Corría el año de 1982. El 10 de octubre nos volcamos en masa a la Plaza de San Francisco para recibir a Hernán Siles Suazo que llegaba del exilio para asumir la primera magistratura del país. Día de fiesta, banderas en alto, la plaza colmada, la gente cargada de esperanza, un día inolvidable que marcaría el inicio del proceso de recuperación –o quizás, mejor dicho, de construcción– de la democracia, en un país que hasta entonces había crecido a salto de mata entre asonadas militares, golpes de Estado y proyectos revolucionarios traicionados e inconclusos.

Recuerdo que mi primera impresión ante el discurso de Siles Suazo fue de suspicacia, la promesa de resolver en “cien días” los graves problemas que aquejaban a la economía boliviana me arrancó una sonrisa tristona… Y es que quizás en ese momento Don Hernán no tenía a la mano algunos datos de la realidad que estaban velados debajo de la algarabía popular: un parlamento mayoritariamente opositor que se ocuparía de poner trabas a sus proyectos, un aliado ambicioso que no estaba dispuesto a quedarse en “segundo plano” (Jaime Paz Zamora y su partido, el MIR), un segundo aliado que se colocaba en posición de “apoyo crítico” sin asumir plenamente las responsabilidades de la gestión (el PCB) y una sólida Central Obrera Boliviana dispuesta a cobrarle la promesa en el plazo que él mismo se dio.

Cien días transcurrieron y miles de reclamos surgieron. La mayoría de éstos correspondían a viejas deudas del estado con la sociedad, pero ningún sector estaba dispuesto a postergar sus caras aspiraciones frente a la fragilidad de un proceso que apenas empezaba a surgir. Vino la “hiperinflación” y con ella la debacle de una economía quebrada como resultado de décadas de dictadura y aprovechamiento corporativo de los recursos del país por parte de las castas militares y sus acólitos civiles.

Reinaba el caos –que no es la anarquía– y se convocó a elecciones generales con un año de anticipación. Los resultados fueron poco sorpresivos: la gente volcó el voto a la derecha considerando que el principal responsable de la situación era “la izquierda” representada por la UDP, incapaz de revertir en tres años lo que la propia derecha hizo –y no hizo– en las dos décadas precedentes.

El 29 de agosto de 1985, el recientemente posesionado presidente Víctor Paz Estenssoro nos colocó ante una dramática visión: “Bolivia se nos muere”, dijo y enseguida presentó la “Nueva Política Económica” (D.S. 21060) que logró detener la inflación financiera a un altísimo costo social y político para el país. Miles de trabajadores mineros y sus familias fueron “relocalizados” sin otro recurso que una magra indemnización, para ir a ampliar los cinturones de pobreza de las principales ciudades del país. Se inició así el largo periodo de “neoliberalismo” y “democracia pactada” que vimos transcurrir sin demasiada capacidad de reacción, “apretándonos cada vez más los cinturones” ante el fantasma de la “hiperinflación”.

En 1989, a través de un pacto político inaudito, Paz Zamora y su partido (el MIR) otorgaron carta de ciudadanía democrática al dictador Banzer Suárez y a su partido (ADN) a cambio de que les facilitara el acceso al Poder Ejecutivo. ¿Cuántas veces escuchamos en esas épocas frases hechas tan rebuscadas como “la política es el arte de lo posible” para justificar la más grande traición perpetrada contra una generación que resistió las dictaduras a fuego y sangre de –entre oros y otras miles– sus propios correligionarios?

De ahí en adelante se impuso la antiética del “todo vale” con un solo propósito: conservar el poder. Con tal de contentar a “sus bases” echaron mano de cuanto recurso espurio estuvo a su alcance, hicieron botín de guerra de las arcas del Estado para generar una nueva burguesía absolutamente dependiente del Estado. Los nuevos “burgueses”, los “neoliberales” de etiqueta –al igual que los de la generación del 52– no podían acumular capital sino a costa del erario público y así lo hicieron sin la menor cortedad.

Sin embargo, el ruido sordo de un río subterráneo comenzaba a hacerse sentir en el ambiente. La primera marcha indígena “por el territorio y la dignidad” (1990) obligó a modificar la Constitución Política del Estado (1994) para reconocer la diversidad de un país “multiétnico y pluricultural” que se pretendía “moderno” a costa de la postergación y miseria de las grandes mayorías nacionales. No obstante, absolutamente convencidos de que nadie podría modificar el curso de la historia trazado por ellos, los dirigentes de los partidos “mayores” (MNR, ADN, MIR) y “menores” (UCS, CONDEPA, NFR, entre otros) continuaron jugando sus cartas aprendidas sin inmutarse.

