En la aprobación de la Constitución en detalle en Oruro no se introdujo ningún artículo a favor de los cooperativistas. La orden de introducir los artículos para los cooperativistas vino de la Vicepresidencia, sin guardar la compostura legal y de legitimidad, y a pesar de no tener coherencia lógica y teórica.

¿Una forma contra su contenido? ¿Una forma de gobierno contra la estructura política e institucional de la forma, contenido y expresión estatal? Supuestamente deberíamos defender la propiedad de todos los bolivianos, la propiedad sobre los recursos naturales no-renovables, de las que el Estado es el administrador. Esto significa por lo menos dos cosas, nacionalización de los recursos naturales en manos de las empresas privadas y trasnacionales, suspensión de todas las concesiones y su transferencia al nuevo régimen, en este caso nuevo régimen minero.

Empero no se afectaron las concesiones privadas, el control sigue siendo mayoritario por parte de las empresas privadas y cada vez más se limitan los alcances de la empresa estatal de minería (COMIBOL). Esto muestra claramente que el gobierno no cumple con la Constitución tampoco en lo que respecta a los mandatos constitucionales sobre minería y recursos naturales no renovables. En el acuerdo firmado por el gobierno con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) se levantan “parcialmente” las reservas, entregando el 50% de la veta Rosario a los cooperativistas y dejando el 50% a la empresa estatal. La redacción de Bolpress resume esta concesión de la siguiente manera:

El Poder Ejecutivo plantea entregar a COMIBOL la Veta Rosario a partir del Punto 1 del Plano de Mesura del Nivel 365 hacia el sur, considerando la necesidad que tiene la COMIBOL del acceso expedito a las rampas y al taller de mantenimiento. A la Cooperativa 26 de Febrero le correspondería la Veta Rosario hacia el Norte del Punto 1, incluyendo los ramales Rosario “N” y Rosario “D”, en virtud al derecho al trabajo de los 440 socios de la cooperativa.

Esta división de áreas (Punto 1 y línea de referencia 78 N) tiene como única fuente de referencia el Plano de Mesura del Nivel 365 y deberá ser proyectada mediante sus coordenadas a los niveles superiores e inferiores. Estos acuerdos serán ejecutados a partir de una delimitación en campo de las áreas de explotación de cada sector con la participación de los interesados, el gobierno y la fiscalización de instituciones que garanticen la transparencia del proceso. [1]

El argumento del gobierno es una interpretación capciosa de la Constitución. Dice que la Constitución reconoce a las cooperativas como una de las formas económicas de la economía plural. Lo que se olvida interpretar esta capciosa disquisición gubernamental es que se trata, en primer lugar de un horizonte, el horizonte de la Organización Económica del Estado en el marco del Estado plurinacional comunitario y autonómico, horizonte que hace posible la transición de la economía plural, que es el punto de partida, lo que ya hay, hacia la economía social y comunitaria.

En esta transición el Estado está obligado a recuperar el control de toda la minería a nombre de los titulares propietarios, el pueblo boliviano, no sólo un sector de propietarios mixtos, privados y sociales, como son los cooperativistas; es decir, el Estado debe nacionalizar la minería en manos de propietarios privados. También se olvida interpretar correctamente lo que caracteriza como social cooperativa; se trata de una economía solidaria, que cumple un rol social, no tanto así un papel económico de enriquecimiento privado, como ocurre con la actual cooperativa minera, que es una deformación privada de lo que debería ser una cooperativa. No exige a las cooperativas adecuarse a la estructura y el perfil exigido por la Constitución. Esta interpretación gubernamental no dice que la Constitución prohíbe exportar materias primas y exige su industrialización. El gobierno se ha embarcado en la expansión compulsiva de la economía extractivista, continuando con el modelo primario exportador. Esto muestra que el gobierno ha adquirido una conducta inconstitucional en lo que respecta a la política minera.

