El jefe del partido opositor Movimiento sin Miedo (MSM) difundió fotografías de Cory Balcázar, una de las detenidas en Palmasola, con elVicepresidente y otras autoridades del gobierno. A Juan del Granado le sorprende que los miembros de la red de extorsión hayan pasado de “mafiosos” a abogados “responsables y competentes”.

Luego de que la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa salvara de la censura a tres ministros de Estado por el escándalo de la red de extorsión, parlamentarios y dirigentes del Movimiento sin Miedo (MSM), partido que planteó la interpelación al gobierno, coincidieron en señalar que la responsabilidad de altos niveles fue encubierta por la mayoría oficialista y, por tanto, dejaron abierta la posibilidad de presentar una acción penal en contra de esos dignatarios.

“Queda claro que la interpelación ha estado destinada a dar un mensaje en sentido de que no se van a investigar a mandos altos, viceministros y ministros, y quedará en el quinto nivel, como dice ahora el gobierno, de abogados que investigaban casos absolutamente delicados para el gobierno y otros de seguridad del Estado”, comentó la diputada del MSM Marcela Revollo.

El vocero de los Sin Miedo Edwin Herrera consideró que los dos tercios de votos que salvaron a los ministros Carlos Romero de Gobierno, Juan Ramón Quintana de la Presidencia y Nardi Suxo de Transparencia constituyen una inequívoca señal de que el gobierno ha decidido encubrir a responsables de niveles más altos del Órgano Ejecutivo y que, a partir de esa votación, la investigación y las sanciones se quedarán en los niveles ya conocidos.

La interpelación planteada por diputados del MSM se inició la tarde del pasado sábado y culminó después de diez horas de debate, a las 04:00 del domingo, con la votación de los oficialistas por el orden del día pura y simple, lo que significa que la política pública de lucha contra la corrupción cuestionada por los parlamentarios interpelantes no se cambiará y menos habrá una destitución de los ministros convocados a la Asamblea Legislativa.

A un mes del estallido del “macroescándalo” de la red de extorsión en el gobierno, el líder del MSM Juan Del Granado difundió este jueves fotografías que relacionan a detenidos preventivos por ese caso con altas autoridades del actual gobierno y denunció una línea oficial de “encubrimiento” e “impunidad” que se está expresando en la minimización de esa organización delictiva.

“Ninguno de los tres ministros (interpelados por su partido) y ninguno los portavoces del gobierno ha esclarecido es la relación de estas redes delincuenciales con las organizaciones políticas del MAS”, dijo el líder del MSM al referirse a que la red de extorsión tuvo vinculaciones con la Organización de Abogados para el Cambio (OAPEC), cuyo coordinador nacional es Eusebio Gironda, hasta hace poco asesor personal del presidente Evo Morales.

En ese sentido, Del Granado aseguró que “nadie ha esclarecido qué es la OAPEC, nadie ha esclarecido qué función cumple en esa organización el señor Eusebio Gironda, el señor Héctor Arce y sobre todo qué rol cumple en esa organización masista el fiscal (Roberto) Achá y la señora Cory Balcázar, hoy detenidos en Palmasola por su directa implicación en la red de extorsión”.

El principal dirigente del MSM mostró fotografías extraídas del sitio web de OAPEC en las que se ve a Cory Balcázar con Gironda, Arce y el vicepresidente Álvaro García Linera. “Aquí lo tenemos al Presidente de la Asamblea Legislativa (García Linera) con doña Cory Balcázar, ¿qué hacía don Álvaro García Linera con doña Cory Balcázar?”, cuestionó.

Luego, mostró un organigrama de OAPEC, también extraído del sitio web, en la que Balcázar aparece como la “recaudadora” de esa organización. Balcázar, ahora detenida en Palmasola, fue acusada por el alcalde masista de Warnes Mario Cronembold de extorsionarle para que no sea detenido por presuntas acusaciones de delitos de narcotráfico.

