El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado redactado por el Poder Ejecutivo fue duramente criticado por abogados constitucionalistas, rechazado por choferes y comerciantes minoristas en multitudinarias movilizaciones callejeras, e incluso objetado y parcialmente modificado por la Asamblea Legislativa. “A lo mejor el gobierno está equivocado”, reconoció el Presidente Evo Morales y dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la resolución de la discordia.

La conflictiva ley propuesta por el Poder Ejecutivo es un instrumento legal muy parecido a la Ley antidroga 1008 porque penaliza las actividades del narcotráfico, el contrabando y la adquisición ilícita de bienes, y promueve la incautación y monetización aceleradas de las propiedades adquiridas con recursos ilícitos, según el autor de la norma, el ministro de Gobierno Carlos Romero.

El proyecto de ley dispone que en caso de flagrancia, la Procuraduría incautará todos los bienes que sean producto de las actividades ilícitas del contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y corrupción, otorgando a los imputados un plazo mínimo para que presenten descargos. Cualquier bien (casas, vehículos, etc.), cuyo propietario no pueda justificar que ha sido adquirido por medios lícitos, será inmediatamente incautado y monetizado en beneficio del Estado.

En Ejecutivo envió su proyecto “enlatado” al Congreso controlado por el MAS, con el instructivo de que sea sancionado sin modificaciones; pero apenas fue aprobado en primera instancia por la Cámara de Senadores transportistas y comerciantes minoristas protagonizaron paros y multitudinarias movilizaciones en las principales ciudades del país, a las que se fueron sumando paulatinamente trabajadores fabriles, maestros e inmensas capas de pequeños propietarios.

Varios abogados constitucionalistas y especialistas de la Defensoría del Pueblo criticaron la norma porque vulnera derechos individuales fundamentales como el derecho a la propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, razón por la cual amenazaron con interponer un recurso de nulidad.

Intimidados por la fuerte presión social, los legisladores de la Cámara Baja no fueron tan complacientes como sus colegas del Senado y, a solicitud de los choferes sindicalizados, modificaron varios artículos del “enlatado” impuesto por el Ejecutivo. Dirigentes de la Confederación de Chóferes de Bolivia, de la Cámara Nacional de Transporte y de la Cámara de Transporte Pesado de El Alto cuestionaron, por ejemplo, los plazos para presentar descargos (48 horas) y el valor mínimo de los bienes susceptibles de ser expropiados (70 mil bolivianos).

La presidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado admitió que algunos artículos del proyecto de ley de Extinción de Bienes a favor del Estado “realmente no se habían ajustado a la Constitución y podían dar lugar a una mala interpretación o a una arbitrariedad”, por lo que recomendó al Ministro de Gobierno ser “más responsable” a la hora de elaborar leyes.

Degado informó que “hemos trabajado con los Ministros de Economía y de Gobierno, con el presidente de la Comisión de Constitución, el Sub Procurador y hay varios cambios que se están proponiendo; uno de ellos es la modificación de la estructura de lo que va a ser una dirección de monetización y administración de los bienes incautados, y también se han ajustado los plazos y el procedimiento para la extinción”.

La legisladora oficialista dijo también que “se han incluido salvedades para respetar los derechos de terceros. En el caso de los transportistas, si se trata de una tercera persona la que traslada (contrabando o drogas) y no tiene ninguna relación con el transportista, no sucede nada, ya que es responsabilidad del dueño de la carga”.

Una vez revisado el proyecto en la comisión encargada y luego en el plenario, Rebeca Delgado informó que casi el 60% del texto había sido modificado, pero pocas horas después fue desmentida públicamente por el ministro Carlos Romero.

Tal vez la presidenta de la Cámara de Diputados no dimensionó correctamente el alcance y la profundidad de las modificaciones hechas al proyecto de ley, que de ninguna manera representan el 60%, porque si fuera así ya no sería una iniciativa del Ejecutivo sino del Legislativo, y en ese caso habría que redactar una nueva ley, declaró el ministro Romero.

El duelo verbal entre Delgado y Romero fue tal vez el primer conflicto de poderes ventilado en el escenario público, y fue muy bien aprovechado por algunos legisladores de oposición. Comienzan a surgir voces críticas en la bancada masista y por primera vez algunos oficialistas se rebelan y hacen observaciones a una ley impuesta por el Ejecutivo, interpretó el senador German Antelo.

