La gestión gubernamental se ha abocado a la campaña electoral 2014, por lo que después de años de espera impulsa varios proyectos: el teleférico La Paz-El Alto; el satélite Túpac Katari; el aeropuerto de Copacabana, la Empresa Azucarera de San Buenaventura, el Aeropuerto Internacional de Sucre; la doble vía La Paz-Oruro; la planta separadora de líquidos Gran Chaco; la presa Misicuni, y la planta industrializadora de amoniaco-urea en el trópico de Cochabamba.

La necesidad de acelerar dichos proyectos podría estar relacionada con el desgaste que enfrenta el gobierno como evidencia la encuesta de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, del 20 y 28 de junio en el eje troncal elaborada para Página Siete, que señala que el 59% de los bolivianos no está de acuerdo con un tercer mandato del Presidente Evo Morales.

Algunos acontecimientos van en detrimento del temprano juego electoral y ponen en duda la eficiencia gubernamental, por ejemplo el irresponsable manejo del hallazgo de dos toneladas de mineral almacenado en el garaje de un edificio céntrico de La Paz, que más allá de ser o no radioactivo, puso en evidencia la improvisación y el desconocimiento de lo que sucede aún a pocas cuadras del Ministerio de Gobierno, hecho que es corroborado con la supuesta “ruptura en la cadena de mando” en la represión de Chaparina.

Otros factores que afectan al gobierno son: los conflictos mineros que trascienden los casos de Colquiri y Mallku Khuta y se repiten recurrentemente desde el enfrentamiento en Huanuni el 2006; el conflicto por la carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que no puede ser resuelto hace al menos 14 meses ni siquiera con la instrumentalizada consulta; el incremento de la inseguridad ciudadana que provoca desgaste interno y del narcotráfico que provoca desgaste externo.

Mientras tanto, la oposición hace el ensayo de la unidad para la elección de un nuevo gobernador en Beni. Hasta aquí, el Movimiento Sin Miedo (MSM) se mantiene al margen y la unidad se construye entre liderazgos y partidos, pero no ha logrado incorporar actores de base y organizaciones políticas no partidarias sectoriales, corporativas o territoriales. Mientras eso no suceda, el Movimiento al Socialismo (MAS) seguirá fuerte con el 34% de apoyo centrado en sus aliados cocaleros campesinos, e indígenas en tierras altas.

Sistema político

a) Representación y mediación política

La Dirección Nacional del MAS inauguró su Escuela de Formación Política “Domitila Chungara”, para capacitar a actores sociales que fueron elegidos para que contribuyan al proceso de cambio; realizó un ampliado nacional donde proclamó a Evo Morales como candidato a la presidencia para el 2014; y decidió promover la reinscripción de sus militantes y expulsar de sus filas a los “infiltrados” o “gente ajena al proceso”.

De igual modo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), impulsan planes para detectar a los “infiltrados afiliados”.

El MSM presentó su tesis político-ideológica que identifica cuatro rupturas que explican cómo el MAS abandonó su rol y principios para conducir el denominado proceso de cambio. Profundiza su democratización interna con la apertura de libros de inscripción de nuevos militantes en todo el país -con énfasis en El Alto-, quienes podrán participar en octubre en el Cuarto Encuentro Nacional Extraordinario donde se aprobará la nueva tesis política.

Avanza la consolidación del frente Integración para el Cambio (IPC), liderado por Félix Patzi, con direcciones en 8 ciudades y la propuesta de crear un “tercer sistema”, cuyos fundamentos serían la sustitución del capitalismo neoliberal y el socialismo estatista por un modelo económico administrado por la propia colectividad.

El jefe nacional de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Johnny Fernández anunció la reestructuración de su partido desde noviembre para participar en las elecciones de 2014.

