México y Lima (SEMlac).- Una fuerte controversia social generó una iniciativa del presidente Felipe Calderón para cambiar más de 1.000 disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, enviada el primero de setiembre al Congreso con el aval del nuevo partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las modificaciones significarán la pérdida definitiva de derechos sociales y la profundización de las responsabilidades familiares para las mujeres trabajadoras, actualmente 42 por ciento de la fuerza de trabajo, y un porcentaje adicional de 11 por ciento que laboran en el trabajo informal o precario.

Según la iniciativa, ellas son vistas solo como reproductoras, concluyeron especialistas y sindicalistas en un Foro para analizar la propuesta, realizado en la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre.

En esa reunión las participantes advirtieron que la idea del Presidente de la República se ha lanzado con una sospechosa y “perversa” justificación de que se introduce una visión de género en la reforma, cuestión totalmente falsa, dijo a SEMlac la politóloga Teresa Inchaústegui, diputada en la pasada legislatura.

Inés González, representante de la Red de Mujeres Sindicalistas, señaló que la iniciativa “regulará” todas las ilegalidades contra las que han luchado las sindicalistas en los últimos 30 años y dijo que, enviada para resolverse en 30 días, es un verdadero albazo, en alusión a un acto intencionado y premeditado, que se hace para ganar tiempo y adelantarse a los hechos. Las participantes en el Foro exigieron discutir la propuesta ampliamente, antes de ser aprobada.

Una tendencia, encabezada por la exdiputada Rosario Ortiz, sí busca transformar la Ley, basándose en que la actual está obsoleta y no reconoce los cambios ocurridos en el mercado laboral, donde se incorporaron crecientemente las mujeres, las modificaciones en los procesos de trabajo y, sobre todo, no se ha tocado la regulación sindical, que impide el desarrollo de sindicatos independientes.

Pero ello no pude fundarse en violaciones sustantivas a los derechos humanos y del trabajo. Ortiz hizo notar que podría lograrse una buena ley si hay debate real. Las participantes en ese foro se constituyeron el mismo 17 de septiembre en una Coordinadora Nacional, según informó la actual legisladora Malú Micher.

El abogado Carlos Reynoso, representante la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, explicó que el derecho universal de las trabajadoras a tener un descanso de hasta 90 días por parir -45 días antes del nacimiento y 45 días después-, que en la iniciativa da la opción de acumular el descanso luego de dar a luz, realmente es una falacia, porque está condicionado a la voluntad del patrón y a otra serie de requisitos.

Ello es una muestra de la manipulación que, pretextando introducir el género, realmente no ofrece ningún nuevo derecho; lo mismo sucede en los tiempos para lactancia y otras cosas, trascendió en el foro. En cambio, como analizó largamente Inchaústegui, la iniciativa propone la exigencia de una certificación laboral para el ejercicio de cualquier oficio, que perjudicará principalmente a las mujeres, quienes en mayoría no acceden a la educación formal. “¿Cómo y cuándo certificar a una mesera, a una recamarera?”, se preguntó.

También dijo que es una trampa la implantación del período de prueba para obtener un empleo, puesto que actualmente la ley lo prohíbe. Ahora se legaliza, argumentando que un nuevo trabajador o trabajadora estarán a prueba durante seis meses capacitándose, lo que equivale a transitar por ese plazo sin contrato y sin derechos.

Actualmente, más bien, la ley señala que al laborar seis meses automáticamente se adquiere una plaza laboral. Las mujeres son más vulnerables para este tipo de contrataciones, dijo. Además, se sabe que 25 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen con una bajísima capacitación y ahora estarán en peligro de perder su empleo. La ley, dijo, está evidentemente legalizando también el desempleo.

Una de las cuestiones que más acosan a los sindicatos es el trabajo a terceros, lo que significa que una empresa -grande, sobre todo- tiene un grupo de trabajadores, con derechos y sindicato, pero ahora el patrón podrá contratar servicios por fuera para ahorrarse salarios, derechos, antigüedad y ascensos. Así, el Estado se desentiende, precisamente, de tutelar los derechos laborales.

