(Equipo de Comunicación Indígena Originario).- Tata Rafael Quispe Flores dijo que las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) no se pronuncian sobre la red de extorsionadores en el Gobierno nacional “porque están metidas en la corrupción”, en referencia a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y a la paralela Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) de Melva Hurtado, ambas subordinadas al mandato del oficialismo.

“En los medios dijeron: ‘No dicen nada las organizaciones sociales sobre el tema de la hipercorrupción que existe’. El CONAMAQ por medio de su Jiliri Apu Mallku se ha manifestado y hemos mostrado documentos para denunciar la corrupción en el oficialismo. Hay varias organizaciones que no son afines del Gobierno, pero tienen miedo de hablar. Y las organizaciones que son afines al MAS no dicen nada porque están metidas en la corrupción. Hemos mostrado en la marcha que el señor Isaac Ávalos (senador oficialista y ex secretario ejecutivo de la CSUTCB) ha recibido cinco millones de dólares del Ministerio de la Presidencia, firmado por Juan Ramón Quintana. Hemos pedido que explique. Pero en ese momento los medios ni nadie le han dado tanta importancia a nuestra denuncia. Además, el secretario general de la CSUTCB, Julián Jala Flores, tiene un proceso penal, una imputación formal por malversación de fondos como alcalde del municipio de Ayata. Y es hombre fuerte del MAS, se reúne con Evo Morales. Entonces la CSUTCB no va a hablar”, consideró Quispe, coordinador de Integración Política de los Pueblos de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y ex mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

“Contamos con documentos que demuestran que el Gobierno nacional ha financiado talleres y eventos de la CIDOB paralela, la de Melva Hurtado. Hemos difundido documentos según los cuales el Gobierno ha entregado dinero para hacer la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (GANPI) trucha, en la que se armó ese directorio paralelo de la CIDOB ¿Qué van a decir las organizaciones? Absolutamente nada. El Gobierno nacional les ha regalado autos, etcétera. Lógicamente no van a reaccionar los movimientos afines al MAS porque gozan de prebenda, están metidos en la corrupción, mientras otras organizaciones tienen miedo de hablar. Pero el CONAMAQ ha manifestado que acá no están metidos en la corrupción solamente algunos viceministros y hacia abajo”, comentó Quispe.

“Un solo ejemplo: Boris Villegas ha estado en Chaparina dirigiendo la represión (como director del Régimen Interior del Ministerio de Gobierno). El Movimiento Sin Miedo (MSM) presentó una imputación formal contra Sacha Llorenti (entonces ministro de Gobierno), Boris Villegas, Marcos Farfán (hasta entonces viceministro de Gobierno), Evo. Después de eso, mi persona presentó otra imputación formal poniendo, entre otros nombres, el de Boris Villegas. Es muy absurdo que la Ministra de Transparencia (Nardi Suxo) diga ahora que él ha entrado a trabajar allí por medio de una convocatoria abierta. Era de conocimiento general quién era él y estaba ahí trabajando. Boris Villegas ya tenía ese pasado negro, oscuro. No decimos que es culpable, porque está en medio de un proceso y tiene cuestionamientos no aclarados. Pero ella, sabiendo quién era, lo ha contratado. Eso puede evidenciar hasta dónde está metida la corrupción en las estructuras de poder”, dijo Quispe.

“Otra evidencia, es que el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Gobierno dieron a estos abogados de la red de extorsión un poder amplio y suficiente para sus actuaciones. Les dieron poder para presionar a los jueces, a los fiscales. Puede ser que los ministros de estas áreas no sepan de las extorsiones de plata, pero sí sabían que esta red de abogados servía para presionar. Les han dado poder suficiente para ello. En síntesis, la justicia quiere pescar ispis, cuando los sábalos y los tiburones también están metidos ahí”, comparó la autoridad de la nación Jacha Suyu Pakajaqi. Y opinó que la ministra Suxo se encargó ella sola de vincularse a la vasta red de extorsionadores del Palacio Quemado.

“Creo que ella no tiene moral para hablar. Ella ha declarado –y no pudo tener un lapsus lingüis ni fue malinterpretada por un periodista-, ellos han publicado que quienes sigan denunciando a la red de extorsionadores iban a ser también procesados. Esto lo publicaron en separatas, han sacado publicaciones pagadas en los medios. Y ahora dicen que se han equivocado: las equivocaciones pueden ser delitos. Y digo que ella no tiene moral por los serios cuestionamientos a su hija dizque diplomática, que ha maltratado a una señora en Alemania haciéndola trabajar sin pagarle, entre otras cosas”, agregó Quispe.

“Creo que no hay moral para hablar porque están comprometidos en esta caso. Creo que hay funcionarios de rango mayor, porque muchos de los que están presos fueron contratados por el entonces ministro Sacha Llorenti (ahora embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas). El general René Sanabria, ese señor del narcotráfico que se hizo pescar en Panamá, era su segundo hombre de su confianza de Sacha Llorenti ¿Quién contrata a esa gente de confianza sin tener ninguna de las aptitudes necesarias para desempeñarse en el cargo? Los que están metidos en estos delitos son personas de confianza de las más altas autoridades del Gobierno nacional. Eso hace pensar que ni siquiera se ha roto la cadena de mando, como dijeron cuando la represión a la Octava Marcha Indígena (el 25 de septiembre de 2011). Es la prueba de que se ha actuado nomás por órdenes de arriba. Por eso Boris Villegas estaba ahí, se ve que es hombre de confianza, hombre fuerte del MAS. Entonces ¿dónde se ha roto la cadena de mando?”, se preguntó la autoridad originaria.

“Quien fue ahora nombrado comandante general de la Policía Nacional, el coronel Alberto Aracena, estuvo en la Octava Marcha. Él estaba al mando, obstaculizándonos el acceso al agua y a la alimentación, prohibiéndonos el acceso a un derecho humano fundamental. Si vemos ese panorama: Aracena ha vulnerado derechos, el otro coronel Víctor Maldonado, el Sacha también; el fiscal del caso Chaparina, José Ponce, fue nombrado Fiscal de Distrito de La Paz. Los que estaban metidos en la masacre a los indígenas y a otra gente (porque Sacha estuvo en la masacre de Caranavi, igual el comandante Maldonado), todos tienen premio”, dijo tata Rafael.