La Habana (PL).- El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) instalaron el pasado 19 de noviembre en Cuba una mesa para el diálogo de paz, proceso que genera expectativas por su objetivo de terminar décadas de conflicto armado. A propósito de esas conversaciones, Prensa Latina realizó una entrevista exclusiva al comandante guerrillero Iván Márquez, jefe del equipo de las FARC-EP en las pláticas que tuvieron lugar en el habanero Palacio de Convenciones.

P. ¿Cómo ven las FARC-EP el escenario regional de cara al proceso de paz en Colombia?

R. Una ola de importantes cambios en la que los pueblos han enfatizado su rechazo al neoliberalismo, recorre hoy el continente. Nuestra América exige tomar su propio rumbo y se ha entendido que la paz de Colombia es fundamental para la paz del continente. Ese era el sueño de Simón Bolívar: ver un continente unido marchando sobre la senda de la justicia y la libertad, sin subordinaciones a potencias extranjeras.

Las FARC-EP perciben que el respaldo de naciones hermanas al proceso de La Habana está cargado de ese ambiente de independencia y de reivindicación de los intereses de los más humildes. El reciente respaldo de Unasur a las conversaciones le da fuerza a este convencimiento. El diálogo, además de poner en marcha la esperanza de un pueblo que merece paz y justicia social, contribuirá a generar un clima de distensión y paz en la región. Pero es al mismo tiempo la victoria de la solidaridad y del altruismo de los pueblos y gobiernos de Venezuela, Noruega, Cuba y Chile. Y desde luego gana el pueblo de Colombia que ha buscado siempre la solución incruenta del conflicto sobre la base de la superación de las causas que lo han generado.

Somos conscientes que tan solo hemos dado un paso hacia adelante; un paso importante, sí, que debe ser dinamizado y potenciado con la voz del pueblo en la mesa de conversaciones, trazando la ruta, bosquejando el nuevo país. El pueblo es el que puede.

P. Las FARC-EP han reclamado la presencia de Simón Trinidad en la mesa de conversaciones. ¿Qué puede significar su presencia o ausencia?

R. Simón es como una bandera de paz al viento. En la mesa, estamos seguros, ayudará con su sabiduría y amor al pueblo en la construcción de la patria en convivencia, en solidaridad. Su presencia sería un acto de justicia y su ausencia todo lo contrario, porque seguiría condenado por un delito que jamás cometió. Hacemos todos los esfuerzos y el lobby que sea necesario, para que su vinculación física a la mesa de La Habana sea una realidad. En un acto de reivindicación de su soberanía jurídica el Estado colombiano debiera proceder solicitando el recurso de Exequator para que Simón regrese a su patria y pueda jugar el papel que le corresponde en la búsqueda de la paz.

P. El presidente Juan Manuel Santos manifestó recientemente un optimismo moderado en torno al posible éxito del proceso. ¿Las FARC-EP comparten esta visión?

R. Una propuesta no generosa produce moderación y reticencia frente al éxito. Nuestro optimismo pleno se fundamenta en la participación del pueblo con sus iniciativas en la arquitectura de la paz. El pueblo es el que manda, y de su capacidad de movilización brotan todas nuestras certezas frente a la victoria del bien supremo de la paz. La disposición de todos los combatientes de las FARC de sacar adelante el proceso es fuerte y está subordinada a la voluntad nacional.

P. ¿Cómo llegan las FARC-EP a las negociaciones de La Habana?

R. Si el optimismo de Santos está sofrenado por las bridas de la moderación es porque algo le dice que las FARC-EP no están debilitadas ni doblegadas. Las FARC-EP no son solo fuego y movimiento y maniobra de comandos. Son ante todo pueblo en marcha, en trote, resuelto a alcanzar la justicia social y la soberanía. Y a eso le temen las oligarquías. Lo que sí está claro es que aquí en las FARC-EP nadie está amilanado, ¡estamos absolutamente llenos de moral, de moral de combate! Esa categórica aseveración de nuestro comandante Alfonso Cano retumba como raudal sonoro en la conciencia guerrillera. Llegamos con la mejor disposición, siguiendo el mandato de una línea estratégica constante, la de buscar por todos los medios la solución política del conflicto.

