Una modificación sistémica de las prioridades de educación otorga estructura oficial y permanente a una discriminación preexistente sobre la muy desfavorecida población pobre, comprendida en gran parte por personas de color criminalizadas. El aumento de escuelas autónomas corporativas y de prisiones privatizadas no se puede entender separado de las cifras del cierre de escuelas públicas en todo el país.

En otras palabras, en EEUU está en marcha una política gubernamental y corporativa de extinción de la educación pública para todos y la conversión de los negros, marrones y latinos pobres en carne de presidio. La educación será para unos pocos privilegiados, mientras grandes corporaciones como el Bank of América y WalMart ingresan al negocio de la educación básica, a la vez que están en el rubro cárceles privadas, donde funcionan industrias que pagan hasta de 2 dólares por día de 8 horas de trabajo a la mano de obra esclavizada de los reos.

Más que el título de una noticia, “Destrucción de la Educación Pública Alimenta el Complejo Industrial de Prisiones” es un llamado a la reflexión de Adwoa Masozi, del Instituto de Estudios Políticos, publicado solamente por Inter Press Service, el 27 de febrero 2012, y rescatada por Proyecto Censurado como la 20ª noticia más censurada en el anuario Censored 2013. Lo que sigue es la traducción literal del trabajo de Masozi:

Estamos ante una redefinición sistémica de prioridades de la educación que da estructura oficial y permanente a una clase inferior preexistente compuesta en gran parte por gente pobre criminalizada, negro y marrón. A través de los estados de la Unión se están extirpando miles de millones de dólares de sus presupuestos de educación, como si el 22% de la población no fuera funcionalmente analfabeta.

De acuerdo a los estándares NAAL (sigla en inglés de Evaluación Nacional de Alfabetización de Adultos) del Centro Nacional de Estadísticas de Educación, 68 millones de personas están leyendo por debajo de los niveles básicos. El Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas encontró que “casi todos los estados están gastando menos dinero (en educación) que en 2008 (después de la inflación), a pesar que el costo de la prestación de servicios será mayor”. Además de reducir 4 mil millones de dólares de su presupuesto, Texas también ha eliminado los fondos estatales para programas de pre-kinder que sirven a alrededor de 100.000 niños, en su mayoría en riesgo. Carolina del Norte ha reducido casi 1.500 millones de dólares de la educación K-12 (suma de primaria y secundaria), que deriva en una pérdida del 80% de los fondos para libros de texto y un recorte del 5% para ocupaciones de apoyo, como consejeros y trabajadores sociales, entre numerosos otros recortes. Decisiones como éstas dejan pocas razones para preguntarse ¿por qué esos dos estados enfrentan un 27% de tasas de deserción?

Cerrar las escuelas públicas se ha convertido en un furor, que condujo incluso al estado de California a sacar una guía de buenas prácticas sobre la manera de cerrarlas y hacerlas aptas para otro giro. En su lugar, ¿por qué no promover una “guía de buenas prácticas para mantener una escuela viable”? ¿Por qué tomar estas decisiones cuando se sabe que la falta de educación reduce el acceso a oportunidades de empleo de calidad (y legítimo), aumenta la probabilidad de encuentros con el sistema criminal de (in)justicia, repercute negativamente en los resultados de salud y, en general, limita la capacidad para determinar su propio futuro?

Lo que estamos presenciando es una refundación sistémica de prioridades de la educación que da estructura oficial y permanencia a una clase inferior preexistente compuesto en gran parte de pobres criminalizados, negros y marrones. Ciertamente, tener una extensa clase baja no es nuevo en EEUU, ya que hay bastante historial de negaciones a llenar los espacios vacíos de la gente y sus derechos. Sin embargo, los resultados materiales de este cambio son devastadores, comunitaria y económicamente, al igual que los resultados de los Códigos Negros de los años 1800 y las subsecuentes leyes de Jim Crow, que persistieron como totalmente legales hasta 1965, con la variación de su aplicación de estado a estado y que hasta hoy mantiene sus impactos en las comunidades.