En lo que las sindicalistas independientes están de acuerdo es en la libertad sindical. Ahora la ley dota a los dirigentes de gran poder. La iniciativa prevé esta libertad, demanda de hace cuatro o cinco lustros. Pero todo hace suponer que también este ha sido un señuelo para que se negocie con los grandes dirigentes, que tradicionalmente han apoyado a “la clase política”, de modo que no se les quiten sus privilegios si aceptan la reforma en todos los demás aspectos.

El antecedente

Desde los años ochenta, en México las relaciones laborales se han conducido fuera de la Ley Federal del Trabajo, aprobada en 1931. En esos años se desarrolló el trabajo de “maquila” en la frontera norte, realizado principalmente por mujeres en empresas donde se estableció un régimen laboral “especial” de facto. Una de las principales consecuencias de este trabajo, sin protección de la ley, es el salario miserable y efectos preocupantes en la salud.

Las crisis recurrentes y los cambios en los procesos productivos chocaron sistemáticamente con esa ley de los años treinta y se hicieron cambios en la práctica, en empresas industriales y de servicios, que afectaron el derecho al trabajo, la antigüedad, la seguridad social y el empleo. También hubo cambios en los contratos colectivos, con cuestiones pactadas fuera de esa ley. Paralelamente, los trabajadores organizados fueron perdiendo fuerza de negociación y los empleos se precarizaron. La creciente incorporación femenina a todos los sectores laborales sirvió a los patrones para pagar mal, en ocasiones por horas, sin seguridad social y sin derechos fundamentales, lo que hoy afecta a 18 millones de mujeres.

El desempleo creció. Sólo en los últimos seis años siete millones de personas, jóvenes y mujeres, no tienen trabajo, según el Instituto Nacional de Estadística Informática y Geografía. No obstante, los sindicatos conocidos como “oficiales”, definidos como “charros” y que dependen del capital del gobierno, mantuvieron privilegios, como que un solo individuo o un comité por rama o empresa regula la fuerza de trabajo, hace contratos a modo, llamados de protección y cobra millones de pesos en cuotas.

Pero, además, ese comité puede pedir el despido de cada trabajador que no esté de acuerdo con dicho comité. Se llama cláusula de exclusión, con lo cual las dirigencias históricas se han mantenido en el poder. Hoy, por la vía de centrales, federaciones o confederaciones, las dirigencias tienen una cuota de representación en el Congreso, en gobiernos locales o estatales y contratos especiales con las grandes empresas, sean estas del Estado o privadas, y sean las dirigencias de un partido político o de otro.

En este panorama, patrones y diversos gobiernos, desde hace 30 años, han buscado cambiar la legislación. Existen 164 iniciativas en el Congreso Federal sin aprobarse. La ley vigente se fundó en el tutelaje del Estado a los trabajadores, hoy podría ser integralmente modificada en los próximos 40 días, legalizando todas las violaciones y reforzando solo las necesidades patronales.

La iniciativa puede acordarse rápidamente, en virtud de que existe el derecho del Presidente de la República a proponer dos leyes al comienzo de un período camaral, y que estas tienen que dictaminarse aprobando o rechazando en los siguientes 30 días. Desde 1931 solo hubo un cambio profundo, en los años setenta, que modificó exclusivamente lo que se llama asuntos procesales para el tema de los conflictos obrero patronales, fortaleciendo los tribunales laborales, llamados en México Juntas de Conciliación y Arbitrajes, las que se construyen con representantes del gobierno, los patrones y los trabajadores.

Estas juntas debían desaparecer, dijo a SEMlac el abogado Arturo Alcalde, integrante de la Asociación de Abogados Democráticos, y pasar los conflictos a los tribunales comunes, porque hoy las juntas son el coto de poder patronal y del sindicalismo oficial. Hay asuntos que se tardan en resolver hasta cinco años.

Alcalde reconoce que hay que cambiar la ley y dijo que existen propuestas dignas, democráticas y justas, que Felipe Calderón no tomó en cuenta. La Reforma, según la politóloga Inchaústegui, atenta contra la tutela del Estado a la clase trabajadora, deja libres a los patrones para mercadear la fuerza de trabajo, engaña con los derechos de las mujeres, quita responsabilidades al Estado y privatiza la movilidad de las y los trabajadores, que solamente queda en manos de los patrones.