P. En algunos medios vemos el mensaje de una presunta división al interior de las FARC-EP. ¿Qué opinión le merece ese criterio?

R. Pensamos que es una campaña lastimera y taciturna, condenada al desencanto. Los que realmente conocen a las FARC-EP, los que saben de su cohesión interna, no malgastan su tiempo en divagaciones estériles.

P. Altos jefes castrenses colombianos acusan a las FARC-EP de recibir ingresos millonarios como resultado del narcotráfico ¿Qué considera al respecto?

R. Aquellos son sepulcros blanqueados por fuera, pero podridos por dentro. Esa es una campaña mentirosa de unas elites verdaderamente mafiosas y gansterizadas. Todas las instituciones colombianas, desde hace mucho tiempo, fueron permeadas por el narcotráfico hasta los tuétanos. Con dineros de la mafia fueron elegidos varios presidentes, desde Turbay hasta Uribe. Los carteles colombianos de la droga eligieron y siguen eligiendo representantes, senadores, magistrados, y generales.

Hasta los dos mejores policías del mundo recibieron paga por sus “buenos oficios”. El jefe de informática del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), Rafael García, denunció que ese organismo del Estado, dependiente de la Presidencia, le facilitó a la mafia la ruta de la droga hacia los Estados Unidos a través del cartel mexicano de los Beltrán Leyva, y que los dólares producto del negocio, entraban por la puerta grande del aeropuerto El Dorado, controlado por el DAS, directamente a las manos de los capos. El DAS es conocido en el mundo de la mafia como el “cartel de las tres letras”.

Igualmente denunció ante la Fiscalía el exjefe de informática, que el DAS abrió también una ruta de droga desde Santa Marta a Europa camuflada en ayuda humanitaria a países africanos. JoeToff, director de la DEA en su momento, calificó a la Colombia institucional, como una narco-democracia. En Colombia hubo presidentes que abrieron una ventanilla en el Banco de la República para facilitar el lavado de activos. Actualmente este lavado en Colombia asciende a 12 mil millones de dólares al año (20 billones de pesos), y la gran masa de esos dineros se mueve por los circuitos financieros. Por eso decimos, que las elites colombianas están podridas por dentro. La campaña mediática institucional contra las FARC-EP se queda sin piso ante la evidencia aquí denunciada.

La narco producción está ligada a un grave problema social acentuado por las políticas neoliberales. La gente pauperizada tiene que rebuscarse de alguna manera. ¿Por qué el gobierno no impulsa un programa de sustitución de esos cultivos, por otros medianamente rentables, para los campesinos pobres, como lo han sugerido las FARC-EP? ¿Por qué no se piensa en la legalización del consumo, como ocurrió en el pasado con el tabaco y el alcohol, acompañada dicha legalización con una fuerte campaña educativa dirigida a la juventud? ¿Por qué en los Estados Unidos no se persigue a la poderosa mafia de la distribución que se queda con la parte del león del negocio, ni a los productores de precursores químicos?

Es un hecho que 312 mil millones de dólares del narcotráfico han sido inyectados para intentar un salvamento del sistema financiero mundial. Todo esto, sin dejar de advertir que hay por ahí algunos ex presidentes propugnando por la legalización de la droga, pero en estrecha coordinación con intereses de la industria farmacéutica.

P. El ex presidente de Costa Rica Oscar Arias expresó desconfianza en el papel de Cuba en el diálogo de paz ¿Cómo ven las FARC-EP la participación de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile en este proceso?

R. Si el señor Oscar Arias no ha hecho nada por la paz de Colombia, que al menos deje que otros lo intenten. A los gobiernos y pueblos de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, nuestra eterna gratitud. No hay nada más noble que contribuir con esfuerzos al logro del objetivo superior de la paz. Ese es un principio de humanidad.

