privado de la Presidencia para Políticas Públicas. Proporcionalmente, ello constituye la segunda reducción más notable en la región, luego de la República Bolivariana de Venezuela, asegura la Cepal.

Pese a la crisis económica internacional, Nicaragua cerró 2011 con alza del 5,1% del Producto Interno Bruto; no obstante, la nación necesita crecer a un ritmo superior al 8% anual a fin de contrarrestar el empobrecimiento acumulado y lograr las metas de desarrollo suscritas por el gobierno sandinista, que encabeza el presidente Daniel Ortega.

Según la Cepal, el país cerrará 2012 con un crecimiento del PIB en el orden del 4%, aunque los estimados internos indican que la proporción será superior. Cepal ubica a esta nación centroamericana entre las de mejor desempeño económico regional y en cuanto a la reducción de las brechas entre ricos y pobres. Para 2013 se espera que el PIB registre un alza por encima del cuatro por ciento en relación con el año actual.

A juicio de analistas como Paul Oquist, un rasgo distinto de la dinámica económica interna es la mejor redistribución de la riqueza mediante programas sociales y socio-productivos: junto a los grandes proyectos inversionistas, dijo, el Ejecutivo estimula la iniciativa productiva local con recursos materiales y financieros.

Dentro de la vocación social del gobierno figura la reciente creación del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa; el nuevo organismo debe atender al 70% de la población que trabaja en esas modalidades productivas, generadoras del 70% del empleo y el 40% del PIB. Otro hecho significativo es el auge de las inversiones extranjeras directas (IED), con una cartera de proyectos en ejecución por encima de los 11 mil millones de dólares, cuando hace apenas unos años, en 2007 por ejemplo, llegaron solo a 300 millones, significó Oquist.

Casi 300 mil nicaragüenses salieron de la pobreza en el último lustro, mediante programas socio-productivos, más inversión pública en infraestructura, generación de empleos y diversificación de exportaciones, indicó el ministro de Hacienda Iván Acosta. Apreció que el Presupuesto para el año entrante, aprobado la víspera por la Asamblea Nacional, privilegia la inversión social a fin de respaldar mejorías en servicios básicos como salud, educación, electricidad y suministro de agua potable.

Del gasto público total, precisó, el 56% estará destinado a las cuestiones sociales, con una política responsable que concibe acrecentar la inversión pública en casi 19 puntos porcentuales, manteniendo un crecimiento aceptable del gasto social. La inversión pública en 2013, ilustró, tendrá nuevamente entre sus prioridades el desarrollo de la infraestructura vial, energética, educación, salud y seguridad.

También el Estado respaldará por la vía financiera el fomento de la economía familiar, comunitaria y asociativa, mediante pequeñas y medianas empresas, cooperativas y trabajo por cuenta propia. Esas formas productivas representan aproximadamente el 70% de la actividad económica nacional y generan alrededor del 40% de las exportaciones.

El alza constante del PIB en los últimos años, la reducción de la miseria y la desigualdad social ofrecen a Nicaragua condiciones de estabilidad política, planteó el economista. Sin embargo, llamó a no pasar por alto los riesgos latentes cuando la crisis en Europa carece de salidas a la vista, Estados Unidos consigue apenas un uno por ciento de crecimiento este año y potencias emergentes como China muestran desaceleración. Tampoco puede desconocerse que casi un tercio de las exportaciones nacionales van dirigidas a otros países de Centroamérica, cuyas economías también son altamente dependientes de la situación estadounidense.

Nicaragua recibió el reconocimiento de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por implementar políticas macroeconómicas adecuadas, por sus programas sociales, disminuir la pobreza y cumplir los compromisos con el ente. Representantes de las distintas naciones que presenciaron el Examen de las Políticas Comerciales de este país centroamericano ante el mecanismo multilateral instaron al gobierno sandinista a continuar por la misma senda.

“Los miembros han felicitado a Nicaragua por el buen desempeño económico logrado durante la mayor parte del período objeto de examen”, afirmó el presidente de la comisión examinadora por la OMC, el embajador de Colombia Eduardo Muñoz. Durante su intervención de clausura, el titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano, respondió a las preguntas formuladas por los miembros de la organización, adicionales a las 207 realizadas por 16 países de manera previa y por escrito.