Por otra parte, el gobierno no interpreta el contexto en el que se mueve la minería, la Organización Económica del Estado; se trata de una transición transformadora integral y complementaria de la formación económica. Esto significa, en primer lugar, una transformación estructural e institucional. No mantener las cosas como están, sobre todo las tendencias destructivas y de privatización de las reservas fiscales, vía concesiones mineras. El gobierno, al contrario, ha optado por destruir lo poco que queda y lo poco que se ha podido recuperar a través del Estado y para el Estado de la minería privatizada por las reformas estructurales neoliberales. El gobierno ha continuado por el camino diseñado por los gobiernos neoliberales en lo que respecta a la política minera. El control de las reservas, de la exploración, de la explotación y de la cadena económica minera no la tiene COMIBOL, como en otros tiempos. La redacción de Bolpress resume esta situación de la siguiente manera:

Antes de 1997, cuando las concesiones mineras se clasificaban por pertenencia, COMIBOL detentaba el 43,36% de los yacimientos; las empresas el 35,5%, las empresas unipersonales el 16,28% y las cooperativas el 4,8%. Con la aplicación del sistema de concesiones por cuadrícula el escenario cambió radicalmente, favoreciendo sobre todo al sector privado, evalúa el CEDLA.

La Comibol sólo obtuvo el 5,31% de las cuadrículas; las empresas el 39,37%, mientras que la participación de las unipersonales se incrementó hasta 44,21%, y las cooperativas bajaron a 2,30%. De este modo, en la actualidad el 14,1% de las concesiones mineras pertenece a COMIBOL; 2,3% a las cooperativas; 39,37% a las empresas; y 44,2% son concesiones unipersonales. [2]

Esta situación habla del incumplimiento del gobierno con el mandato constitucional. Sigue entregando concesiones, en primer lugar a las empresas privadas, después a los unipersonales y a las cooperativas, como ocurrió en los periodos neoliberales. Por otra parte no ha mejorado la situación escabrosa dejada por el neoliberalismo, el aporte al Estado de las empresas mineras privadas es mínimo, el 7%, en comparación con el aporte de las empresas hidrocarburíferas, del orden del 62%. Esta situación no la pretende corregir. Prefiere ahondarla con las concesiones a los cooperativistas mineros que aportan mucho menos en términos porcentuales, no pagando el impuesto a las utilidades ni aportando a las AFPs, por concepto de jubilación y seguro de los trabajadores.

Como se puede ver, estamos ante un gobierno que está contra el Estado, contra la propiedad de los bolivianos, a pesar de que se relama de nacionalista y responder a la condición nacional-popular. Como en lo que respecta a otras condiciones y contextos, relativos a los mandatos constitucionales, el gobierno sólo tiene un discurso rimbombante, encandilado por los escenarios teatrales, pero en la práctica sigue el curso definido por el neoliberalismo y, antes, por los regímenes liberales, la ruta del extractivismo destructivo, fortaleciendo a la empresa privada a través de concesiones y muy baja tributación, atentando contra COMIBOL al entregar las vetas que la misma empresa estatal descubre y prepara. No se trata sólo de un gobierno populista y demagógico, sino de un gobierno contra el Estado, para no hablar ya de un gobierno que ha renunciado a la construcción del Estado plurinacional, comunitario y autonómico.

Como dijimos, en un anterior artículo, La actualidad del proletariado, el gobierno no cumple con la Ley del Trabajo y con los mandatos constitucionales en lo que respecta a los derechos de los trabajadores. No hace respetar el derecho de los trabajadores de las cooperativas mineras, súper-explotados por patrones encubiertos, los verdaderos dueños de las concesiones a las cooperativas. Deja que estos trabajadores sean súper-explotados. Este sólo dato habla de un gobierno que administra los intereses de los nuevos ricos, de los nuevos estratos de la burguesía, que adquieren su riqueza por los procedimientos del capitalismo salvaje, la desposesión y el despojamiento de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo, la ampliación de la frontera agrícola, además de haber heredado la administración de los intereses de la burguesía intermediaria tradicional boliviana, los banqueros, los empresarios privados, los agro-industriales, soyeros y terratenientes.