Se reunió la Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas para elegir una nueva directiva de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), proceso que fue cuestionado en su legalidad, especialmente por la politización y división interna generada por el Gobierno nacional a través de sus aliados.

b) Gestión legislativa

La Asamblea Legislativa Plurinacional lanzó la convocatoria al cargo de Fiscal General del Estado que será elegido por dos tercios de votos de los miembros presentes, asimismo aprobó las siguientes leyes:

Ratificación de convenios: Ley 267 Convenio de Cooperación con la República Bolivariana de Venezuela para Prevención del Uso Indebido y la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas; Ley 244 Acuerdo de Cooperación con la República Bolivariana de Venezuela para la Constitución de la Gran nacional de Producción de Alimentos.

Decisiones Administrativas: Ley 272 Aprueba la enajenación de un terreno en Villa Montes, a favor de YPFB; Ley 268 Aprueba la enajenación de un terreno en Caraparí, a favor de YPFB; Ley 252 Dispone que las Servidoras Públicas y Trabajadoras gocen de tolerancia para someterse a exámenes de Papanicolaou y/o Mamografía.

Declaratorias y priorización: Ley 266 Declara a la Festividad Folklórica de la Virgen del Carmen de la Zona 16 de Julio de El Alto como patrimonio cultural y religioso; Ley 258 Declara de necesidad concurrente la construcción de presas, sistemas de riego, pozos, tanques australianos, galerías filtrantes, atajados, y otras para el aprovechamiento sostenible y cosecha de agua con fines agropecuarios en el Chaco tarijeño; Ley 250 Declara Patrimonio Cultural e Inmaterial a la danza Waka Waka o Waka Thocoris; Ley 249 Declara el Pujllay y Ayarichi, patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad nacional.

Contratos de Préstamo: Ley 271 Contrato de Préstamo con la CAF por hasta US$13 Millones para el “Proyecto de Construcción del Túnel de Incahuasi”; Ley 270 Contrato de Préstamo con la CAF por hasta US$75 Millones para el “Proyecto de Construcción de la carretera Chacapuco – Ravelo”.

Decisiones políticas: Ley 261 Construcción del Sistema de Teleférico en La Paz y El Alto; Ley 259 Control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

c) Autonomías

En Santa Cruz, Rubén Costas continúa como gobernador a pesar de diversos intentos de suspenderlo por el oficialismo y su aprobación en las encuestas sube; el Concejo Municipal se encuentra dividido en tres facciones: la de Desirée Bravo; la de los denominados “disidentes” de Óscar Vargas, y la del oficialista Freddy Soruco.

El Ministerio de Autonomías informó que hasta fin de año serán alrededor de 50 municipios los que concluyan sus cartas orgánicas, y que ya se han presentado 20 cartas orgánicas y 5 estatutos indígenas al Tribunal Constitucional para su revisión de constitucionalidad.

Las elecciones para gobernador en el Beni y alcalde en los municipios de Punata (Cochabamba) y de Bermejo (Tarija) serán el 2013. Los comunarios del municipio de Buenavista tapiaron las puertas de la Alcaldía exigiendo la convocatoria a elecciones.

Legalidad

a) Independencia y equilibrio de poderes

El Presidente Evo Morales pidió su renuncia al ministro de Medio Ambiente y Agua, por haber mentido respecto a los servicios de agua y luz en el aeropuerto de Uyuni.

Debido a las denuncias sobre una presunta injerencia de la ministra de Justicia Cecilia Ayllón y del diputado Héctor Arce en el fallo sobre la consulta en el TIPNIS, el pleno del Tribunal Constitucional pidió la renuncia y anunció acciones penales y administrativas contra el magistrado Gualberto Cusi, quien posteriormente se retractó de sus afirmaciones.

El Tribunal Supremo Electoral eligió como nueva presidenta a la vocal Wilma Velasco, con cuatro de los siete votos de la Sala Plena.

b) Estado de derecho y seguridad jurídica

Uno de los mayores problemas en el proceso de reformas es que las normas promulgadas no pueden ser aplicadas por la demora del Órgano Ejecutivo en la preparación de los decretos reglamentarios.

