En la sociedad chilena muchos reclamos democráticos que en otras naciones más desarrolladas son de “sentido común”, adquieren entre nosotros una connotación de escándalo o subversión. Nuestra particular conformación histórica y social nos tiene atrapados bajo tres grandes males que han impedido, hasta la fecha, un avance consistente de nuestro sistema político y social. En este orden, un diseño normativo autoritario, elitista y excluyente cristalizado en una “constitución de facto”. Una estructura social de carácter oligárquico en la que chapoteamos por siglos y, un sistema tecno-económico exento de las suficientes regulaciones que acrecienta la desigualdad entre los chilenos.

Esto nos lleva a dos consideraciones: Primero, la responsabilidad histórica por el actual estado de cosas no hay que buscarla en tierras lejanas, ellas se encuentras en lo fundamental entre nosotros. Son nuestras elites las responsables de lo que hoy acontece, son ellas las que han permitido que se mantenga un amplio estado de pobreza y malestar mediante forzadas legislaciones injustas y antidemocráticas. Segundo, frente al lamentable estado de inequidad en que nos hallamos, la “Democracia”, así con mayúsculas, adquiere para nosotros un carácter imperativo, el único capaz de aunar los anhelos de un pueblo.

El reclamo democrático que puso fin a una dictadura militar inició un proceso que está lejos de detenerse. Hoy, el mismo concepto de “Democracia” exige una nueva constitución que ponga término al autoritarismo disfrazado de legalidad e inaugure nuevos derroteros para la política chilena. La pronunciada abstención de los últimos comicios indica, entre muchas otras cosas, un síntoma de agotamiento del orden vetusto que se quiere mantener. Cuanto más se extiendan los fueros de una institucionalidad tan arcaica como injusta, más se alimentan las vías extra institucionales que expresan el malestar ciudadano.

Junto a los cambios políticos inmediatos, cualquier gobierno futuro deberá hacer frente a una conformación social compleja que ha sido nuestro lastre desde nuestro nacimiento: Una “modernidad oligárquica”. Nuestra sociedad parece organizarse en un “régimen de castas”, acrecentando las desigualdades en cada generación. Es claro que solo con agresivas políticas públicas en dominios tan sensibles como vivienda, salud, educación y previsión social se debe avanzar en este terreno, pero ello no es posible solo desde un estado paternalista, se hace indispensable encontrar vías de “participación ciudadana” para enfrentar tan colosales problemas. Hasta hoy, el mercado, un mercado en ausencia del papel orientador del Estado, ha mostrado su ineficiencia a este respecto, expandiendo más bien las desigualdades.

En efecto, el diseño tecno-económico fraguado durante los años de dictadura representó la inserción de nuestro país en el mercado mundial, todo ello en un orden político antidemocrático y de terror. Este “capitalismo a la chilena” ha significado la pauperización de los trabajadores y la concentración de la riqueza en muy pocas manos, todo ello en el contexto de un Estado ausente. Frente a esta realidad, el concepto de “Democracia”, no puede significar sino devolverle al Estado chileno todas las atribuciones legales capaces de regular la actividad económica y preservar sus riquezas naturales en beneficio de todos los chilenos. No se trata, por cierto, de instituir un estatismo estéril, sino de un fecundo equilibrio que permita a todos los chilenos ser beneficiarios del desarrollo del país.

En el presente, un bien entendido concepto de “Democracia” es un pensamiento de avanzada en la justa medida que el autoritarismo, la desigualdad y la exclusión se afirman, precisamente, en un “déficit democrático”. Es claro que el proceso democrático excede con mucho el estrecho límite en que se desenvuelven los partidos políticos y atañe a la sociedad en su conjunto. En estos tiempos de elecciones presidenciales y parlamentarias sería prudente que los diversos candidatos abandonaran por un minuto sus calculadoras y se tomaran en serio la noción de “Democracia”.

Incorrectamente político

Al examinar la realidad política del Chile actual surge de inmediato la cuestión de una crisis de la institucionalidad vigente. Las cosas no están funcionando como estaba previsto en la constitución redactada bajo la dictadura: Cada día, la distancia entre los partidos políticos y la ciudadanía se acrecienta. La abstención electoral en la última elección ha sido apenas un síntoma más. Se puede resumir la situación actual como el resultado de la prolongación forzada al comienzo y consentida luego de una institucionalidad hecha a la medida de los sectores empresariales representados por una derecha extrema.

Tal descripción del estado de cosas olvida, no obstante, un aspecto fundamental de nuestra realidad que se ha convertido en un tabú, algo políticamente incorrecto. Todo el andamiaje constitucional y uno de los pilares del actual orden jurídico y constitucional de Chile radica, precisamente, en quienes protagonizaron el golpe de estado hace casi cuatro décadas. Aun cuando ninguno de los candidatos presidenciales se atreva siquiera a tocar el tema, lo cierto es que los altos mandos de las fuerzas armadas y una serie de organizaciones paralelas de militares en retiro actúan como una presencia, ahora silenciosa, verdaderos poderes fácticos, en nuestra realidad.

Esta presencia soterrada de los uniformados se advierte con suma claridad en temas como los derechos humanos, pero también en el presupuesto que se discute cada año para la defensa nacional y que ha convertido a Chile en uno de los países latinoamericanos que encabeza la lista de gastos militares. Las instituciones castrenses se han mantenido en un discreto segundo plano, dejando a los civiles en la administración de la cosa pública, pero – no seamos ingenuos – ello no significa, en absoluto, una ausencia ni, mucho menos, una prescindencia en los grandes temas políticos del país.

Durante los primeros años de la Concertación, los uniformados eran vistos todavía como una amenaza tácita a la naciente democracia, recordemos que Augusto Pinochet permanecía al mando del ejército. En los años que siguieron, su figura fue degradándose hasta lo grotesco y los uniformados perdieron protagonismo. Pero, hay que decirlo, hasta la fecha ningún gobierno se ha planteado una política seria hacia las fuerzas armadas. Esto ha impedido el debate en torno a cuestiones tan relevantes como el régimen de pensiones entre los uniformados o los sensibles casos pendientes en relación a torturas y asesinatos durante la dictadura. En pocas palabras, hasta la fecha sigue pendiente una democratización de las fuerzas armadas, una política país para redefinir el lugar de los uniformados en una nueva institucionalidad democrática en el país.

* Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS.