En Bolivia se ha puesto en evidencia las contradicciones esenciales del denominado proceso de cambio que, cada vez más, inclina la balanza hacia un modelo de desarrollo caracterizado por la sobreexplotación de los recursos naturales, deforestación, explotación de hidrocarburos, concesiones mineras, imposición de megaobras, carreteras, expansión de la producción agroindustrial, proyectos hidroeléctricos.

Las características geográficas, demográficas y económicas de Bolivia establecen particularidades en la problemática socio-ambiental. El país cuenta con uno de los mayores índices de pobreza y pobreza extrema en Sudamérica, asimismo, posee abundantes RRNN renovables y no renovables, siendo uno de los países más megadiversos del mundo. Sin embargo, estos recursos se encuentran amenazados por permanentes procesos de degradación por la presión demográfica, la deforestación, expansión de la frontera agrícola, construcción de carreteras, minería, actividades hidrocarburiferas, y construcción de hidroeléctricas, entre otras. En esta línea, el presente documento busca exponer la información generada en este año sobre la situación de los recursos naturales y los conflictos socio-ambientales en el país a fin de discutir y reflexionar sobre el modelo de desarrollo que se viene aplicando actualmente.

Respecto a la deforestación, esta tiene una fuerte relación con la distribución de la tierra y la regulación en el uso de la misma. En el país esto sucede por los elevados costos del manejo forestal sostenible; normas de dificultosa aplicación; conflictividad respecto a la tenencia de tierras; falta de apoyo a los beneficiarios locales de los recursos forestales; limitaciones institucionales y económicas del sector público; una débil gestión de los recursos forestales y; un incremento en la demanda de productos forestales. En este contexto según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el país registró al menos 160 mil hectáreas de bosques destruidas en este año (2012). De igual manera de acuerdo a la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG), se deforestaron 768.200 ha de las 30.712,300 ha existentes en el año 2000, significando una deforestación del 2,5% de los bosques de la Amazonia Boliviana.

En relación a la expansión de la frontera agrícola, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que en Bolivia el sector agroindustrial y el ganadero son los principales responsables del cambio de uso del suelo, aproximadamente 100 mil ha/año. La monoproducción en la que el agronegocio basa su sistema de explotación de los recursos naturales, deja impactos muy negativos y amplía los riesgos de contaminación a causa de un uso intensivo de maquinaria, uso de semillas transgénicas, agroquímicos y fertilizantes. La Fundación Plaguicidas Bolivia(PLAGBOL) muestra que en los últimos 10 años las importaciones nacionales de plaguicidas habrían aumentado en 150%. A propósito, luego de la promulgación de la Ley Marco de la Madre Tierra, el sector agroindustrial manifestó su disconformidad con los artículos referidos a la prohibición de transgénicos en la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral No. 300.

Respecto a la construcción de carreteras en el país es importante mencionar que según el Estudio: Amazonía bajo presión elaborado con colaboración de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Bolivia se constituye en el tercer país en la región en contar con la mayor densidad de carreteras al interior de Territorios Indígenas (16,8 Km/Km2 aproximadamente), y al mismo tiempo ocupa el tercer puesto entre los países con mayor densidad de carreteras dentro de la zona amazónica. En este sentido, la construcción de la carretera Villa Turnari – San Ignacio de Moxos que pretende atravesar por el núcleo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) forzó a la movilización de distintos sectores sociales y generó una discusión amplia sobre los recursos naturales, los territorios indígenas, derecho de consulta y el medio ambiente, además de la promulgación de dos leyes, la Ley Corta 180 de protección al TIPNIS y la Ley No. 222 de Consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS, pero sobre todo visibilizo dos posiciones contrapuestas de desarrollo que se constituyen en el país, una fundamentada en el neoextractivismo y la otra que considera la complementariedad entre los aspectos socio-culturales, ambientales y económicos.

