La historia reciente de la democracia tiene que ver con la resistencia a las dictaduras militares que prácticamente se extendieron desde 1964 hasta 1982, desde el golpe del general René Barrientos Ortuño hasta el inicio del periodo democrático. Aunque tenemos que comprender el lapso, si se puede llamar democrático, después de las elecciones de 1966, cuando gana estas justas el mismo general Barrientos, hasta 1968, coyuntura cuando se produce nuevamente un golpe de Estado, empero esta vez, a diferencia del golpe militar de 1964, con características nacionalistas y convocatoria popular, retomando la línea de nacionalizaciones abierto por la nacionalización del petróleo de 1937, continuado con la nacionalización de las minas de 1952.

El gobierno del general Alfredo Ovando Candía nacionaliza la empresa Gulf Oil en 1969 y el gobierno del general Juan José Torres nacionaliza la mina Matilde. Después viene el golpe del general Hugo Banzer Suarez en 1971, que tiene las mismas características del golpe militar de 1964. Golpe contrapuesto a la revolución de 1952 y al complicado proceso nacional-popular que se desata durante doce años; también el golpe de 1971 es perpetrado en contra del curso de nacionalizaciones nuevamente abierto y contra la Asamblea Popular que buscaba la radicalización del interregno nacional-popular expedito, en la perspectiva de la revolución socialista. De 1964 a 1966 pasan dos años del gobierno de facto, cuando se dan las elecciones y el general golpista René Barrientos Ortuño gana dichas elecciones, asumiendo la presidencia constitucionalmente. A la muerte de este general, el 27 de abril de 1969, asume la presidencia su vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, empero dura poco, hasta 26 de septiembre de 1969, pues sufre el golpe del que hablamos, del general Alfredo Ovando Candía. Después del golpe de 1971 el general Hugo Banzer Suarez gobierna por siete años, hasta 1978, cuando se produce la transferencia de mando a otro general, el mismísimo general Juan Pereda Asbún, que fue el caballo del corregidor, del mismo general Banzer, quien gana fraudulentamente las elecciones convocadas, declaradas ilegitimas por el mismo dictador, que se compromete a convocar nuevamente a elecciones.

Esta crisis tienen que ver con las resistencias a la dictadura militar, que comprometen a universidades y sindicatos mineros; esta acumulación tiene su desemboque en la huelga de las mujeres mineras, que va a ser apoyada multitudinariamente. Después de estos acontecimientos los días de la dictadura militar están contados. Hay tres elecciones consecutivas que no logran su realización constitucional, primero por el fraude electoral perpetrado, después por las resistencias de la misma institución militar. Sin embargo, la crisis abre un interregno democrático con el nombramiento por parte del Congreso como presidente a Walter Guevara Arze, que dura poco, pues afronta el cruento llamado narco-golpe del general García Meza.

En las primeras elecciones convocadas durante 1978, Walter Guevara Arze fungía como candidato a la vicepresidencia en la fórmula de la alianza MNR, que propuso como candidato a la presidencia a Víctor Paz Estenssoro. Esta alianza política salió segunda. Sin embargo, esas elecciones quedaron anuladas debido al flagrante fraude evidenciado. Las segundas elecciones se efectuaron un año después; en este caso Walter Guevara no fue candidato a los altos cargos de gobierno, estuvo en las listas como candidato a senador y fue elegido en representación de departamento de Cochabamba.Después fue elegido Presidente del Senado en la asamblea de senadores.Tomando en cuenta que ningún candidato presidencial en las elecciones de 1979 había logrado el exigido 50% de los votos, es decir, la mayoría absoluta, recayó en manos del Congreso la elección del presidente de la república.En principio no hubo acuerdo; de todas manerasse buscó una alternativa al impasse político, la solución encontrada fue encargar a la Presidencia del Senado, que recayó en Wálter Guevara, la presidencia interina de Bolivia en agosto de 1979, con el mandato de convocar a nuevas elecciones en 1980. La presidencia de Walter Guevara fue exigua y problemática.Tuvo que enfrentar una creciente crisis económica y fiscal; en esas circunstancias el presidente interino declaró que sería conveniente prorrogar su mandato por un año más, la justificación para hacerlo era tomar las medidas adecuadas para enfrentar la crisis.Este intento de prórroga fue aprovechado por algunos oficiales militares para dar un golpe de cabeza.

El general deAlberto Natusch Busch derrocó al presidente Walter Guevara por medio de un cruento golpe de Estado el 1 de noviembre de 1979, golpe que tuvo que enfrentar la resistencia popular en las calles.El general Natusch Busch se hizo presidente de facto, dejando un baño de sangre.Fue declarada una huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana(COB).La huelga general y movilización popular lo terminaron de derrocar; el general Natusch Busch ocupó el Palacio Quemadopor tan sólo dieciséis días, no pudo permanecer ante la avalancha popular que lo rechazó; se vio obligado a renunciar.La condición que interpuso el general fue que Walter Guevara no podría reincorporarse como presidente de la república.Esta condición fue aceptada por el Congreso y fue nombrada presidente provisional de la república la Sra.Lidia Gueiler Tejada, que ejercía hasta entonces como presidente de la Cámara de Diputados.

