La ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien N. 300 establece las bases para la construcción de un modelo de desarrollo alternativo basado en el Vivir Bien, pero está pendiente el diseño de nuevas políticas públicas que cambien nuestro patrón de producción no sostenible y acompañen este nuevo marco normativo. No es suficiente promulgar leyes con visiones de los pueblos indígenas y conceptos no mercantilistas, si éstas no están acompañadas de prácticas concretas y acciones reales.

El Anteproyecto Ley N. 037 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien fue aprobado en grande y detalle por la Cámara de Senadores a principios del mes de junio del 2012, y presentada por el Presidente Evo Morales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible – Rio +20. Luego fue aprobado en septiembre en sesión plenaria de la Cámara de Diputados en su estación en detalle. Finalmente, la Ley N. 300 “Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de octubre del mismo año.

En este contexto, CIPCA realizó un análisis crítico de los avances, limitaciones e implicaciones de esta Ley para las organizaciones Indígena Originario Campesinas con las que trabaja nuestra institución. Las organizaciones indígenas y originarias (CIDOB y CONAMAQ) contestarías al gobierno manifestaron sus cuestionamientos a esta Ley por no tomar en cuenta la propuesta anteriormente consensuada el 2010 (Propuesta de Ley Marco de La Madre Tierra N. 028). Del mismo modo, los sectores de la agroindustria del Oriente han manifestado sus críticas porque se verían afectados por la prohibición de uso de transgénicos y la expansión de la frontera agrícola, pese a tener algunos acuerdos previos con el gobierno para avanzar en estos temas.

La Ley sustenta las bases y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. El desarrollo integral sería un paso intermedio o parte del proceso para materializar el Vivir Bien como modelo alternativo al capitalismo. Además, en este proceso se garantizaría la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes estipulados en los acuerdos internacionales suscritos también por Bolivia. El desarrollo integral estaría articulado y subordinado al Vivir Bien, con el cual adquiere otra orientación y otro significado.

La Ley establece los objetivos, los lineamientos y la institucionalidad para el desarrollo integral como un nuevo modelo orientado al Vivir Bien, en armonía y en equilibrio con la Madre Tierra, definiendo el marco para las políticas de desarrollo vinculadas a los principales sectores: agua, minería, agricultura, bosques, recursos hidrocarburíferos, entre otros y así plantear los límites para migrar de un desarrollo extractivo sin la menor consideración sobre sus impactos socio ambientales, a un modelo que tenga normas claras sobre los estándares ambientales mínimos pero como una suerte de transición hacia un horizonte más ambicioso de “armonía con la madre tierra”.

Pretende sustentar las bases de un modelo de desarrollo, ahora denominado “integral” a partir de una visión intercultural que reconoce el valor de la visión de la madre tierra, pero que también es lo suficientemente lúcida para entender la necesidad de equiparar los valores sociales de justicia con la necesidad de normas ambientales básicas, siendo el desarrollo integral el paso intermedio hacia el Vivir Bien.

El modelo de desarrollo integral tiene como eje fundamental la compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes. La interdependencia y apoyo mutuo entre los derechos de la Madre Tierra, los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, el derecho del pueblo boliviano al Vivir Bien a través de su desarrollo integral y el derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza. Los planes, programas y proyectos del desarrollo integral se ejecutarán en equilibrio y complementación de los cuatro derechos antes mencionados.

En la Ley se adopta una visión no mercantilista de la Naturaleza y de la Madre Tierra, no se habla de recursos naturales sino de componentes de la madre tierra y sistemas de vida, recuperando las visiones y concepciones de los pueblos indígenas. El uso y aprovechamiento de los componentes y sistemas de la madre tierra están orientados al Vivir bien, y no al desarrollo y el crecimiento económico solamente. Sin embargo, es necesario acompañar a estos postulados con herramientas y prácticas concretas respecto a los derechos de la Madre Tierra y los derechos de los pueblos indígenas.

Respecto a la tierra, la Ley plantea la regularización y el control de la extranjerización en la propiedad, acceso y aprovechamiento de la tierra y de los otros componentes de la Madre Tierra. La Ley no prohíbe contundentemente la extranjerización de la tierra, sino la acepta en otras condiciones reguladas por el Estado.

La Ley plantea la eliminación de la concentración de la propiedad de la tierra o latifundio y otros componentes de la Madre Tierra en manos de propietarios agrarios y empresas con el fin de lograr mayor equidad en el acceso a los beneficios de la Madre Tierra. Sin embargo, este planteamiento se contradice con el art. 399 de la CPE, que garantiza y respeta los derechos propietarios adquiridos antes de la promulgación de la CPE. Solamente se pueden expropiar las actuales propiedades agrarias que no cumplan la Función Económica Social (FES).

Se plantea la necesidad de verificar el uso adecuado y las funciones de la tierra según las zonas y sistemas de vida, sin embargo, no se explicita la participación de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas para la recuperación de tierras que no cumplan con la FES.

