La renta petrolera se está yendo irremisiblemente, dispersada en gasto corriente y bonos. Las petroleras han aumentado su tajada, y aún con incentivos no responden al requerimiento del Estado Plurinacional, que según estudios independientes, ha reducido su participación en la globalidad del negocio, respecto de un inicial 82-18%. Las reservas no crecen. Los campos se explotan acelerando su monetización.

Como nunca en su historia, Bolivia está percibiendo casi 21.000 millones de dólares (MM$us) por ingresos de la venta de hidrocarburos en los últimos seis años, pero el grueso de la renta petrolera en favor del estado Plurinacional se destina a gastos corrientes gubernamentales; y cerca de un tercio, que sobrepasaría los 8.500 millones al cerrar el 2012, se llevarían las operadoras privadas, de acuerdo a recientes datos oficiales y reportes independientes.

En contrapartida, las privadas no estarían respondiendo a la expectativa estatal: el vicepresidente Álvaro García, les cuestionó en julio por qué no han mejorado la producción de petróleo en el país, a pesar de un decreto que las incentiva a hacerlo, a costo del erario público y un aumento de 30 dólares en su retribución por barril, mientras las reservas probadas de gas se mantienen oficialmente estancadas en 10 trillones de pies cúbicos (TCFs).

“Ya son cuatro meses que tenemos del decreto, pero no tenemos resultados; como estado boliviano hemos hecho el esfuerzo por mejorar la retribución para mejorar la producción del petróleo”, recordó el mandatario al dirigirse a Carlos Delius, presidente de Cámara que agrupa a las petroleras.

“No hay resultados, Delius”, le reclamó en el último congreso del gas que auspiciaron el gobierno y las privadas.

Para el colmo, por agosto, la consultora internacional Gas Energy previó que a partir del 2017 se registrará una “notoria” declinación en la producción de megacampos, pronosticando un desajuste entre la oferta y la demanda el 2019, lo que afectaría a las exportaciones a Brasil y Argentina, pese a la actual explotación intensificada de los yacimientos y su acelerada monetización. A medio semestre se rompió la barrera de los 54 millones de metros cúbicos de gas por día (MMmcd) casi en su totalidad exportados a Brasil y Argentina.

Pero las operadoras privadas, en los hechos no han hecho uso de los incentivos para revertir la reducción de reservas: A mediados de septiembre y a cinco meses de que el gobierno aprobara una norma para incentivar la producción de petróleo crudo, ninguna empresa petrolera había aumentado su producción.

“Todavía no hemos desembolsado ningún incentivo porque ninguna empresa ha descubierto o ha aumentado sus volúmenes de producción”, admitió a La Razón el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas.

En contraposición a las altas cifras con que opera el sector hidrocarburos en Bolivia (se tiene previsto invertir casi 2.050 MM$us el 2012, aunque sólo 742 las privadas), la Agencia de Noticias de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (AN-YPFB) informó hace una semana que en el periodo 2007-2012 YPFB aportó con más de 437,3 millones de bolivianos para el pago del bono escolar “Juancito Pinto” a razón de casi 10 MM$us anuales, totalizando 62 MM en casi seis años.

Y de acuerdo con las proyecciones realizadas por Gas Energy, en su boletín trimestral Energy Insight, lanzado el mes de septiembre y divulgado por EnergyPress, el país obtendrá por las exportaciones de gas natural, hasta 2026, un monto acumulado de $us 27,14 billones

Hidrocarburos continúa siendo la actividad económica que registra mayor valor en las exportaciones nacionales, entre enero y julio de 2012, con una participación de 49,8%, respecto al total, seguida de la Industria Manufacturera con 26,2%; Extracción de Minerales con 18,8% y la actividad de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca con una participación de 3,5%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y YPFB.

Pero “si bien hay una política de hidrocarburos en Bolivia, muy marcada con todo el proceso de nacionalización, vemos también una ausencia de institucionalidad o una institucionalidad muy débil”, alertó el Director de Jubileo, Juan Carlos Núñez, un organismo de la Iglesia Católica en Bolivia y Alemania.

“Creo que ahí vienen todos los temas que se están viniendo al frente; temas de corrupción, de contratos, creo que hay una necesidad imperiosa de fortalecer esa institucionalidad… creo que así aclararíamos y allanaríamos un sinfín de dificultades. Hoy por hoy, en muchos casos YPFB acaba siendo juez y parte en el tema hidrocarburos”, agregó Núñez.

Millones nunca vistos

Tan sólo a julio de este año, “las exportaciones de la actividad económica de extracción de hidrocarburos compuesta por gas natural y otros combustibles registró $us 3.056 millones”, anunció a fines de agosto Villegas, al precisar que ese monto es superior en 40 % a las ventas obtenidas entre enero y julio del 2011 cuando se alcanzó 2.173 millones de dólares.

