De 2009 a 2011 se reportaron 445 muertes violentas de mujeres en Bolivia, de los cuales 283 fueron calificados como feminicidios demostrados; y solo en los primeros 10 meses de 2012 se registraron 71 asesinatos de mujeres por razones de género. En Bolivia siete de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, reveló la viceministra de Igualdad de Oportunidades Karina Marconi en la conmemoración del Día Internacional de Violencia Contra la Mujer.

Este domingo se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999 en recordación del asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo (1930 – 1961).

Según la directora regional de Onusida Alejandra Corao, la violencia de género constituye un grave problema mundial para las féminas de entre 15 y 44 años porque “provoca más muertes e incapacidad que el cáncer, el paludismo y los accidentes de tráfico juntos”. A escala planetaria, una de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o maltratada, y una de cada cuatro ha sido víctima de abuso sexual durante el embarazo, detalló Cocao al intervenir en el foro sobre la Valoración de la Mujer en el Mundo en el Medio Social, que sesionó hace poco en Caracas.

El informe “Feminicidio: Un Problema Global” de la organización Small Arms Survey revela que alrededor de 66 mil mujeres son asesinadas cada año y 17% de ellas son víctimas de homicidios intencionados. En Latinoamérica se encuentran 14 de los 25 Estados con mayor tasa de muertes violentas de mujeres, entre ellos El Salvador, Venezuela, Jamaica, Guatemala, México, Honduras, Colombia, Bolivia, Belice, Ecuador, Brasil, República Dominicana y Bahamas. Guatemala ostenta la segunda tasa más alta de femicidios (92,94 por cada millón de habitantes) reveló un estudio de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Crímenes en Bolivia

En el período 2009-2011 el Observatorio Manuela registró 445 muertes violentas de mujeres en Bolivia, de los cuales 283 fueron clasificados como feminicidios demostrados. Según estadísticas del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), en los primeros 10 meses de 2012 ocurrieron 110 muertes violentas de mujeres, de las cuales 71 fueron feminicidios y 39 asesinatos por inseguridad ciudadana.

Respecto a la violencia sexual, existe un sub registro que invisibiliza la problemática, toda vez que varias investigaciones demuestran que este delito afecta a miles de mujeres y sólo un 0.04% es sancionado debido a múltiples falencias en su tratamiento penal. El feminicidio también es invisibilizado en el país debido a que no está tipificado en el Código Penal.

Las mujeres se encuentran “en situación de vulnerabilidad”, fruto perverso de “un sistema patriarcal que logró establecerse en la relación desigual entre hombres y mujeres”, aseveró la viceministra Marconi y reveló que las estadísticas indican que en el país “siete de cada 10 mujeres denunciaron violencia, económica, sexual, sicológica y física”. (El Pueblo es Noticia, radio Patria Nueva y Bolivia TV)

Solo como ejemplo, la Plataforma de Atención Integral a la Familia de la Subalcaldía Periférica de La Paz registró 263 denuncias de violencia intrafamiliar durante el primer trimestre del presente año a través de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), convirtiéndose así en el macrodistrito con mayor incidencia de casos en el municipio de La Paz, informó el director de Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia Marcelo Claros.

Según el reporte trimestral de la Unidad de Atención Integral a la Familia, dependiente de la Dirección de Defensoría Municipal, la mayor incidencia de denuncias se registró en el macrodistrito de Periférica, alcanzando un 36% de un total de 726 casos. A este le sigue el macrodistrito Max Paredes con un 18% y el macrodistrito San Antonio con 17%.

De continuar aumentando el número de casos denunciados se proyecta que en la presente gestión las denuncias se incrementen de 2.245 en 2011 a 2.904 este año, lo que representa un aumento del 30%. Según las estadísticas de la gestión pasada, los casos más recurrentes tienen que ver con maltrato psicológico y maltrato físico – psicológico, el primero alcanza un 54% de los casos denunciados y el segundo llega al 28%.

El maltrato psicológico se refiere a todo tipo de conducta verbal o no verbal que provoca un impacto negativo sobre el bienestar emocional o psicológico de otra persona. La víctima de este tipo de maltrato llega a sentir dependencia del abusador, confusión, depresión, ira y paulatinamente llega a perder el control de su propia vida.

Avances legales

La viceministra Marconi destacó los avances logrados hasta la fecha en la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres. Citó como ejemplo la construcción de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia que establecerá cobertura institucional. El anteproyecto se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, de garantizar a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica.