Mientras tanto, el Ministerio público se encuentra muy activo: presentó imputación contra el general (r) Ciro Óscar Farfán y el coronel Roberto Torres en el caso Caranavi; el ex mayor de la Policía, David Vargas, y la dirigente de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas como presuntos instigadores del motín policial; el Gobernador suspendido de Tarija Mario Cossío; el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández; el alcalde de Trinidad Moisés Shriqui y otros funcionarios municipales; contra el ex ministro de Gobierno Víctor Hugo Canelas Zannier en el caso Gastos Reservados II; y excluyó al ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti del caso “Chaparina”, lo que fue cuestionado por el Defensor del Pueblo e impugnado por el ex dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ).

Tanto la Fiscalía del Estado, como la presidenta de la Cámara de Senadores, advirtieron con sanciones a funcionarios que viabilicen el salvoconducto para el senador Roger Pinto, asilado en la Embajada de Brasil, porque estarían impidiendo que el imputado sea procesado en Bolivia por casos de corrupción.

El ministro de Gobierno presentó una querella criminal ante el Ministerio Público contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario, por tergiversar un discurso del Presidente Evo Morales.

El Viceministro de Descolonización inició un proceso por supuestos delitos de racismo y discriminación contra Samuel Doria Medina (UN), quien denunció que supuestamente el presidente Evo Morales habría embarazado a una menor.

En Cotoca la Fiscalía rescató a un joven menonita que estuvo tres meses en una jaula metálica en su propia casa, como castigo por romper las normas religiosas de la colonia Bélice. No se conoce de procesados por tal atropello a los derechos humanos.

c) Seguridad ciudadana

Ante el creciente número de personas desaparecidas, la presidenta de la Cámara de Senadores, el viceministro de Seguridad Ciudadana, y la viceministra de Igualdad de Oportunidades presentaron una estrategia de movilización social contra la trata y el tráfico de personas. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, pese al incremento de éstos delitos en los últimos años no existen datos oficiales al respecto y los datos extra oficiales muestran que el 90% de los casos afecta a niños y adolescentes -la mayoría mujeres- llevados a países vecinos, España y Estados Unidos, con el objetivo de explotación laboral y sexual.

La debilidad institucional de los entes llamados a sancionar éstos delitos es estructural y sólo en el primer semestre de 2012, la Dirección General de Investigación Policial abrió 650 procesos contra efectivos; 1.200 policías pidieron su baja voluntaria desde la promulgación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario; y el Consejo de Magistratura suspendió a 33 jueces y funcionarios judiciales.

Políticas públicas

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE) renunció a su cargo faltando cuatro meses para el inicio del Censo Nacional de Población y Vivienda y fue sustituido por Ricardo Laruta. El grupo académico de trabajo “La Ruta del Censo 2012” expresó su preocupación por la demora en la actualización cartográfica, la capacitación de los encuestadores, y las observaciones a la boleta censal como la exclusión del término “mestizo”, a pesar de lo cual la Ministra de Planificación del Desarrollo enfatizó que no se realizará ningún ajuste a las 49 preguntas establecidas.

El Presidente Evo Morales anunció la llegada de un nuevo helicóptero bimotor para el cumplimiento de sus tareas; dio un adelanto de Bs. 1,5 millones -de un total de Bs. 10.575.153,96- para la construcción del hangar y terminal presidencial; entregó dos helicópteros EC-145 a la Fuerza Aérea de Bolivia adquiridas a Eurocopter para transporte y defensa civil; y determinó la instalación de 4 batallones militares ecológicos en los parques Isiboro Sécure y Carrasco con el objetivo de resguardarlas e impedir nuevos asentamientos ilegales y plantaciones de coca.

En el acto de entrega de la primera fase del Complejo Aeronáutico construido con una inversión de Bs. 15,6 millones, el comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana informó que el Congreso de Brasil aprobó la donación de 4 helicópteros para la lucha contra el narcotráfico.