A Lidia Gueiler también se le encomendó la tarea de llevar a cabo nuevas elecciones, las terceras de este periodo dramático, elecciones que se celebraron el 29 de junio de 1980. En estas elecciones tampoco hubo mayoría absoluta, situación que obligaba al Congreso a elegir al presidente de la república. Sin embargo, los parlamentarios elegidos, diputados y senadores, no pudieron ocupar sus escaños, la presidenta interina fue derrocada por un sangriento golpe de militar, perpetrado por el generalLuis García Meza Tejada.

Un grupo de oficiales del ejército presionó a la presidenta Lidia Gueiler Tejada a nombrar al general Luis García Meza Tejada comandante de las Fuerzas Armadas.Esta fue la base de la conspiración militar; se preparó desde ese momento el llamado narco-golpe del 17 de julio de 1980.La resistencia minera, proletaria, de los trabajadores y del pueblo no se hizo esperar, como en otras ocasiones. Sobre todo en las minas se resistió en forma de lucha armada; el ejército fue rechazado varias veces, hasta que decidió una descomunal acción bélica, como en tiempos de guerra, destruyendo campamentos y asesinado a los rendidos. La mayoría de los detenidos por esta dictadura fueron torturados.Se contó en este golpe con la colaboración del ejército argentino, concretamente de la unidad Batallón de Ingenieros 601, famosos verdugos de la guerra sucia que dejó 30.000 muertos y desaparecidos en la Argentina.La CIA también estuvo involucrada en este golpe anti-comunista. Otros aliados, como el ex-nazi Klaus Barbie, también se implicaron en este golpe y consecuente dictadura militar, conocida como el gobierno de la cocaína.

En enero de 1981, el Consejo de Asuntos Hemisféricos caracterizó a la dictadura del general Luis García Meza como el gobierno violador más aberrante de América Latina de los derechos humanos, después de Guatemala y El Salvador. Se estima que alrededor de un millar de personas fueron asesinadas por el narco-golpe.La represión tenía una tarea prioritaria, el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder socialista y candidato a la presidencia por el Partido Socialista Uno (PS1), que obtuvo notablemente una significativa votación ascendente en las últimas elecciones. El pecado para los militares de Marcelo Quiroga Santa Cruz fue llevar adelante el juicio de responsabilidades del general Hugo Bánzer Suarez, cuando ejerció como parlamentario elegido, después de las terceras elecciones de 1980. Ya antes, después de 1966, cuando era diputado, había llevado adelante el juicio de responsabilidades al general Barrientos Ortuño. Entonces tenía dos pecados para los militares, acostumbrados a gobernar de facto. Los militares se la tenían jurada.

Después del desmoronamiento del gobierno militar del general Luis García Meza, el presidente de facto que entrega el bando al presidente constitucional elegido es el general Guido Vildoso, quien encabezó el gobierno de transición a la democracia. En todo este transcurso hay que anotar algunos hechos anecdóticos, que ya observamos; el general Banzer pone, como quien dice, al caballo del corregidor, al general Juan Pereda Asbún, como candidato, quién sólo podía ganar con un escándalo fraude, procedimiento delictivo que acontece. Sin embargo, ante la evidencia de este fraude las organizaciones sociales salen a las calles y reclaman elecciones limpias. Las concentraciones masivas arrinconan a las fuerzas armadas y estas tienen que retroceder. La crisis dura hasta 1982 cuando la Unión Democrática y Popular, después de ganar consecutivamente tres elecciones, termina asumiendo constitucionalmente el gobierno, con un Congreso mayoritariamente de derecha. Sin embargo, también en este caso, como dijimos, hay un interregno democrático; después de las segundas elecciones que no arrojan una mayoría absoluta, es el Congreso el que elige como presidente a Walter Guevara Arce, quien dura poco en el mandato, pues lo interrumpe el cruento narco-golpe del general García Meza.

Como se puede ver, antes de 1982 tenemos diez y ocho años críticos, impregnados por el decurso de los golpes militares. En este sentido, recién podemos hablar claramente de una temporalidad democrática desde entonces, una temporalidad que abarca hasta el momento tres décadas. Esta temporalidad democrática puede ser dividida en tres periodos. El primero que comprende el lapso de 1982-1984, periodo signado por el gobierno de la UDP, que puede ser caracterizado por la re-emergencia de lo nacional-popular, retomando el hilo histórico de la irrupción de los actores y protagonistas de los sujetos populares conformados en la historia política boliviana. El proletariado, los campesinos y las clases populares urbanas; los primeros organizados en la COB, lo segundos en la CSUTCB, y los terceros aglutinados en el frente democrático y popular. El segundo periodo que abarca el lapso de 1985-2005; periodo signado por la implementación del proyecto neoliberal. El tercer periodo comprende el lapso de 2006-2012; periodo que arranca del ciclo semi-insurreccional del 2000-2005, instaura en el gobierno a un presidente indígena, retoma la tradición política de las nacionalizaciones, aunque lo haya hecho de otro modo, apertura el proceso constituyente, promulga la Constitución del Estado plurinacional, comunitario y autonómico, extendiéndose en dos gestiones de gobierno, la de 2006-2009, signada por el mandato de la Agenda de Octubre, y la de 2009-2012, que no puede cumplir con la Constitución.

