Sucre.- Nuestros gobernantes no pueden ignorar que a mayor ciudadanía corresponde menos violencia. Es menester que las fuerzas populares de nuestra región tomen urgente conciencia de que el camino más corto hacia el desastre es el de la concesión al reclamo mediático de mayor poder punitivo, un recurso del tardo colonialismo para destruir nuestros lazos comunitarios locales, nuestra solidaridad social, nuestro sentimiento de pertenencia y, en lo más inmediato, para desestabilizar a los gobiernos populares.

Siento el enorme peso de la historia en esta cuna del pensamiento revolucionario emancipador, en el centro difusor de las ideas de nuestras Revoluciones, del 25 de mayo de 1809 y de 1810, siendo esta última la que dio lugar al primer gobierno patrio de la Argentina, por cierto encabezado por un potosino.

Me conmueve pensar en los próceres que pasaron por los claustros de esta Universidad y que recibieron las luces de los destellos ideológicos y jurídicos de la Academia Carolina de Charcas. Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, Juan José Castelli, José Ignacio Gorriti, José Mariano Serrano, Manuel Rodríguez de Quiroga, Mariano Alejo Álvarez, Jaime de Zudáñez, por nombrar algunos, redactores de Constituciones, revolucionarios, firmantes de actas de independencia, magistrados, ministros, soñadores de nuestra América del Sur.

El tema con que me permito recibir esta altísima distinción no se halla separado de la tradición iniciada en este centro irradiador de luces. Tratar una cuestión de política criminal implica ocuparse de un capítulo de la política, pues el viejo concepto supuestamente aséptico de Franz von Liszt está hoy superado. En tanto que la dogmática jurídico-penal es un proyecto técnico de política judicial, es decir, de la operatividad de un sector del sistema penal, la política criminal abarca el total sentido del ejercicio de poder de ese aparato y, por ende, la implica. A su vez, el ejercicio de poder del sistema penal forma parte de la totalidad de la política o ejercicio del poder del estado.

Es indiscutible, pues, que el poder punitivo está imbricado en el eje de la política en el sentido amplio de gobierno de la polis, pero en un mundo cada vez más comunicado las sociedades no están aisladas, su poder interno está inserto en una red de poderes planetarios y, en el caso de nuestra región latinoamericana, el poder en nuestras sociedades no puede desvincularse del proceso de descolonización, que no culminó con la independencia del siglo XIX, sino que comenzó con ella y perdura hasta el presente.

Su culminación sólo tendrá lugar cuando realicemos el ideal de nuestros libertadores y concretemos la Patria Grande, en la que ninguno de nuestros conciudadanos carezca de lo elemental para una existencia digna. Este objetivo aún no se ha logrado, por lo cual no podemos en modo alguno regodearnos con discursos fúnebres destinados al colonialismo, que goza de buena salud.

Son tres hasta ahora las etapas del colonialismo en nuestra región, insertadas en los momentos de poder mundial e indisolublemente unidas a diferentes modalidades de ejercicio del poder punitivo. La primera fue (a) el colonialismo en sentido estricto practicado por las potencias ibéricas hasta el siglo XIX; (b) la segunda fue lo que Darcy Ribeiro y otros pensadores llaman el neocolonialismo, ejercido por la nueva hegemonía mundial a la caída de los decadentes imperios ibéricos, en especial Gran Bretaña; (c) la tercera etapa es la actual, de tardo colonialismo o etapa superior del colonialismo.

Este proceso –como dijimos- no es independiente del poder punitivo, sino que a éste le incumbe un papel central, pues, por un lado, es el instrumento que verticaliza a las sociedades en forma de ejército para condicionarle su carácter colonizador y, por otro, es el que permite hacer del territorio conquistado un inmenso campo de concentración.

Me explico mejor: en toda sociedad se ejerce poder; hay dos formas de ejercicio del poder social que siempre existieron: el que resuelve los conflictos en forma reparadora (más o menos el esquema del derecho privado) y el que lo hace deteniendo un proceso lesivo en curso o inminente (la coerción directa del derecho administrativo, antes llamada poder de policía).

En pequeña medida también siempre existe un poder del soberano o gobernante (individual o asamblea) para eliminar a los que ponen en peligro al conjunto, pero cuando este poder se extiende a otros conflictos y el soberano se declara lesionado único, se produce la confiscación de los conflictos y el poder punitivo se vale de la venganza colectiva para legitimar su creciente poder, aunque en realidad lo ejerce para verticalizar jerárquicamente a la sociedad.

De este modo, a medida que avanza el poder punitivo con su confiscación de conflictos, las sociedades van perdiendo los lazos horizontales que hacen a la comunidad, al sentido de pertenencia simpática a algo común, para ser reemplazados por vínculos verticales corporativos de subordinación. La sociedad toda tiende a convertirse en un ejército y cuando este proceso alcanza su coronación, si la debilidad de las sociedades al su alcance se lo permite, se lanza a su conquista. Eso es lo que hizo Roma con toda Europa y luego Europa con todo el planeta.

Pero la fuerza vertical corporativa acaba petrificando a la sociedad colonizadora, la inmoviliza impidiéndole adaptarse a las cambiantes situaciones de la dinámica del poder y la propia jerarquización obtenida mediante el poder punitivo como condición colonizadora o imperial es la que determina su ocaso y caída. Esto ha sucedido claramente con Roma y siglos después con el imperio ibérico.

Comunidad y sociedad jerarquizada son dos modelos que en sus extremos son incompatibles. El poder punitivo es destructor de los vínculos comunitarios, porque es poder vertical, en tanto que aquéllos son horizontales. Para desarrollar la comunidad es menester limitar o reducir el poder punitivo. Precisamente por eso, la comunidad del pueblo nazista, la Volksgemeinschaft, fue una caricatura de comunidad, porque jamás se puede organizar ésta en base a la exacerbación máxima del poder punitivo, que es precisamente lo que la destruye; la Volksgemeinschaft no fue otra cosa que un intento de extrema verticalización social corporativa disfrazado de comunidad.

