Después de las controversiales elecciones judiciales de octubre 2011 en las que triunfó el voto nulo, en el segundo aniversario del Estado Plurinacional se dio inicio a la campaña presidencial. Han sucedido varios hechos políticos que producen un gradual “desencantamiento” de las clases medias urbanas –especialmente en La Paz y El Alto- con el Gobierno del MAS. Las últimas encuestas muestran que solo un tercio de la población apoya a Evo Morales para un tercer mandato.

En el segundo aniversario del Estado Plurinacional se dio inicio a la campaña para lograr el tercer mandato de Evo Morales, mientras persisten los conflictos de límites; la toma de minas; los avasallamientos cocaleros; la disputa por la renta petrolera; el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por la consulta; los linchamientos; el narcotráfico, y la inseguridad ciudadana.

Han sucedido varios hechos políticos que producen un gradual “desencantamiento” de las clases medias urbanas –especialmente en La Paz y El Alto- con el Gobierno del MAS, como la huelga del sector salud que puso en evidencia que el destino de la inversión pública no es el más sensato, cuando el sistema de salud cuenta apenas con US$ 68 millones de inversión para 5 años mientras proyectos como la planta industrializadora de amoniaco-urea ubicada en el trópico de Cochabamba, tiene una inversión de US$ 1 100 millones, y su ubicación eleva los costos para exportar el 80% de su producción.

El motín policial; el conflicto del TIPNIS que lleva 14 meses sin solución; el asilo político otorgado por el Brasil al senador opositor Roger Pinto; las visitas del presidente y vicepresidente de la República Islámica de Irán; las denuncias del Parlamento Húngaro y de un congresista estadounidense de que en Bolivia se vulneran los derechos humanos; y la asistencia de 7 de 34 cancilleres invitados a la 42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), también evidencian deterioro en la imagen internacional.

El uso utilitario del Órgano Judicial y del Ministerio Público para fines políticos y la búsqueda de centralizar y controlar todo el poder en el Órgano Ejecutivo, han producido un grave desgaste que solo se disimula por la falta de una alternativa de renovación desde la oposición.

Resabios del viejo sistema político intentan reponerse con la creación de nuevas organizaciones políticas –como la Fuerza Republicana Federal de Manfred Reyes Villa-, sin tomar en cuenta los cambios irreversibles que han sucedido en el país y de su imposibilidad de volver a conquistar el voto ciudadano, convirtiéndose en fuerzas funcionales al Movimiento al Socialismo (MAS) en el temprano juego electoral.

Las últimas encuestas muestran que solo un tercio de la población apoya a Evo Morales para un tercer mandato, aunque aún no se reconoce la constitucionalidad de una tercera candidatura. Como candidaturas opositoras potenciales están la de Juan del Granado que busca quitarle parte del tercio del voto al MAS y acceder al tercio independiente; y la de Samuel Doria Medina que busca articular el tercio opositor y acceder al tercio independiente.

Sistema político

a) Representación y mediación política

El MAS realizó su VIII Congreso con el objetivo de unificar criterios ideológicos y reforzar el proceso de cambio; eligió una nueva Dirección Nacional; proclamó a Evo Morales como candidato presidencial para las elecciones 2014; e inició la reinscripción de sus militantes.

El Movimiento Sin Miedo (MSM) celebró 13 años de fundación con un encuentro interno para ajustar su estructura orgánica y presentar su propuesta programática. (1) La grabación de una comunicación telefónica a la diputada Marcela Revollo en el Congreso es considerada prueba de la persecución política del Gobierno a este partido.

Unidad Nacional (UN) avanza en la construcción de la unidad de la oposición para las elecciones de 2014, con un acuerdo con el ex gobernador del Beni, Ernesto Suárez, para apoyar un solo candidato para la Gobernación beniana.

Convergencia Nacional (PPB-CN), Camino al Cambio (CC), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y la agrupación ciudadana Vamos, conformaron el “Acuerdo de Unidad”, y Manfred Reyes Villa promueve la fundación de la Fuerza Republicana Federal (FRF) con apoyo de una fracción de PPB-CN.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) cobró protagonismo con la expulsión de Haisen Ribera por el Tribunal de Honor, por haber participado en la suspensión del gobernador electo del Beni, Ernesto Suarez.