En adelante vamos hacer el análisis de estas etapas democrática, de su curvatura histórica, trazada por los periodos mencionados. Vamos a tratar de comprender la diferencia entre el primer periodo y el tercero, entre periodo nacional-popular y el periodo indígena-popular, mediados por el demoledor periodo neoliberal. Aprovechando también la oportunidad de analizar los estilos democráticos, el ejercicio de la democracia, en los tres periodos. Así mismo consideramos que es indispensable analizar el carácter de las contradicciones en los tres periodos.

La UDP y lo nacional-popular

No se puede explicar la aparición de la Unión Democrática y Popular sin la tradición nacional-popular en Bolivia. Esta tradición afinca sus raíces en la guerra del Chaco (1932-1935). En las tierras del Chaco Boreal se encuentran combatiendo mestizos e indígenas, de tierras altas y de tierras bajas, del Altiplano, de los Valles, de la Amazonia y el Chaco. Quizás allí, ante la muerte, se considera que el enemigo no se encontraba al frente, no eran exactamente los paraguayos, de habla guaraní, a quienes los bolivianos llamaban pilas, pues caminaban pata pilas, sin botas. Quizás en las largas noches en las trincheras se meditaba sobre el sentido de la guerra, en medio de recuerdos y nostalgias, se ventilaba la posibilidad de que el verdadero enemigo, se encontraba atrás, manejando los hilos del gobierno y del Estado; estos eran los “Barones del Estaño”, los latifundistas y la empresa del petróleo Standard Oil. Cuando regresaron los combatientes, después de culminadas las hostilidades y firmada la paz, retornaron con esa incertidumbre. La misma que no tardó en hacerse carne en la nacionalización de la Standard Oil (1937), en los sindicatos, en los grandes partidos que se formaron, de izquierda, obrero, y nacionalista.

La convicción por la nacionalización se hace carne en los sectores populares, se tiene como la consciencia de que nos encontramos expropiados en el seno de nuestro propio territorio, de que el recurso por los que se fue a pelear a la guerra, el petróleo, no está en manos de los bolivianos, sino en manos de otros, de extranjeros, la empresa trasnacional del petróleo. Lo mismo ocurre con los minerales, la riqueza mineralógica está en manos de grandes propietarios minero, quienes acumulan y externalizan el capital logrado. Esta convicción empujó a la mayoría de los bolivianos a un proyecto que articulaba la nacionalización con la conquista de derechos sociales y de los trabajadores, consignas ambas democráticas. La nacionalización de la Standard Oil, en el gobierno del general David Toro, las medidas tributarias intentadas en el gobierno de Germán Busch, que intentó subir la tributación de las empresas mineras, las medidas sociales y políticas en el gobierno de Gualberto Villarroel, que convocó al primer Congreso Indígena, eran como un anuncio de lo que se proyectaba como posibilidad histórica. Paralelamente, los sindicatos de trabajadores, principalmente mineros, proponían una transición permanente hacia el socialismo. La nacionalización también era cara para los trabajadores, empero la asumían como parte de las tareas encaminadas hacia la revolución socialista, desde una perspectiva de transición y revolución permanente. Se formó un campo político de confrontación; en el centro, los gobiernos oligárquicos, el llamado super-Estado minero, los aparatos jurídicos de la oligarquía minera y los latifundistas; a la izquierda, los sindicatos mineros, de los trabajadores, los partidos de izquierda; hacia el centro los sectores populares urbanos, los artesanos y gremialistas; a la derecha los partidos de la derecha, sus instituciones y organizaciones; desde ahí hacia el centro, las formas de organización de las llamadas clases medias altas; y ya casi en el centro, las formas de organización de las clases altas.

La articulación nacional-popular vinculó la nacionalización con la lucha de los trabajadores y la reforma agraria. Esto se expresó en los programas del PIR y del POR, también en la Tesis de Pulacayo. El partido nacionalista, el MNR también incursionó en los sindicatos y en los sectores medios; se oponía al super-Estado minero y a los gobiernos oligárquicos, sus diputados salieron en defensa de los trabajadores mineros y denunciaron las masacres mineras. Los tres partidos crecieron y tuvieron influencia política e ideológica en la sociedad; el POR una influencia ideológica en el proletariado minero; el PIR en los trabajadores y ciertos sectores medios, sobre todo académicos; el MNR en el conjunto de las clases populares, con fuerte participación en los sectores medios populares urbanos. El MNR ganó las elecciones de 1951, empero la oligarquía se negó a entregarle el poder; conspiró un golpe de Estado para evitar la entrega del gobierno al MNR. En respuesta el partido nacionalista desde la clandestinidad preparó otro golpe para restaurar la legalidad. El golpe del MNR se perpetró en 1952, ante el evidente fracaso del mismo, convocó desesperadamente a los sindicatos, quienes convirtieron el golpe en una insurrección.