P. ¿Por qué las FARC-EP consideran importante dialogar en medio de un cese el fuego?

R. Ante el autismo del gobierno frente al cese bilateral del fuego y las hostilidades, respondimos con una declaratoria unilateral en ese sentido que se extenderá por dos meses. Nuestra voluntad de paz está refrendada por una cadena sucesiva de gestos unilaterales, frente a los cuales no vemos reciprocidad ni tampoco la exigimos.

La opinión pública sabrá sacar sus conclusiones. Desde luego es importante dialogar en medio de un ambiente favorable, pero si el gobierno no quiere porque cree que con las bombas puede imponer sus criterios en la mesa del diálogo, al menos debiéramos propiciar la firma de un tratado de regularización de la guerra, dentro del contexto y las especificidades del conflicto colombiano, para amainar los impactos de la misma en la población.

P. ¿Cómo ven la FARC-EP la participación de los colombianos en este proceso de paz?

R. En la participación ciudadana, del soberano, de las gentes del común, están cifradas nuestras esperanzas de paz. A ella nos aferramos con todas nuestras fuerzas. La participación de los colombianos es fundamental, y a eso no se le puede colocar restricciones; la paz será una construcción colectiva. De todas partes del país nos llegan mensajes todos los días, con opiniones e iniciativas para que esta oportunidad de paz no se nos escape como el agua entre las manos. El pueblo tiene la palabra. Que haga sentir su voz en todos los escenarios, porque Colombia no está condenada eternamente a la guerra. Necesitamos la paz y la justicia social, y la soberanía, y entre todos lo lograremos.

P. ¿Qué hacer o qué garantías exigir para evitar se repita lo ocurrido con la Unión Patriótica?

R. El terrorismo de Estado no ha dejado ni un minuto de victimizar al pueblo. El genocidio no terminó con la Unión Patriótica; eso no ha cesado. El paramilitarismo de Estado, como estrategia contrainsurgente, sigue vivo con otras denominaciones. En el gobierno Santos se ha asesinado a reclamantes de tierras y se han practicado redadas contra la población, como en las épocas de Uribe. No cesa la persecución y la represión contra el movimiento popular. Los procesos por “falsos positivos” sólo están condenando a cabos y sargentos y a algunos oficiales subordinados, pero nada se sabe de los autores intelectuales de esa atrocidad.

Quisiéramos saber qué Fiscal está investigando al ministro de Defensa de Uribe, el señor Camilo Ospina, que firmó de puño y letra la Directiva 029 que desató esos crímenes de lesa humanidad que el mundo ha conocido como “falsos positivos”. Lo que reina es la impunidad que ahora se le corona con el fuero militar. Colombia necesita la solidaridad del mundo y que las naciones enfoquen potentes reflectores sobre la conducta del poder.

P. Conocemos la agenda acordada, en su opinión, y sin violar nada de lo convenido con el gobierno, ¿Cuáles son los puntos clave de esa agenda?

R. La clave está en la integralidad del Acuerdo General; la agenda es solo uno de sus aspectos, y obligado es mirarla a la luz de su parte preambular, que es donde reside el espíritu que ha motivado estas conversaciones.

P. ¿Qué pasos son necesarios para, como dicen las FARC-EP, acabar con las causas que generaron su lucha?

R. Cambiar la estructura latifundista de la tenencia de la tierra en Colombia sería un buen comienzo. Por ahora hay que frenar con urgencia la depredación minero-energética y la economía extractiva en general. Y no está por demás decir que la paz requiere radicales transformaciones económicas, políticas y sociales.

FARC-EP considera necesarias garantías políticas para paz

Después de un receso, el Gobierno colombiano y las FARC-EP retoman este 9 de diciembre las conversaciones que buscan el fin de décadas de conflicto armado. Las partes cumplieron el sábado el alto de un día en la mesa de diálogo que tiene su sede permanente en el Palacio de Convenciones, el cuarto receso desde el inicio de las pláticas el pasado 19 de noviembre, con Cuba y Noruega en el papel de países garantes.

Según lo anunciado, las discusiones continuarán centradas en el tema de la tierra, el primer punto de una agenda que incluye además la participación política, el fin en sí del conflicto, el problema del narcotráfico, la atención a las víctimas y un mecanismo de implementación y verificación de lo acordado. Hasta el momento, ha primado la discreción en torno a lo abordado durante las conversaciones, aunque las pocas señales ofrecidas por los interlocutores al respecto sugieren la existencia de avances.

Tanto las FARC-EP como el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos han celebrado los pasos dados en función de propiciar la participación de la sociedad colombiana en el proceso de paz, el cual sigue a varios intentos fallidos en el pasado por terminar medio siglo de hostilidades. El anuncio de un foro sobre desarrollo agrario integral, previsto del 17 al 19 próximos en Bogotá, la activación el viernes último de una página web de la mesa y las consultas a expertos son mecanismos encaminados a recibir criterios y propuestas sobre los seis puntos de la agenda del diálogo.

La incorporación de las FARC-EP a la vida política del país pasa por garantías que deben afrontarse desde la mesa de conversaciones, señalaron integrantes de esa organización guerrillera. Según Andrés París, miembro del equipo de las FARC-EP en las pláticas de paz instaladas en Cuba con el Gobierno colombiano, la agenda del diálogo “incluye precisamente ensanchar las posibilidades democráticas para que fuerzas de izquierda representantes del pueblo puedan hacer presencia en la vida política nacional”.

En una entrevista concedida a Prensa Latina a propósito del acercamiento iniciado el pasado 19 de noviembre, el guerrillero precisó que son necesarios cambios y reformas en la institucionalidad política de la nación suramericana, sumida en décadas de conflicto armado. Por lo menos en la mesa debe expresarse la voluntad oficial de avanzar en esa dirección, con el sólo compromiso de que va anunciar cambios y modificaciones se crearía un ambiente favorable al estudio de fórmulas que permitan a las FARC-EP encontrar los caminos de la participación, apuntó.

Uno de los seis puntos del documento rector de las conversaciones que acoge el habanero Palacio de Convenciones con Cuba y Noruega como garantes responde a la participación política. Para París, “los síntomas de apertura deben darse en esta etapa de la discusión de la agenda”. “No nos puede invitar nadie a participar de la vida política colombiana con el simple acto de una desmovilización y entrega de armas, para nosotros eso no es garantía perdurable, fijamos mayormente la atención en que en la etapa de acuerdos con el Gobierno se nos hable de esas reformas”, dijo.

Sin esas garantías -acotó- es utópico pensar que una fuerza guerrillera con 50 años de lucha va a expresarse y encontrar facilidades de manifestarse en el escenario público. París recordó lo ocurrido en los años 80 del siglo pasado con la Unión Patriótica, organización surgida con varios actores sociales, entre ellos guerrilleros desmovilizados, que sufrió el asesinato de miles de sus miembros por grupos paramilitares, fundamentalmente.

Las fuerzas que asesinaron y acabaron a la Unión Patriótica están vivas, antes eran miserables sicarios, y hoy muchos de ellos tienen expresión política, lo cual vimos durante los períodos de Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), advirtió.

La política de desarrollo agrario integral sigue marcando las conversaciones de paz. Como novedad en los diálogos, el Gobierno y guerrilla pondrán en marcha el sitio digital www.mesadeconversaciones.com.co, en el que se recogerán propuestas que contribuyan a la mesa. La página web, cuyo funcionamiento fue acordado por ambas partes al cierre del primer balance de trabajo, estará a disposición en tres lenguas indígenas, en idioma para discapacitados auditivos, además del español.

El ex vicepresidente Humberto de la Calle, jefe del equipo gubernamental, anunció en un comunicado que en ese espacio “cada ciudadano, con toda libertad y sin tapujos, puede proponer alrededor de los seis puntos de la agenda, propuestas que recibiremos con toda seriedad, que serán tabuladas y estudiadas”.