Perú: Empleo femenino: no todo lo que brilla es oro (ni buenos sueldos)“Entre un hombre y una mujer con igual preparación y experiencia prefiero contratarla a ella”, se jacta Vicente Ayulo, gerente y propietario de una empresa aroexportadora. “Son más dedicadas, más responsables, no le quitan el cuerpo al trabajo”, añade. Tal vez debió agregar: y se le paga menos que a un hombre. Porque en el Perú, si bien el mercado laboral va adquiriendo un rostro femenino -su tasa de participación en el mercado es del 60 por ciento, superior al promedio latinoamericano- las desigualdades remunerativas se mantienen con características propias según los sectores que se analicen.

Y, contrariamente a lo que pudiera suponerse, parece que mientras más alto el nivel laboral mayor es la diferencia salarial. Así, según el Ministerio de Trabajo, a nivel de gerentes, administradores y funcionarios de alto nivel, las mujeres ganan en promedio semanal un tercio menos que sus colegas varones en igual puesto.

Entre profesionales y técnicos la brecha es del 50 por ciento a favor de ellos. Y de allí en adelante los porcentajes en contra se mantienen en todos los grupos ocupacionales, incluso en el de servicios y trabajadores del hogar, donde la presencia femenina es mayoritaria.

Según el Ministerio de Trabajo, la brecha se hace más notoria en las empresas que tienen más de 50 trabajadores y la principal explicación es la discriminación. “En menos medida (la brecha salarial) puede explicarse por características individuales de las personas como el nivel educativo, la edad, experiencia, etc.”, subraya el anuario “La mujer en el mercado laboral peruano, 2009” (última publicación disponible).

Y contrariamente a lo que afirma el empresario Ayulo, según el informe, “las trabajadoras resultan menos atractivas para las empresas privadas peruanas que tienden a emplear mucho más hombres que mujeres”.

“Este fenómeno tiene relación tanto con los altos niveles de competitividad solicitados a los trabajadores como con la menor capacitación laboral de las mujeres, pero también se explica en el hecho que las empresas perciben que emplear una mujer implica mayores costos por la posibilidad abierta de la maternidad y de los derechos laborales que implica”, indica el documento.

Desafortunadamente, esta situación no es exclusiva del Perú, ni siquiera de Latinoamérica. En los países industrializados, es decir los más ricos del planeta, las mujeres ganan en promedio cinco veces menos que los hombres en puestos similares y con el mismo nivel educativo. Lo dice ni más ni menos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una fuente irrefutable.

Una investigación realizada por Claudia Goldin y Lawrence Katzs, dos economistas laborales de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, comparó los sueldos de hombres y mujeres recién graduados con una maestría en administración de negocios (comúnmente conocida como MBA por sus siglas en inglés), y encontró una pequeña diferencia a favor de ellos, pero que llegaba hasta 40 por ciento a los 10 o 15 años.

Los autores explicaron semejante brecha porque las mujeres a lo largo de su carrera sufren más interrupciones y trabajan menos horas en promedio. Pero otro dato importante que hallaron fue que los hombres con un MBA negocian sus mejoras salariales hasta ocho veces más en promedio que las mujeres.

“Parece mentira, pero aún hoy, en pleno siglo XXI, hay muchísimas mujeres que no saben negociar un aumento, les da vergüenza, no se atreven, temen ser rechazadas o, peor aún, ser víctimas de propuestas indecentes o acoso sexual por esa causa”, dijo a SEMlac la psicóloga empresarial Irene Pazos.

“Es fruto de prejuicios, de una educación conservadora en el hogar y la escuela, pero tampoco en los centros de enseñanza superior se les enseña a las mujeres que negociar las remuneraciones forma parte del mundo laboral; se asume una actitud muy pasiva, esperando que se nos reconozca los méritos y como ello pocas veces ocurre pues no solo se genera frustración sino relegación en la escala remunerativa”, acota.