La colusión entre este gobierno y los intereses privados no es nueva. No es una coincidencia que, al mismo tiempo, los vecindarios con una alta presencia de personas de raza negra estén siendo desestabilizados y desplazados por los desarrolladores empoderados por los municipios de los estados que están des-invirtiendo en la infraestructura de las escuelas públicas que les sirven, o por la vía rápida del acaparamiento de tierras urbanas, o la conversión de áreas pobres en ricas. Éste es un proceso insidioso para torcer la mano de las comunidades. La educación pública es algo más que un derecho, una libertad o un privilegio. Es una necesidad, tan básica y tan indiscutible como la tierra para caminar, alimentos para comer, el agua que debemos beber y el aire que se debe respirar para vivir. Porque absolutamente nada se hará, o se puede hacer sin ella en la sociedad humana. Entonces, ¿quién querría enviar a sus hijos a las escuelas que tienen adentro policías y detectores de metal en lugar de libros? ¿O a escuelas superpobladas con maestros en proporción de estudiantes de 1 a 30 y sin actividades extra curriculares o servicios de recuperación? Estas son las consecuencias materiales de la des-inversión en escuelas públicas. ¿Quién quiere enviar a sus hijos a escuelas en barrios que son mini-estados de la policía? Nadie, si se puede evitar.

Las “escuelas charter”, por definición, no son el problema real. Han sido soluciones prácticas y creativas para educar a los niños cuando las necesidades no son satisfechas. La formación de centros alternativos de educación ha sido una norma que se practica en las comunidades de todo el país desde 1800. Pero lo que tenemos hoy en día es algo muy diferente. Las “charters” ahora se han establecido como sustituto de las escuelas públicas, en parte o en su totalidad. Empresas como Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y Wal-Mart, los principales inversores en prisiones privadas y los actores de la reforma corporativa de la educación, tienen una extraordinaria influencia en la política educativa a nivel estatal y federal.

Los padres, estudiantes, maestros, y otros actores relevantes, son manipulados para hacer una elección falsa, dibujando una línea en la arena donde el grupo equivocado de personas está en el lado opuesto. Ya sea para las escuelas públicas o charters, ambas partes quieren los mismos resultados, estudiantes creativos y de pensamiento crítico que estén preparados para participar plenamente en su comunidad y la sociedad en general. Han sido cooptados. Ahora adoptan un rol antagónico hacia las escuelas públicas tradicionales, en lugar de que las charters sigan operando como soluciones creativas, especialmente para las comunidades en crisis, compartiendo los recursos públicos.

Mientras se libran estas guerras territoriales, los niños que no asisten a esas escuelas de primer nivel, porque no han ganado esa lotería, se quedan atrás y con sus propios recursos en sus escuelas mal administradas, con hacinamiento y recursos insuficientes.

46% de los 2,3 millones de personas encarceladas no tienen un diploma de escuela secundaria, ni las habilidades necesarias para competir en un mercado laboral cada vez más pequeño. Esto significa que alrededor de un millón de personas no conseguirá nunca nada más que empleos sin calificación, bajos salarios, beneficios empobrecidos, en trabajos socialmente ingratos y probablemente en un ambiente mental y espiritualmente sofocante.

Poco se necesita conjeturar sobre lo que va a pasar con esos millones no calificados y sin educación que han resultado fallidos por estas escuelas que continúan siendo erosionadas. Van camino a las prisiones, porque estos jóvenes son la carne preferida del sistema penal de la (in)justicia.

Es por esto que puede existir el cierre récord de escuelas públicas en todo el país y, al mismo tiempo, somos testigos del surgimiento de empresas respaldadas por las escuelas charter y las cárceles privadas. El mensaje a la gente es que los elegidos son unos pocos que serán educados, y el resto quedará bloqueado en la lucha contra su propia condición de primariedad. Por eso tenemos que seguir esta lucha.

Citas y Referencias:

● Adwoa Masozi, “Stealing From The Mouth of Public Education to Feed the Prison Industrial Complex,” Institute for Policy Studies, February 27, 2012, http://www.ips-dc.org/blog/stealing_from_the_mouth_of_public_education_to_feed_the_prison_industrial_complex.

http://www.mediafreedominternational.org/2012/03/13/stealing-from-the-mouth-of-public-education-to-feed-the-prison-industrial-complex/

Estudiante investigador: Annika Jaeger (Santa Rosa Junior College)

Evaluador académico: Susan Rahman (Santa Rosa Junior College)

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La noticia más censurada N. 24: Granjeros de Alabama piden trabajo forzado de presos en cosechas

La expansiva ley anti-inmigrante de Alabama, HB56, ha sido tan devastadora económicamente que los granjeros del estado intentaron aprobar una legislación que les permitiera obtener el trabajo forzado de los internos de la prisión local, comenzando por los reos elegibles para programas de libertad con trabajo, “para ayudar a las granjas a llenar la brecha y encontrar suficiente mano de obra”.