La Central Obrera Boliviana promueve la creación de un “instrumento político” para participar en las elecciones del 2014, con la conformación de una comisión de la COB y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

El Gobierno organizó una “Cumbre de Partidos” de la que participó el Movimiento al Socialismo (MAS) pero ninguna de las otras organizaciones políticas con representación legislativa. El Tribunal Supremo Electoral aún no dio a conocer el ante proyecto de Ley de Organizaciones Políticas.

b) Gestión legislativa

Las leyes aprobadas en el primer semestre de 212, se resumen en el siguiente cuadro:

* Decisiones administrativas: Ley 234 Amplía por 36 meses la vigencia del Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF; Ley 233 Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE – 2012).

* Ratificación de Convenios y Memorándum de Entendimiento: Ley 244 Cooperación con Venezuela para la “Constitución de la Gran nacional de Producción de Alimentos”; Ley 236 Cooperación Cultural con el Gobierno de la República del Ecuador; Ley 226 Cooperación Técnica y Científica con la República de Panamá.

* Declaratorias, priorización y creación: Ley 248 Crea el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo – CENARD; Ley 250 Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional la danza Waka Waka o Waka Thocoris; Ley 249 Patrimonio histórico cultural y ancestral de prioridad Nacional el Pujllay y Ayarichi; Ley 242 Patrimonio Nacional Monumental y Arquitectónico del Estado las construcciones de Iskanwaya, La Paz; Ley 239 Dispone que el Gobierno priorice la generación y suministro de energía eléctrica en Pando; Ley 237 Declara patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional El Tinku.

* Contratos de Servicios Petroleros: Ley 245 Contrato de YPFB con la Empresa Eastern Petroleum & Gas S.A., Área Sanandita.

* Contratos de Préstamo: Ley 241 Contrato con la CAF, por hasta US$75 Millones – Programa Puesta a Punto de carreteras; Ley 231 Convenio con The Export Import Bank of China por Yuanes 716,427.053.03 ($Us108.729.121, 28 Millones) – adquisición de 6 Helicópteros H-425; Ley 230 Contrato con el BID por $Us 5 Millones – “Programa de Registro Único de Beneficiarios”; Ley 229 Contrato con el BID por $Us 78 Millones – “Línea de Transmisión Eléctrica Cochabamba – La Paz”; Ley 228 Contrato con el BID por $Us 20 Millones – “Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia”; Ley 224 Contrato con la Cooperación Financiera Alemana, Frankfurt am Maín, por Euros 12.344.205,10 -“Programa de Agua Potable y Alcantarillado Guadalquivir”.

* Reformas políticas: Ley 251 Protección a personas refugiadas; Ley 247 Regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda; Ley 243 Contra el acoso y violencia política hacia las mujeres; Ley 232 Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO); Ley 223 Personas con discapacidad.

* Leyes de necesidad política: Ley 240 Modifica el Artículo 8 de la Ley 222 de Consulta a los pueblos del TIPNIS; Ley 238 Modifica Ley 2640 de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política; Ley 222 Consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS.

A solicitud del Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa autorizó la utilización de al menos $us 1.000 millones de las reservas internacionales en proyectos productivos, y anunció la adquisición de una propiedad para la construcción de un nuevo palacio de gobierno.

c) Autonomías

A dos años de vigencia de la Ley de Autonomías no se ha aprobado ninguna Carta Orgánica aunque 24 municipios concluyeron su anteproyecto; 181 se encuentran en proceso de elaboración; y 5 de los 11 municipios que optaron por la autonomía indígena en el referéndum 2009 cuentan con su proyecto de estatuto finalizado (Uru Chipaya, Jesús de Machaca, San Pedro de Totora, Pampa Aullagas y Mojocoya).

Son diversos los problemas que se presentan en el nivel municipal: el presidente Evo Morales anunció que los fondos municipales no ejecutados serán transferidos al programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”; el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas congeló temporalmente las cuentas de 67 municipios por no presentar sus estados financieros 2011con los requisitos previstos y dentro de los plazos establecidos; la Federación de Asociaciones Municipales se encuentra en crisis y habría pérdida de recursos de la cooperación internacional; 10 municipios solicitaron realizar elecciones al Tribunal Supremo Electoral, pero 3 declinaron por falta de recursos y 7 aún no los depositan (Incahuasi, Punata, Huacaraje, Chipaya, Chayanta, Bermejo y Buenavista).