“La psiquiatra newyorquina Anna Fels estudió este comportamiento y llegó a la conclusión de que cuando damos algo a alguien nos sentimos ‘femeninas‘ pero cuando pedimos algo dejamos de serlo. Cuando los hombres piden algo son proactivos, pero cuando lo hacen las mujeres son molestas”, y señala que estas consideraciones están muy metidas en el yo femenino, aún en el de las altas ejecutivas.

El techo de cristal

Otro problema para las mujeres en el campo laboral son los ascensos. Nuevamente las estadísticas mundiales demuestran lo poco que se ha avanzado a pesar del ingreso masivo de mujeres al mercado laboral. Un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard reveló que solo el 1,5 por ciento de las direcciones ejecutivas de las 2.000 empresas con mejor desempeño en el mundo son ejercidas por mujeres.

En el Perú no hay datos confiables sobre el porcentaje de mujeres con altos cargos ejecutivos y si bien se tiene la percepción de que ‘algo‘ se ha crecido en los últimos años, según fuentes empresariales consultadas, esa cifra no llegaría ni al dos por ciento de las 6,7 millones de mujeres que trabajan en el país.

“En los bancos hay más posibilidades de ascender a puestos de gerencia, pero incluso aquí hay límites bien marcados: los puestos de alta dirección ejecutiva siguen estando en manos masculinas. Llega un momento en que te das cuenta que ya llegaste a tu techo y de allí no pasarás. En ese momento lo mejor es renunciar”, admite Flor Cáceres, exgerente de un banco local, que decidió acogerse a la jubilación anticipada.

Álvaro Aguirre, funcionario de una asociación de fondos de pensiones (AFP), comentó a SEMLAC que un gran porcentaje de mujeres se han acogido -y lo siguen haciendo- al régimen de jubilación anticipada, que permite que hombres y mujeres mayores de 55 años puedan cobrar mensualmente su fondo de retiro.

“Nos llamaba la atención que fueran más mujeres que hombres los que optaban por este régimen, pero al conversar con ellas nos dimos cuenta que la mayoría lo ve como una nueva etapa, como la posibilidad de iniciar un negocio por cuenta propia, independizándose de un jefe y un empleo”, señaló.

Esa tendencia, demostrada también por encuestas realizadas por empresas consultoras de mercado, se entiende mejor cuándo se analiza la calidad del empleo femenino en el Perú. En primer lugar hay que señalar que casi el 70 por ciento (4,7 millones) de mujeres no perciben un ingreso fijo, son subempleadas; y casi cinco por ciento de la PEA femenina no tiene trabajo.

Un segundo hecho a destacar es que el mayor porcentaje de la PEA femenina ocupada (28,8 por ciento) se dedica a la venta de diversos productos; el 21,6 por ciento son profesionales y técnicas (sector que va en ascenso); 15,6 trabajadoras del sector servicio y el resto son empleadas de oficina, trabajadoras del hogar, operarias y artesanas.

Dicho en otros términos: crece la participación femenina en el mercado laboral, pero más en cantidad que en calidad. Lo que, a su vez, conduce a otra arista del problema: la necesidad de muchas mujeres de trabajar para mantener sus hogares. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 30 por ciento de los hogares peruanos tiene en como jefatura económica a una mujer y de ese porcentaje, 80 por ciento son mujeres de los estratos económicos más pobres.

“Aún nos falta mucho para lograr no solo la equidad laboral, sino una incorporación realmente significativa de la mujer al mundo laboral”, reflexiona la analista laboral Beatriz Tello. “Si analizamos las cifras oficiales vemos que los sectores que generaron más empleo femenino fueron la agricultura y el comercio y sabemos que esos son empleos precarios. El sector de transformación e industria, donde se ubican los mejores puestos en cuanto a calidad y remuneración, aparece en quinto lugar con muy poco porcentaje”, detalló.

Un análisis por nuestro lado reveló que donde más ha crecido el empleo femenino ha sido en el de microempresas, donde las condiciones son generalmente precarias, con bajos sueldos, rayando en la informalidad y sin muchos derechos laborales. Y, más aún, dentro de este sector, el rubro al que más se dedican nuestras congéneres es a la preparación de alimentos (63 por ciento).

Como se ve el camino de la inserción laboral femenina aún está lleno de baches, grietas e inequidades.