El Gobierno Municipal de La Paz observó cuatro normativas de la Ley Financial 2013, referidas a la denominada “previa evaluación” de los recursos que quedarán en caja y banco al culminar esta gestión; la utilización de más del 20% de los recursos transferidos a los municipios por parte del Gobierno Central; a la confiscación de recursos de seguridad ciudadana que no sean ejecutados en los primeros seis meses de cada año, y a la anulación del impuesto municipal a las transferencias de las empresas.

El director de Finazas de la Alcaldía Ramiro Gamboa explicó que en el Proyecto de Ley del Presupuesto 2013 se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas realizará una denominada “previa evaluación” de los recursos que queden en Caja y Banco de cada municipio del país.

“Es esa previa evaluación que nos preocupa, porque éste es un hecho fáctico, objetivo. La gestión termina a las 12 de la noche del 31 de diciembre y voy a saber en cada una de mis libretas cuánto me queda, eso no necesita ninguna evaluación, por eso nosotros objetamos ese término y por el contrario sostenemos que no es el Ministerio de Economía, no es quien tiene que evaluar mis saldos en caja y banco, sino que su destino tiene que ser aprobado y autorizado mediante Ordenanza Municipal, además de su registro en el Sigma”, dijo Gamboa.

La autoridad alertó de un riesgo de la disminución o reversión de los recursos de caja y banco al Gobierno Nacional. Advierte que este término de “previa evaluación” tiene un transfondo incomprensible. “La implicación es que eventualmente quieran realizar una reversión. Como ésta es una ley, nuestro temor es que esto podría reglamentarse. Entonces esa previa evaluación está abriendo una puerta para eso”, explicó.

La segunda observación se refiere a la disposición para que mínimamente el 20% de las transferencias adicionales que realiza el Gobierno Nacional a los municipios de ciudades capitales, sean destinados a proyectos que ejecuta el Gobierno Central.

“Con esto se está interviniendo nuestra gestión presupuestaria y también en nuestros programas operativos anuales. Ya no tendríamos nosotros estos montos que en el caso de La Paz, son entre el 10 y 15% del presupuesto total. Ya no tendríamos el ejercicio de nuestra plena autonomía. Por lo que consideramos que es anticonstitucional. De aprobarse en este sentido tendremos que interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”, afirmó Gamboa.

Hasta la fecha el Gobierno Municipal de La Paz recibió como recursos adicionales (por la transferencia) 230 millones de bolivianos, por lo que ese 20%, significa para la Alcaldía paceña menos 46 millones de bolivianos para ejecutar sus obras y que serán utilizados por el Gobierno Central. Asimismo, se teme que este 20% podría incrementarse, toda vez que en el parágrafo segundo del artículo 11 de la Ley Financial se establece esta cantidad, como un porcentaje mínimo.

La tercera observación se refiere al débito automático que podría realizar el Ministerio de Economía y Finanzas, a sola solicitud del Ministerio de Gobierno, de los recursos de Seguridad Ciudadana que en el lapso de seis meses no sean ejecutados por los gobiernos municipales. “Un débito automático, retornando estos recursos para la administración del Estado Central, que sería el Ministerio de Gobierno, argumentando que van a ser destinados a los mismos fines de seguridad ciudadana, pero eso es básicamente una confiscación”, enfatizó Gamboa.

También reveló que los proyectos de Seguridad Ciudadana que ejecuta el Gobierno Municipal de La Paz, son ejecutados con más del 60% del dinero que llega vía transferencia del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), mientras que el resto proviene de los ingresos propios que se genera a lo largo de cada gestión.

Por su parte, el director de Administración Tributaria Ronald Cortez reveló que el Gobierno Nacional de manera inconsulta intenta suprimir el impuesto municipal a las transferencias de personas jurídicas, es decir de las empresas instaladas en cada municipio del país y principalmente en las ciudades capitales. Dicha disposición se encuentra establecida en la segunda disposición adicional de la Ley Financial 2013 y donde también se traslada el cobro de este impuesto al Gobierno Central.

Cortez advirtió que esta acción gubernamental provocará un vacío gigantesco y el incremento de la evasión tributaria de este impuesto que anualmente es cobrada por los gobiernos municipales. “Lo que más preocupa es la generación de un gigantesco vacío en el ámbito tributario, toda vez que doctrinalmente debe ser municipal y haciendo una serie de parches y remiendos al Código Tributario, a través de otro tipo de leyes, sólo lograrán favorecer a la evasión tributaria”, sentenció.

Por otra parte, también significará para las Alcaldías de las ciudades capitales una pérdida de más de 10 millones de bolivianos en sus ingresos propios.

La AMB reitera su rechazo a la intención del Gobierno de confiscar sus recursos

La Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) reiteró su protesta por la reversión de los recursos de Seguridad Ciudadana que no sean ejecutados en seis meses, según la Ley Financial 2013, porque consideran que en la práctica es una confiscación y una decisión anticonstitucional. Este cuestionamiento fue realizado ante la Comisión de Planificación, Economía y Finanzas del Senado, y ante el ministro de esta área, Luis Arce, en una audiencia realizada este viernes.