Los 3.056 millones se agregan a los 18,100 millones de dólares que el experto Mauricio Medinaceli calcula que el Estado Plurinacional ha obtenido desde el 2006 en ingresos netos por hidrocarburos, mientras que estimaciones independientes basadas en análisis de la Fundación Jubileo, registran 17.600 millones, de los cuales sale tanto la renta petrolera del país como la remuneración de las operadoras, en su mayor parte, subsidiarias de las grandes transnacionales.

Entrado el segundo semestre, el director de Jubileo, Juan Carlos Núñez advirtió, a tiempo de cuestionar la transparencia y la débil institucionalidad de YPFB, aquejada por recientes casos de corrupción e irregularidades, que el 70 % de la renta petrolera generada por la corporación estatal y administrada por el gobierno del presidente Evo Morales se ha destinado al gasto corriente: “Nos lo hemos comido”, matizó amargamente.

De acuerdo a una última exposición del ex ministro Medinaceli en la Cámara Boliviano Americana de Comercio, entre costos recuperables (basados en costos reportados por las operadoras) y utilidades establecidas por ley, las petroleras privadas han sumado 7.068 millones de dólares que constituyen su remuneración en los seis años transcurridos entre el 2006 y el 2011, con una porción cercana al 39 %

Otros datos independientes basados en registros de Jubileo, que a su vez cuestiona la escasa información oportuna, precisa y actualizada que en general ofrece YPFB sobre el valor de la producción y la comercialización hidrocarburífera y el monto que se llevan las petroleras, consignan que la participación de éstas alcanzaría a casi 5.200 millones en ese mismo periodo, aproximadamente un 30 % del negocio. La relación para el 2011 fue del 33-67 %, de acuerdo con la exposición.

Medinaceli dijo en su conferencia que sólo los precios altos permiten a las operadoras soportar hasta un 70 % de participación estatal, trascendiendo que el viejo y publicitado 82 % para el Estado Plurinacional y 18 % para las transnacionales, emergente de la “guerra del gas” y la irrupción de los movimientos sociales en el poder desde el 2006, sólo duró unos meses y en los hechos ha caído la participación estatal en el jugoso negocio de los hidrocarburos.

De los datos del consultor internacional (mmedinaceli.com), se desprende que la relación el 2006 fue 64-36 %. El 2007 bajó a 57-43%, el 2008 a 54-46%, mientras que el 2009 y 2010 remontó a 60–40%.

La nacionalización de los hidrocarburos, propició desde 2006, las mayores ganancias para Bolivia, registradas en toda su historia al sumar, en seis años de aplicación, ingresos por $us 12.424 millones de dólares, anunció la corporación petrolera estatal en réplica a reclamos del ex ministro del sector, Andrés Soliz, en sentido de que la relación se redujo al 50-50 % en desmedro de los bolivianos.

La tajada estatal

El 28 de agosto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, aseguró la renta petrolera había subido a 14.494 millones de dólares entre el 2006 y julio 2012. En la réplica, gerente de Administración de Contratos de YPFB, Edwin Alvarez Pantigozo, aseguró que aún “en muchos contratos de operación, el Estado se queda con más del 82% que representa el denominado Government Take”,

“De ninguna manera se puede confundir a la población cuando se mezclan conceptos totalmente distintos. Uno es el de la Renta Petrolera establecida en la Ley de Hidrocarburos No 3058 que fue promulgada en mayo del 2005; otro, distinto es el de las inversiones realizadas por las petroleras desde la aplicación de los Contratos de Riesgo Compartido hasta la vigencia y fecha efectiva de la aplicación de los nuevos Contratos de Operación (mayo 2007)”, subrayó.

El gobierno ha cumplido con el Decreto de Nacionalización (28701), dado que todas las compañías petroleras firmaron los contratos de Operación en el plazo que establecía el propio decreto (180 días), mismos que entraron en vigencia a partir del 2 de mayo de 2007.

“Especialmente [cumplió] con el artículo cuarto, que establece un periodo de transición, en tanto entraron en plena vigencia los contratos de operación, a partir del 2 de mayo de 2007, y comenzaron a generar mayores ganancias para el Estado. Este histórico Decreto Supremo estableció un periodo de transición para lo cual el gobierno aplicó un 32% adicional de participación para los megacampos productores de gas natural (San Alberto y San Antonio). Este periodo de transición se mantuvo hasta la vigencia y aplicación de los nuevos Contratos de Operación”

El 2007 publiqué un libro (La Nacionalización del Nuevo Milenio: cuando el precio fue un aliado) donde, en uno de los párrafos conclusivos, señalé lo siguiente: “La Participación Estatal promedio…oscilaría entre el 51% y 70%”, recordó en su blog Mauricio Medinaceli.