En nuestro continente el poder punitivo era mínimo a la llegada del colonizador. Si bien en algunos puntos se ejercía limitadamente por el gobernante para mantener el poder e incluso para extenderlo a los pueblos vecinos, la confiscación indiscriminada de conflictos era extraña a nuestras culturas originarias y los procedimientos de incorporación no parecían responder a los métodos que trajeron los ibéricos (el respeto a las deidades del pueblo incorporado, por ejemplo). Es posible que sin la colonización se hubiese extendido el poder punitivo en algunos puntos de nuestra región, pero, como es sabido, la historia no se escribe con potenciales y este proceso, si existió, fue violentamente interrumpido.

El poder punitivo que trajeron los colonizadores consistió en una formidable ocupación policial de territorio, que lo convirtió en un inmenso campo de concentración (una colonia no es más que eso), situación que perduró hasta que los imperios ibéricos decayeron por efecto de su propia estructura jerárquica, que le impidió adaptarse a las condiciones que le imponía la Revolución Industrial y, por ende, perdieron la hegemonía central, que pasó a las potencias del centro y norte europeos.

En ese momento de debilidad imperial fue cuando nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Sucre y los juristas formados en esta Casa, concibieron la Patria Grande y la liberación de nuestros pueblos. Soñaron y establecieron el objetivo final de la descolonización. Para ello se les imponía desbaratar el poder punitivo del gran campo de concentración que liberaban. Por eso tomaron los modelos legislativos y la ideas disponibles en su tiempo: la Constitución norteamericana era el modelo de república único en ese momento; el código español de 1822 era el producto del relámpago liberal de la península, que a la vez sirvió para impedir que un ejército de reconquista colonial se lanzase sobre nosotros para ahogar en sangre nuestra independencia. San Martín y Bolívar llevaban en sus mochilas el pequeño librito liberal de Manuel de Lardizábal y Uribe, llamado el Beccaria español.

Nuestros libertadores comandaban ejércitos pluriétnicos y, por tanto, no eran racistas. Castelli, egresado de esta Alta Casa, abolió las instituciones coloniales de servidumbre de los indios en esta región. El pensamiento de los fundadores fue igualitario y liberal, conscientes de la necesidad de limitar y controlar al poder punitivo para estimular el sentimiento comunitario.

Pero nuestros libertadores fueron víctimas de un robo a mano armada. El nuevo poder hegemónico mundial no podía permitir el éxito inmediato de su empresa. Bolívar murió un poco antes de que un nuevo atentado le diese muerte; San Martín se percató de la momentánea imposibilidad y eligió el exilio; Sucre fue cobardemente asesinado; Monteagudo fue apuñalado por un sicario en Lima; Mariano Moreno murió misteriosamente a bordo de un navío británico; Artigas fue obligado a exiliarse en Paraguay; etc.

Nuestra región se balcanizó empeñada en sangrientas luchas fratricidas, hasta que minorías corruptas montaron pseudo-feudalismos criollos mediante el ejercicio de un poder punitivo de ocupación territorial adecuado a las nuevas condiciones, o sea, al servicio de gamonales y capataces serviles a las oligarquías terratenientes o extractivas. Este fue el panorama desde el porfiriato mexicano hasta la República Vehla brasileña, desde la oligarquía de la carne enfriada argentina hasta el patriciado peruano.

Pero lo más valioso que esas oligarquías robaron a nuestros libertadores fue el discurso liberal: lo bastardearon, lo pasaron por el fango de sus intereses corruptos, lo consagraron en leyes y constituciones con garantías que jamás se respetaron. La soberanía del pueblo quedó sólo por escrito, relegada a un lejano futuro en que, merced a la supuesta tutela de estas oligarquías proconsulares de la nueva hegemonía mundial, nuestros pueblos alcanzarían el desarrollo biológico que les permitiese ejercerla, pues de momento su inferioridad racial no lo hacía viable.

El discurso del grosero ingeniero ferroviario Spencer campeaban en nuestras universidades y legitimaban a las minorías de las repúblicas oligárquicas y a su poder policial punitivo. Las razas inferiores eran peligrosas y mucho más los mestizos, teorizados como desequilibrados productos de mezclas raciales incompatibles.

Nuestros pueblos aprendieron a desconfiar de las leyes y de las instituciones que eran invocadas por sus opresores y explotadores. Esta carga de desconfianza institucional se arrastró a lo largo de la etapa de lucha contra el neocolonialismo, que comenzó con la Revolución Mexicana de 1910, la guerra civil más sangrienta del siglo pasado, en medio de la cual nació al mundo el constitucionalismo social con la Carta de Querétaro (Constitución de 1917), impuesta por los diputados campesinos y obreros.

Esta resistencia al neocolonialismo se prolongó a lo largo de la mayor parte del siglo pasado y fue llevada adelante por movimientos populares que ampliaron la base de la ciudadanía real, o sea, de un protagonismo político que presuponía la satisfacción de elementales necesidades de vida digna. Fueron los llamados populismos, tan denostados por muchos de nuestros intelectuales, en particular cuando la realidad no se aviene con las formas y circunstancias lineales que ellos imaginaron. Esto obedece a que una parte de nuestra intelectualidad cree que cuando los hechos no coinciden con la idea, corresponde declarar errados los hechos en lugar de rectificar la idea.

