Panamá, (PL).- Los representantes de Naciones Unidas en Panamá que verificaron el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco de la empresa Generadora del Istmo (Genisa) admitieron que la represa impactará de manera significativa el área examinada.

Los expertos de la ONU avanzan un paso en el sentido de las denuncias de los indígenas ngöbe buglé sobre los efectos negativos de las obras en determinadas áreas de la comarca, las cuales continúan a pesar de la oposición de los pobladores.

El proyecto Barro Blanco está concebido para una capacidad instalada de 28,6 MW, con un presupuesto superior a los 78 millones de dólares financiados por los bancos Centroamericano de Integración Económica, de Inversiones Holandés, y Fondo de Inversión del alemán KfW.

El informe de la ONU fue entregado a los comisionados de la mesa del diálogo, y se trata solamente de una recopilación de la misión de verificación de campo del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, como fue establecido en el acuerdo político del 15 de marzo de 2012 entre el gobierno, la comarca y la empresa. Las principales áreas estudiadas fueron Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, anexas a la comarca, con el objetivo de conocer el modo de vida de los habitantes y su relación con el entorno.

La misión dijo que su área de influencia alberga comunidades indígenas y campesinas cuya realidad y condiciones son diferentes por lo que la construcción de la presa y conformación del embalse implicarán un cambio significativo en su dieta dada la transformación de un ecosistema lótico (ríos, quebradas y riachuelos).

Hace unos días, en palabras mucho más claras y directas, la cacica general Silvia Carrera explicaba a Prensa Latina que “el pueblo está pidiendo justicia y que se le respete porque ese río, el Tabasara, es al que todos los niños, jóvenes y estudiantes van a bañarse”.

“Ahora sus aguas están contaminadas con gasolina y otros químicos que usan ellos, hay peces que están muriendo y los cangrejos ya no se pueden comer, los animales de sus riberas se están muriendo, pero la construcción continúa, lo que quiere decir que más tarde o más temprano van a acabar con la naturaleza, la flora y la fauna, principalmente aves”.

El documento de ONU desglosa en detalle las visitas a algunas viviendas de esas comunidades donde encontraron petroglifos, escuela, iglesia, cementerios, especies animales y cultivos de todo tipo que ambientalistas y pobladores han denunciado serán impactados por la presa cuyo espejo de agua cubriría estas áreas.

La misión dejó testimonio de que durante la entrevista “fue posible percibir un fuerte rechazo al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco2, y que los consultados coincidieron en que no desean que el lugar donde viven se transforme en un lago.

El informe de la ONU es rico en detalles que dan la razón a las protestas indígenas. La misión conoció el modo de vida de los habitantes de Kiad, Quebrada Caña y Nuevo Palomar, y su relación con el entorno, pues practican una economía de subsistencia en la cual los suelos de aluviones al borde del río Tabasara son un activo vital.

Con el embalse, señala, se estarían perdiendo las pocas tierras productivas con que cuentan. El área de influencia del proyecto incluye a comunidades indígenas y campesinas con realidades y condiciones disímiles e implicará un cambio en la calidad del paisaje y la dieta fuertemente rechazado en la comunidad.

Toda acción o decisión sobre el uso del río Tabasará, deberá tomar en cuenta su uso por las comunidades como medio para la obtención de alimentos, transporte, esparcimiento, y lugar que guarda petroglifos con especial valor cultural, añade el informe.

Ni los empresarios de Generadora del Istmo, dueña del proyecto, ni el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, que conduce las estancadas negociaciones, se han pronunciado en cuanto al informe de la ONU, pero insisten en que la obra no se paralizará.

Es el primer paso, pues según el Acuerdo del 15 de marzo, se procederá ahora a la realización de un peritaje independiente sobre los puntos en controversia, el cual se llevará a cabo por profesionales de reputación y prestigio, y seguirá siendo apoyado por la ONU.

Llegar hasta este momento ha sido complicado. Después de la represión en San Félix y Chiriquí a las protestas contra una ley minera ya derogada, en febrero 2012 se estableció una mesa de negociación para poner fin a las protestas indígenas, la cual culminó con el pacto de San Lorenzo. Luego de meses de estancamiento, en septiembre 2012 se realizó una misión de verificación, coordinada por Naciones Unidas, para revisar el proyecto cuyo informe se acaba de dar.

La dirección de la comarca indígena ngöbe buglé está satisfecha con el informe de la comisión especial de la ONU que dictaminó afectaciones a esas comunidades de continuarse las obras de la hidroeléctrica de Barro Blanco.

Manolo Miranda, integrante de la comisión verificadora por los ngöbe, dijo que para ellos es importante esa verificación, pues comprobó que sí resultarán afectadas las casas, la cultura, y que el estudio de impacto ambiental no se cumplió con rigurosidad. Por su parte el sacerdote Eusebio Morales, garante del diálogo entre el gobierno y los ngöbe, señaló que ahora vendrá el peritaje independiente y los resultados que se den, el cual tendrá que ser acogido por todas las partes.

La cacica Silvia Carrera ha pedido al gobierno que no siga dando largas y decida de una vez por todas qué va a hacer ahora después de ese dictamen, y que tenga muy en cuenta los letreros que la misión de la ONU encontró en todas las comunidades y casas: “Ñagare Barro Blanco”. “No a Barro Blanco”.

* Corresponsal de Prensa Latina en Panamá.