Se puede hablar de la configuración nacional-popular conformada en esta revolución nacional, que destrozó el ejército, consolidó las milicias obreras y campesinas, se constituyó la COB, como matriz orgánica del proletariado boliviano, se cogobernó durante un año, y se efectuaron las medidas trascendentales que cambiaron al país, a la sociedad y al Estado; la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. Estos acontecimientos quedaron grabados en la memoria popular; fueron actos constitutivos políticos, institucionales y subjetivos. Lo que haya pasado después con la revolución, su deterioro, su retroceso, su corrupción y su entreguismo, es otra cosa. Esto ha sido y tiene que seguir siendo analizado; lo que importa ahora, desde la perspectiva subjetiva, es la memoria constituida, el referente primordial popular para las posteriores generaciones.

Cuando emerge el frente popular de la UDP lo hace de este referente nacional-popular. Trabajadores y campesinos recuerdan a su modo el nacimiento nacional-popular, se sienten convocados contra la dictadura, pero sobre todo se sienten convocados por sus padres milicianos y sus abuelos combatientes de la guerra del Chaco. Fueron gigantescas las concentraciones de la UDP, impresionantes conglomeraciones multitudinarias, después de años de denegación y represión militar. Una masa inmensa colmaba las avenidas en sus marchas, llenaba las plazas en sus concentraciones. Esto acontecía incluso en el área rural; Coripata fue escenario de una gigantesca concentración de comunidades campesinas, sindicatos y comandos. Los vecinos del pueblo, que apoyaron a la dictadura y a la candidatura del general Perada Asbún quedaron apabullados. Para lo popular era el retorno de la revolución de 1952, empero no ocurría lo mismo en la cabeza de la dirección de la UDP.

La dirección política de la UDP se inclinó por un programa pragmático y oportunista, descartó toda nacionalización, mucho más, descartó reivindicaciones radicales de los trabajadores. La UDP, en los hechos, frenó la avalancha popular y optó por una administración tibia, que derivó en la calamidad administrativa y política de sus dos últimos años. Hay síntomas alarmantes de este comportamiento, la ausencia de un programa de nacionalizaciones; el comportamiento complaciente ante la derecha del Congreso; un manejo improvisado de la economía. Ya antes se dieron síntomas de este retroceso, cuando los campesinos yungueños de Coripata resistieron al fraude electoral de la dictadura militar, cuando la mujeres coripateñas arrebataron las almas al contingente militar de Coroico que fue a intervenir el Comando del pueblo, en busca de los dirigentes, el gobierno y la prensa acusaron a los campesinos de desatar una guerrilla, la UDP se desentendió de la defensa de los campesinos de Coripata, también la COB. Juan Lechín Oquendo en declaraciones aclaraba que la estrategia de los trabajadores no era la guerrilla. Los campesinos quedaron solos y desamparados. La intervención militar no se hizo esperar; los ranger tomaron el pueblo, violaron derechos, violentaron las casas, en busca de armas. Sólo se encontraron con mujeres, ancianos y niños; los hombres adultos y jóvenes huyeron al monte.

La democracia no es una formalidad como creen los cientistas políticos y los juristas, presupuesto cómodo para las expresiones políticas de derechas y las clases dominantes. La democracia es un acontecimiento político, forma parte de las conquistas populares y sus luchas reivindicativas y políticas. La democracia no se reduce al ejercicio electoral y al respeto institucional, como cree tanto la burocracia estatal como los políticos profesionales. La democracia es la praxis desbordante de las masas, de las organizaciones sociales, de los trabajadores y los sectores populares efectuando la materialidad de las transformaciones, poniendo en práctica el postulado de la igualdad y la representación directa del pueblo. En Bolivia, como en parte de las periferias del sistema-mundo capitalista, las nacionalizaciones están íntimamente ligadas a la democracia efectiva, la recuperación de la soberanía a la realización de la igualdad. La UDP rechazó esta herencia y este mandato histórico y se entrampó en una serie de contradicciones que lo empujaron al abismo. Sitiado por dos frentes, el frente obrero, en las calles, y el frente de derecha, en el Congreso, cayó estrepitosamente. El presidente tuvo que renunciar con un año de anticipación a la culminación de su mandato.