Las interrogantes estuvieron relacionadas con el desempeño de la economía nacional, con el avance de las facilidades comerciales, el desarrollo social, las perspectivas y el cumplimiento de las normas y disciplinas de la OMC, precisó la publicación El 19 Digital. A dos días de concluir 2012, Nicaragua reportó ingresos anuales por exportaciones ascendentes a 2.745 millones de dólares, confirmó el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). El saldo hasta fines de 2012 representaba un alza de 18,77% frente a igual etapa de 2011, para establecer nuevo récord nacional.

Cetrex mantuvo la previsión de cerrar 2012 con ingresos acumulados por 2.757 millones a cuenta de las ventas aduaneras, sin incluir el comercio externo por zonas francas. Según las estadísticas, la mayor captación de divisas también responde al incremento del volumen de mercancías, que crece en 18,16%. Ello marca un punto de diferencia con 2011, cuando el valor de las exportaciones aduaneras ascendió 22,49%, pero en volumen bajaron 2,09% frente a los registros del año precedente.

También los datos avalan que el 57,48% los ingresos financieros, desde el 1 enero hasta 28 de diciembre, corresponden a cuatro productos fundamentales: café oro, oro en bruto, carne bovina y azúcar de caña, en ese orden de importancia. Por región geográfica, América del Norte aparece como principal comprador con el 42,22%del valor total, seguido por Centroamérica (17,96%) y América del Sur (17,71%), corroboró Cetrex. En la estructura de mercado sobresalen Estados Unidos, Venezuela, Canadá y El Salvador, sostiene el análisis.

Economía dominicana en un difícil escenario en tiempos de crisis global

La situación económica de Dominicana es muy difícil, aún cuando se proyecta un crecimiento del PIB por encima del 4,5% al cierre de 2012, afirma el economista Miguel Ceara, ex presidente de la Asociación de Economistas del Caribe. Según el académico, el Estado dominicano requiere nuevos recursos, y para eso tendrá que elevar la tasa de impuestos, pues ahora el nivel de captación con relación al producto es muy bajo.

El gran problema radica en que nadie entregará un centavo al Gobierno si continúa el nivel de despilfarro heredado de la administración del presidente Leonel Fernández, comentó. Danilo Medina (dignatario dominicano desde el pasado 16 de agosto) y su equipo de trabajo necesitan legitimidad para implementar de forma exitosa una reforma fiscal. Para lograr ese objetivo están obligados a dar señales claras de tolerancia cero a la corrupción, con los funcionarios de ahora y los anteriores, afirmó Ceara.

Cada Gobierno que llega al poder en Dominicana, expresó, es más corrupto que el anterior, y ya es hora de acabar con ese fenómeno si se quieren cambiar las cosas a favor de la mayoría. Recordó que varios organismos internacionales situaron a la administración de Fernández, al frente del país por última vez desde 2004 a 2012, como una de las mayores desviadoras de recursos.

En el indicador de nivel de transparencia Dominicana resultó el país que más posiciones perdió de 2010 a 2011. De esta manera, en medio de un gran estado de corrupción, nadie quiere saber de impuestos, reiteró Ceara, antes de referirse a algunas soluciones al respecto. El reto está en crear confianza en el pueblo a partir de mejorías en el orden institucional; debemos creer que nuestros funcionarios no están robando y lucrando con dinero ajeno.

Medina puntualizó en su primer discurso como jefe de Estado que será intolerante con actos deshonestos y despilfarro de recursos. Garantizaremos la transparencia, elevaremos la calidad del gasto público y avanzaremos firmemente hacia una gestión pública austera, cada vez más profesional y efectiva, señaló. Adelantó que se pactará con la sociedad una reforma fiscal integral para garantizar la disponibilidad de recursos destinados a las tareas del desarrollo.

Impulsaremos, sostuvo, un sistema de consecuencias que reconozca a quienes cumplan meritoriamente con sus deberes y sancione de manera ejemplar a quienes traicionen la confianza de la ciudadanía en el manejo de los fondos públicos. Ceara manifestó que Medina debe lograr la confianza del pueblo en dos o tres meses, pues perdió el momento que tuvo su esperanzador discurso al mantener a antiguos ministros y funcionarios en el actual gabinete, lo cual hace más difícil la toma de decisiones.