Respecto a la producción agropecuaria, se plantea maximizar la eficiencia productiva y energética para minimizar el avance de la frontera agrícola y la afectación irreversible de zonas de vida, con el fin de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. El incremento de la productividad implica incorporación de nuevas tecnologías para encarar prácticas ambientalmente sostenibles de los componentes de la madre tierra. Sin embargo, esto contradice totalmente las propuestas planteadas las últimas semanas por el propio Presidente de apoyar la agroindustria para justamente la ampliación de la frontera agrícola en nombre de la seguridad alimentaria. Es por eso que también los agroindustriales del oriente manifestaron su oposición a la ley por estas restricciones.

Se condiciona la incorporación de tecnologías y prácticas que garanticen la capacidad de regeneración de las zonas y sistemas de vida, e insiste en la eficiencia productiva, promover la agricultura y ganadería empresarial pero bajo el incremento de la productividad. Este punto también puede ser algo contradictorio con la práctica porque para mejorar la productividad se puede recurrir a un mayor uso de insumos externos en desmedro de las prácticas ambientalmente sostenibles que se deben realizar con la madre tierra.

Impone restricciones a la introducción, producción, uso y liberación al medio y a la comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio nacional, de las que Bolivia es centro de origen y diversidad, y aquellas que atenten con la biodiversidad, el patrimonio y la salud, cerrando la puerta al cultivo de maíz transgénico y algunos otros que tienen su lugar de origen o diversidad en Bolivia, además los cultivos transgénicos que ya estén presentes en el país deberán ser paulatinamente eliminados. Ésta más bien es una forma ingeniosa de ponerle freno a la agroindustria, sin ser intransigente e inviabilizar la intencionalidad de la ley.

Sin embargo, es una prohibición a medias, mientras supuestamente no atente a la salud y a la biodiversidad, o no se demuestren sus efectos nocivos se seguirán produciendo, como la soya por ejemplo. En realidad se ratifica lo que se plantea en la Ley 144 de la Revolución Productiva.

Se pretende instaurar una garantía económica con el objetivo de resarcir cualquier posible daño ecológico, como requisito para poder proceder con las inversiones relacionadas al uso y aprovechamiento de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. Este mecanismo de protección y garantía de la Madre Tierra es un aporte importante a la legislación en materia de medio ambiente, sobre todo generando herramientas enfocadas hacia la prevención, compensación y remediación de impactos ambientales.

Los tipos de responsabilidad por el daño causado a los derechos de la Madre Tierra serán regulados por una ley específica, según refiere la norma, que además anticipa que serán imprescriptibles y que en estos casos no habrá lugar al beneficio de la suspensión condicional de la pena. Además, la norma regula aspectos referidos a la protección administrativa y jurisdiccional de la Madre Tierra; y estipula la obligación que tiene toda persona de cooperar con la autoridad competente para conservar la naturaleza.

En la Ley se define el uso y aprovechamiento de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, sin embargo no reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, sólo se la reconoce en términos de participación y opinión ciudadana sin ningún tipo de alcance, solamente se harían sugerencias que el gobierno podrá o no considerarlas. Este es un gran error porque el derecho a la consulta de los pueblos indígenas debía estar ampliamente establecido. La omisión de este derecho fundamental contradice los propios postulados de reconocimiento de derechos, muestra además una intencionalidad de continuar con las prácticas del modelo de desarrollo que afecta los componentes de la madre tierra y los territorios de los pueblos indígenas. Siendo este el retroceso más preocupante de la ley.

Respecto a la institucionalidad relacionada al Cambio Climático, no se identifica un cambio estructural de fondo o un fortalecimiento significativo del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC) de acuerdo a la actual crisis climática mundial, más bien pareciera un simple cambio de nombre de la instancia utilizando decorativamente una vez más el concepto de Madre Tierra. Sin embargo, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra operaría técnicamente a través de tres mecanismos: Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques; Mecanismo de Mitigación y el de Adaptación.

El Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques, se lo plantea como alternativa al actual mecanismo REDD, fuera de la lógica de mercantilización de la naturaleza y promoviendo la gestión integral y sustentable de los bosques, además de la conservación, protección y restauración de la biodiversidad y sus funciones ambientales, para enfrentar las causas y reducir la deforestación y degradación de los bosques en un contexto de mitigación y adaptación al Cambio Climático. CIPCA estaría de acuerdo con este mecanismo ya que es compatible con el trabajo que venimos realizando con los Sistemas Agroforestales y manejo de bosques en la Amazonía.

Por tanto, para la construcción de un modelo de desarrollo alternativo basado en el Vivir Bien no es suficiente promulgar leyes con visiones de los pueblos indígenas y conceptos no mercantilistas, si éstas no están acompañadas de prácticas concretas y acciones reales. La ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien N. 300 establece las bases para ello pero está pendiente el diseño de nuevas políticas públicas, que cambien nuestro patrón de producción no sostenible y acompañen este nuevo marco normativo.

Existe una urgente necesidad de un cambio de paradigma civilizatorio que conlleve a una transición del actual modelo extractivista, a un modelo económico hacia el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra y que logre una verdadera inclusión social, política económica y cultural de los pueblos como está expresado en el acuerdo suscrito en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.

* http://cipca.org.bo/files/Ley%20de%20la%20Madre%20Tierra/Documento%20de%20analisis%20Ley%20No%20%20300%20%28v%20%203%29.pdf