Neoliberalismo: despojamiento y desposesión

El derrumbe de la UDP es un duro golpe al proyecto nacional-popular, proyecto que se enclava en la historia insurreccional de Bolivia. También va ser un duro golpe al movimiento obrero. El presidente ungido por el Congreso como ganador de las elecciones es Paz Estensoro; en su tercer mandato borró con el codo lo que escribió con la mano durante los primeros años de la revolución nacional de 1952. Inicia su mandato con el conocido decreto 21060 que emprende el camino de los ajustes estructurales de la implementación del proyecto neoliberal. Como consecuencia se cierran las minas de COMIBOL, se relocalizan a los trabajadores y se entregan minas y reservas mineras a la empresa privada, a las empresas trasnacionales y a los cooperativistas. Una marcha por la vida de los trabajadores mineros intenta detener este decurso de desmantelamiento de las empresas estatales de la política neoliberal; sin embargo son detenidos en Calamarca por un aparato militar y policial que parecía dispuesto a la masacre. La dirigencia minera decide retroceder, convence a los mineros volver a los centros, para evitar el enfrentamiento. Desde ese momento, los dados están echados, con la derrota proletaria el gobierno neoliberal tenía la cancha libre para implementar sus medidas.

Aunque cinco gobiernos se turnaron el periodo neoliberal, todos cumplieron con las directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, entidades internacionales que encaminaron y promovieron el proyecto neoliberal en América Latina, continente de experimentación de este proyecto. Sin embargo, se puede decir que hay ciertas diferencias en su aplicación; el gobierno de Paz Estensoro sienta las bases políticas y económicas como para sostener el ajuste estructural; en esta misma perspectiva, el gobierno de Sánchez de Lozada establece la estructura institucional y jurídica de las reformas neoliberales con el paquete de políticas llamadas de ajuste estructural, además de definir una línea de privatización que llama capitalización. No es el gobierno de Sánchez de Lozada el que sucede al de Paz Estensoro, sino es el gobierno de Paz Zamora; entonces se produce una intercalación. En cambio el gobierno de Paz Zamora opta por la privatización a secas, la venta de las empresas estatales. En esta otra línea neoliberal, el gobierno del general Banzer Suarez, que sucede al primero de Sánchez de Lozada, continúa con las privatizaciones. Con el último gobierno de Sánchez de Lozada, que es el último de las llamadas coaliciones y mega-coaliciones en el Congreso, se intenta retomar la estrategia del ajuste estructural, que es el ordenamiento más claro de la organización política y económica neoliberal; pero ya es tarde. La crisis del proyecto neoliberal estalla, el costo social es insostenible por parte del pueblo, que se rebela. Esta crisis del proyecto neoliberal se devela también como crisis múltiple del Estado; los movimientos sociales pasan de la resistencia a la ofensiva. La guerra del agua (abril de 2000) es el comienzo del derrumbe del proyecto neoliberal, pero también de una forma de Estado. Seis años de luchas semi-insurreccionales van abrir otro horizonte histórico, político y cultural.

Se puede decir que la diferencia entre los gobiernos de Paz Estensoro y Sánchez de Lozada, por un lado, respecto de los gobiernos de Jaime Paz Zamora y Banzer Suarez, radica en que los primeros diseñan una estrategia sistemática de implementación demoledora del proyecto neoliberal, en tanto los segundos improvisan y optan por ventas de empresa estatales de una manera azarosa. Sin embargo, a pesar de estas diferencias el proyecto neoliberal se cumple avanzando a sus propios ritmos durante diez y ocho años, es decir hasta el 2003, cuando Sánchez de Lozada tiene que huir del país ante el levantamiento popular de magnitud, que podía derivar en una guerra civil. Se trata de un proyecto de despojamiento y desposesión de los recursos naturales, de las empresas estatales y del ahorro de los trabajadores. Este proyecto forma parte de la globalización privatizadora y de las políticas de transferencia de la crisis del capitalismo a los países periféricos, las clases trabajadores y las clases medias. Se trata, en resumen, de la administración financiera de la crisis.

La democracia en este periodo se reduce a la formalidad institucional, al espectro de la dispersión de la votación, que es congregada por colaciones y mega-coaliciones, lo que da una apariencia de mayoría, que es lograda por la suma de la disgregación. También da la apariencia de gobernabilidad, por medio de lo que se ha venido en llamar la democracia pactada, efectuada por los pactos de las coaliciones y mega-coaliciones en el Congreso, aplaudida por la cooperación internacional. El ejercicio democrático es abstracto, se reduce a las votaciones y a los acuerdos, también a las transacciones de los partidos. Ocurre lo contrario que el anterior periodo nacional-popular, donde en el imaginario popular, nacionalización, democracia y derechos sociales van juntos. En el caso neoliberal, el ejercicio de la democracia se desliga de la nacionalización, al contrario, opta por la privatización, pone el suspenso los derechos de los trabajadores y los derechos sociales. Esta democracia es dominada por las nuevas oligarquías de entonces, propietarios mineros “medianos”, que en realidad son grandes propietarios como Sánchez de Lozada, banqueros, empresarios privados, burguesía agroindustrial, latifundistas. No dejaron de haber conflictos, resistencias y movilizaciones a lo largo del periodo, sobre todo en su última fase, de 2000 al 2005, empero, por lo menos hasta el 2000, los gobierno neoliberales controlaron efectivamente la aplicación de este modelo de despojamiento y desposesión.

