Fue posesionado como nuevo Fiscal de Distrito de La Paz el fiscal José Ángel Ponce, acusado de obstaculizar la investigación del caso Chaparina y de excluir al ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, pese a los indicios que apuntan a que él fue quien organizó la represión a la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS. El gobierno premió al fiscal por hacer el trabajo sucio, aseguraron dirigentes opositores del Movimiento Sin Miedo y de Convergencia Nacional.

El nombramiento de nueve fiscales interinos obedece al “dedazo” de parte del fiscal general del Estado Ramiro Guerrero y a un alto manipuleo político del Movimiento al Socialismo (MAS). “Si el Fiscal General tiene compromiso político con el gobierno, obviamente que los representantes distritales obedecen al Fiscal bajo en mismo compromiso político”, dijo el diputado de Convergencia Nacional Alex Orozco.

El legislador recordó que la elección del Fiscal General del Estado se desarrolló en un escenario estrictamente político y señaló que Guerrero, ex asambleísta del MAS, acata políticamente las necesidades que tiene el gobierno de manejar esta instancia para emitir justicia.

Por su parte, el líder nacional del MSM Juan Del Granado recordó que el flamante Fiscal de La Paz Ángel Ponce fue denunciado por su partido por denegación de justicia y obstaculización de la investigación, y pese a estar investigado por otrosfiscales, fue nombrado como la máxima autoridad del Ministerio Público paceño. “Ponce es un presunto delincuente, pero ha sido premiado con esta designación”, denunció el dirigente político en el programa nocturno de televisión “Que no me pierda”.

Del Granado sostuvo que el beneficio de la duda que el MSM se había impuesto en relación al nuevo fiscal general del Estado José Antonio Guerrero desapareció con la designación de Ponce como nuevo Fiscal de Distrito de La Paz porque existen evidencias de que favoreció al gobierno en la investigación del caso Chaparina y, junto con la fiscal Patricia Santos, excluyó a Llorenti del mismo, poco antes de que sea nombrado como embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según el dirigente del MSM Edwin Herrera, ha quedado claro que quien realiza el “trabajo sucio” para el gobierno recibe como premio “buenos cargos dentro o fuera del país”. “Esta lógica ya funcionó con el coronel Víctor Maldonado, que dirigió personalmente la represión en Chaparina y ahora es Comandante General de la Policía; con el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, quien organizó el operativo, según informes de ex autoridades de ese ministerio, y ahora es Embajador ante la ONU, y ahora con el fiscal que obstruyó la investigación del caso Chaparina y ahora es Fiscal de Distrito”, argumentó Herrera.

Herrera consideró que dicho nombramiento no garantiza imparcialidad, honestidad ni probidad en las actuaciones de la Fiscalía de Distrito. Orozco insistió en que la administración de justicia en el país está bajo el yugo de la determinación política del Presidente Evo Morales, donde los bolivianos no tienen plena garantía que sus procesos sean llevados sin ninguna injerencia y manipuleo político.