Ningún departamento ha aprobado su Estatuto Autonómico aunque Pando cuenta con un documento muy avanzado, y la Asamblea Departamental de La Paz concluyó el documento final que fue inexplicablemente modificado en el Ministerio de Autonomías. En un ambiente violento, en Tarija se eligió al asambleísta indígena Justino Zambrana como Presidente de la Asamblea Legislativa; en el Beni el Gobernador electo, Ernesto Suárez, formalizó su renuncia al cargo y se mantiene el interinato de Haisen Ribera; en Santa Cruz el MAS intenta suspender al Gobernador Rubén Costas aunque aún no lo ha logrado.

Legalidad

a) Independencia y equilibrio de poderes

Después de las controversiales elecciones judiciales de octubre 2011, el triunfo del voto nulo, y las dudas sobre las virtudes de la reforma: El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó 300 causas por no llevar el rótulo de Estado Plurinacional; el magistrado con más alta votación informó que usa la hoja de coca para decidir sus fallos; y se denunció injerencia política del oficialismo.

La presidenta del Consejo de la Magistratura declaro que “son los movimientos sociales quienes aprueban o rechazan los nombramientos de los nuevos jueces y funcionarios del Órgano Judicial” lo que expone el fracaso de la reforma dado que su objetivo principal fue evitar que las organizaciones políticas “nombren” autoridades y trafiquen influencias a su favor. Esta autoridad enfrenta una acusación por la designación irregular de notarios.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia propuso un incremento salarial que oscila entre el 11,2% y el 200% para los funcionarios del Órgano Judicial, que se remitió al Consejo de la Magistratura para su análisis y aprobación. Los magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia se encuentran liquidando más de 8.000 causas acumuladas entre 2007 a 2011, mientras los titulares resuelven las nuevas causas que ingresaron desde el mes de enero, habiendo resuelto 339 (59%) de los 571 procesos.

b) Estado de derecho y seguridad jurídica

Diversas autoridades opositoras o ex autoridades enfrentan nuevos juicios: el Gobernador de Santa Cruz Rubén Costas (VERDES); Juan del Granado (MSM); Samuel Doria Medina (UN); el Gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío; el ex presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz; los senadores Roger Pinto y Carmen Eva Gonzales (PPB-CN); el Ex presidente de la Aduana Nacional, César López; la ex prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar; el ex viceministro de Gobierno, Marcos Farfán; el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Alvin Anaya; y el ex prefecto Leopoldo Fernández, que está preso sin sentencia hace 46 meses y después de 137 audiencias en el caso sólo se escuchó el testimonio de un testigo de cargo.

Las imputaciones por desacato se han multiplicado, ante lo cual el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, expresó su preocupación y ofreció su asistencia para una reforma penal.

La investigación sobre la represión a la VIII Marcha del TIPNIS en 2011 no tiene resultados, pero los primeros mandatarios y el ex Ministro de Gobierno fueron excluidos de la investigación por el Ministerio Público. La Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA y la Organización Internacional del Trabajo, por las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas.

Persisten las agresiones sistemáticas a los medios de comunicación e intentos de limitar la libertad de expresión.

El Informe 2011 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señala que la crisis de la administración de justicia de Bolivia se agravó y se caracterizó por el estancamiento en la aplicación del derecho a la consulta a los indígenas, la polémica elección de jueces, y los altos niveles de violencia contra las mujeres, y denuncia la pasividad del sistema judicial ante las agresiones sexuales a adolescentes, ya que el 70% de las denuncias serían desestimadas por “falta de pruebas” y sólo un 0,5% de los casos concluyen en sentencia.

La bancada de PPB-CN presentó ante el Órgano Ejecutivo una denuncia documentada remitida por una Comisión Mixta de Derechos Humanos del Brasil, de que los presuntos terroristas que fallecieron en el Hotel “Las Américas” el 2009, fueron torturados y ejecutados extrajudicialmente.

c) Seguridad ciudadana

El incremento de la inseguridad ciudadana ha provocado la reacción de la población y la situación muestra la debilidad de un Estado que no cuenta con condiciones para poner freno a los linchamientos; las bandas de “cogoteros”; crímenes relacionados con el narcotráfico; asesinato de periodistas; incremento de pandillas juveniles; crimen organizado; secuestros y desapariciones forzadas, tráfico y trata de personas; y tráfico de órganos.