Entre el periodo anterior, la gestión de la UDP, y este periodo, las gestiones neoliberales, el sentido de la democracia no es el mismo. En el primer caso, la democracia viene del desborde popular, de la acción directa, de la irrupción de la plebe impoluta, de la efectuación de la igualdad por el camino de la política, del asumir de la mayoría la representación como pueblo en tanto totalidad. La democracia define el poder como vacío, no está ocupado por nadie, ninguna persona, ninguna tradición, lo ocupa cualquiera en forma rotativa. Jacques Rancière dice que la democracia no es ni un tipo de constitución ni una forma de sociedad. El poder del pueblo es el de la población reunida, el de su mayoría o el de las clases trabajadoras. Es simplemente el poder propio de los que no tienen más título para gobernar que para ser gobernados. (Jacques Rancière: El odio a la democracia. Amarrortu 2007; Buenos Aires. Págs. 70-71) Se refiere a que el poder del pueblo se opone al poder de la aristocracia, a los que tienen títulos nobiliarios, también se opone al poder de la oligarquía, a los que tienen riqueza, títulos económicos. La realización de la democracia en Bolivia está íntimamente ligada a estos acontecimientos: las nacionalizaciones, la irrupción de la plebe, la conquista de derechos sociales y colectivos.

Desde esta perspectiva, ¿qué es lo que se experimenta en el periodo neoliberal? Ciertamente hay elecciones, hay sistema de partidos, hay Congreso, están los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se ejerce gobierno; ¿empero, todo esto es suficiente como para hablar de una democracia efectiva? La democracia se encuentra institucionalizada, la mediación de los partidos ha hecho desaparecer a la masa, el pueblo es convocado a elecciones en forma de su atomización, en tanto suma de individuos, y se utiliza el gobierno y la sumatoria de los votos del Congreso para privatizar los recursos naturales, las empresas públicas y el ahorro de los trabajadores. En todo caso es otra forma de democracia, donde se vive la política como orden, como policía, según Rancière. Es una democracia vaciada de su contenido inmanente e intenso, es una forma democrática al servicio de la oligarquía y de la aristocracia de los técnicos y especialistas. Se trata de una institucionalidad democrática usada para fines desnacionalizadores. ¿Se puede calificar a este estilo de gobierno de democracia?

Periodistas, comunicadores y cientistas políticos se refieren a la historia de la democracia en Bolivia como si hubiera sido una y continua. Esto es basarse en las apariencias, esto es mirar sólo las formas, no penetrar en los contenidos y las expresiones. Una genealogía de los contenidos y una arqueología de las expresiones nos va mostrar las grandes diferencias, las discontinuidades y las rupturas. Viendo en perspectiva histórica, la democracia neoliberal aparece como la restauración de la oligarquía liberal, impugnada por la guerra civil de 1949, vencida en las elecciones de 1951 y derrotada en la insurrección de 1952.

No hay pues una historia reciente de la democracia, lo que hay es una lucha por la democracia efectiva, por la realización efectiva de la democracia, una lucha nacional-popular en contra de los que se apoderan de los símbolos y las instituciones democráticas para efectuar por estos caminos los dominios consabidos de las oligarquías y las aristocracias. Es esta lucha la que tiene que ser narrada. Una historia apacible de la democracia es para el consumo informativo de anécdotas y testimonios, así como para el festejo de los que creen que es un gran logro haber alcanzado treinta años de democracia seguidos.

Nos falta un tercer periodo democrático, el que vivimos todavía, abierto por la movilización general de los movimientos sociales anti-sistémicos y las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de 2000 al 2005. Llamaremos a este periodo indígena-popular.

La contradicción latente entre lo indígena-popular y lo nacional-popular

Después del ciclo de movilizaciones de 2000 al 2005, el MAS asume el gobierno en enero de 2006, avalado por las elecciones de fines del año 2005, cuando gana por mayoría absoluta y, por lo tanto se habilita directamente a la presidencia. Se nacionalizan los hidrocarburos y se convoca a la Asamblea Constituyente. Estas decisiones políticas, además de retomar la Agenda de Octubre como mandato de las movilizaciones, recogen dos tradiciones de lucha en la historia política boliviana; la nacional-popular, que se remonta a la guerra del Chaco; y la rebelión indígena, que se remonta a la guerra anti-colonial del siglo XVIII. El sentido de la democracia ya no se circunscribe a los significados políticos de lo nacional-popular, nacionalización, derechos sociales y de los trabajadores, sino que se abre a los significados de la rebelión indígena, descolonización, comunitarismo y territorialidad. El proceso constituyente se encarga de articular ambas dimensiones de las luchas sociales y anticoloniales; de esta forma la Constitución abre un horizonte histórico, político y cultural de transformaciones, el Estado plurinacional comunitario y autonómico.