En cuanto a la minería, a través de los conflictos de Colquiri y Mallku Khota se denuncio el incumplimiento de artículo 349 de la Constitución Política del Estado y se objetó que el Estado haya recuperado el control de los recursos naturales, además de haber desnudado la actual política minera neoextractivista que sustenta un modelo primario exportador que reproduce la informalidad y la explotación irracional de los recursos mineros generando así fuertes impactos socio-ambientales. De acuerdo con el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), en ambos conflictos, los ejes principales de discusión fueron, la continuidad y/o cambio del modelo de gestión de los recursos minerales, la aplicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la aplicabilidad de una efectiva Gestión ambiental que reduzca el impacto causado por esta actividad.

De igual manera, en materia de hidrocarburos, el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) revelo que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en asociación con inversión extranjera amplió sus áreas de exploración a 22 millones de ha, de las cuales el 67,73% se encuentran en Áreas Protegidas y Territorios Indígenas, tal es el caso del PNAMI Madidi, el PNAMI Aguaragüe; el PNAMI Iñao, y el TIPNIS, entre algunos otros. Mostrando al igual que la explotación minera, la políticas en este sector se basan en un modelo neoextractivista primario exportador, poniendo en riesgo una vez más los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra como se estipulan en la Ley Marco de la Madre Tierra No. 300.

En cuanto a la construcción de hidroeléctricas, recientemente Bolivia firmo un memorándum de entendimiento con la empresa Sinohydro Corporation Limited SA para el rediseño, financiamiento y construcción del proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza ubicado en el río Beni, en el norte amazónico. Proyecto que conforme al Instituto deHidráulicae Hidrología de la UMSA se calcula inundaría una superficie 10 veces mayor por unidad de potencia instalada, y con posibles impactos socio-ambientales proporcionalmente mayores a los proyectos brasileros. Según diversos estudios los efectos de la represa de Cachuela Esperanza se sentirán a cientos o miles de kilómetros de distancia, en la llanura beniana, en el Chapare y en Rurrenabaque, causando una posible inundación de bosques y áreas agrícolas, con el subsecuente peligro de extinción de las especies acuáticas, especialmente recursos pesqueros de alta importancia para las comunidades y pueblos indígenas que dependen de ellos para su sustento.

En contrapartida a esta situación negativa que afecta a los pueblos indígenas y la población en general, la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de octubre de este año. La cual sustenta las bases y los fundamentos de un modelo de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, además establece los objetivos, los lineamientos y la institucionalidad para que este modelo de desarrollo sea llevado a cabo como un paso intermedio o como parte del proceso para materializar el Vivir Bien como modelo alternativo al capitalismo. Además, en este proceso se garantizaría la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra y se plantearían normas claras sobre los estándares ambientales mínimos, esto recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales.

Por otro lado, en relación a los distintos documentos aprobados oficialmente como el “Futuro que queremos” en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible – Rio +20 y los distintos documentos conclusivos de la Conferencia de las partes sobre Cambio Climático – COP 18, estos muestran una serie de acciones positivas, las cuales se consideran como un avance en la solución a la crisis socio-ambiental, sin embargo estas son escasas además de no resolver el problema de forma estructural sino simplemente de forma parcial. A su vez podemos mencionar una serie de elementos negativos y que son de suma preocupación para la sociedad civil en su conjunto, los cuales muestran que estos documentos apuntan al crecimiento económico y no así a combatir contra las causas estructurales del problema. Por tanto, estos documentos no lograran resolver la actual crisis socio-ambiental, al omitir deliberadamente el tratamiento real de las causas estructurales de la crisis socio-ambiental, sin plantear los cambios de fondo necesario en el sistema económico actual, además de no comprometer a los países desarrollados a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales son los principales causantes del cambio climático.