Este escenario llevó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a debatir el proyecto de Ley de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y solicitar la modificación de los códigos Penal y de Procedimiento Penal; y al Gobierno a aprobar el “Plan Nacional Ciudad Segura” con participación del Ejército y la Policía con la formación de brigadas vecinales y escolares de patrullaje y prevención. Si bien estas acciones son importantes, la historia ha demostrado ampliamente que los problemas no se resuelven con la creación de más normas, o al menos que las normas son insuficientes sin un Estado que pueda garantizar su cumplimiento.

De acuerdo al Índice de Paz Global (IPG) 2011 -que evalúa conflictos internos e internacionales en 158 países-, presentado por el Instituto para la Economía y la Paz, Bolivia es el cuarto país más violento de Sudamérica y se ubica en el puesto 84, ocho puestos por debajo del que ocupaba el 2010.

Políticas Públicas

En el Día del Trabajador, el Gobierno nacionalizó la Transportadora de Electricidad S.A. (TDE) del grupo Red Eléctrica de España (REE), y anunció que negociará el total del paquete accionario de la empresa sobre la base de US$ 39.9 millones.

El Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará el 21 de noviembre de 2012. No queda claro si es el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Ministerio de Planificación del Desarrollo quien organiza el proceso y autoridades de ambas entidades presentan declaraciones contradictorias. El proceso de preparación no cuenta con la publicidad y transparencia requerida; no existe claridad respecto a la actualización cartográfica; las recomendaciones presentadas por entidades académicas no fueron incluidas en la boleta oficial; el director del INE renunció sorpresivamente; y la omisión de la auto identificación cultural mestiza, han restado apoyo y confianza en el Censo.

El Gobierno llevó adelante dos “Cumbres”, una social y otra de partidos políticos, y ha anunciado la realización de una de salud. En todos los casos, las cumbres se han instrumentalizado para que el Órgano Ejecutivo legitime la orientación de las políticas públicas con las organizaciones políticas que le son afines.

En políticas de defensa, el Gobierno confirmó la adquisición de un satélite para prospección e inventario de los recursos naturales; y la compra de seis helicópteros Harbin-425 destinados a defensa civil; y asignó Bs. 2.5 millones para la construcción de dormitorios para las 93 mujeres cadetes que se forman en esa unidad.

Mediante Decretos Supremos el Gobierno adjudicó 98 áreas reservadas a YPFB, para exploración y explotación hidrocarburifera (D.S. 1203); aprobó un 8% de incremento salarial para salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía, y un salario mínimo nacional de Bs 1.000 (D.S. 1213); y creó la “Empresa de Construcciones del Ejército” (ECE) para ejecutar proyectos de infraestructura y obras viales (D.S. 1256).

De acuerdo al Informe del Centro de Estudios Económicos Fundación Getulio Vargas de Brasil y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Múnich de Alemania, el clima para los negocios en Bolivia mejoró en los últimos meses y ocupa el puesto 9 de 11 del ranking. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la agencia de calificación de riesgo Standard and Poor’s, subió a Bolivia en la calificación de la deuda soberana de largo plazo de B a BB, gracias al sostenido crecimiento económico y superávit fiscal, durante los últimos años.

a) Lucha contra la corrupción

Los procesos vinculados a imputaciones por corrupción centrales en el periodo son:

* El Programa de Vivienda Social y Solidaria: con 24 procesos legales contra empresas contratistas, ex viceministros y ex funcionarios por supuestas anomalías en la construcción de viviendas.

* La Policía Nacional: con varios los casos de corrupción siendo los más significativos la admisión irregular de cadetes a la Universidad Policial; la clonación de placas; e investigaciones a dos de sus ex Comandantes (Óscar Ciro Farfán y Jorge Santiesteban).

* Fábrica Papelbol: la investigación sobre la adquisición e instalación de la fábrica Papelbol identificó como responsable del daño económico de US$ 13.5 millones al ex viceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria.

* Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos: se ratificó la sentencia de 12 años para el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y ocho coimputados en el caso de contratos irregulares con la empresa Catler.

* Aduana Nacional: Debido a diversas denuncias de corrupción, la Aduana Nacional tuvo que cambiar alrededor del 50% del personal del Control Operativo Aduanero.

b) Lucha contra el narcotráfico

Los resultados de los operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), ponen en evidencia el incremento de la actividad del narcotráfico: descubrieron 530 fábricas de cocaína en cinco municipios de Santa Cruz; casi 500 pozas de maceración en Cochabamba; fábricas de cocaína móviles con capacidad estimada para procesar hasta 3 kilos de pasta base en 4 horas; nuevos laboratorios de cristalización; incautación de precursores; lavado de dólares en casas de juego; cultivos ilegales en parques nacionales; incautación de cocaína y marihuana aunque con muy pocos detenidos. Existen limitaciones normativas que impiden al Gobierno revertir al Estado los terrenos que han sido utilizados para producir coca que se desvía al narcotráfico.