La Agencia Boliviana Espacial seleccionó a 74 profesionales para capacitarse en China para el manejo del satélite de telecomunicaciones Túpac Katari, con una inversión de US$. 21,5 millones. El Gobierno anunció la inversión de US$. 600 millones en la industria de las telecomunicaciones y para el desarrollo del área espacial y prevé obtener ganancias anuales de US$ 20 millones con la puesta en órbita del satélite Túpac Katari funcionando al 100%.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adjudicó a la empresa coreana Samsung la construcción de las plantas de urea y amoniaco, por US$. 843 millones aunque la previsión era de US$. 1.100 millones. La empresa deberá entregar el complejo petroquímico el 21 de agosto de 2015. La ubicación y la falta de un plan de mercadeo podrían restar viabilidad al proyecto de acuerdo a varios expertos.

El Gobierno lanzó una campaña de promoción turística con el video “Bolivia te espera”, que se difundirá por las cadenas de televisión internacionales Fox, CNN, Telesur y BBC, con una inversión inicial del US$. 800.000 de un presupuesto de US$. 20 millones provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Bolivia cayó seis puestos en la clasificación establecida por el Doing Business 2012, del Banco Mundial en su estudio “Haciendo negocios en un mundo más transparente” pasando del puesto 147 en la gestión 2011 al 153 para este año.

De acuerdo al Boletín Cifras N. 136 del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) basado en datos del Banco Central de Bolivia, la deuda externa bilateral de Bolivia a mayo de 2012 totalizó US$. 844 millones y el principal acreedor es la República Bolivariana de Venezuela, con US$. 420 millones.

Los datos de monitoreo de publicidad y propaganda de las empresas Doble N y Publimarket revelan que el Gobierno nacional erogó un total de US$. 8.330.034 en propaganda en 2011, mientras que entre enero y julio de 2012 el gasto asciende a US$. 9.324.995, de modo que el gasto promedio mensual se incrementó en más del 90%.

a) Lucha contra la corrupción

Los hechos a resaltarse en el periodo son los siguientes:

− La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) suscribió contratos por US$. 25 Millones para la compra de 16 barcazas y 2 empujadores, con las empresas coreanas Yeunsoo Shipbuilding Co.Ltda. y Seah B&K Duck Sung que debieron ser entregados a fines de 2010, y aún nada.

− El Ministerio Público imputó al Jefe de Estado Mayor de Ejército, por la comisión de varios delitos en la compra de 300 espadines en 2010, cuando se encontraba como director del Colegio Militar.

− El Estado habría pagado el doble del precio real por la maquinaria que la empresa brasileña D’Andrea entregó para el montaje de la empresa estatal Papelbol.

− La Fiscalía inició una investigación penal contra la presidenta del Consejo de la Magistratura, el presidente y los vocales del Tribunal de Justicia de La Paz, por tráfico de influencias en la designación de notarios.

− El alcalde suspendido del municipio de San Buenaventura, se encuentra detenido preventivamente por el desvío de 1.500 barriles de cemento asfáltico.

− La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz detuvo a una banda de falsificadores de licencias de conducir, entre los que estaba un cabo de la Policía.

El representante del Consejo de la Magistratura de La Paz informó que entre enero y julio de este año se recibieron 480 quejas en contra de funcionarios judiciales.

b) Lucha contra el narcotráfico

Según el director de la Oficina para la Política Antidrogas del Gobierno de Estados Unidos Gil Kerlikowske, Bolivia es el segundo productor de cocaína de la región después de Perú, ya que la producción de droga en Colombia cayó de 700 toneladas en 2001 a 195 toneladas en 2011. Perú tendría una producción de cocaína de 325 toneladas, y Bolivia de 265 toneladas. El reporte fue rechazado por autoridades de gobierno.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) informó que entre enero y julio ejecutó 7.954 operativos; destruyo 2.673 fábricas y 3.005 fosas de maceración; incauto 24 toneladas de cocaína y 389 toneladas de marihuana; y aprehendió a 2.240 personas. De 5.226 fábricas destruidas en 2011, 4.176 se encontraban en Cochabamba, y de 2.673 fábricas destruidas en lo que va del año, 2.123 están en ese departamento que concentraría el 80% de la producción de cocaína. También informó que investigan 20 casos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.