“Es grato ver que, por ejemplo, para el año 2011 este porcentaje fue del 67% (divida Regalías + IDH + Nacionalización entre el total de ingresos brutos en la tabla), este libro me costó una semana en la clínica, pero creo que valió la pena”, agregó.

Transparente… a puerta cerrada

El Banco Central concedió dos préstamos a YPFB por 1.030 millones de dólares para la planta de urea en Cochabamba –contrato firmado el 13 de septiembre con la coreana Samsung Engineering por 843 millones– y la separadora de licuables Gran Chaco, en un acto donde “la firma de los contratos fue a puerta cerrada”, relató la agencia ANF, divulgándose la información por boletines del BCB, de Yacimientos y del Ministerio de Hidrocarburos.

El hecho sucedió un día después que la petrolera estatal y el Ministerio anticorrupción habilitarán un sitio en Internet para que la población pueda realizar un seguimiento sobre los recursos que administra la empresa más grande del país, divulgando toda la información sobre los contratos petroleros y las licitaciones para construir las plantas que industrializarán los hidrocarburos, entre otros negocios.

“Firmamos una carta de intenciones con YPFB, que tiene como objetivo la reducción de la impunidad en los actos de corrupción y se haga control social en la gestión pública”, dijo la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.

“Con estos eventos lo que hacemos es refrendar nuestra transparencia absoluta en la gestión y administración de YPFB”, refirió el presidente de YPFB, Carlos Villegas.

Contrataciones directas vs. licitaciones

“Mientras en un mismo día el gobierno anuncia la firma de un “Convenio Interinstitucional” entre YPFB y el Ministerio de Transparencia para poner en marcha mecanismos que eviten la corrupción en la contratación de obras y compra de bienes que hace la primera, en el mismo Palacio de Gobierno, el Presidente y el Vicepresidente presenciaron la suscripción de un contrato por 234 millones de dólares con la austríaca Doppelmayer para construir un dudoso teleférico entre La Paz y El Alto”, comentó el diario tarijeño El Nacional.

“El contratito se lo negoció en forma directa, sin mediar licitación ni comparación de precios. Aún no se ha explicado cuál la razón de la urgencia de la obra si, como se ha dicho, no constituye una solución de fondo al problema de tráfico y transporte entre La Paz y El Alto”, agregó

Aún más, el diario tarijeño se refirió a otras irregularidades:

“Y para muestra sólo un botón: en Tarija, YPFB Transportes rescindió hace dos meses un contrato con la brasileña Conduto por incumplir en el tendido del ducto de ampliación del Gasoducto Villa Montes – Tarija. Esa misma brasileña, sin embargo, trabaja como subcontratista de las transnacionales “operadoras” de YPFB en San Alberto, con la venia de YPFB Corporación. Los pagos que Conduto recibe son avalados por YPFB y pagados por los bolivianos mediante los Costos Recuperables. ¿Hay una explicación a semejante contradicción? ¿Hará algo al respecto el acuerdito con el Ministerio de Transparencia? ¿Es Conduto otra contratista “de prestigio” del gobierno, al punto que puede trabajar en Bolivia pese a haber incurrido en incumplimiento de contratos? ¿Para las constructoras brasileñas no es aplicable la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz?”.

El ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, dijo que el crédito del BC a Yacimientos: “No es poca plata, estamos hablando de más de 1.030 millones de dólares, en otro tiempo de la historia eso hubiésemos firmado con algún organismo multilateral o internacional de préstamo, pero no, ahora lo está haciendo el Banco Central de Bolivia, cuesta creerlo ¿no?”

“Es el BCB el que concede créditos a las empresas estatales estratégicas cuando en otrora, no hace mucho tiempo, la Ley de Bancos le prohibía otorgar créditos a empresa estatales, son hechos significativos, hitos que están no solamente definiendo el presente, sino fundamentalmente el futuro de Bolivia. Estos créditos que estamos suscribiendo serán destinados a la construcción de la Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco y otro que verdaderamente va a ser una inflexión en la historia del país, la Planta de Amoniaco Urea que da inicio a la industrialización de los hidrocarburos”, señaló a su vez Carlos Villegas.

Las previsiones oficiales señalan que el 90% de la producción de la planta será destinado al mercado exterior y el restante 10 al consumo interno. Se instalará en Bulo Bulo, Chapare Tropical; generará ingresos por 300 millones de dólares anuales.

* Reporte ampliado con base en la versión original de la revista IN, octubre 2012: http://360.com.bo/DigitalIN/in28/ http://issuu.com/inrevista/docs/in_28)