El Gobierno destinó $US 56 millones para la lucha antidrogas para el 2012, lo que parece insuficiente para desmantelar redes de narcotráfico que usan corredores internacionales hacia Argentina, Brasil, Chile y Europa, desde La Paz, Oruro, Cobija, Guayaramerín, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Matías. El Gobierno impulsa junto al Brasil y con apoyo de Estados Unidos la Operación “Bolbra II” para operaciones de control del espacio aéreo fronterizo y el proyecto piloto de monitoreo y control de la erradicación de cultivos excedentarios de coca en la provincia Carrasco del trópico de Cochabamba. Adicionalmente, un contingente de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina capacitó a oficiales bolivianos en el control aéreo contra el narcotráfico; y el Gobierno firmó un Memorándum de Entendimiento para la lucha conjunta contra el narcotráfico con la República Islámica de Irán.

En el contexto internacional diversos operativos concluyen que la cocaína incautada procede de Bolivia, con operativos que desarticularon bandas delincuenciales en Brasil, España, Chile, Perú, y Paraguay. Se detuvo en Bolivia al narcotraficante Stefano Ferrari, que fue entregado a la Policía italiana.

Razones para explicar el incremento del narcotráfico abundan: la debilidad del Estado en sus sistemas de control y de sanciones; la pobreza; y por supuesto la rentabilidad de la comercialización de la droga, de la hoja de coca para elaboración de cocaína, y aún de la comercialización legal de la hoja que reditúa al menos Bs. 60.000 mensuales a cada comerciante minorista de coca a detalle. En este contexto, el trabajo de erradicación voluntaria de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) enfrenta resistencia en varios puntos del país: en la zona yungueña de La Asunta, en Palca Mayu en Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba; en Machu Yungas y Yungas de Vandiola; y de los cocaleros asentados ilegalmente en el Parque Carrasco en Cochabamba.

c) Relaciones internacionales

El Gobierno lleva adelante una campaña internacional de defensa del consumo tradicional de la hoja de coca y por su despenalización, lo que abrió el debate respecto a la legalización de las drogas. Para la reincorporación de Bolivia a la Convención sobre Estupefacientes de 1961con la reserva respecto al consumo tradicional, se requiere el apoyo de dos tercios de los países miembros, y ya han manifestado su objeción Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Rusia, Japón, Singapur, Eslovaquia, Estonia, Francia, Italia, Bulgaria, Letonia, Malasia y México. Bolivia se mantiene en la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a pesar de los avances en la aplicación de sus recomendaciones. El Informe 2011 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), expresa preocupación por la política de fiscalización de drogas de Bolivia que permite cultivar y consumir la hoja de coca para fines no médicos.

Algunas relaciones se vieron alteradas: con España por la nacionalización de la TDE; con Brasil por una incursión de militares bolivianos a territorio brasileño, la desinversión internacional anunciada por Petrobras que incluye a Bolivia, y el asilo otorgado al senador Roger Pinto (PPB-CN); con Paraguay por la suspensión de relaciones diplomáticas que anunció Evo Morales después de la destitución del Presidente Lugo por el Congreso paraguayo; con Estados Unidos por la visita de una comisión de defensa de los derechos humanos del estadounidense Jacob Ostreicher, el Informe 2011 del Departamento de Estado con duras críticas al Estado boliviano en cuanto al respeto de los derechos humanos, y la denuncia del gobierno boliviano de los Tratados Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

El Gobierno boliviano fortalece su alianza con Irán y votó contra la resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria aprobada por 137 países; el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, visito Bolivia por tercera vez y firmó acuerdos para la elaboración de la carta geológica en Áreas de la Cordillera Oriental y el Precámbrico, y para la lucha contra el narcotráfico; el Vice presidente iraní Ali Saidlu, visitó Bolivia para reunirse con el vice presidente García Linera –no se detallaron los asuntos tratados-; el buque de bandera boliviana Eglantine fue secuestrado por piratas somalíes cuando transportaba azúcar del Brasil a Irán; y Bolivia retiró el registro a tres barcos de Islamic Republic of Irán Shipping Lines (Irisl) que tiene sanciones internacionales de Naciones Unidas por transporte de equipos militares a Teherán y por comercializar crudo sirio.

