La Paz y Cochabamba (ABI).- La presidenta de la Cámara de Senadores Gabriela Montaño aseguró que la Agenda de Octubre de 2003, que tiene como principal pilar la nacionalización e industrialización de los recursos naturales, “tiene un inmenso avance” y “casi” se ha cumplido. Se está nacionalizando los grandes yacimientos mineros que todavía están en manos de algunas empresas extranjeras que fueron capitalizadas, evaluó la ministra de Comunicación Amanda Dávila.

El 17 de octubre se cumplieron nueve años de la renuncia y huida a Estados Unidos del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de la denominada “guerra del gas” que se opuso a su intención de vender gas natural a ese país por un puerto de Chile, revuelta que se saldó con 67 muertos y más de 400 heridos.

Fruto de esa histórica movilización vecinal es la denominada Agenda de Octubre, cuya demanda principal es la nacionalización de los recursos naturales. “Esta agenda, que el Presidente (Evo Morales) la planteó hace bastante tiempo, casi ha sido completada, es decir estamos hablando de un inmenso avance de la Agenda de Octubre”, que se refleja también en el proceso constituyente, aseguró Montaño.

La Presidenta de la Cámara de Senadores consideró que en el caso de la nacionalización y la industrialización de los hidrocarburos, como “nunca antes” se está construyendo plantas separadoras, como el contrato con una empresa coreana para industrializar los hidrocarburos en la planta de Urea y Amoniaco de Cochabamba.

Además, Montaño resaltó que esa acción cambió la economía del país y ahora es posible construir cientos de kilómetros de carreteras, aeropuertos, que integran a los bolivianos. “La posibilidad de la redistribución de recursos, entre los más necesitados en nuestro país, es decir, Bolivia es otro país diferente a la Bolivia de octubre de 2003, es otro país soberano, es otro país que tiene la posibilidad de darle calidad de vida a sus ciudadanos y ciudadanas”.

Por su parte, la ministra de Comunicación Amanda Dávila aseveró que el gobierno cumplió con la Agenda de Octubre, planteada en 2003 por organizaciones sociales, mediante la nacionalización de los recursos naturales, principalmente de los hidrocarburos.

“Hemos cumplido con la esencia de la agenda que fue la nacionalización de los recursos, en este momento tenemos nacionalizados los recursos hidrocarburíferos, se está nacionalizando los grandes yacimientos mineros que están en manos todavía de algunas empresas extranjeras que fueron capitalizadas”, manifestó Dávila.

La Ministra de Comunicación indicó que la nacionalización de los recursos naturales empezó a “dar frutos” que se reflejan en los bonos que se otorgan a los sectores más vulnerables de la sociedad. “Está el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy, gracias a la lucha del pueblo alteño, a las víctimas, a los heridos y a los huérfanos es posible este proceso de cambio”, dijo.

Destacó que las organizaciones sociales de El Alto y el movimiento campesino impulsaron el proceso de cambio a partir de la fuga de Sánchez de Lozada a Estados Unidos registrada el 17 de octubre de 2003 que, a su juicio, fue un “hecho vergonzoso”.

“Se trata primero de un Jefe de Estado, máxima autoridad del Estado en ese momento, que no le interesa los muertos que deja atrás ni los heridos y con un hecho vergonzoso emprende vuelo y deja el país en ruinas y en duelo”. Agregó que Sánchez de Lozada no sólo ordenó la masacre de octubre sino también desfalcó las arcas del Estado.

El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En el juicio declararon al menos 320 testigos, entre ellos ex presidentes, viceministros, dirigentes sindicales y otras autoridades.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos decidió proteger a los “criminales” de la masacre de octubre de 2003, lamentó el ministro de Gobierno Carlos Romero, y anunció la posibilidad de recurrir a instancias judiciales internacionales para lograr su extradición, o ajustar los términos del tratado de extradición entre Bolivia y Estados Unidos.

“Es una determinación política, ellos decidieron proteger a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoagüe, acusados de crímenes de lesa humanidad por la masacre de octubre del 2003”, insistió Romero.

A su juicio, Estados Unidos rechazó la extradición de Sánchez de Lozada alegando “chicanas jurídicas” para proteger a los responsables de 67 muertes y 400 heridos que quedaron con graves secuelas por el uso de armas de guerra.

En esa dirección, destacó la movilización de los vecinos de la ciudad de El Alto, que este miércoles se movilizaron hasta la embajada de Estados Unidos en La Paz, 2con dignidad, con respeto, altura y mucha valentía que orgullece a los bolivianos”, para pedir la extradición de Sánchez de Lozada.

Cientos de vecinos de la ciudad de El Alto, además de organizaciones sociales, protagonizaron una masiva marcha que llegó a puertas de la embajada de Estados Unidos para pedir la extradición de “Goni”, después de marchar desde la Ceja de El Alto. Los manifestantes realizaron un mitin de protesta por la negativa del Departamento de Estado, que rechazó el pedido de extradición en septiembre pasado.

De igual forma, una multitudinaria marcha en la ciudad de Cochabamba exigió este miércoles la extradición del ex presidente para que responda por la represión militar. “Hoy conmemoramos a nuestros gloriosos caídos de ‘octubre negro’, como también hoy repudiamos Gobierno de Estados Unidos que está impidiendo la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada”, dijo el presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) Efraín Chambi.

Recordó que la marcha fue planificada para llegar hasta el Consulado de Estados Unidos, porque desde hace nueve años no se logra la extradición del ex mandatario boliviano. En esa línea, Chambi solicitó a los gobernantes del país del norte dejar de proteger a personas buscadas por delitos cometidos en sus países. “Estados Unidos que deje de seguir albergando a gobiernos dictatoriales, a gobiernos corruptos, porque está albergando a varios no sólo de Bolivia, sino de todo el mundo”, manifestó.

Por su parte, el representante del Defensor del Pueblo, Raúl Castro, dijo que la población jamás dejará de solicitar que se aplique la justicia por los hechos de octubre de 2003 y recomendó que las causas seguidas contra todos los responsables concluyan con su identificación y pronto encarcelamiento.