Tales populismos fueron los gobiernos de Lázaro Cárdenas en México, de Getúlio Vargas en Brasil, de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón en la Argentina, de José María Velasco Ibarra en Ecuador, del MNR boliviano, así como el APRA y Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, etc. El más superficial análisis histórico demuestra que fueron diferentes, como correspondía a la disparidad de realidades, pero todos tuvieron en común la considerable y a veces abrupta ampliación de la ciudadanía real.

Estos populismos también compartieron defectos en diferente medida: personalismo, contradicciones, vacilaciones, excesos, paternalismo, algún grado de autoritarismo y hasta de poder punitivo innecesario. En cuanto a corrupción, su nivel fue siempre muy inferior al de las repúblicas oligárquicas, que se permitieron alardear de moralidad cuando en realidad operaban legalmente dentro de un sistema de explotación y corrupción legalizadas. Además, no faltan quienes pretenden considerarlos fascistas, cuando es sabido que el fascismo requiere un mito imperial, inconcebible en una lucha anticolonial.

No es menester ignorar ni minimizar los defectos de nuestros populismos del siglo pasado para verificar que en el balance histórico salen altamente beneficiados en dos sentidos. El primero de ellos es demasiado obvio: sin los populismos es probable que muchos o la mayoría de nosotros no estaríamos hoy aquí y quizá ni siquiera hubiésemos aprendido a leer y escribir.

El segundo es que todos los abusos cometidos por los populismos resultan insignificantes en comparación con las atrocidades, violencias, masacres y crueldades de todo orden, llevadas a cabo por quienes usurparon el adjetivo liberal y opusieron resistencia a la ampliación de ciudadanía o procuraron desmontar de raíz la obra de extensión de los populismos.

Pero cuando incorporamos al platillo de la resistencia a la ampliación ciudadana la última batalla del neocolonialismo, que fueron las llamadas dictaduras de seguridad nacional, los posibles o reales abusos populistas resultan directamente insignificantes.

En este capítulo de nuestra historia regional, el poder mundial y las fuerzas regresivas locales, pervirtieron a nuestros oficiales militares y convirtieron a nuestras propias fuerzas armadas –fundadas por los libertadores- en policías de ocupación, dando lugar a un fenómeno de auto-colonialismo de increíble crueldad. El descaro auto-colonial llegó al grado de asumir sin reparo un discurso colonialista europeo, como era la idea de seguridad nacional importada de las tesis francesas de ocupación de Argelia y Vietnam y del terrorismo de la OAS, cuya cabeza visible fue discursivamente defendida por el ideólogo nazista Carl Schmitt en su famosa conferencia sobre la teoría del partisano, pronunciada en la Universidad de Pamplona en plena dictadura franquista.

El saldo de este último coletazo del neocolonialismo en Latinoamérica es atroz: cientos de miles de muertos, torturados y desaparecidos, terrorismo e intimidación pública sin límites, persecuciones ideológicas absurdas, exilios masivos, generaciones decapitadas intelectualmente, avasallamiento de todas las instituciones como nunca antes se había conocido, todo en el marco de una incalificable empresa de auto-colonización.

El poder punitivo de seguridad nacional triplicó el sistema penal, como bien lo señaló hace años la criminóloga venezolana Lola Aniyar de Castro. Junto al sistema penal oficial se montó otro paralelo, valido de estados de excepción, con miles de prisioneros sin proceso ni imputación alguna, y junto a éste un sistema penal subterráneo, totalmente arbitrario y encargado de las ejecuciones, torturas y desapariciones, que entre otras atrocidades arrojó a personas vivas desde aviones, secuestró y privó de identidad a niños y hasta empaló a algún adolescente.

Acabó trágicamente la etapa del neocolonialismo a partir de la empresa bélica llevada a cabo en Malvinas por la dictadura argentina en descomposición económica, que sumó otra incalculable cuota de dolor y muerte de adolescentes comandados por irresponsables. Cruentamente se cerró la segunda etapa del colonialismo en la región, igual que como había comenzado, vertiendo sangre de los más carenciados de nuestros pueblos.

Cabe preguntar, ante este balance, quién fue más liberal o, si se prefiere, quién fue menos antiliberal. ¿Los populismos o sus detractores? La respuesta no deja ningún lugar a dudas: los más liberales –o los menos antiliberales- fueron siempre los movimientos populares. El poder punitivo fue en ellos mucho más limitado y prudente que el terrorismo sembrado por sus opositores. Sus excesos punitivos fueron juegos de niños, comparados con la atrocidad programada.

En el camino hacia la descolonización, conforme al objetivo final trazado por Bolívar y San Martín, nos enfrentamos con la tercera etapa del colonialismo: el tardo colonialismo o etapa superior del colonialismo.

Esta etapa se caracteriza por enmarcarse en un momento de poder mundial en que se disputa su ejercicio entre las grandes corporaciones económicas y los políticos. La concentración del poder económico y el predominio del capital especulativo hacen que hoy baje desde el mundo central esta opción. ¿Quién decide? ¿El poder político elegido por los pueblos o el poder económico de las corporaciones?

El embate de las corporaciones sigue hasta el presente usurpando, bastardeando y desnaturalizando el calificativo de liberal. Para eso trata de identificar lo liberal con la libertad de mercado o el llamado neoliberalismo o liberalismo económico, proclamado por nuestros cipayos locales que postulan –siguiendo a peregrinos publicitarios imperialistas- la indisolubilidad de este supuesto liberalismo con la libertad política.

Lo cierto es que la libertad de mercado así entendida se traduce en libertad para explotar al prójimo y, cuando éste se cansa y resiste, en cancelación de todas las libertades y ejercicio ilimitado de poder punitivo, como hemos tenido reiteradas oportunidades de verificarlo en nuestra región.