Esta noticia censurada describe que en uno de los casos más duros de legislación anti-inmigrante en EEUU, la ley HB 56 de Alabama exige que la policía local verifique el estatus migratorio de cualquier persona que despierte una “sospecha razonable” de estar ilegalmente en el país. La ley impulsó el éxodo de trabajadores hispanos que se mudaron a otros estados por temor a ser deportados y, según la estimación del Centro Pew Hispanic, desde que fue aprobada esa legislación aventó a 120.000 emigrantes indocumentados que vivían en ese estado. Obama ha desafiado la constitucionalidad de la HB56, argumentando que viola los poderes federales.

El Departamento de Agricultura de Alabama y funcionarios de la industria se reunieron con agricultores para discutir su propuesta de utilizar presos en reemplazo de los trabajadores emigrantes aventados, reportó MediaFreedomInternational.org, citando un despacho de France Press y otros dos reportes. En diciembre de 2011, el Departamento Correccional del estado se opuso a la legislación de trabajos forzados argumentando que sus, aproximadamente, 2.000 presos elegibles para libertad con trabajo ya tienen compromisos de empleo y que “el sistema penitenciario no es la solución a las escasez de trabajadores causada por la ley”.

La propuesta de emplear mano de obra penitenciaria en operaciones agrícolas privadas no es nueva. El blog Daily Kos recordó que Idaho ha utilizado trabajo penitenciario en granjas de papas durante casi una década. El Wall Street Journal, de Rupert Murdoch, elogió en octubre 2011 el modelo de negocios de prisiones agrícolas, realzando que los reclusos se “entusiasman” con sus puestos de trabajo.

En realidad, el trabajo penitenciario corporativo explota regularmente presos, obligándolos a trabajar o enfrentar largas penas de cárcel o la pérdida de cualquier estatus de “buen pasar” previamente adquirido en la prisión. El director del Centro Terrebonne Work Release, de Horma, explicó: “Si dicen que no a un trabajo, conseguirán que el tiempo que se retiró de su condena se reponga de nuevo, y serán enviados de vuelta a la cárcel de donde salieron”.

El trabajo penitenciario con fines de lucro fue posible gracias a la aprobación de la Ley de Industrias de Prisiones, que defiende el Consejo Legislativo Americano de Intercambio (ALEC, sigla en inglés) y que se amplió con el Programa de Certificación del Aumento de Industrias de la Prisión (PIE, en inglés).

Las grandes corporaciones también se benefician de los salarios más bajos de los prisioneros liberados para trabajar. Por ejemplo, durante el desastre del derrame de petróleo de British Petroleum en el Golfo de México en 2010, muchos residentes de la costa, que acababan de ver desaparecer sus medios de vida, expresaron indignación en reuniones comunitarias cuando supieron que BP utilizaba mano de obra barata –o gratuita– de la prisión, mientras numerosas personas se mostraban desesperadas por tener un empleo, según el blog Daily Kos.

En los equipos de limpieza en Grand Isle, Luisiana, una región donde nueve de cada diez residentes son blancos, los trabajadores de limpieza eran casi exclusivamente hombres negros afro-estadounidenses. El carácter racial de la limpieza fue tan evidente que Ben Jealous, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, sigla en inglés), envió una carta pública al presidente ejecutivo de BP, Tony Hayward, el 9 de julio 2011, exigiendo saber por qué los negros estaban sobre-representados en “el empleo más difícil físicamente, el de más baja remuneración y con más exposición significativa a las toxinas”.

Referencias y citas:

● Agence France-Presse, “Alabama Farmers Look to Replace Migrants with Prisoners,” Raw Story, December 6, 2011, http://www.rawstory.com/rs/2011/12/06/alabama-farmers-look-to-replace-migrants-with-prisoners.

● CanyonWren, “Of Course! Inmate Labor in Place of Migrants in Alabama,” Daily Kos (blog), December 8, 2011, http://www.dailykos.com/story/2011/12/08/1043143/-Of-Course!-Inmate-Labor-in-Place-of-Migrants-in-Alabama.

