Aproximadamente 1.900 reclusos se beneficiarán con el decreto 1445 de indulto para privados de libertad emitido el 20 de diciembre por el Presidente Evo Morales. Se espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional ratifique este sábado el decreto de amnistía, que es parte de una política estatal para la humanización de las cárceles de Bolivia.

Ejerciendo atribuciones establecidas en el artículo 172 de la Constitución Política del Estado, el Presidente Morales remitió a la ALP el decreto presidencial 1445 que indulta a los privados de libertad que son víctimas de la retardación de justicia en el país.

El decreto de amnistía beneficia a reclusos con sentencia ejecutoriada que hayan cometido un delito por primera vez, y también a adultos mayores y jóvenes de hasta 25 años de edad que hayan cumplido la tercera parte de su condena.

El decreto presidencial dispone también la excarcelación de reclusos que padecen una enfermedad grave, incurable o en periodo terminal; personas con discapacidad grave o muy grave que hayan cumplido una tercera parte de su condena; padres o madres que tuvieran bajo su cuidado a uno o varios hijos menores de 12 años de edad y que vivan con ellos en el penal y hayan cumplido dos quintas partes de su pena.

De la misma forma, serán excarcelados quienes cometieron delitos menores con penas menores o iguales a ocho años y que hayan cumplido una tercera parte de la condena, y, excepcionalmente, personas sancionadas por la ley 1008 que tengan penas menores a 10 años de cárcel, que incurrieron en ese delito por primera vez o por trasportar cantidades mínimas de droga.

El ministro de Gobierno Carlos Romero explicó que esta modalidad de libertad excepcional alcanzará a personas en situación de pobreza que cometieron delitos menores; a los que han cumplido dos quintas partes de su sanción; a quienes tengan entre 16 y 25 años de edad, y especialmente a mujeres embarazadas con seis meses de gestación.

Evo Morales aclaró que no serán beneficiados los condenados por delitos que no admiten el indulto, ni aquellos que cuentan con sentencia por delitos de asesinato, violación, traición a la patria, espionaje, parricidio, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado y contrabando. Tampoco serán indultados los sancionados por delitos de la Ley 1008 cuya pena supere los 10 años; los que hayan causado daño económico al Estado, y los que tengan sentencia por corrupción y sean reincidentes.

“Quisiera que la Asamblea, cumpliendo el procedimiento, apruebe (el decreto) durante la semana, en beneficio de muchas familias y personas de la tercera edad que están encarceladas injustamente en muchos casos y otras por falta de asistencia legal”, pidió el Presidente Morales.

El pleno de la ALP considerará este sábado el decreto 1445 de indulto. “Es un decreto que la Asamblea debe aprobar o rechazar”, explicó la presidenta de la Cámara de Senadores Gabriela Montaño. El ministro Romero aclaró que el Legislativo “no va a revisar el decreto presidencial, lo que hará es convalidar la decisión del Presidente Evo Morales”.

El Ministro de Gobierno estimó que de manera inmediata 400 personas serán beneficiadas con el indulto y otras 1.500 podrán acogerse al beneficio en los 120 días posteriores a la aprobación del decreto. Uno de los requisitos legales para obtener el perdón es gestionar un procedimiento abreviado ante el órgano judicial que permitirá que los presos que reciban una sentencia.

Romero dijo que el indulto es parte de la política estatal para humanizar las cárceles del país. Anteriormente, se modernizó la cárcel de Montero y próximamente se inaugurará una cárcel en Yacuiba con una inversión de 9 millones de bolivianos, todo con el fin de mejorar la vida de los presos. “La inversión del gobierno en mejoras del sistema carcelario es la más alta de la década de los 80”, destacó Romero.

Por otro lado, el Ministro resaltó que porprimera vez en la historia de Bolivia se aprobó un Reglamento deRégimen Penitenciario que permitirá regular y ordenar el funcionamiento de las cárceles.