De acuerdo al Viceministerio de Defensa Social, la erradicación muestra gradualmente mejores resultados con 5.400 hectáreas en 2009, 8.200 hectáreas en 2010, 10.500 hectáreas en 2011, y 6.152 hectáreas entre enero y julio de 2012, a pesar de lo cual el uso de las “técnicas colombianas” habría mejorado la “eficiencia” para obtener más cocaína con menos coca. También informó que según reportes de Inteligencia, los narcotraficantes trasladan sus actividades hacia el altiplano; que Tarija sería zona de tránsito hacia Argentina y Paraguay; y que la División de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS) permanecerá en Bolivia con menos recursos que serán destinados centralmente a la capacitación de recursos humanos.

El representante de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) informó que Bolivia recibe 30% menos recursos de cooperación para la lucha antidrogas por denunciar la convención de Viena sobre estupefacientes y la crisis económica Europea. Producto de ese recorte la presentación del informe anual de monitoreo de cultivos de coca aún no se ha presentado.

De acuerdo a información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) publicada en el diario El Universal de México, Bolivia es utilizada por cárteles mexicanos como un segundo proveedor de cocaína después de Colombia, y como centro de operaciones para llegar a otros mercados.

El Ministerio de la Presidencia remitió documentos de Inteligencia a la Fiscalía para que indague la presunta actividad de cárteles brasileros, colombianos y mexicanos en la que estarían involucrados funcionarios de la FELCN, del Grupo Especial Táctico de Investigaciones de Delitos Especiales (GETIDE), de Interpol, de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), además de particulares.

Los cocaleros de Yungas de Vandiola exigieron el retiro de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el respeto a los 900 catos de coca acordados con el Gobierno en 2006 y ratificados en 2009. Se produjo un enfrentamiento que dejo un saldo de cinco heridos, entre policías y comunarios, y cuatro detenidos. El Ministro de Gobierno aclaró que sólo se erradica coca ilegal en el Parque Nacional Carrasco y los dirigentes de la zona aceptaron eliminar 42 catos de coca. Un miembro del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) explicó que en los últimos meses se hallaron más plantaciones de coca en cuatro zonas no tradicionales: Apolo, provincia Murillo, Franz Tamayo y Larecaja.

El XXII Congreso de la Federación del Trópico de Cochabamba ratificó por novena vez consecutiva a Evo Morales como secretario ejecutivo, resolvió iniciar acciones judiciales contra Adolfo Chávez, Rafael Quispe, Justa Cabrera, Fernando Vargas, Juan del Granado y Pedro Nuni, y determinó defender “para siempre” el proceso de cambio.

Autoridades chilenas detuvieron un cargamento de 350 kilos de cocaína, capturaron una banda en Santiago, y detuvieron a un ciudadano con 82 cápsulas de cocaína de alta pureza en el estómago en Iquique; la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) confiscó 359 kilos de droga presumiblemente proveniente de Bolivia en el departamento Alto; la FELCN detuvo y luego extradito al capo de la mafia italiana Ndrangheta, Alessandro Maria Maesano.

Brasil llevó a cabo la operación Ágata 5, con más de 10 mil soldados en la frontera con Argentina, Paraguay y Bolivia, y halló 6 toneladas de droga, 11.000 kilos de explosivos y miles de dólares falsos. Las fuerzas aéreas de Bolivia y Brasil realizaron el ejercicio “BolBra II” en la frontera común para definir procedimientos de detección e interceptación de vuelos irregulares. Bolivia también fortalece la cooperación bilateral en la lucha contra las drogas con el Perú y con el Ecuador.

c) Relaciones internacionales

La designación del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti como embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, aprobada en sesión “reservada” de la Comisión de Política Internacional del Senado, tuvo múltiples cuestionamientos y el rechazo del Defensor del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y la CIDOB, por los hechos de Chaparina y Caranavi.