Además, en el caso Ostreicher, Balcázar, siendo esposa del fiscal Achá asignado al caso del ciudadano estadounidense, fue nombrada depositaria de la hacienda, la maquinaria agrícola y el ganado decomisados a Jacob Ostreicher, y como tal inició un proceso penal contra trabajadores de la hacienda por robo de maquinaria, aunque ella misma desistió de la acción judicial aduciendo que le habían devuelto lo sustraído de la propiedad ubicada en el municipio de Guarayos.

De “mafiosos” a “responsables y competentes”

Del Granado sostuvo que hace 15 días el ministro de Gobierno Carlos Romero declaró públicamente que el país estaba ante una “mafia” que se había incrustado entre jueces y fiscales, mientras que el viceministro de Gobierno Jorge Pérez dijo que la red de extorsión estaba vinculada con la “mafia rusa”. Sin embargo, en la interpelación del 22 de diciembre Romero sostuvo que esa era una “red de quinta”, es decir funcionarios de quinto nivel jerárquico.

Asimismo, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, también en la interpelación, dijo que “se presumía la inocencia de los mafiosos y que sólo eran presuntos delincuentes”. Por si eso fuera poco, el ex ministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante la ONU Sacha Llorenti declaró ante los fiscales que los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas, detenidos en Palmasola por su vinculación con la red de extorsión, eran funcionarios “responsables” y “competentes”.

Por su parte, la ministra de Transparencia Nardi Suxo aseguró que nunca conoció a los integrantes de la red de extorsión, pero hace algunos días se conoció que los recomendó para que se queden en sus puestos de trabajo en el Ministerio de Gobierno.

“Doña Nardi (Suxo) nos dijo que no tenía ninguna injerencia en el Ministerio Público y hoy día sabemos que era la jefa de los fiscales”, sostuvo Del Granado e ironizó al señalar que la “ministra de Comunicación Amanda Dávila es ahora la jefa de los fiscales” porque hace algunos días señaló que esa organización había quedado desmantelada.

El juicio a los ministros está latente

Del Granado señaló que el origen de la red de extorsión, por la que 12 personas guardan detención preventiva en Palmasola, es la línea autoritaria y persecutoria que activó el gobierno en contra de quienes son considerados enemigos del proceso que encabeza el Presidente Evo Morales, y que tuvo en el grupo de abogados acusado de extorsión al mecanismo de persecución política.

Sin embargo, el líder político fue contundente al afirmar que “el Movimiento sin Miedo continuará con la investigación, con o sin fiscales, con los mecanismos que nos franquea la Constitución y la Ley, y vamos a demostrar que los verdaderos responsables no son precisamente estos abogados competentes o personeros de quinta”.

Del Granado calificó como una “inocentada gubernamental y masista” el descubrimiento de la red de extorsión y ahora su minimización para evitar que se sepa públicamente las responsabilidades mayores. “Mañana (viernes) es Día de Inocentes, pero el país no puede quedarse con esta inocentada gubernamental y del MAS porque este macroescándalo ensombrece el país”, comentó.

Tanto Herrera como Revollo señalaron que la posibilidad de un juicio penal a los tres ministros interpelados está vigente y que su eventual presentación depende ahora de un análisis minucioso de las respuestas de Romero, Quintana y Suxo, además de la documentación que entregaron a las autoridades de la Asamblea Legislativa, durante el acto de fiscalización.

“Nuestro equipo jurídico hará una evaluación jurídica de lo dicho y hecho por los ministros interpelados y no descartamos que de esa revisión legal y de datos nuevos respecto al funcionamiento de la red de extorsión, entablemos una acción penal destinada a establecer las verdaderas responsabilidades en la conformación y acción de un grupo delincuencial desde el propio gobierno”, anunció Herrera.

Revollo sostuvo que a partir de la interpelación del fin de semana y la documentación entregada por los ministros, se harán revisiones exhaustivas para sustentar una eventual acción legal en contra del gobierno y recordó que su partido abrió la posibilidad de un juicio penal cuando se presentó el pliego interpelatorio a los ministros de Gobierno, de la Presidencia y Transparencia.