El poder planetario y los cipayos entregados a los intereses de las corporaciones desataron una enorme corrupción en los primeros lustros de nuestras democracias post-dictatoriales, dando lugar a verdaderos desmantelamientos de nuestros estados, con dispersión irresponsable del capital estatal y entrega de resortes claves de las economías nacionales, destruyendo hasta donde les fue posible los avances del estado social de derecho. Este capítulo inicial del tardo colonialismo llegó a su fin porque provocó gravísimas crisis económicas y políticas y desacreditó a sus voceros locales, muchos de los cuales optaron por retirarse a la vida privada a disfrutar de los beneficios obtenidos, en tanto que otros reaparecen de vez en cuando como patéticos aunque peligrosos zombies.

En este primer paso del tardo colonialismo el poder punitivo se ejerció agudizando la selectividad estructural que lo caracteriza, en particular en forma de control sobre los segmentos sociales carenciados y excluidos del sistema por el retroceso causado por las dictaduras de seguridad nacional y por el propio poder corrupto de las grandes corporaciones a través de sus empleados locales. La construcción mediática de la realidad, en especial a través de la televisión, mostraba que con penas desproporcionadas y restricciones a la excarcelación los excluidos no molestarían, conforme al conocido proyecto de sociedad 30 y 70 (30% de incluidos y 70% de excluidos).

El resultado fue la superpoblación penitenciaria, las revueltas con alto número de muertes, la destrucción de los códigos penales, la mayor autonomización de las policías, la ampliación de sus fuentes de recaudación autónoma, su consiguiente descalificación pública y su creciente ineficacia preventiva.

El desempleo provocado por las crisis finales del proceso de desmantelamiento de los estados travestido de fundamentalismo de mercado, la destrucción de la previsión social, de la salud pública y de la educación, la consiguiente multiplicación de los conflictos sociales y de la incapacidad para resolverlos, imposibilitaron cualquier tentativa de prevención primaria orientada hacia la fuente misma del conflicto social, en tanto que el deterioro policial debilitó la posibilidad de prevención secundaria (policial). Estas eran las condiciones cuando se cerró el primer capítulo del tardo colonialismo.

Pero éste avanza ahora por otros caminos y, fundamentalmente, se centra en dos flancos de ataque: (a) por un lado, quiere aniquilar la consciencia latinoamericana y, (b) por otro, destruir nuestros vínculos horizontales o comunitarios mediante creaciones de realidad que generen violencias y conflictos y provoquen un aumento ilimitado del poder punitivo, que a la vez reclaman a los alaridos.

En el primer sentido se afirma que entre un maya yucateco y un habitante de Buenos Aires, entre un afrobrasileño de Bahía y un araucano, no hay nada en común, o sea que, como máximo, nos somos más que un montón de náufragos. Quizá porque en inglés (to be) y alemán (sein) no se distingue ser y estar, se pretende que estamos pero no somos.

Y esto lo repiten algunos de los nuestros que, por cierto, usan ambos verbos, pues no faltan entre nosotros los intelectuales que pontifican contra las mayorías ignorantes y desprevenidas, aún no aptas para la democracia, supuestamente engañadas por oportunistas y corruptos.

Pero dejando de lado a nuestros dignos herederos del racismo de las repúblicas oligárquicas, que parecen no haberse enterado del paso de la historia, cabe preguntarse qué somos los latinoamericanos. ¿Cuál es el común denominador de nuestra ciudadanía? ¿Qué tenemos en común los indios, afros, mestizos, mulatos e inmigrantes de nuestra tierra? ¿Hay algo común en esta formidable variedad étnica y cultural?

Aunque parezca una paradoja inconmensurable, lo cierto es que nos unifica la forma en que el propio colonialismo nos ha hecho, en ejercicio de su impiedoso poder planetario devastador.

Nuestra unidad y nuestra fuerza cultural la han creado los propios dominadores sin percatarse, porque su soberbia les impidió caer en la cuenta de que nos estaban configurando como nación y nos dotaban de un impresionante potencial cultural que hoy es capaz de ofrecer a la humanidad algunas alternativas al sendero destructor y suicida del poder planetario en curso.

No se trata de entretenernos inútilmente en revertir el filme de la historia, sino de analizarlo desde nuestra perspectiva. Al hacerlo descubrimos con sorpresa que la paradoja alcanza su nivel máximo, pues los discursos que nos facilitan el análisis son proporcionados por el mismo poder colonizador, en el festivo relato de su ejercicio como epopeya. Si aprendemos a leer estos relatos en clave y desde nuestro atalaya continental, estos mismos discursos nos dicen qué somos a través de cómo nos hicieron.

Por cierto que los hay de muy diversas calidades y estilos, pero personalmente creo que el más elocuente –casi en forma de cantar de gesta de raza superior- y a la vez el más finamente estructurado, es la Filosofía de la historia de uno de sus ideólogos más sofisticados: Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Desde el centro del poder planetario nos han acostumbrado a voltear el discurso con que Hegel saludaba alegremente el avance del espíritu, del Geist, pero al estilo de Marx, señalando la carencia de una base mundana, material, pero lo cierto es que esta no es nuestra tarea propia, pues Hegel dejó al mismo Marx prisionero de su construcción lógica cautivante, al punto de impedirle medir la profunda inhumanidad del colonialismo. Esto llevó a Marx y a Engels a afirmar atrocidades, como que era positivo que los norteamericanos le hubiesen robado territorio a México o que el dominio inglés en la India había hecho saltar a ésta cinco mil años. Nunca entendieron la dimensión del colonialismo porque pensaban desde su mismo centro. Acostaron a Hegel, pero no lograron ponerlo patas arriba.