Hasta la aprobación y promulgación de la Constitución el proceso abierto por las insurrecciones populares parecía seguir un curso asendente, aunque enfrentando dificultades y obstáculos. Una vez promulgada la Constitución el gobierno y los órganos de poder del Estado debían aplicar la Constitución. Para cumplir con el mandato constitucional era indispensable efectuar transformaciones estructurales e institucionales profundas, construir la base institucional del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esto significa conformar el mapa del pluralismo institucional, del pluralismo administrativo, del pluralismo de gestiones y del pluralismo normativo, como el espacio y tiempo político de los recursos e instrumentos institucionales en la realización de las transformaciones pluralistas, comunitarias, autonómicas, participativas e interculturales del Estado. Nada de esto se hizo; al contrario, se restauró el Estado-nación, se mantuvo el mismo mapa mono-institucional, mono-cultural y mono-nacional de la administración liberal. Se promulgaron leyes que asumen la transición como una inercia, repitiendo el mismo tenor de leyes centralistas, nacionalistas y liberales, evitando la consecución y la consecuencia de los mandatos constitucionales. Sobre todo llama la atención el carácter anti-indígena de estas leyes; la Ley Marco de Autonomía no reconoce la territorialidad indígena en las autonomías y distribuye una serie de requisitos que hace imposible optar por la autonomía indígena. La Ley del Régimen Electoral desconoce la representación directa de las naciones y pueblos indígenas, sólo acepta siete circunscripciones especiales para una treintena de pueblos. La Ley del Deslinde Jurídico termina subsumiendo la jurisdicción indígena originaria campesina a la jurisdicción ordinaria, quitándole incluso los atributos que había conservado según tradiciones. La Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien es un instrumento que convierte en cenicienta a la madre tierra del desarrollo integral, abriendo una legislación a nombre de la madre tierra para legitimar el modelo extractivista. El gobierno promulga una Ley de Consulta para el TIPNIS, la ley 222, que viola la estructura normativa y conceptual de la consulta con consentimiento, libre, previa e informada, establecida en los convenios internacionales y consagrados en la Constitución. La lista de las leyes inconstitucionales del gobierno es larga; la pregunta es: ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué el gobierno y los órganos de poder del Estado se han apartado de la Constitución y han optado por el camino de incursionar y legitimar el modelo extractivista y restaurar el Estado-nación?

La hipótesis de interpretación que hemos puesto en mesa es que han entrado en contradicción el proyecto nacional-popular y el proyecto indígena-popular, que formaron parte de la Agenda de Octubre, y fueron la base de las movilizaciones de 2000 al 2005. El proyecto nacional-popular tiene su referente en el Estado-nación, el proyecto indígena-popular tiene su referente en el Estado plurinacional comunitario y autonómico por construir. El Estado plurinacional no se puede construir sin la abolición del Estado-nación; este es el problema para los gobernantes, para el campo burocrático, para los órganos de poder del Estado-nación vigente. Las sedimentaciones administrativas e institucionales están depositadas en la estructura administrativa y política, las reformas de modernización están arraigadas en los habitus del campo burocrático, el imaginario del Estado-nación está fuertemente arraigado en sectores populares urbanos, en los sindicatos obreros y en los campesinos. Ni que decir en lo que respecta al imaginario de la burguesía intermediaria boliviana. EL MAS tiene como “ideología” un nacionalismo popular. En estas condiciones, la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, es decir, las transformaciones estructurales e institucionales requeridas, enfrentan resistencias históricas ancladas en los campos social, simbólico, cultural, político y burocrático. Se explica entonces que la Constitución haya quedado como modelo ideal en tanto que el modelo efectivo es la conservación del Estado-nación y la continuidad en el modelo extractivista. Sólo se usan los términos de plurinacional, vivir bien y madre tierra, de una manera meramente discursiva y simbólica, mientras se efectúa la restauración del Estado-nación y se continúa con el modelo extractivista.

Sin embargo, no es sólo la única contradicción evidenciada; aunque sea la contradicción principal, hay otras que estallan en la transición del proceso de cambio. Contradicciones que tienen que ver con las estructuras, las relaciones y los diagramas de poder. Estas estructuras, relaciones y diagramas no son fácil de demoler y desestructurar, forman parte de matrices históricas cimentadas en siglos de dominación. Tienen una capacidad de perseverar y reproducirse que atraviesa a las mismas instituciones y gobiernos. Las estructuras de poder del capital pueden perseverar y reproducirse soportando cambios de gobierno e incluso de proyectos políticos diferentes; las relaciones patriarcales de dominación están inscritas en los cuerpos y los han modelado, afectando sus espesores, constituyendo subjetividades. Los diagramas de poder disciplinario y de control de la modernidad se convierten en maquinarias abstractas usadas por unos y por otros. El diagrama de poder de la corrupción, que ha acompañado a distintos regímenes, vuelve a aparecer desbordante, a pesar que la primera gestión intentó erradicar la corrosión y la corrupción.