La Comisión de Derechos Humanos y el Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Hungría emitieron una declaración denunciando que las condiciones de detención y los procedimientos contra Elöd Tóásó – acusado en el caso Terrorismo I- no cumplen los estándares universales de respeto a los derechos humanos, y solicitaron a la Unión Europea suspender el apoyo económico a Bolivia por ese motivo.

El presidente Evo Morales participó de la XI Cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) -donde propuso la incorporación de los comandantes de las Fuerzas Armadas de los países miembros-; de la Cumbre de las Américas en Cartagena -donde denunció al Gobierno de Estados Unidos por el traslado de armamento en territorio boliviano-; y de la 42 Asamblea General de la OEA –donde demandó la refundación de la OEA para que deje de estar al servicio de Estados Unidos-, que contó con la presencia de 7 cancilleres (2) y una agenda con temas de seguridad alimentaria, coca y narcotráfico, el sistema de protección de los derechos humanos, la libertad de expresión y el rol de los medios de comunicación, tema incorporado en la agenda por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. La demanda marítima boliviana no fue un tema central.

El Gobierno firmó un Convenio Marco de Cooperación 2013-2017 con las Naciones Unidas; estableció los ejes centrales de la Alianza Estratégica 2012-2015 con el Banco Mundial; firmó el Acuerdo de Cooperación con EEUU y Brasil para la lucha contra el narcotráfico; y acordó con el Gobierno de Estados Unidos reponer a los embajadores.

Representantes oficiales de la Comunidad Andina se reunieron en La Paz para tratar temas relativos al desarrollo alternativo como parte del Programa Anti-Drogas Ilícitas de la región; y se realizó el II Congreso Internacional YPFB Gas & Petróleo con la presencia de las compañías más importantes de la región, buscando atraer inversión extranjera al país.

Gobernabilidad

Los conflictos tienden a multiplicarse pero sobre todo a abordar problemas más estructurales. El mismo semestre del año anterior presentaba conflictos más coyunturales vinculados a incumplimiento de compromisos electorales o deficiencia de políticas públicas, sin embargo en ésta gestión varios conflictos remiten a problemas estructurales del Estado.

Los temas coyunturales que se repiten anualmente han movilizado al sistema universitario; a los trabajadores con sus demandas salariales; la solicitud de un bono de las personas con discapacidad; el motín policial exigiendo una nivelación salarial acorde a la aplicada a los militares; los bloqueos localizados; y el conflicto del sector salud se relacionan a reivindicaciones y derechos laborales y han producido un serio desgaste político al Gobierno, especialmente el conflicto de salud con el activismo de la clase media urbana.

Los conflictos que tocan problemas estructurales, que gradualmente se profundizan en estos últimos años, se relacionan con dos temas centrales: a) el proceso de reformas que acompaña a la nueva constitución, que genera vacíos normativos y es utilizado como un instrumento para reproducir el poder; y b) la debilidad del Estado para hacer cumplir las normas, generar certidumbres y garantizar la seguridad mínima que requiere la sociedad, por el contrario, el proceso de reformas debilita y casi desmonta un Estado que ya era precario antes de la construcción del Estado Plurinacional. Ejemplos de estos problemas son:

− la instrumentalización de la consulta previa en el TIPNIS, y la no aplicación de la misma a los Guaranís para la construcción de la planta separadora de líquidos Gran Chaco-YPFB

− los daños ambientales que afectan a los pueblos Weenhayek y Tapiete en Tarija por la contaminación del río Pilcomayo; a los pobladores de la Tierra Comunitaria de Origen Takovo Mora por la planta separadora de líquidos de Río Grande; los comunarios de Vitichi y Caiza D en Potosí por la contaminación minera causada por las empresas Andacaba, Kumurana y Reserva; y los campesinos de La Palma por el daño ambiental de un botadero de basura

− los conflictos de límites de Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro), o entre Cochabamba y Beni que no pueden resolverse hasta que se apruebe una Ley de Unidades Territoriales

− el conflicto entre Chuquisaca y Tarija por las regalías petroleras del campo Margarita-Huacaya