Desde una crítica anticolonialista se impone hacer algo diferente, o sea, invertir el relato, releerlo cuidadosamente desde la visión de los sometidos, de las víctimas. No pretendo apropiarme de ideas ajenas, pues lo cierto es que en la primavera de la Revolución Mexicana bosquejó esta empresa su ministro de educación, José Vasconcelos, autor al que no suele nombrarse porque en sus últimos años se perdió por caminos tortuosos, aunque de vez en cuando vale la pena repasar alguno de sus trabajos (El hombre cósmico, por ejemplo, actualizando su terminología).

Lo cierto es que a mi juicio nadie como Hegel señala claramente que la única historia es la del colonialismo, lo que le lleva a afirmar que nuestra América no tiene historia antes de la llegada del espíritu, es decir, antes del genocidio de los pueblos originarios, compuestos por indios que según Hegel fallecen al ponerse en contacto con los conquistadores, en un territorio donde todo es débil, incluso nuestros animales, porque todo es húmedo debido a que las montañas no corren como en Europa, sino de norte a sur, es decir, que hasta nuestra geografía está equivocada.

Pero tampoco tenía en muy alta estima a los otros habitantes del planeta, pues para el gran dialéctico idealista los africanos están en estado de naturaleza y cometen los mayores crímenes; los musulmanes son fanáticos, decadentes y sensuales sin límites; los judíos tienen una religión los sumerge en el servicio riguroso; los asiáticos apenas están un poco más avanzados que los negros, y los latinos nunca alcanzaron el período del mundo germánico, que es ese estadio que se sabe libre queriendo lo verdadero, eterno y universal en sí y por sí.

De este modo, la epopeya criminal cantada por Hegel marginó a lo largo de su historia a todas las culturas con las que topó su paso genocida. El Geist racista de quien se considera la más alta expresión de la modernidad, es el más claro negador de la dignidad de persona del ser humano. Sólo los que pensaban como Hegel, es decir, que compartían su mundo ideológico, eran personas, porque al pensar como él habían alcanzado el momento del espíritu subjetivo y podían ser titulares de derechos. Todo el resto: indios, africanos, asiáticos, musulmanes, judíos, latinos, no parecían haber alcanzado el momento del espíritu subjetivo o, al menos, no del todo.

Hegel no hacía más que narrar la historia del avance depredador del colonialismo y enlistar a las culturas inferiores que éste echaba a la vera del camino. Pero lo cierto es que hay un extensísimo territorio geográfico en que el propio colonialismo provocó la concentraron millones de personas de todas las culturas marginadas y despreciadas por el espectral espíritu hegeliano: Latinoamérica.

En efecto: a nuestros pueblos originarios se sumaron los propios colonizadores, producto de la marginación sufrida al sur de España -supuestamente reconquistado- y de los perseguidos europeos amparados por Portugal; nuestros colonizadores fueron islámicos y judíos cristianizados a los golpes. Luego trajeron brutalmente a los africanos en un tráfico incalificable, vinieron los musulmanes al descomponerse el imperio otomano, los judíos a través de Lima y luego movidos por las persecuciones rusas y más tarde nazista, los asiáticos por el Pacífico, cuando los ingleses prohibieron el comercio esclavista, los latinos del sur europeo subdesarrollado que no podía incorporarlos al sistema productivo, y siguen viniendo más y más excluidos.

Y tuvimos conflictos, por cierto, pero no permanecimos mucho tiempo aislados en grupos cerrados, sino que comenzamos a interactuar, nuestras culturas se sincretizaron y lo siguen haciendo, nuestras propias cosmovisiones se enriquecen y profundizan, lejos de cerrarse en ortodoxias falsas se abren en visiones más amplias, más vivenciadas que intelectualizadas.

Quien tenga la curiosidad de deambular un poco por un mercado popular de cualquier rincón de nuestra Patria Grande lo puede observar. No todo es igual, por cierto, sino que se perfilan ejes culturales: andino, atlántico, sureño. Nuestros artistas van dando cuenta de ello, tanto la plástica como la literatura. Nuestros sociólogos y antropólogos sagaces lo investigan y otros de otras comarcas vinieron incluso a adentrarse en este fenómeno sin par.

No hay en el planeta otra región tan extensa y con tantos millones de protagonistas donde interactúen todas las culturas que el colonialismo despreció, humilló o marginó, y lo hagan casi en la misma lengua común.

Somos la contracara del colonialismo, el contra-relato viviente de Hegel. El propio Hegel advertía el riesgo, cuando afirmaba que los ingleses habían sido más sagaces que los ibéricos, porque no se habían mezclado con los originarios en la India. No advertía que los propios ibéricos colonizadores eran marginados expulsados de la metrópoli y la interacción era inevitable, porque entre éstos el aislamiento no puede durar mucho.

En el momento actual, en que el poder creado por el espíritu de la epopeya hegeliana –que más bien parece un espectro- se tambalea peligrosamente y corre el riesgo de acabar con el hogar humano, somos los depositarios de las culturas que quisieron arrasar, pero no en versión original, sino en la de una sincretización que las enriqueció muchísimo más.

Esto es Latinoamérica: tiene la palabra de los oprimidos de todo el planeta, pero enriquecida, como en una larga asamblea de coexistencia interactiva, viviente, dinámica. El aparente caos latinoamericano no es más que la interacción de todos los humillados del planeta que tuvimos tiempo para conversar y cambiar lenguajes, símbolos, ideas, creencias, cosmovisiones, y lo seguimos haciendo. Desde la perspectiva del poder colonizador mundial representado hoy por la pretensión hegemónica de las grandes corporaciones, constituimos un riesgo ante las turbulencias y bamboleos que se perciben o anuncian. Esto es lo que no comprenden –por ingenuidad o malicia- los escribas funcionales al tardo colonialismo y, precisamente por eso, desprecian a nuestros pueblos.