Como lo hicieron Venezuela, Argentina, Ecuador y Cuba, la Cancillería boliviana retiró al embajador en Paraguay en desconocimiento al nuevo presidente Federico Franco. La ministra de Defensa de Paraguay, observó la inversión que realiza Bolivia en la modernización de las Fuerzas Armadas y se refirió a la probabilidad de una nueva confrontación bélica en la región.

El Gobierno de Chile determinó la repatriación de 452 presos bolivianos encarcelados en ese país, la mayoría por delitos de narcotráfico, los que fueron recibidos por la Dirección de Régimen Penitenciario en Oruro. El titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima denunció un plan chileno que amenazaría al Estado boliviano por los diferendos de las aguas de los ríos Silala y Lauca. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) confirmó que 41 ciudadanos bolivianos solicitaron asilo en Chile.

El abogado de los presuntos terroristas Elód Tóásó y Mario Tadic determinó acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sus clientes puedan ser liberados de la cárcel de San Pedro donde se encuentran hace más de tres años sin sentencia.

El Gobierno decidió cambiar al embajador en Brasil para iniciar un proceso contra la revista brasileña Veja que denunció vínculos con el narcotráfico del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de la directora regional de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), Jessica Jordan con el convicto narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado Munhoz Filho.

Sigue pendiente la entrega del salvoconducto al asilado político senador Roger Pinto (CN), pero continua el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico con la donación de cuatro helicópteros y el ejercicio fronterizo de detección e interceptación de vuelos irregulares. El Gobierno del Brasil repudió el linchamiento de dos ciudadanos brasileños sindicados de asesinar a tres jóvenes bolivianos, en San Matías, Santa Cruz.

Durante la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ambos gobiernos firmaron un contrato que permite a YPFB vender el excedente de gas natural al mercado argentino.

La Embajada del Perú desmintió la versión de mineros de la zona fronteriza de Suches (La Paz), que denunciaron que policías peruanos incursionaron en territorio boliviano y les quitaron maquinaria, argumentando que se trata de minería ilegal en suelo peruano. Se realizó la “III Reunión de la Comisión Mixta Peruano-Boliviana” sobre cooperación en materia de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, y se analizó la posibilidad de operaciones coordinadas en otras zonas fronterizas.

El congresista republicano y presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, Chris Smith presentó una propuesta de resolución para negar las visas a altos funcionarios del Gobierno boliviano por los continuos retrasos de la justicia boliviana contra el estadounidense Jacob Ostreicher.

El representante de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas votó en rechazo a la resolución de la Asamblea General que condena al régimen sirio de Bachar Al Assad. El documento obtuvo 133 votos a favor, 12 en contra y 31 abstenciones. El presidente Evo Morales y el Canciller David Choquehuanca asistieron a la cumbre del Movimiento de Países No Alineados que se celebró en Teherán.

Gobernabilidad

Los principales conflictos del periodo se resumen del siguiente modo:

Demandas salariales: Militares del servicio pasivo se declararon en vigilia y huelga de hambre exigiendo su restitución al servicio para cumplir con 35 años y jubilarse con el 100% del salario como establece la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Toma de minas: Aunque el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 1308 que revierte el yacimiento a favor del Estado, se reavivó el conflicto de Mallku Khota en el norte de Potosí; también se presentaron enfrentamientos en Colquiri con saldo de 2 heridos y 11 detenidos y la demanda de renuncia del ministro de Minería; comunarios de Suk’awaña tomaron la mina en concesión a la empresa brasileña Cerusita Andina a la que acusan de provocar contaminación ambiental a sus cultivos y exigen el 15% de las regalías para el Municipio de Sacaca basados en el Decreto Supremo 29577; y en el municipio de Teoponte, provincia Larecaja de La Paz, los pobladores se enfrentaron con cooperativistas mineros por la explotación de oro, con un saldo de 10 heridos.