Ceara criticó el elevado déficit fiscal, que ronda actualmente los 2.500 millones de dólares, y la acelerada ejecución del presupuesto para esta fecha del año. En ese comportamiento influyó el despilfarro de recursos durante el desarrollo de la campaña electoral de los comicios generales del pasado 20 de mayo. La administración dominicana afronta en este instante también dificultades para pagar la factura eléctrica a los generadores, pues necesita unos mil millones de dólares.

La propuesta del Gobierno dominicano de una nueva reforma fiscal encontró el rechazo en diversos sectores que la consideran insuficiente para resolver el déficit existente en este país caribeño. Según el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia Trajano Potentini, los impuestos son injustos, innecesarios y tienden a provocar una inflación insostenible.

Este proyecto es lesivo, dañino y perturbador, y constituye una estocada mortal a las ya difíciles condiciones de vida de los dominicanos. Por medio de un comunicado, Potentini llamó a los legisladores a reflexionar sobre las consecuencias de subir la presión tributaria a límites nunca registrados en esta nación.

Tras presentar la propuesta el pasado 4 de octubre en una reunión con el Consejo Económico y Social, el presidente dominicano Danilo Medina reconoció que hablar de esta opción constituía un trago amargo. Sin embargo, el jefe de Estado manifestó que las circunstancias del momento se imponen, y resulta necesario llevar adelante la medida en aras de disponer de nuevos fondos. La realidad es dura, y se requiere del esfuerzo y sacrificio de todos con el fin de reencauzar el crecimiento y el desarrollo sostenido del país, aseveró.

Para cumplir los compromisos asumidos con el pueblo y mantener el crecimiento y dinamismo de la economía, subrayó, el Gobierno y el sector privado deben apoyarse mutuamente. Medina reiteró que quiere mejorar la calidad de vida de los dominicanos al ofrecer salud, seguridad, vejez digna, educación y competitividad; pero múltiples voces consideran que la reforma daña los intereses de los menos favorecidos.

La iniciativa está dirigida al consumo y los más afectados son los consumidores, no se ve una intención de reducir el gasto público, manifestó el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales Antonio Ramos. Si se continúa gravando al consumidor dominicano, expuso, de esa misma manera “vamos a paralizar la economía de forma total”, y las repercusiones serán una disminución de los ingresos.

A juicio de la Comisión Económica del opositor Partido Revolucionario Dominicano el proyecto es un parche para conseguir recursos frescos que necesita el Gobierno, e incrementará la pobreza y los niveles de desempleo. Amas de casa agradecieron que en la propuesta no estén incluidos impuestos para los productos de la canasta básica familiar, mientras que líderes comunitarios pidieron una revisión del documento pues “quedará afectado el presupuesto de la clase media baja”.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Temístocles Montás reveló que el déficit fiscal de Dominicana se situó en 148.564 millones de pesos, 3.795 millones de dólares. Tal cantidad, precisó el titular, representa el 6,5% del PIB de esta nación, donde se estima un crecimiento económico de 4,5% al finalizar 2012.

El Gobierno dominicano busca con la referida propuesta recaudar 53 mil millones de pesos, unos 1.349 millones de dólares, en los próximos tres años. Con la iniciativa, el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industriales aumentará del 16 al 18%, excepto en los productos de la canasta familiar y los servicios básicos. También contempla incrementar la presión tributaria de 13 a 15% como había adelantado recientemente Montás, quien recordó antes que organismos internacionales sugirieron hace un lustro elevar ese parámetro.

Las bebidas alcohólicas serán gravadas de siete a 15% y se eliminará la exención del impuesto sobre la renta al doble sueldo y a quienes ganen por encima de 33 mil pesos (843 dólares). Paralelamente, está previsto aplicar el 10% a los servicios de telecomunicaciones y telecable, y un impuesto similar a los dividendos del sector de zonas francas. Asimismo, se creará un gravamen para la primera matriculación de los vehículos al 17% de su valor, y un recargo por emisión de dióxido de carbono por kilómetro, entre otras medidas.

Esta propuesta es una estafa para la población, pues estamos pagando los fondos que dilapidó el Gobierno del ex presidente Leonel Fernández, apuntó el diputado Víctor Bisonó, del minoritario Partido Reformista Social Cristiano.