− la toma de minas y los avasallamientos, que han afectado a los mosetenes de Palos Blancos despojados de sus tierras por colonizadores cocaleros; cooperativistas que tomaron la mina Sayaquira a cargo de la Empresa Minera Barrosquira; la decisión de transferir los derechos sobre la mina a los avasalladores de la Empresa Minera Himalaya Ltda.; los comunarios de Mallku Khuta que se oponen al proyecto minero de la empresa South American Silver; y la toma de la Empresa Minera Colquiri por cooperativistas

Ante este escenario, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se declaró en huelga. El informe oficial del Ministerio de Minería señala que 58 minas fueron tomadas en 2011: 50% por campesinos, 30% por cooperativistas, y 20% por trabajadores mineros que atacaron a empresas privadas que tenían una concesión.

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu (CONAMAQ) presento una acusación contra el Gobierno ante el foro permanente de las Naciones Unidas, por la vulneración de los derechos indígenas al no ser consultados sobre proyectos de magnitud y extractivos en sus territorios.

Por último, aún no se ha atendido la demanda de las víctimas de las dictaduras militares que se mantienen en vigilia hace varios meses frente al Ministerio de Justicia, pidiendo el cumplimiento de la Ley 2640 de resarcimiento económico a las víctimas de violencia política.

Temas de coyuntura

La consulta en el TIPNIS

Han sido varias las decisiones administrativas tomadas por el Gobierno y la Asamblea Legislativa que pasaron por alto el derecho a la consulta previa a los pueblos del TIPNIS: el contrato de financiamiento del Tramo II de la carretera –agosto, 2009- firmado con el Banco de Desarrollo del Brasil (BNDES); la Ley 005 –abril, 2010- que aprueba el crédito para la carretera; el DS 676 –octubre, 2010- que adjudicó a YPFB 56 áreas reservadas para exploración y explotación petrolera incluyendo el Área N°4 que abarca 723.502 hectáreas que parten el TIPNIS; la Ley 222 –febrero, 2012- que dispone la consulta sobre la construcción de la carretera; el DS 1203 –abril, 2012- que adjudica a YPFB 98 áreas de interés hidrocarburífero.

Después del desgaste que produjo al gobierno la represión a la VIII Marcha en Chaparina el 2011, la estrategia oficialista abandono el uso de aparatos represivos del Estado para sustituirlos por grupos de choque afines; la prebendalización de los indígenas con regalos y oferta de atención estatal; el uso del TCP para legitimar la Ley 222; y el incremento del número de comunidades a ser consultadas para incluir a los cocaleros. La campaña mediática de descalificación de los dirigentes y los marchistas; la división de las organizaciones indígenas; la manipulación de la realidad a través de la propaganda; y la disposición ilimitada de recursos, tuvo resultados exitosos al lograr una disminución del activismo ciudadano urbano y el apoyo a la IX Marcha, comparado al año anterior.

La consulta que se lleva a cabo sin cumplir los mandatos constitucionales, abre la posibilidad de que en base a la nomenclatura de lo indígena originario campesino, el movimiento cocalero asuma la misma jerarquía de los pueblos indígenas y los ponga en indefensión como minoría frente al avance de los colonizadores cocaleros, que combinan su acción depredadora del medio ambiente con la visión extractivista y desarrollista del Gobierno, que está dispuesto a perder aún más capital político para imponer la carretera.

Notas:

1. El programa del MSM incluye: plan de desarrollo económico y social; desarrollo económico-productivo; hidrocarburos, energía y minería; reestructuración y transparentación del gasto del Tesoro General; censo y pacto fiscal; lucha contra la impunidad y la corrupción; institucionalidad y revalorización de la función pública; coca cero y lucha contra el narcotráfico; seguridad ciudadana; educación, salud y saneamiento básico; defensa de la Ley 180 de protección al TIPNIS; políticas medioambientales; y erradicación de la violencia contra las mujeres.

2 Arribaron al país los Cancilleres: Héctor Timmerman, de Argentina; Alfredo Moreno, de Chile; María Ángela Holguín, de Colombia; Ricardo Patiño, de Ecuador; Jorge Lara Castro, de Paraguay; Rafael Roncagliolo, de Perú; y Nicolás Maduro, de Venezuela.

* Fuente: http://institutoprisma.org/joomla/images/Dossieres/coyuntura_politica/informe%20coyuntura%20politica%2020%202012%20enero-junio.pdf