Tras ladecisión del Presidente Morales de conceder indulto a reos de las penitenciarías nacionales, la oposición manifestó que a este proyecto debería añadirse una decisión de amnistía. El jefe de la Bancada de Convergencia Nacional en Diputados Luis Felipe Dorado dijo que si bien es un aspecto positivo es necesario incorporar la figura de la amnistía para quienes no tienen sentencia ejecutoriada y se encuentran varios años privados de libertad.

Al proyecto debería añadirse una decisión presidencial de amnistía para no seguir vulnerando los derechos de políticos que guardan detención por varios años, muchos de ellos sin condena ejecutoriada, comentó el legislador.

Por su parte el diputado Adrian Oliva (CN) aseveró que este decreto presidencial es insuficiente y solo alcanza a un porcentaje muy pequeño de la población carcelaria porque una gran mayoría tiene detención preventiva y no se acogerá a este beneficio. “Beneficia a una población muy pequeña, no considera los verdaderos problemas y no reconoce que la detención preventiva ha sido una figura que se ha utilizado en el país para perseguir políticamente y para extorsionar”, señaló el legislador.

En este sentido, el diputado Oliva dijo que existen muchas personas con más de tres años detenidas, sin proceso y sin sentencia y que deberían ser los primeros beneficiados con esta medida porque en el país la justicia esta distorsionado su trabajo y violando los derechos humanos de estas personas.

Hacinamiento carcelario

Según el Informe sobre la seguridad Ciudadana en las Américas 2012, elaborado por el Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA, Bolivia se encuentra en el segundo puesto de países que cuentan con mayor hacinamiento carcelario. El primer puesto lo ocupa El Salvador con una sobrepoblación del 299%, le sigue Bolivia con el 233%, lo cual, en cifras, quiere decir que la capacidad carcelaria del país es de únicamente 3,738 reclusos, pero en la actualidad se albergan alrededor de 8.700 presos, de manera que existe una población carcelaria excedente de 4,962 reclusos.

Un informe de la Fundación Milenio revela que sólo el 16% de los reclusos tiene sentencia ejecutoriada. Esto significa que se ha demostrado su culpabilidad por la comisión de un delito a través de un proceso penal que concluye con una sentencia condenatoria. El porcentaje restante, 84%, son presos preventivos o personas a la espera de que se pruebe su inocencia o culpabilidad.

Gran parte de la población carcelaria se encuentra detenida a causa de una medida cautelar usada de manera excesiva denominada “detención preventiva”. Las causales previstas en los Arts. 234 (peligro de fuga) y 235 (peligro de obstaculización) del Código de Procedimiento Penal son causales que se deben solicitar únicamente desde la excepción y deben estar bien infundadas; y son los referentes más invocados para determinar la detención preventiva como medida cautelar. En la práctica su invocación no siempre está debidamente fundada ni justificada por los fiscales, lo que s consentido por los jueces, observa la Fundación Milenio.

Por otra parte, es importante destacar la presencia de familias que viven en las cárceles, mujeres y niños ajenos a la comisión de los delitos. Todos ellos no son a parte de la cifra de hacinamiento carcelario pues oficialmente la población carcelaria sólo son presos condenados, y aquellos detenidos preventivamente. Las estadísticas no contemplan la cantidad de familias que viven en estos lugares, sorprendentemente muchos niños y adolescentes expuestos al peligro de convivir con condenados y presuntos delincuentes, o peor aun ser susceptibles de abusos o al menos de un contagio social, corriendo el riesgo de exponerse a conductas propias de un ambiente hostil y negativo para su formación.

Según Milenio, el Estado eroga entre 7 y 9 bolivianos por recluso diariamente, un promedio de Bs 8. Tomando en cuenta que existe una sobre población carcelaria de 4,962 presos, el Estado gasta adicionalmente 171,103 dólares mensuales aproximadamente, y 2,05 millones de dólares por año.