Varias jornadas de debates a puerta cerrada han transcurrido ya desde que ambas delegaciones se sentaron a dialogar sobre el primer tema, que cuenta con otros seis sub puntos, entre ellos el del desarrollo social (salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza).

El problema de la tierra fue el que llevó a un grupo de campesinos de Marquetalia, Tolima, a alzarse en armas en 1964 e integrarse en la guerrilla. Hasta dónde se ha avanzado o no en este punto, poco se sabe. El Gobierno y la FARC-EP han hecho una especie de pacto para lograr la mayor discreción y reserva, mientras buscan una solución que “impulse la integración de las regiones y el desarrollo social, económico y equitativo del país”.

Las dos partes han llamado una y otra vez a la sociedad colombiana, que sufre en carne propia las consecuencias del conflicto, a sumarse a los diálogos con sus propuestas, las cuales servirán de insumo para seguir caminando sobre la “hoja de ruta” trazada el 26 de agosto último, en el Acuerdo General. El llamado no se ha hecho esperar por parte de varios movimientos sociales de esa nación sudamericana.

La guerrillera de las FARC-EP Tanja Nijmeijer señaló que la participación de la sociedad civil es fundamental para alcanzar en ese país suramericano una paz con justicia social. “Somos un pueblo alzado en armas y ese pueblo está pidiendo paz con justicia social, entonces tiene que estar ahí, es fundamental en el proceso”, opinó al referirse al aporte de la ciudadanía colombiana en la mesa de diálogo.

En declaraciones a Prensa Latina, la joven holandesa consideró que el fin del conflicto pasa por la presencia de todos los sectores en la construcción de ese escenario, luego de décadas de hostilidades con un saldo de miles de muertos inocentes y millones de desplazados.

“Cómo hacer una ley agraria sin la participación de los campesinos, quienes saben dónde sembrar y qué. Ellos dicen que no les sirven las políticas neoliberales, lo dicen también los indígenas, las mujeres, los afrocolombianos, entonces todos ellos tienen que hacer parte de este proceso de paz”, apuntó.

Nijmeijer destacó además el acompañamiento internacional al diálogo para buscar la paz en Colombia. Pienso que este proceso, a diferencia de los anteriores, encuentra una situación favorable, sobre todo en el escenario latinoamericano, donde han ocurrido bastantes cambios con la llegada al poder de gobiernos progresistas, eso es muy importante para nosotros y ha propiciado el acompañamiento, dijo.

La integrante de las FARC-EP celebró el papel de Cuba y Noruega, países garantes de la mesa que busca poner fin a más de medio siglo de conflicto armado. “En el caso de Cuba como sede permanente, ha sido muy importante por sus condiciones de seguridad y también por la amabilidad de su gente, respecto a su rol de garante, ha sido muy neutral y profesional en este proceso”, opinó.

Mujeres, las más beneficiadas con eventual paz en Colombia

Las mujeres serán las más beneficiadas con un eventual acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, afirmó la guerrillera Camila Cienfuegos. La joven de 30 años en entrevista con la periodista Odalys Troya de Prensa Latina aseguró que de alcanzarse el fin de la guerra, las colombianas de pronto podrán ver sus expectativas cubiertas porque tendrán la oportunidad de educarse, prepararse en las universidades y tener una profesión.

Tendrán mejores condiciones de vida, de trabajo, podrán pensar como madre, como trabajadora, como jefa de núcleo familiar, agregó la guerrillera, quien integra la delegación de las FARC-EP en las conversaciones de paz. En mi país, dijo, la mujer es la que menos oportunidad tiene, y siempre está relegada a las labores de la casa, es discriminada en la sociedad incluso para vestir.

Si una mujer común lleva una minifalda la valoran como una prostituta, si en cambio es de la burguesía, es considerada elegante y de altura, acotó. Las guerrilleras de las FARC-EP representan a las colombianas a las cuales se les ha negado toda la posibilidad de tener una vida digna. Representamos a las madres de Soacha, a las que han enviudado por el terrorismo de Estado, a las esposas de los prisioneros de guerra, a las mujeres del mundo que sufren la discriminación y la violencia de todo tipo, enfatizó.