Por otra parte el centralismo administrativo y burocrático, acompañada por la promoción de la universalidad de valores y conceptos, forma parte de las prácticas, el sentido común y de los programas institucionales, incluyendo al campo escolar. En estas condiciones es casi imposible la abolición del Estado-nación y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Hay que crear las condiciones de posibilidad para hacerlo. ¿Cuáles son éstas?

En varias ocasiones hemos dicho que el Estado plurinacional comunitario y autonómico requiere de transformaciones estructurales e institucionales profundas, estas transformaciones tienen que ver con el pluralismo institucional, normativo, administrativo y de gestiones, además que la transición se efectúa a través de transformaciones pluralistas, comunitarias, autonómicas, participativas e interculturales del Estado. Ahora bien, para lograr estas transformaciones se requiere trastrocamiento de las prácticas, desplazamiento de las relaciones, transformación de los habitus, des-constitución y re-constitución de sujetos y subjetividades. Hemos dicho también que estos trastrocamientos, desplazamientos y transformaciones no se han dado, pues las prácticas, las relaciones y habitus han permanecido, dando lugar a la reproducción social, política y estatal tal como se había dado durante etapas y periodos republicanos. Por lo tanto las resistencias a las transformaciones han sido preponderantes en las estructuras, organizaciones e instituciones estatales y sociales. Todo esto nos muestra que las transformaciones tienen que producirse en los campos social, cultural, simbólico, escolar, político y burocrático. Transformaciones que implican los trastrocamientos en los habitus, transformaciones que no pueden darse sin la creación de un campo transversal, el campo participativo, campo del ejercicio de la democracia plural, directa, representativa y comunitaria. En otras palabras, se requiere la transformación del sistema político, que sigue siendo hasta ahora representativo y delegativo, además de centralizado, hacia un sistema político participativo. Esto significa quebrar el campo burocrático, el espacio organizativo del poder y del Estado-nación, hacerlo transitar en su diseminación hacia un campo participativo.

La transformación de las prácticas, de las relaciones y de los habitus necesita de la inteligibilidad colectiva de estas prácticas, relaciones y habitus, de la comprensión social de los problemas inherentes a la reproducción social y política. La deliberación sobre estos problemas y la actuación consciente sobre estas actividades e internalizaciones tienen por objeto el desmontar las modulaciones sobre los cuerpos efectuadas por estructuras y diagramas de poder que acompañan al Estado-nación. Antonio Gramsci hablaba de una reforma moral e intelectual, nosotros hablaremos de una revolución de los comportamientos y conductas, que implican una revolución ética, simbólica y cultural, que comprenda la integración de los sistemas simbólicos, el diálogo e interpretación intercultural. Una de las claves para la efectuación de estos desplazamientos es el trastrocamiento y la transformación del campo escolar, que no ha sido cambiado hasta ahora, diga lo que se diga de una ley debilitada en sus alcances como la Ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Esta ley ha modificado algunos efectos, pero no ha atacado las causas estructurales de la reproducción escolar. La institucionalidad escolar sigue siendo la misma, disciplinaria, vigilante y de control. No se liberan las capacidades creativas y plásticas de los cuerpos, no se dejan circular los saberes, ni se efectúan las formaciones interculturales, salvo materias desarticuladas de lenguas nativas, que no tienen que ver con una composición integral intercultural.

No sólo se trata de interculturalidad, sino también del abordaje de las ciencias desde la perspectiva de sus desplazamientos epistemológicos contemporáneos, multidisciplinarios y desde los paradigmas de la complejidad. Así como el abordaje de la tecnología y las técnicas desde las perspectivas complementarias de la promoción de la invención y recuperación, el conocimiento de las tecnologías de punta y el re-conocimiento de las tecnologías tradicionales. Se trata, retomando estos contextos, de la transformación integral de las formaciones, buscando la formación en problemas y en problemáticas, a través de pedagogías de la investigación. Las transformaciones y desplazamientos del campo escolar buscan la creación de un campo formativo, educativo y pedagógico integral intercultural, científico y tecnológico. Este campo se involucra en las transformaciones de los campos social, económico, simbólico, cultural y político.

Como se puede ver, se trata de transiciones, de efectuar transiciones que perpetran desplazamientos y transformaciones en múltiples niveles y planos, de acuerdo a los ritmos posibles en cada caso, desatando la potencialidad social, dependiendo de los contextos y las coyunturas. Es posible que la transición del Estado-nación al Estado plurinacional comunitario y autonómico sea más larga de lo que se había esperado en un principio, empero se trata de efectuar las transiciones transformadoras, aunque en algunos casos su efectuación sea más dilatada, pero no renunciar a hacerlo, como se ha hecho, estancándose en la misma reproducción del Estado-nación.