Ustedes también tuvieron a un Alcides Arguedas que escribía en París insultando a Bolivia con argumentos racistas. También en París escribía el famoso conde de Gobineau sobre Brasil, vaticinando la extinción de su población por hibridación racial. Gobineau se equivocó y Arguedas también, pero la diferencia estriba en que Gobineau era francés y Arguedas boliviano.

Dijimos antes que eran dos los flancos de ataque del tardo colonialismo en este momento. Uno, que pretendía anular nuestra consciencia continental, y el otro es el que busca debilitar nuestro sentimiento de comunidad local, a través de la creación de una realidad mediática terrorífica y de una permanente instigación a la venganza. Lo curioso de esta segunda agresión es que consiste en un veneno que se administran en el mismo centro del poder mundial: se envenenan y reparten.

En efecto: los Estados Unidos sufren un proceso de regresión autoritaria destructiva de su comunidad, como ningún otro país importante en el mundo. La lucha por el poder y la hegemonía de las corporaciones han hecho que desde hace tres décadas el país haya instalado una inmensa máquina represiva, que hoy prisioniza a más de dos millones de personas y controla en probation y libertad condicional a otros tres millones, más de la mitad de los cuales son afroamericanos.

Penas absurdas y altísima selectividad del poder punitivo, pérdida de garantías y prioridad del pragmatismo condenatorio, son las características de este poder punitivo que parece cortado a la medida de un estalinismo financiero, que ha convertido al país, de lejos, en el campeón mundial de la prisionización, con un índice superior al de Rusia, que siempre se llevaba ese triste mérito.

Menester es aclarar que este proceso comenzó con las administraciones republicanas a partir de Reagan y es absolutamente extraño a todos los antecedentes históricos anteriores de los Estados Unidos, habiendo dado lugar a muchas investigaciones y críticas de nuestros colegas norteamericanos, llevadas a cabo al amparo de la libertad académica que, por suerte, sigue respetándose. Por todos, me permito recomendar al respecto la lectura de Governing through Crime, la interesantísima investigación Jonathan Simon, profesor de la Universidad de California (Berkeley), recientemente traducido al castellano en Buenos Aires.

Semejante aparato requiere una inversión que se calcula en doscientos mil millones de dólares anuales, lo que no puede ser imitado por nadie en el mundo. Además, esta empresa tan enorme no sólo extrae personas del mercado laboral, sino que también importa una altísima demanda de servicios, lo que le asigna un papel importante como variable del empleo. Estos datos hacen que parezca muy difícil desmontar semejante mamut punitivo; algunos colegas norteamericanos sostienen que su dimensión ha cobrado una dinámica propia que escapó al control de sus propios creadores.

Esta potenciación formidable del poder punitivo requiere un fuerte apoyo o consenso público, que se logra con la creación de una realidad mediática destinada amostrar al delito común como el único y mayor riesgo social, al tiempo que atribuye su responsabilidad a un grupo étnico individualizado, elevándolo a la condición de enemigo. La fabricación de enemigos es el método usado por todos los genocidas y recomendado como esencia de la política por el siniestro Carl Schmitt. Mucho podríamos hablar sobre esto, pero prefiero no extenderme, remitiéndome a lo que escribí muchas veces.

Lo cierto es que, si bien no podemos copiar el modelo que surge de este extraño giro norteamericano de las últimas tres décadas, recibimos su publicidad y su metodología y, además, cabe tener en cuenta que el gran empresariado mediático también forma parte de la red de grandes corporaciones, pues sus inversiones se hallan inextricablemente entreveradas con ellas. No resulta, pues, nada extraño que nuestros medios masivos también se dediquen a crear pánico moral, a fabricarnos enemigos y víctimas héroes y, en definitiva, a tratar de movilizar los peores sentimientos de venganza en nuestras poblaciones, con bombardeos continuos de noticias rojas y demandas de mayor represión punitiva.

Por su parte, directamente importada del centro, la comunicación de entretenimientos nos reitera las interminables series policiales dobladas a todas las lenguas y vendidas a bajísimo costo, concebidas en base a una estructura simplista en que el supuesto héroe (un psicópata por lo general) triunfa porque emplea la violencia, viola los límites legales, burla a algún funcionarios prudente (detrás del cual se halla el consabido odio al juez) y de este modo mata al villano y salva a la mujer, por lo general mostrada como inferior, débil y hasta tonta. En una hora de zapping televisivo vemos más homicidios que los cometidos en un año en toda nuestra ciudad, y con un grado de crueldad que muy rara vez se presenta en la realidad. El corolario infalible es que no hay otra solución para cualquier conflicto que la violenta y punitiva.

Conforme al viejo y archiconocido teorema de Thomas, poco importa que algo sea verdadero o falso, pues si se lo da por verdadero, producirá efectos reales y, como es natural, estos efectos se producen, la general creencia de que la violencia aumenta se instala y la demanda de venganza también, disfrazada de demanda de seguridad, sin que nadie repare en que la represión siempre es posterior al hecho y nada se hace por prevenirlo: después del homicidio es posible matar al asesino, pero con eso no se evita otro homicidio.

Fuera del grupo de los llamados formadores de opinión televisivos y radiales, en el plano científico nadie sostiene hoy el pretendido efecto disuasivo de la pena en delitos graves y violentos. Cuanto más grave es un delito, la sanción jurídica –cualquiera sea- tiene menor efecto disuasivo, hasta llegar al terrorista que se carga de dinamita y estalla en medio de una multitud porque cree que alcanzará el paraíso. En verdad, si alguien quisiese disuadirlo, por su propia seguridad lo último que le aconsejaría es que le alcance un código penal.

