El cambio climático, la incesante explotación de recursos naturales y la creciente contaminación se han convertido en las peores amenazas para las fuentes de agua en Bolivia, coincidieron decenas de líderes campesinos, indígenas, investigadores y representantes de organizaciones sociales en el Seminario “El Agua para la Vida: Retos y Desafíos en un contexto de crisis global de los bienes comunes”, en el marco de la VII Campaña Octubre Azul.

Más de un centenar de instituciones, organizaciones, redes, medios de comunicación y activistas de todo el país, en coordinación con la Fundación Solón, participaron en la VII Campaña Octubre Azul 2012, y centraron sus debates en torno a cuatro ejes temáticos: los derechos humanos y el derecho humano al agua y al saneamiento, la crisis climática, las políticas económicas extractivistas y la soberanía alimentaria.

En el evento de clausura de la Campaña Octubre Azul 2012, realizado el 25 y 26 de octubre en la Casa Museo Walter Solón Romero en la ciudad de La Paz, representantes de todo el país coincidieron en que el modelo económico en boga en todo el mundo es la principal causa del calentamiento climático y de la crisis ecológica.

Además, constataron que el capitalismo, que alienta el consumismo y la sobre explotación de la Naturaleza, promueve incluso la mercantilización de la vida misma, con el apoyo de algunos organismos de Naciones Unidas, como por ejemplo el Programa para el Medio Ambiente (PNUMA).

Se evidenció que el denominado “capitalismo verde” avanza a paso acelerado no sólo en los principales foros internacionales sino en las diferentes estructuras de inversión y en los niveles de gestión ambiental, y uno de los recursos naturales más afectados es precisamente el agua, inclusive en Bolivia, donde gracias a las luchas sociales se constitucionalizó el acceso al agua como un “derecho humano”.

Pese a que la Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) aborda la temática ambiental de manera transversalizada, la legislación no se aplica necesariamente bajo estos principios y se observa una creciente flexibilización de las normas de protección ambiental en aras de proyectos productivos y un modelo económico basado en la explotación de recursos naturales y en la exportación de materias primas.

Claro ejemplo de ello es la notoria emergencia de corrientes que comienzan a imponer nuevas legislaciones contrarias a la preservación del medio ambiente y a la gestión del agua como un bien público, como por ejemplo el anteproyecto de Ley Minera, la Ley de Promoción Productiva y la Ley de la Madre Tierra.

Después de la Guerra del Agua en Cochabamba, las organizaciones sociales lograron incorporar sus propuestas para la gestión social de las fuentes hídricas como un bien público en el capítulo 5 de la CPE, y consensuaron un proyecto de Ley marco denominado “Agua para la Vida” que proscribe toda forma de privatización.

Pero al mismo tiempo otros sectores sociales elaboraron una propuesta legislativa con objetivos diametralmente distintos; se trata de una copia de la Ley de Aguas aprobada por el ex presidente peruano Alan García, que favorece la actividad extractiva e incluso le pone precio a todas las fuentes de agua.

En general, se observa con preocupación que las corrientes neoliberales van tomando cuerpo en el seno del Estado, cuyo principal interés es fomentar el extractivismo minero, hidrocarburífero y agroindustrial. En realidad, la explotación de recursos naturales se ha convertido en una política de Estado, pese a que los graves impactos ambientales cuestionan los escasos beneficios de ese modelo de desarrollo.

Dado que el extractivismo se ha convertido en una actividad estratégica de interés prioritario del Estado Plurinacional, se observa una creciente desregulación de la legislación ambiental con el fin de viabilizar proyectos y obras de “desarrollo” sin consultar a las comunidades afectadas, y sin informar a la población en general sobre sus impactos.

Los participantes expusieron los impactos del extractivismo en decenas de comunidades indígenas y campesinas, y también en los Parques Aguaragüe, Madidi y TIPNIS. Por ejemplo, delegados del CPILAP del norte amazónico hicieron notar que el gobierno ha nacionalizado todos los parques y ahora el Estado está gestionando megaproyectos “desde arriba” en el Parque Madidi, entre ellos la represa del Bala, la explotación de petróleo a partir de junio de 2013, el ingenio azucarero de San Buenaventura, y la construcción del puente Rurrenabaque- San Buenaventura de un kilómetro y medio de extensión, que es parte de la carretera internacional más conocida como Corredor Norte.

Privilegios para la minería

Es motivo de gran preocupación la severa contaminación minera de los ríos Pilcomayo y de la cuenca del Poopó debido el extractivismo minero, y pareciera que el Estado tiene privilegios para contaminar los ríos del centro minero de Huanuni, socapando las actividades de los cooperativistas de la zona. Fue recurrente la crítica a este notorio conflicto de intereses.