En el año 2000 comenzaron a sonar campanas de rebelión, el primer campanazo fue la denominada “guerra del agua” en Cochabamba. De ahí en adelante se sucedieron, uno tras otro, diversos movimientos sociales que, más allá de sus motivaciones específicas, le estaban diciendo a ese “sistema de partidos” aparentemente sólido e inmutable que ya estábamos hartos de esa democracia frívola donde la ciudadanía no tenía más participación que en lo actos electorales, de cuyos resultados se hacían cargo ellos para conformar gobiernos cada vez menos legítimos. Fue así como se vino abajo todo el andamiaje político construido en más de dos décadas de democracia.

Surgieron nuevos actores políticos y, entre todos ellos, por primera vez en la historia cobró protagonismo propio el movimiento campesino, indígena y originario, con un discurso de reivindicación identitaria de carácter étnico-cultural que parecía adquirir hegemonía incorporando bajo su manto a todos los sectores que hasta entonces habían sido subordinados, además, por diversas otras condiciones sociales, como las de clase y género. Como resultado de esa convocatoria, los resultados electorales de fines de 2005 fueron sorprendentes: con 54% de los votos obtenidos en las urnas, Evo Morales sería ungido Presidente de Bolivia sin requerir alianzas de ningún tipo.

Él mismo “no lo podía creer”, así lo manifestaba en cuanto escenario se presentaba antes y aun después de su posesión, a la que acudieron sin demora mandatarios de casi todos los países del continente. Su discurso fue conmovedor, lapidario y desenfrenado. Un hombre surgido del campo, sin más universidad que el sindicato ni más patrimonio que un “chaco” en el Chapare y un “anticrético” en Cochabamba, se hacía cargo de las riendas del Estado. Hicimos una riesgosa apuesta y la sostuvimos hasta otorgarle en 2009 los dos tercios que requería su partido en la Asamblea Legislativa para poner en práctica la Constitución Política del Estado aprobada en enero de ese mismo año.

En 2010, desde los inicios de su segundo mandato comenzaron a hacerse cada vez más evidentes las señales de que el suyo sería un gobierno autocrático, dispuesto a “barrer” con todo adversario que no se alinease con sus propósitos, incluso si éstos hubiesen sido aliados suyos en el pasado inmediato. Así lo entendieron entonces, así lo entienden aún: más allá de los exclusivos círculos palaciegos, el resto está equivocado y “no comprende” la envergadura de la “revolución democrática y cultural”. El ejemplo emblemático de esta afirmación es el conflicto en torno al TIPNIS de cuyos efectos no parecen tomar conciencia porque consideran que sólo ellos tienen la razón.

“El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” (Lord Acton, 1887). Cuando hablo de corrupción no me refiero exclusivamente al pillaje minúsculo, mediano o grande que los funcionarios públicos de toda laya están dispuestos a cometer con tanta impunidad aquí y en todo lado, ahora y siempre, en éste y en todo gobierno. Me refiero a algo más pernicioso aún, se corrompen las conciencias cuando en torno al poderoso de alinean cohortes de adulones (y adulonas) incapaces de poner coto a sus propósitos más obtusos, temerosos de sus reacciones, obsecuentes a sus caprichos.

No obstante, también es cierto eso de que el poder no suele durar en manos de unos cuántos por tanto tiempo como se lo sueñan, tarde o temprano la gente les pasa la factura. Así sucedió con los dictadores de los sesenta y setenta que creyeron se eternizarían en el poder, con los “neoliberales” que terminaron saliendo en estampida en 2003 y así sucederá con quienes hoy se consideran insustituibles e imprescindibles porque todavía no se percibe en el horizonte “alguien” con la suficiente fuerza y legitimidad como para hacerles frente. ¿Están todavía a tiempo para rectificar el curso de este proceso cada vez más deteriorado en sus fundamentos? Lo dudo con pesar, pero ¡quién sabe!

Así llegamos a octubre de 2012, a cumplir tres décadas de vida democrática ininterrumpida, a pesar de todos los pesares y por voluntad del pueblo soberano. Mientras éste esté dispuesto a ejercer ciudadanía plena, mientras sea capaz de enfrentar sin temor la arbitrariedad y los excesos del poder, esta historia continuará y seguiremos construyendo democracia, porque así lo hemos decidido.