Crece la economía panameña casi 11%, pero sube la pobreza

La economía panameña creció en 2012 cerca del 11%, posiblemente el mayor de la región y uno de los más altos del mundo, confirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero también aumentó la pobreza. Exactamente el crecimiento del PIB del país ha sido en los primeros nueve meses del año pasado de 10,7%, muy superior a los pronósticos que habían realizado tanto las entidades nacionales como foráneas, incluido el FMI.

Panamá registra una progresión sostenida en los últimos ocho años con un promedio extraordinario de 8,4% anual lo cual lo ubica entre los de mayor ritmo de progreso en el continente, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Consecuentemente con esa alza, los niveles de desempleo se redujeron de 6,6% en 2009, a 4% en agosto de 2012 y desde el noveno mes de 2009 a la fecha se crearon 180.338 nuevos puestos de trabajo.

El MEF informó que Panamá mejoró nueve puestos en el Reporte de Competitividad Global, posicionándose como la segunda economía más competitiva de Latinoamérica y la número 40 a nivel mundial. Los sectores que más crecieron el año pasado respecto a igual periodo de 2011 fueron: minas y canteras (31,7%), construcción (30,7), hoteles y restaurantes (11,1), transporte y comunicaciones (10,4) e intermediación financiera (9,1).

Pero Panamá es un país de contrastes. Contradictoriamente con ese tremendo crecimiento y sus ingresos multimillonarios que superan los 30 mil millones de dólares, una cuarta parte de la población panameña, es pobre y casi una sexta es indigente, según un informe de la Cepal. De acuerdo con el último estudio divulgado por la institución regional de la ONU, 25,3% de la población -unos 883 mil individuos- están sumergidos en la pobreza pese a que tienen empleo, y poco menos de medio millón en la indigencia total.

Las cifras de la Cepal son alarmantes si se toman en cuenta la poca población del país, los altísimos ingresos del Estado, un crecimiento económico sostenido de dos dígitos, el mayor de la región y entre los primeros del mundo, y un empleo casi pleno. Esos guarismos llevan a pensar al sociólogo Marcos Gandásegui que el estudio de Cepal habla de la pésima distribución de la riqueza en un país que en los últimos tres años triplicó su producto interno bruto y que hoy sobrepasa los 30 mil millones de dólares anuales.

Una contradicción, según el especialista, en una capital como la panameña, llena de torres y autos de lujo, que aún no logra implementar un servicio de transporte público adecuado. Según este documento, Chile, Costa Rica, Panamá y República Dominicana no muestran variaciones notables durante el período analizado, ya que los cambios en la tasa de pobreza fueron inferiores a un punto porcentual por año.

El informe detalla que el porcentaje de indigentes menores de edad (hasta 17 años) es del 51% y el de menores pobres no indigentes del 45%. Es decir, prácticamente la mitad de los pobres son niños. El crecimiento económico de Panamá, con 10,5%, tiene una incidencia nula o negativa en el avance de la desnutrición en el país que abarca el 2,8% de una población de apenas 3,5 millones de habitantes.

Las comarcas indígenas son las poblaciones más afectadas por ese flagelo. La cantidad de niños menores de cinco años atendidos por el Ministerio de Salud (Minsa), en esas áreas fue de 9.497, según un anuario estadístico. El problema sigue latente en el área rural indígena, donde las atenciones por años superan los dos mil casos, como en la comarca Guna Yala, indica el informe. El panorama es más desalentador al revisar la Encuesta de Nivel de Vida (ENV) con base en 2008, según la cual la prevalencia de desnutrición en preescolar fue de 19,1% tomando en cuenta talla y edad.

Informes de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura resaltan que Panamá tiene niveles de desnutrición parecidos a El Salvador y Nicaragua, cuando su Producto Interno Bruto es dos y seis veces superior, respectivamente. La coordinadora del Programa de Atención Nutricional del Minsa Eira Vergara explicó que en las comunidades de las comarcas es donde se presentan más casos de desnutrición, con una prevalencia de 55,9%, según la ENV.

* De la Ribera es jefe de la redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina; Rosa-Marbrell e Ibis Frade Brito son periodistas de la Redacción Centroamérica y Caribe; Soto Mayedo y Sanabia Abadia son corresponsales de Prensa Latina en Nicaragua y República Dominicana.