La Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica, luego de participar del Foro: “Análisis de la propuesta normativa de indulto”, llevado a cabo éste 14 de diciembre en la ciudad de La Paz, expresa públicamente sus reflexiones y propuestas.

Constatamos que la población penitenciaria en Bolivia supera de manera exagerada la capacidad física de los recintos penitenciarios. Según datos oficiales, solamente en el primer semestre del año 2012, han ingresado más de 2000 personas a los centros penitenciarios, llegando a Nov. 2012 a un total de 13.425 personas.

Tenemos conocimiento de que el Gobierno tiene proyectado la emisión de una norma de indulto que beneficiaría a un número reducido de personas privadas de libertad, que cuentan con sentencia ejecutoriada. Sin perjuicio de valorar positivamente esta iniciativa, que responde a la preocupación pastoral expresada oportunamente por el Cardenal Julio Terrazas y respaldada en comunicados públicos por la Conferencia Episcopal Boliviana, especialmente la pronunciada en la Asamblea de Obispos de abril 2012: “Muchos hermanos sufren una prolongada detención preventiva más allá de los plazos previstos por la ley, privándoles del derecho a ser juzgados con transparencia y recibir una sentencia justa” (Mensaje CEB, abril 2012), consideramos necesario hacer las siguientes reflexiones:

* Se ha generado una amplia expectativa en la población penitenciaria y sus familias sobre este anuncio gubernamental, que abriga una esperanza de que su beneficio llegue a la mayor cantidad de personas y que la norma proyectada sea promulgada antes de las fiestas de fin de año.

* En este contexto, una norma de indulto que beneficie únicamente a personas con sentencia ejecutoriada, significa la exclusión de más del 80% de la población penitenciaria en situación de detención preventiva; quienes sufren las mismas condiciones de hacinamiento y violación a sus derechos fundamentales. Esta situación, se agrava tomando en cuenta que también se dejaría fuera de este beneficio, a personas con sentencias ejecutoriadas por ciertos tipos de delitos.

* Por lo indicado, exhortamos a las autoridades públicas a promover una norma incluyente y amplia, que favorezca a todas las personas privadas de libertad sin ningún tipo de discriminación.

* En este sentido, proponemos que la iniciativa planteada de indulto, sea complementada con una amnistía al amparo del Art. 172. 14, de la CPE, tal como el Cardenal Terrazas lo pidió en su mensaje al inicio de la Asamblea de Obispos de noviembre del año en curso. De esta forma, se obtendrá una medida eficaz contra la retardación de justicia y contra la violación de derechos fundamentales y constitucionales de las personas privadas de libertad.

* Finalmente creemos que es importante tener una mirada más global y estructural de la problemática carcelaria y de la administración de justicia, que debe llevarnos a construir entre todos, visiones y soluciones integrales.

Como Pastoral Penitenciaria Católica, reafirmamos nuestro compromiso a favor de la dignidad humana, la igualdad y la justicia, manifestando nuestra voluntad de colaboración en la proposición y aplicación de las normas de indulto y amnistía.

La Paz, 14 de diciembre de 2012.