El Oficial Asesor, representante del Gobierno Municipal de La Paz en la AMB Gustavo Bejarano, al salir de esta reunión, calificó de absurda y arbitraria la decisión del Gobierno Nacional, de reducir a seis meses el tiempo de ejecución de los recursos destinados a la seguridad de la población.

“Es un elemento inconstitucional para nosotros, es un elemento confiscatorio de recursos. Alguien decía que el que da y quita con el diablo se desquita; es exactamente lo que está ocurriendo, se está entregando recursos que saben que será de difícil ejecución, para luego quitárselo a los municipios dejándonos un problema constitucional y de atribución”, enfatizó.

Asimismo, puso en duda la capacidad técnica del Gobierno Central y del Ministerio de Gobierno en particular, en la ejecución de estos recursos en los proyectos que fueron demandados por la ciudadanía. El hecho de que estos recursos vuelvan a manos del Gobierno Central, no sería garantía de una ejecución efectiva y en el lapso de seis meses, como se pretende.

“Pero pretender sacarle ese recurso, el 50%, para destinarlo en una burocracia nacional que no tiene sentido, que no sabemos qué rubro va a tener, si van a respetar el mismo proyecto, con qué capacidad técnica va a ejecutar el Gobierno Central o el Ministerio de Gobierno, proyectos que están vinculados con la población y con la comunidad, entonces nos parece un error”, cuestionó.

Para los municipios esta reversión, como denomina el Gobierno Nacional, sería más bien una confiscación, porque a partir de la transferencia que realiza el Ministerio de Economía a los gobiernos municipales, éstos se constituyen en propietarios de estos recursos.

Una vez que el dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es transferido a los municipios, ingresa a sus cuentas y es de propiedad de cada municipio. Por ello, cada Gobierno Municipal dispone de ese presupuesto en los planes operativos anuales, además, en base al acuerdo con los vecinos que definen las áreas y proyectos de inversión.

Por otra parte, señaló que la ejecución de una obra que previamente fue consensuada con la vecindad y con la entidad policial, en caso de tratarse de una Estación Policial Integral (EPI), tomará más de seis meses. Y en caso que la obra tenga un costo mayor al millón de bolivianos, debe estar enmarcado en la Ley de Programación de Contrataciones del Estado, a la Ley de Contratación del Sistema de Bienes y Servicios. En ese sentido, sólo al realizar la contratación de una empresa constructora se tarda tres meses.

“Demoramos tres meses en realizar la contratación. Ahora de los tres meses, sólo quedan tres para ejecutar, porque sino nos quitan la plata. En qué momento hacemos el proyecto, cuando se hace el estudio y el proyecto a diseño final. Hay proyectos que demorar mucho más de seis meses, por eso la lógica del presupuesto es anual, empieza el 2 de enero y termina el 31 de diciembre”, acotó el Oficial Asesor.

Recordó que los gobiernos municipales de ciudades capitales destinan más del 10%, que establecen las normas nacionales, en seguridad ciudadana. “Estamos de acuerdo en que los recursos de seguridad ciudadana no se destinen a otros rubros, esos está en la misma ley, de hecho obligan a las ciudades capitales a aportar el 10%. Revisemos las estadísticas, los municipios de ciudades capitales están aportando el 15 y el 20% de sus recursos, por encima de los que establece la ley, a seguridad ciudadana.

En el caso específico de La Paz, se destina el 22% de sus recursos a esta área, tanto en proyectos concentrados y desconcentrados, o de infraestructura y equipamiento, relacionados al IDH. Explicó, que en La Paz se tienen proyectos complejos como la construcción de las estaciones policiales que son edificios, que albergan a la Policía, fiscales y Bomberos, entre otros. La ejecución de esta obra tiene una duración de más de seis meses, incluso la parte de la concertación con los diferentes sectores, tomará un tiempo mayor a ese tiempo.

En esta reunión participaron representantes de los gobiernos municipales de Tarija, Santa Cruz y La Paz. Sus representantes explicaron detalladamente su preocupación por esta decisión gubernamental, por lo que esperan que los senadores integrantes de la Comisión de Planificación del Senado, tomen en cuenta esta posición.

Impuesto a las Transferencias

Los municipios también expresaron su preocupación por la incorporación de la disposición adicional segunda a la Ley Financial, que establecería quitarle impuestos a los municipios, que están relacionados al impuesto a las transferencias que pagan las empresas. Actualmente, este impuesto a las transferencias que pagan las industrias por la compra o venta de sus inmuebles, vehículos y otras propiedades, son pagadas a las alcaldías, pero con esta nueva disposición este impuesto se eliminará y se pagará al Gobierno Central.

“Eso va a afectar las finanzas y la economía de los municipios. En el caso del municipio de La Paz nos han dado datos que oscilan entre 20 a 25 millones de bolivianos, en el caso de Santa Cruz, hasta 35 millones de bolivianos. No se da una mayor explicación. Los personeros del Ministerio mencionaron que estarían subsanando un error en la norma, que estarían en este momento haciendo una doble tributación”, manifestó.