Cierre de empresas: La empresa América Textil (Ametex) -la mayor exportadora de textiles y empleadora privada con 3.800 trabajadores- se cerró; y no resultó el plan de “salvataje” de AeroSur y perdió la licencia de operación. En ambos casos los empleados se movilizaron.

Incumplimiento de acuerdos por el Gobierno: La Asamblea del Pueblo Guaraní decidió romper los acuerdos que suscribió con el Gobierno por incumplimiento y determinó iniciar un bloqueo de caminos cuestionando al Gobierno por dividir a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); las universidades públicas se declararon estado de emergencia en reclamo al incumplimiento del Gobierno del convenio firmado en mayo.

Adicionalmente, las víctimas de las dictaduras continúan en vigilia frente al Ministerio del Justicia; las esposas de policías retomaron medidas de presión por considerar como represalia la nueva orden de destinos; profesores de El Alto, Santa Cruz y Potosí rechazaron el Decreto Supremo 1302 destinado a erradicar la violencia en las escuelas, por considerar que atenta contra la presunción de inocencia; y se produjo un enfrentamiento armado entre efectivos del Ejército y contrabandistas de autos en el Salar de Uyuni, Potosí, con el saldo de un muerto.

Temas de coyuntura

a) La consulta en el TIPNIS

En base a las determinaciones de la Ley 222 de Consulta en el TIPNIS, el gobierno inició y aún lleva adelante, una consulta que es resistida por los indígenas de varias comunidades, que iniciaron la resistencia cerrando el paso por el río Isiboro y alambrando las pistas de aterrizaje para impedir la llegada de las brigadas de consulta. Son varias las acciones gubernamentales para aplicar la consulta:

− El ministro de Obras Públicas anunció la decisión de incluir a los cocaleros de las 13 comunidades del Polígono 7, fundamentando la decisión en una resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria del 31 de diciembre de 2008, y un reconocimiento del Conisur por parte de la Subcentral del TIPNIS en un documento firmado el 6 de septiembre de 2004.

− Según el protocolo preparado por el Ejecutivo se determinó la existencia del grupo étnico colla en el parque, y el presidente del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral, informó que se identificaron tres nuevas comunidades que no figuran en el protocolo de consulta.

− Comunarios y dirigentes del parque denunciaron la presencia de uniformados extranjeros operando en campamentos móviles en la parte norte del territorio, y posteriormente denunciaron la presencia de militares bolivianos.

− La Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz observó el recurso de Acción Popular presentado por el ex dirigente del CONAMAQ Rafael Quispe que buscaba paralizar el proceso de consulta.

− El Gobierno primero anunció una segunda vuelta, y posteriormente la Asamblea Legislativa Plurinacional determinó la duración de la consulta por tiempo indefinido.

− La Fiscalía de Beni anunció procesos y mandamientos de aprehensión a los indígenas que se resisten a la consulta, e informó que existen nueve órdenes de aprehensión contra dirigentes por presunta malversación de recursos.

− El Ejecutivo determinó la creación de “regimientos ecológicos” de las Fuerzas Armadas para controlar y preservar los parques nacionales, uno de los cuales se instaló en el sindicato Ichoa, del Polígono 7 adyacente al parque, con más de 800 efectivos.

El problema de la aplicación posterior de la consulta previa no se reduce al TIPNIS, indígenas guaraníes de la Capitanía de Yacuiba tomaron de forma pacífica los predios de la planta separadora de líquidos ubicada en ese municipio, porque las autoridades del Gobierno nacional no asistieron a la reunión que debía llevarse a cabo para hablar sobre la realización de la consulta previa, libre e informada a las comunidades del lugar.

* Fuente: http://institutoprisma.org/joomla/images/Dossieres/coyuntura_politica/informe%20coyuntura%20politica%2021%202012%20julio-agosto.pdf