Sin embargo, respecto a la movilización y participación activa de la sociedad civil en este año, se llevó a cabo la CumbreMundial delosPueblospor la Justicia Social y Ambiental a en Rio de Janeiro-Brasil y se realizo el VI Foro Social Panamazónico en Cobija-Bolivia, espacios que convocaron a distintos movimientos sociales (mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, trabajadores, entre otros) con el objetivo de debatir y proponer desde la sociedad civil soluciones y alternativas a la crisis socio-ambiental a nivel mundial y regional respectivamente. No obstante, como en la mayoría de las Cumbres sociales, si bien se abordó la reflexión teórica, esta no fue profundizada, por lo que una vez más no se trabajo en la generación de herramientas prácticas que se puedan replicar o en la identificación de insumos reales para la construcción de un modelo alternativo al actual. Sino mas bien la reflexión teórica sirvió para socializar y así poder establecer enfoques comunes; como también para compartir y concertar temas, estrategias, luchas y campañas además de intercambiar experiencias locales. Cayendo una vez más en la retorica y el discurso sin poder plasmar el camino a la concreción de un nuevo modelo alternativo que busque la inclusión socioeconómica, cultural y política en armonía con la Madre Tierra, ni identificando mecanismos de incidencia efectivos desde la sociedad civil hacia los tomadores de decisiones

De acuerdo a lo descrito anteriormente, en Bolivia se ha puesto en evidencia las contradicciones esenciales del denominado proceso de cambio que, cada vez más, inclina la balanza hacia un modelo de desarrollo caracterizado por la sobreexplotación de los recursos naturales, deforestación, explotación de hidrocarburos, concesiones mineras, imposición de megaobras, carreteras, expansión de la producción agroindustrial, proyectos hidroeléctricos, constituyen las más claras señales de que se viven tiempos de vulneración de los derechos ambientales, de los pueblos indígenas, y de la Madre tierra y de retroceso en las conquistas indígenas consagradas en la CPE.

Sin embargo, luego de la promulgación de la Ley Marco de la Madre Tierra No. 300 y a días de concluir la gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el siguiente año se tiene previsto el tratamiento de una serie de leyes que deberían estar en concordancia con la ley marco. Entre estas podemos mencionar la Ley de Amazonia, Ley de bosques, Ley de agua, entre otras. Por tanto, para la construcción de un modelo de desarrollo alternativo basado en el Vivir Bien no es suficiente promulgar leyes con visiones de los pueblos indígenas y conceptos no mercantilistas, si éstas no están acompañadas de prácticas concretas y acciones reales. La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien Nº 300 establece las bases para ello pero está pendiente el diseño de nuevas políticas públicas, que cambien nuestro patrón de producción no sostenible y acompañen este nuevo marco normativo. Existe una urgente necesidad de un cambio de paradigma civilizatorio que conlleve a una transición del actual modelo extractivista, a un modelo económico hacia el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra y que logre una verdadera inclusión social, política económica y cultural de los pueblos como está expresado en el acuerdo suscrito en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.

Para cerrar, se debe destacar el trabajo previo y durante la Cumbre de los Pueblos y del Foro Social Panamazónico de las organizaciones sociales involucradas mediante los distintos aportes realizados mediante posicionamientos y distintos documentos que aportaron a la reflexión y el debate sobre las causas de la actual crisis socio-ambiental y la construcción de modelos alternativos. Sin embargo se debe reflexionar de aquí en adelante para poder encontrar espacios, en distintos niveles, en los cuales se identifiquen herramientas e insumos para la concreción de un nuevo paradigma hacia el Vivir Bien además de mecanismos de incidencia efectivos desde la sociedad civil hacia los tomadores de decisiones. Por estos distintos motivos, se considera la necesidad de discutir y reflexionar sobre la construcción de un nuevo paradigma desde Bolivia y Latinoamérica basado en principios y cosmovisiones que busquen la inclusión sociocultural, económica y ambiental en armonía con la Madre Tierra.

* Ingeniero en Medio Ambiente, Msc. Desarrollo Rural Sostenible.