Soacha es una ciudad colombiana donde un grupo de madres se unió para reclamar justicia por la muerte de sus hijos, asesinados por el ejército en 2008. Los militares mataron a más de una docena de hombres jóvenes y mintieron al presentar la mayoría de los cadáveres como los de “guerrilleros muertos en combate”, lo que se conoce como falsos-positivo.

Desde entonces, sus madres buscan incansablemente justicia, pese a que en su campaña, han sido amenazadas, hostigadas y sometidas a vigilancia con el fin de silenciarlas, refieren organismos humanitarios. Es por eso que estamos llenas de expectativas con este proceso, cuya sede permanente es La Habana, porque queremos lograr una paz con justicia social, con reivindicaciones, donde no haya más derramamiento de sangre, remarcó Camila.

Contó a Prensa Latina que a pesar de portar un fusil en esta guerra que “es contra el imperialismo”, dentro de las FARC, en la selva tienen tiempo para ellas. El domingo es el día de lavar, arreglarnos las uñas, el cabello, leer un libro, de compartir con los compañeros, estudiar, ver la película que queramos. Todo dentro de un orden porque distribuimos nuestro tiempo y tenemos espacio para lo personal, narró.

“Las colombianas serán las más beneficiadas con la paz porque son quienes más sufren los problemas sociales existentes en el país”, agudizados en estos años de conflicto armado, enfatizó Camila. Denuncias de organizaciones, personas aisladas y organismos regionales advierten que en esta nación suramericana las mujeres son las más afectadas por las desigualdades económicas: los hombres perciben mayores ingresos que ellas en igual puesto laboral y con similar capacitación.

Además, son víctimas de la violencia intrafamiliar y el sistema de justicia no actúa con suficiente celeridad para tratar sus denuncias. La mayor parte de las féminas dicen sentirse discriminadas, según diversos sondeos, y en mayor medida las de las zonas rurales. Consideran que tienen más dificultades que los hombres para encontrar empleo, según la Encuesta nacional de mujeres en Colombia 2010.

Aunque el anterior gobierno elaboró una política, centrada en ocho áreas tales como empleo y desarrollo; educación y cultura; salud, salud sexual y reproductiva; violencia contra las mujeres; participación política; mujer rural; comunicación y fortalecimiento institucional, se estima que es muy limitada. Su alcance no permite resolver los graves problemas de este segmento social porque no busca eliminar la discriminación ni construir relaciones de igualdad entre los sexos desde un enfoque de derechos.

Para Camila, la lucha de las FARC-EP es por la paz completa, duradera que pase por la justicia social para que las mujeres sean reconocidas por su papel esencial en la vida del país.

Organizaciones civiles colombianas reunidas en un encuentro internacional en noviembre acordaron declarar el 2013 Año de lucha por la paz. A partir del mes de enero se constituirán en una fuerza activa, portadora de un cambio cualitativo del movimiento popular, que tomará las banderas para concretar una paz tangible, en cuya construcción las grandes mayorías, discriminadas hasta ahora, asuman un papel esencial.

De acuerdo con ese objetivo, en marzo del año venidero convocarán a una movilización nacional por la Paz con justicia social, a la que se sumarán todas las instancias civiles, desde las regionales a las estudiantiles, comunidades indígenas y campesinas, afrodescendientes, desplazados, jóvenes y mujeres.

En fin, todas las capas de la población, minimizadas por el Gobierno hasta hacerlas invisibles, que saldrán del anonimato y cobrarán presencia decisiva a la hora de impulsar acciones en pro de la reforma agraria, la seguridad y el papel de las fuerzas armadas en condiciones de paz.

Su proyección abarcará todos los temas contenidos en el Acuerdo general para el fin del conflicto armado, suscrito por el Gobierno y las FARC-EP, eje del proceso de paz entre las partes que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, su sede permanente, con Noruega y Cuba como garantes.