Marconi recordó la vigencia del Decreto Supremo 1053 que establece el Día Nacional Contra todas las formas de Violencia hacia las Mujeres y su adhesión al Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer. En septiembre la presidenta en ejercicio Gabriela Montaño promulgó el Decreto Supremo 1363 que conforma el Comité de Lucha Contra la Violencia con delegados de los ministerios de Justicia, Educación Comunicación y de las organizaciones sociales.

Ese comité tiene potestad para llevar adelante campañas de sensibilización para concienciar a la población boliviana de la importancia que significan las acciones para erradicar en forma progresiva la violencia contra la mujer. La implementación del Registro Único de Violencia Intrafamiliar a través de los servicios legales integrales de las gobernaciones permitirá remitir al Instituto Nacional de Estadística (INE) y al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades los reportes de casos denunciados.

Integrantes de la Alianza de Organizaciones de las Mujeres por la Revolución Cultural y Unidad socializan el anteproyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres el respeto, una vida digna y libre de violencia, cuyo objeto es proporcionar al Estado los mecanismos para erradicar la violencia. “Queremos que los índices de violencia bajen y se erradique la violencia a través de la Ley Integral, que crea juzgados especializados de violencia, establece la atención en las unidades de la Felcc, el fortalecimiento de las Brigadas y los Slims, la creación de casas de acogida temporal en áreas urbanas y rurales”, expresó la responsable de Incidencia de la Articulación de las Mujeres por la Equidad e Igualdad (Amupei) Lorena La Mar.

La normativa tiene por objeto establecer y adoptar mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención de la violencia, de atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia y de persecución y sanción a los agresores, para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, el respeto, una vida digna y libre de violencia.

Asimismo, la propuesta establece declarar de prioridad nacional la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, para lo cual los Órganos del Estado y entidades territoriales autónomas adoptarán las medidas y políticas necesarias y asignarán los recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio.

El anteproyecto tipifica diferentes tipos de violencia: la física, feminicida, psicológica, mediática, simbólica o encubierta, por discriminación racial, sexual, a los derechos sexuales y reproductivos, obstétrica, esterilización forzada, embarazo por engaño o presión, interrupción forzada del embarazo, además de la violencia económica, patrimonial, laboral, política, institucional y acoso sexual.

La norma define también un nuevo tipo penal, el feminicidio, sancionado hasta con 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. “En Bolivia se está dando el tema del feminicidio de manera muy importante. Hay cifras sumamente altas de denuncias, y muy pocos casos son sancionados con esa figura penal. Las mujeres estamos luchando contra eso, no es una demanda de cierto grupo de mujeres, sino que todas las mujeres estamos involucradas en esto”, afirmó la viceministra Marconi.

La presidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado Burgoa aseguró que se iniciará la socialización de la propuesta del Código Penal, donde se incorpora el delito de feminicidio. “Se hizo una reflexión con expertos internacionales a nivel de Latinoamérica, donde hay un enfoque patriarcal que subestima a la mujer en el derecho penal, luego vamos a iniciar la socialización de la propuesta del Código Penal que estamos haciendo desde las mujeres”, aseveró.

La legisladora anunció la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal, estableciendo la sanción máxima de 30 años para los infractores. “Queremos incorporar el delito de feminicidio, que es causar la muerte a hacia una mujer por su condición de ser mujer y que por los datos estadísticos que se conocen, se ocasionan por el cónyuge o pariente, es un tema que nos preocupa la violencia y los asesinatos que ahora se están proponiendo en el Código Penal”.

Por su parte, la ministra de Comunicación Amanda Dávila destacó los avances institucionales de la lucha contra la violencia a la mujer y, al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como así la Declaración del Día y Año Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, pidió llevar a la práctica la normatividad existente al respecto.

“En Bolivia hemos avanzado mucho en la normativa, tenemos leyes importantes para esta lucha, pero todavía nos falta la implementación, la práctica para resguardar a las mujeres en su seguridad y bienestar”, reconoció Dávila.

Según la Ministra, “el gobierno está luchando contra la patriarcalización de las cosas. Se habla mucho de la despatriarcalización, se habla de la descolonización que también involucra a este fenómeno de la violencia, pero en muchas estructuras del Estado hay esta cultura machista. Eso se nota cuando en este tipo de normativas se necesitan recursos y son las menos atendidas. Hay mucha buena fe y mucha conciencia, pero en la práctica quienes tienen que fortalecer las Brigadas de Protección a la Familia o los centros de atención a las mujeres afectadas no cumplen con esa tarea, porque priorizan otros temas que son también importantes”.

Con información de ABI.