Pero por irracional que sea, los políticos se hallan presos de los medios masivos, sea por oportunismo, por mala fe o, incluso los honestos, por miedo ante la agresión mediática. Los jueces son amenazados por la misma agresión y por el oportunismo de los políticos. Los legisladores destruyen los códigos penales y los jueces dictan sentencias con temor. El miedo de la población y el movimiento vindicativo promueve el de los políticos y jueces. Las corporaciones procuran gobernarnos a través del miedo paranoico.

Los medios masivos construyen una realidad mediática que pretende mostrar a gobiernos populares como caóticos, precisamente en el momento en que no pueden hallar otras motivaciones para desconcertar a la opinión pública, pero con esto provocan un caos real en el sistema penal, lo desequilibran, condicionan una pena de muerte por azar en las prisiones precarias y superpobladas por presos provisorios, en su mayoría en prisión preventiva, llevan adelante campañas de hostigamiento a los jueces, los desprestigian, los insultan impunemente aprovechando la ancestral y notoria incapacidad judicial para la comunicación masiva, siempre en situación de inferioridad, indefensión y alta vulnerabilidad frente a ésta.

No obstante, no conformes con esto, los medios masivos, mediante los comunicadores y formadores, postulan una ampliación siempre creciente del arbitrio policial, lo que se traduce en una ampliación de la autonomía de las policías respecto de los controles políticos y judiciales y, por consiguiente, un mayor ámbito de arbitrariedad para la formación de cajas de recaudación autónoma.

A esto contribuye claramente la carencia de un modelo propio de policía en la región. Copiamos la Constitución norteamericana, pero no su policía comunitaria. Además, nos instigan a centralizar y tener policías únicas, que se vuelven inmanejables y ponen sitio al poder político y judicial, cuando los Estados Unidos tienen miles de policías.

En la región parecen ser ahora las policías las que llevan a cabo los golpes de estado y no ya los militares; su poder autónomo está en condiciones de desestabilizar a muchos gobiernos y de repartir parte de su recaudación con caciques políticos locales, en especial cuando de financiar campañas de elección interna de los partidos se trata. La institución policial se deteriora y pierde capacidad preventiva.

Se olvida que las policías son fundamentales, que hay países sin fuerzas armadas, pero sin policía ninguno, por lo cual es prioritario el cuidado de la institución policial y la planificación de un modelo acorde a nuestras necesidades y características, adecuadamente dimensionado, con inserción comunitaria y con controles políticos y judiciales eficaces.

En cuanto a los enemigos, cuando hay mejores candidatos se deja de lado a los delincuentes comunes, pero cuando no hay terroristas ni otras organizaciones con caracteres conspirativos, se elige a éstos y, en particular, a nuestros adolescentes de barrios precarios. Ellos son los enemigos mediáticamente construidos en nuestra región, aunque con frecuencia tampoco se ahorran asignar ese papel a los conciudadanos inmigrantes de nuestros países vecinos.

Es bastante claro el objetivo de destrucción comunitaria que se persigue con esta creación de realidad: generar violencia social, verticalizar nuestras sociedades, jerarquizarlas para mejor someter a nuestros sectores sociales más pobres y vulnerables, sembrar la desconfianza entre nosotros, romper todo vínculo o lazo de comunicación interclasista, hacer retroceder las garantías penales y procesales, impedir que los segmentos excluidos puedan coaligarse mediante la selección criminalizante, victimizante y policizante de los mismos sectores, etc.

En definitiva, se trata de destruir al máximo las relaciones horizontales de cooperación, diálogo y solución pacífica de los conflictos, desprestigiando y ridiculizando cualquier intento en ese sentido. La razón de este flanco de ataque es conocida desde siempre; el Martín Fierro lo dice: si se matan los de adentro los devoran los de afuera.

¿Pero en realidad aumenta la violencia en nuestras sociedades? Esta es una buena pregunta, porque lo revelador es que Latinoamérica muestra un panorama muy diferencia de niveles de violencia social. En este momento en México se vive una terrible tragedia con muchos miles de muertos en una masacre sin precedentes, que responde a una división internacional del trabajo muy particular. En Centroamérica el problema no parece ser menor, con alta frecuencia homicida, las maras, etc. Pero en el sur la cuestión parece ser diferente: tenemos bajos índices de homicidio y al menos en Uruguay, Argentina y Chile parecen estar en baja. Argentina ha bajado su tasa un tercio en los últimos diez años; en Brasil, si bien es alta, también ha logrado bajarla en un tercio. En síntesis: siendo muy diferente el grado de violencia social en la región, lo llamativo es que la publicidad vindicativa y la creación de pánico moral es idéntica en toda ella, o sea, que se trata de una metodología a la que le es indiferente al grado de violencia real de cada sociedad.

En cuanto a los países del sur de la región, cabe pensar que no somos países patológicos y, por ende, no constituimos un fenómeno inédito y contrario a toda la experiencia mundial, en que todos los criminólogos saben que cuando un país sube su renta per cápita, aumenta el empleo y reduce la inequidad distributiva, la curva de homicidios tiende a descender, y estos son precisamente los datos económicos que nos informa la CEPAL en los últimos años. Sin embargo, el pánico moral cunde y los políticos honestos se asustan y los deshonestos y corruptos se aprovechan del miedo para sembrar el caos y debilitar a los gobiernos populares.

Si alguna prueba faltase acerca de que la construcción mediática de una realidad violenta y caótica es un instrumento del que se vale la reacción antipopular, recomiendo dar un vistazo a todas las proclamas de las dictaduras militares de nuestra historia y verificar que en todas ellas se demanda mayor represión ante el supuesto avance incontenible de la delincuencia común.