● Mike Elk and Bob Sloan, “The Hidden History of ALEC and Prison Labor,” Nation, August 1, 2011, http://www.thenation.com/article/162478/hidden-history-alec-and-prison-labor.

http://www.mediafreedominternational.org/2012/01/12/alabama-farmers-look-to-replace-migrants-with-prisoners/

Student Researcher: Liliana Valdez-Madera (Santa Rosa Junior College)

Faculty Evaluator: Susan Rahman (Santa Rosa Junior College)

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La noticia más censurada N. 19: Policía de NY siembra drogas para alcanzar cuotas de capturas

Un periodista de investigación documentó cómo e lDepartamento de Policía de Nueva York (NYPD) actúa fuera de la misma ley que se encarga de hacer cumplir. En octubre de 2011, un ex detective de narcóticos del NYPD atestiguó que vio regularmente a sus colegas colocar drogas en gente inocente como forma de alcanzar las metas de detenciones asignadas.

El polémico programa del NYPD llamado “Para y registra” invirtió 75 millones de dólares en 2010 en arrestar sospechosos de poseer cantidades mínimas de marihuana. Cada detención cuesta aproximadamente 1.000 a 2.000 dólares. Aunque el uso de restricciones ilegales y fuerza desproporcionada del NYPD al arrestar a pacíficos manifestantes Occupy recibió cierto seguimiento informativo, la brutalidad policial dirigida contra personas de color y origen latino continúa siendo sub-informada.

Esta noticia, destapada por el libro Censored 2013, fue publicada por John Del Signore en Gothamist, el 13 de octubre 2011, y complementa otro reporte de Jesse Levine, en AlterNet, 15 de marzo 2011. Esto fue lo que escribió Del Signore:

“El ex detective Stephen Anderson testimonió así en un juicio: “La corrupción de la policía no se limitó a un solo equipo. De hecho, ¡es bastante amplia!”, como registró Daily News. Anderson, que trabajó en las divisiones de Narcóticos de Queens y Brooklyn Sur, fue llamado a testificar en el juicio contra el detective Jason Arbeeny, de Narcóticos Brooklyn Sur, acusado de falsificar documentos públicos y documentos profesionales.

“Anderson fue arrestado por ayudar a plantar cocaína a cuatro hombres en un bar de Queens, en 2008, en una práctica común conocida como flaking (descamación). Testificó el 12 de octubre 2011 para ayudar a un colega, el oficial Henry Tavarez, cuya tasa de arrestos (por la práctica llamada buy-and-bust), resultaba baja. “Había decidido darle a él [Tavarez] las drogas que lo ayudarían a salir para que él pudiera decir que tenía un buy“, testificó Anderson ante la Suprema Corte de Brooklyn.

“Anderson evitó ir a la cárcel al declararse culpable y aceptar declarar contra otros oficiales atrapados por el descalabro de la corrupción. (Los dos hombres que fueron sembrados (flaked) recibieron 300.000 mil dólares por un acuerdo con la Ciudad de NY (o Municipalidad, a la que pertenece el NYPD).

“‘La corrupción que observé … era algo que estaba viendo por montones, y era de los supervisores o agentes encubiertos e incluso de los investigadores’, declaró Anderson, según el Post . Cuando el juez Gustin Reichbach le preguntó cómo se sentía al involucrar a hombres inocentes, Anderson respondió: ‘Es casi como usted, no hay ninguna emoción con ello, cuando cargan sus cuerpos, ya que de todos modos van a estar fuera de la cárcel mañana, nada va a suceder de todos modos. Y no se preocupe por el señor Anderson, a causa de su declaración pactada, pues va a estar fuera de la cárcel en un par de años, de todos modos’.

“Como reacción al testimonio de Anderson, Gabriel Sayegh de la organización Drug Policy Alliance, dijo: ‘Una de las consecuencias de la guerra contra las drogas es que los policías se ven presionados a hacer un gran número de detenciones, y es fácil para algunos de los policías menos honestos plantar pruebas sobre personas inocentes. La guerra contra las drogas conduce inevitablemente a torcer a la policía y, además, las cuotas incentivan estas prácticas’.

¿El NYPD malgasta el dinero para que el alcalde fume su marihuana?