Según el Jefe de Bancada de Convergencia Nacional en diputados Luis Felipe Dorado, las críticas de Delgado confirmaron que “el parlamento se convirtió en el patio trasero del Ejecutivo y que los legisladores del MAS no elaboran leyes y esperan que sean redactadas por Juan Ramón Quintana o Carlos Romero, los ideólogos políticos del gobierno”.

En un intento de apaciguar las aguas, Delgado precisó luego que “hay una decisión como política gubernamental y estatal de que todos los bienes mal habidos, sean por narcotráfico, contrabando o enriquecimiento ilícito, tienen que ser devueltos al Estado”, y en ese sentido sólo “tres aspectos” de la ley “podrían ser modificados en un 60%”.

Es así que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado en su estación en grande “porque se tiene la decisión de que los bienes mal habidos o procedentes de narcotráfico o contrabando sean utilizados en políticas sociales”, afirmó Delgado.

“En el plenario de la Cámara de Diputados hicimos conocer al Ministro de Gobierno algunas observaciones y él manifestó que se iba a cambiar en (la revisión en) detalle; por lo tanto para no perjudicarnos se tuvo que aprobar en grande y detener su tratamiento en detalle”, argumentó la presidenta de la Cámara Baja.

El gobierno cede a la presión social

Los gremiales, cuentapropistas y transportistas creen que la ley propuesta por el Ejecutivo es un instrumento para confiscar el patrimonio ganado con esfuerzo por cada familia boliviana, pese a que el artículo 6 de la norma en su parágrafo II especifica que “quedan excluidos” de la extinción de dominio “los bienes inembargables establecidos en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil”, explicó el ministro Carlos Romero.

El artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso 8 determina textualmente que es inembargable, es decir imposible de confiscación, “el patrimonio familiar, conforme al artículo 32 del Código de Familia y lo previsto en la Constitución Política del Estado“, recordó Romero.

El artículo 56 de la Constitución establece textualmente: “I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria”.

El proyecto de ley del Ejecutivo determina que el proceso para revertir el derecho propietario solo se activa cuando hay una imputación formal en contra de un presunto narcotraficante, contrabandista o corrupto, y no a sola denuncia contra un ciudadano. Además, el acusado o la acusada tendrán 15 días o más para presentar pruebas de la procedencia legal de su propiedad, aseguró Romero.

Sin embargo, en el ambiente social reina una profunda desconfianza de todo lo que hace y dice el gobierno de Evo Morales. En este caso particular, los pequeños propietarios de la clase media y del campo ven amenazadas sus posesiones y se sienten en la indefensión frente a un gobierno con fama de “abusivo y prepotente”.

El grueso de la población movilizada intuye que la Ley de Extinción de Dominio de Bienes pone a buen recaudo las propiedades de las grandes empresas y de las transnacionales, que supuestamente operan en el marco de la legalidad, pero es drástica con los pequeños propietarios de la economía informal.

Los transportistas y los comerciantes minoristas son los sectores más vulnerables y por ello lideran las movilizaciones exigiendo la anulación de la norma y no solamente la revisión de algunos artículos como plantea el gobierno. Los choferes amenazan con la huelga general indefinida si el gobierno no anula su engendro legal.

Para evitar un nuevo estallido social, este lunes el Presidente Morales en persona anunció que enviará su proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que falle sobre su constitucionalidad en un plazo de 30 días, lo que implica la suspensión del debate en la Asamblea Legislativa.

Algunos abogados constitucionalistas y dirigentes de sectores sociales consideran que la ley sería inconstitucional, y “a lo mejor el gobierno está equivocado”, razón por la cual se decidió enviar el proyecto al TCP, en cumplimiento del numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado, explicó el Mandatario. (ABI)

Rebeca Delgado recalcó que “el texto que debe ser enviado al Tribunal es el aprobado en grande y no el que llegó al Legislativo, esto debido a que la norma fue mejorada en las reuniones con los dirigentes de los sectores en conflicto. Cuando se tenga ya el proyecto final y la decisión del TCP vamos a ingresar recién a la Cámara de Diputados, mientras no tengamos la sentencia el tratamiento de la Ley de Extinción de Dominio de Bienes queda totalmente suspendido”.

El Presidente Morales aseguró que el Ejecutivo tiene todos los argumentos para defender su proyecto de ley, diseñado expresamente para luchar contra el contrabando, la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, que “lamentablemente corrompen a la justicia boliviana y por tanto afectan al Estado”.