Los representantes de CORIDUP dieron varios testimonios de preocupación y angustia sobre la contaminación de sus tierras, del agua que usan para beber, para la agricultura y para la crianza de ganados a efecto de las actividades de la empresa Inti Raymi, específicamente el proyecto de Kori Kollo. Ya se ha realizado una Auditoría Ambiental, pero aun no se han establecido responsabilidades y medidas de reparación.

Lo peor de todo es que continúa vigente el Código de Minería 1777 aprobado por Gonzalo Sánchez de Lozada y está en discusión un proyecto de ley minera elaborado por cooperativistas y el Ministerio de Minería y Metalurgia, el cual podría estar otorgando más privilegios a la inversión privada. La versión que se conoce de septiembre de 2012 no se diferencia mucho del Código de Goni con respecto al agua, e inclusive va más allá al autorizar la privatización explicita del agua, vulnerando los derechos de uso de comunidades agrícolas indígenas originarias.

Florece el agronegocio

Los datos estadísticos y las cifras oficiales evidencian que el agronegocio prospera en el país. Bolivia se encuentra entre los 11 países que producen transgénicos a nivel mundial y gasta 400 millones de dólares anuales en agroquímicos. Grandes transnacionales agroquímicas se asentaron en Santa Cruz y hasta Syngenta está trabajado con productores de quinua en Oruro.

El principal objetivo de la política agrícola actual no es alimentar a los bolivianos sino aumentar las exportaciones agroindustriales, lo que supone desarrollar un enclave productivo sin vinculaciones con el resto de la economía, y que se caracteriza por sobreexplotar la tierra con la siembra de monocultivos transgénicos.

“Santa Cruz esta glifosateada. Después de agotar las tierras con monocultivos intensivos, los menonos (menonitas) siguen avanzando desde Cuatro Cañadas hasta San Ramón, San Javier, San Ignacio de Velasco, buscando nuevas tierras fértiles”, denunció una representante campesina de Santa Cruz. En la práctica, el discurso oficial cambió a “Viva la Pachamama y la Madre Tierra con transgénicos y agrotóxicos”, ironizó el experto de Probioma Miguel Crespo.

Para colmo, los programas de apoyo del Estado y los créditos solo llegan a los grandes empresarios, “y a los chiquitos no nos compran ni leche. Yo tengo 30 hectáreas y estoy dos años buscando créditos en vano. El banco dice que hay que tener más de 50 hectáreas para tener crédito”, se quejó una representante de ARECRUZ.

Lo triste es que los pequeños productores también deben lidiar con la sequía y los incendios forestales: “estamos acarreando agüita para nuestros chanchitos en carretilla… ¡Debería haber salvavidas para nosotros; pedimos una solución por Dios!”, imploró una mujer campesina con lágrimas en los ojos.

Los derechos humanos pasan a segundo plano

En Bolivia hay muchas leyes y se pronuncian encendidos discursos en defensa de la Pachamama, pero el pequeño productor y los ciudadanos siguen con sus problemas irresueltos. Mucho dinero llega al país dizque para proteger a la Madre Tierra y dar agua a la gente, pero miles de personas en el campo siguen esperando agua potable. En los hechos, la burocracia estatal se gasta los créditos y las donaciones en estudios y más estudios que terminan apilados en las gavetas de los Ministerios, o pagando las maestrías y doctorados de los técnicos del gobierno, lamentó el representante de AOPEB.

La gente se siente abandonada y engañada por el gobierno que no escucha ni atiende sus demandas oportunamente; la situación de las mujeres es de desesperanza: “Cuando queremos hablar la verdad no nos dejan o nos acusan de derechistas”; “estamos mendigando audiencias o esperando 10 años auditorías ambientales manipuladas que no sirven para nada, como en el caso del proyecto Kori Kollo de Inti Raymi”.

A manera de autocrítica, los representantes de las organizaciones participantes reconocieron que hasta ahora fueron tolerantes con las autoridades del gobierno, por lo que expresaron con firmeza que “pareciera que nuestras autoridades son ciegas, sordas y mudas, y se han acostumbrado a mentir; los derechos al medioambiente sano y al agua no se cumplen, y no hay agua en el campo y en las zonas periurbanas”.

“Nos pronunciamos en la defensa del agua, tenemos propuestas y muchas cosas que decir, y queremos que nuestro gobierno nos escuche… Ya basta de amontonar estudios y leyes, pasó el tiempo de los discursos; es hora de que el gobierno cumpla sus compromisos”, exclamaron delegados de todo el país en el Seminario “El Agua para la Vida: Retos y Desafíos en un contexto de crisis global de los bienes comunes”.

Los campesinos del altiplano, los regantes de los valles y los indígenas de tierras bajas exigieron que se cumpla el derecho humano al agua; que se asegure el agua limpia para el riego; soluciones efectivas a la contaminación; y participación amplia y democrática en todos los programas nacionales de adaptación al cambio climático, en la ley de aguas, en la ley minera y en el diseño de un nuevo plan de desarrollo que promueva el “vivir bien” de los seres humanos y no el “desarrollo” del poder empresarial.