Pero los políticos honestos se asustan, no saben cómo responder a la agresión mediática, cuando en realidad tienen a la mano la respuesta, tan cerca que no la ven, como su propia nariz. Perón parafraseaba a algún filósofo y repetía con frecuencia que la única verdad es la realidad y, en efecto, esa es la mejor defensa, pero no la ven, permanecen hipnotizados por la televisión y tiemblan ante ella en lugar de responder, se paralizan ante el riesgo de ser satanizados televisivamente.

Esto se debe, sencillamente, a que nadie sabe exactamente lo que sucede en la realidad y, pese a que es facilísimo averiguarlo, nadie lo hace. En algunos momentos depresivos estoy tentado de creer que a nadie le interesa prevenir la muerte de sus semejantes, pero este pensamiento me parece horroroso. Si la única verdad es la realidad, pero se opta por no averiguarla, no se puede decir ninguna verdad.

Bastaría con confeccionar un protocolo muy simple, con unas veinte preguntas acerca de cada homicidio y mirar cada expediente unos minutos para responderlo, centralizar la información y con un pequeñísimo equipo de sociólogos o incluso estudiantes de ciencias sociales trazar las curvas y cruzar los datos.

Este procedimiento exploratorio casi no tiene costo operativo y seguramente va a demostrar que los homicidios se concentran en algunos puntos geográficos de las ciudades y en algunas capas de población, verificará que no salen los pobres a matar ricos, sino que se matan entre ellos, demostrará que el grupo estigmatizado no es el que protagoniza el mayor número, casi siempre verificará que predominan los homicidios entre conocidos sobre los que tienen lugar entre desconocidos, etc.

Pero, además, nos indicará quiénes son las víctimas, cuál es el riesgo de victimización a neutralizar, cómo prevenir los resultados, dónde concentrar la vigilancia, etc. En síntesis: como no se sabe nada, no se puede responder nada y, lo que es más grave aún, de este modo tampoco se puede prevenir nada.

Nuestros gobernantes no pueden ignorar que a mayor ciudadanía corresponde menos violencia y, si en realidad, están cumpliendo con la función de ampliación de la ciudadanía, no deben temer a la realidad, sino enfrentarla y, para eso, antes deben estudiarla, de modo sencillo, sin métodos sofisticados ni caros, como la simpleza que acabo de proponer, una investigación absolutamente grosera, meramente exploratoria, pero que nadie se ha tomado la molestia de llevar a cabo en ninguno de nuestros países.

El camino más corto hacia el desastre es el de la concesión al reclamo mediático de mayor poder punitivo. Se trata de una extorsión y nunca se debe ceder ante el extorsionador, porque siempre volverá por más, hasta que sea imposible satisfacer la atrocidad que reclame o hasta que las policías autonomizadas incurran en la primera violencia y, en ese momento, los mismos medios que reclamaron su autonomización se rasgarán las vestiduras y acusarán de totalitarios y fascistas a los políticos y gobiernos que cedieron a sus precedentes presiones.

Es menester que las fuerzas populares de nuestra región tomen urgente conciencia de que el reclamo de mayor poder punitivo es un recurso del tardo colonialismo para destruir nuestros lazos comunitarios locales, nuestra solidaridad social, nuestro sentimiento de pertenencia y, en lo más inmediato, para desestabilizar a los gobiernos populares.

Los pueblos pueden desconcertarse un rato, pero siempre saben que en el fondo las únicas víctimas del poder punitivo en la región siempre fueron los más vulnerables entre ellos.

Desde los albores del proceso descolonizador sabemos que debe contenerse el poder punitivo, porque es el instrumento preferido de dominación, el que usó para convertirnos primero en un inmenso campo de concentración, luego para mantener la disciplina de los capataces de las oligarquías terratenientes y extractivas, más tarde para decapitar a nuestras generaciones jóvenes y, ahora, para desestabilizar a todo gobierno popular y para destruirnos como comunidades.

Las garantías liberales, las auténticas, las que fueron bastardeadas en leyes declamatorias por nuestros racistas, restablecidas en su sentido auténtico, siempre fueron un instrumento de liberación que nos permitió espacios sociales en los cuales desarrollarnos o consolidarnos como comunidad, en tanto que el poder punitivo siempre fue el medio racista y esclavizante para someternos más fácilmente.

Nadie puede llamarse a engaño en esta etapa del tardo colonialismo: los intereses colonialistas que se mueven detrás de las corporaciones mediáticas no piden más porque saben que carecen de espacio, pero si pudiesen ampliarían el poder punitivo hasta volvernos a la condición de campo de concentración. San Martín y Bolívar lo sabían y los egresados de esta Casa también, y por eso fueron perseguidos, exiliados y asesinados.

El derecho penal de garantías, los límites al poder punitivo, son indispensables para la ampliación de la ciudadanía, en tanto que el poder punitivo es necesario a quienes procuran su contención regresiva. Esto es en síntesis lo que nos enseña la historia, nuestra propia historia, la de nuestro incompleto proceso de descolonización.

En esta etapa es menester usar la inteligencia con gran habilidad y, para ello, no está de más releer de vez en cuando los libros que Bolívar y San Martín llevaban en sus mochilas.

Prueba de las profundas convicciones de nuestros próceres al respecto fue su preocupación por los códigos que fijaban límites al poder punitivo como lo testimonian las elocuentes palabras con que el Mariscal Santa Cruz proclamaba el código penal boliviano de 1831 y con las que me permito cerrar esta exposición: “Las leyes claras y positivas son la base de la buena administración de justicia, y la buena administración de justicia es la sola capaz de asegurar los derechos del ciudadano, e inspirarle esa tranquilidad en que consiste la libertad, y el goce de cuanto es más caro para el hombre constituido en sociedad”.

* Abogado, profesor titular y director del departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires, Vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal y Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Discurso pronunciado en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier, Sucre-Bolivia, 25 de marzo de 2012.