Jesse Levine informó en AlterNet (15 de marzo 2011) que Nueva York pierde 75 millones de dólares al año en arrestos por cantidades ínfimas de marihuana. Un nuevo estudio revela que desde 1996 elNYPD pasó de gastar de 500 millones a más de 1.000 millones de dólares en detener personas cargando menos de una onza de marihuana. En 2010 ese gasto fue de 75 millones. Levine escribió así:

“Tres miembros del Ayuntamiento de Nueva York se unieron a una conferencia de prensa de defensores y miembros de la comunidad en las escalinatas del Ayuntamiento, organizada por la Drug Policy Alliance y el Instituto para la Reforma y Alternativas de la Justicia de Menores, para lanzar el informe: “75 millones de dólares al año: Costo de los arrestos por marihuana en la ciudad de Nueva York”.

“El informe, preparado por el profesor Harry Levine y el abogado Loren Siegel, muestra que desde 1996 Nueva York pasó de gastar 500 a 1.000 millones de dólares en detener portadores de menos de una onza de marihuana. Cada arresto cuesta por lo menos 1.000 a 2.000 dólares, en una estimación conservadora, y en 2010 la policía hizo casi 1.000 arrestos por semana. A las 50.383 personas detenidas por marihuana ese año se le tomaron las huellas digitales, fotografías y la mayoría pasó 24 horas o más en la cárcel. En todos los casos, sólo la posesión de marihuana fue el único o el más alto cargo.

“La mayoría de las personas arrestadas por posesión no estaban fumando al momento de su detención, pero la policía encuentra la mayor parte de la marihuana que confisca a través de su polémica práctica de “parar y registrar”. En 2010 se registraron 600.000 “paradas y registros” y muchas otras no registradas. El Centro para los Derechos Constitucionales y la Unión de Nueva York por las libertades Civiles reclaman al NYPD por el sesgo racial tendencioso de los registros. Aunque los blancos jóvenes fuman marihuana en mayor proporción que los negros y los latinos, los latinos detenidos en Nueva York superan cuatro veces la tasa de los blancos, mientras los negros son detenidos a una tasa siete veces mayor que los blancos.

“Los defensores públicos encontraron que entre 2/3 y 3/4 de los arrestados fueron detenidos por marihuana que portaban en sus bolsillos o pertenencias. La policía obliga a la gente a mostrar su marihuana con sugerencias de perdón y buen trato. Cuando la gente saca un poco de marihuana de sus bolsillos atendiendo lo solicitado u ordenado, ya se encuentran bajo arresto. En barrios afro-estadounidenses como Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, donde vivo, rutinariamente la policía revisa ilegalmente los bolsillos de los jóvenes sin permiso.

“El alcalde Bloomberg es famoso por haber admitido que fuma y disfruta la marihuana. Sin embargo, la policía de Bloomberg ha detenido a más personas por posesión de marihuana que los tres últimos alcaldes juntos. Desde que Bloomberg fue elegido en 2002, la policía de Nueva York arrestó a 350.000 personas por posesión de menos de 7/8 de onza de marihuana a un costo para los contribuyentes de 500 a 1.000 mil millones de dólares, o más.

“La información sobre toda persona arrestada ingresa en forma permanente a bases de datos criminales que fácilmente pueden encontrar en Internet los empleadores, arrendadores, bancos, agencias de crédito, juntas de concesión de licencias y escuelas. La posesión de marihuana puede tratarse como falta menor en los tribunales –al tenedor le administran usualmente un año de prueba– pero esa gente puede ser desalojada de una vivienda pública, negársele ayuda financiera para la universidad, resultar deportada e incluso perder la custodia de sus hijos, debido a que llevaban marihuana en su bolsillos en un barrio donde es común “parar y registrar”.

“Que el NYPD detenga a 50.000 personas al año para confiscar 50.000 petacas y pequeñas bolsas de marihuana parece ser un camino difícil y costoso para que Bloomberg obtenga su yerba”, terminó Levine.

Citas y referencias:

●John Del Signore, “NYPD Narcotics Detective Admits Cops Regularly Plant Drugs on Perps,” Gothamist, October 13, 2011, http://gothamist.com/2011/10/13/nypd_narcotics_detective_testifies.php.

●Jesse Levine, “New York City Wasting $75 Million a Year on Marijuana Arrests,” AlterNet, March 15, 2011, http://www.alternet.org/module/printversion/150263.

http://www.mediafreedominternational.org/2011/11/21/new-york-police-plant-drugs-on-innocent-people-to-meet-arrest-quotas/

http://www.mediafreedominternational.org/2011/04/04/new-york-city-wasting-75-million-a-year-on-marijuana-arrests/

Estudiante investigador Cary Escovedo (Sonoma State University)

Evaluador académico Sheila Katz (Sonoma State University)

* Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.