En lo que respecta a la relación del gobierno con los cooperativistas, la relación es más que anecdótica. Cuando se aprobó la Constitución en Oruro, no había nada de los artículos que se introdujeron después sobre las cooperativas; este tema no fue discutido y tratado en las comisiones de la Asamblea Constituyente, a pesar de contar con constituyentes representantes de los cooperativistas mineros, no estuvo en los informes de mayoría y menos en la redacción final del texto aprobado. Cuando los constituyentes de mayoría y los de las minorías, que asistieron a las sesiones del Liceo Militar de Sucre, huyeron del cerco de la Calancha ocasionado por la movilización de Comité Interinstitucional de Chuquisaca, se decía que los cooperativistas mineros esperaban en Potosí rodear a los constituyentes para obligarlos a introducir los artículos sobre las cooperativas. Los constituyentes tuvimos que salir corriendo a cada una de nuestras regiones; una escala fue Oruro, también se dijo que los cooperativistas preparaban en Oruro otra intervención contra los constituyentes. También huimos de Oruro.

En la aprobación de la Constitución en detalle en Oruro no se introdujo ningún artículo a favor de los cooperativistas; se aprobó y fue un festejo haber logrado aprobar el texto constitucional, después de un largo y dramático proceso constituyente de un año y cuatro meses. Posteriormente a la aprobación en Oruro, se formó una comisión de redacción y se fue a La Paz a hacer la revisión de composición del texto constitucional, la tarea de la comisión era exclusivamente de revisión. Sin embargo, los cooperativistas llegaron a La Paz, se apersonaron a la Vicepresidencia, donde estaba trabajando la comisión de redacción, se reunieron con autoridades de gobierno.

La orden de introducir los artículos para los cooperativistas vino en ese contexto problemático de presiones, se dio la orden en la vicepresidencia a la comisión de redacción de hacerlo, sin guardar la compostura legal y de legitimidad. Se introdujeron en esas condiciones los artículos mentados, a pesar de no tener coherencia lógica y teórica; ¿una forma económica social cooperativa, así como hay una forma económica pública, otra forma económica privada y una forma económica comunitaria? ¿No es más bien una forma económica mixta, ya contemplada en las otras formas económicas? A estas preguntas no se las respondió; ya no interesaba la coherencia ni la lógica, menos la armonía de la redacción, sino satisfacer demandas. Nada más.

Por eso no es sorprendente lo que hace el gobierno al inclinarse por las cooperativas mineras con argumentos extravagantes, que solamente se apegan a que en la Constitución se halla reconocida la forma económica cooperativa. La inclinación por la improvisación en el marco del modelo extractivista depredador y destructivo, la opción por el sello impreso por la presión, explica el comportamiento gubernamental. El gobierno no cuenta con ninguna estrategia sobre los recursos naturales, menos sobre los recursos naturales no-renovables, y entre estos los recursos mineros; el gobierno ha renunciado a la Constitución, por lo tanto no hay un horizonte de transformación, aunque diga, de una manera inconsistente, en forma de repetición mecánica y debido al desplazamiento de la inercia, que responde a la Constitución, sin demostrarlo nunca que lo haga, menos con sus actos. El eje de esta política rutilante es la conservación del poder, la acumulación del caudal de votos; lo demás seguirá su curso, la gravedad de las estructuras de poder condicionan una política pragmática y de realismo político, que en realidad es de un oportunismo secante.

¿Qué clase de gobierno es este? Es un gobierno de cuoteo, que se comporta de acuerdo a la puja de las fuerzas que componen su apoyo, un gobierno que responde a las presiones e improvisa las políticas de acuerdo a las tensiones y direcciones impresas por las fuerzas. Pasaron los tiempos cuando los gobiernos se definían por proyectos, programas, hasta por “ideología”. Los liberales por su proyecto de modernización, al estilo de los sueños de todas las burguesías de las periferias del sistema-mundo capitalista; atraer capitales de inversión, construir ferrocarriles, abrir minas, hacer concesiones petroleras.

Los nacionalistas, buscando por la vía de la nacionalización y la sustitución de importaciones la añorada industrialización y la formación del mercado interno. Los neoliberales, más bien cínicos, con su pragmatismo económico descarnado, optando por la competitividad dirigieron la privatización de las empresas públicas, el despojamiento y la desposesión los recursos naturales, bajo el supuesto de que el Estado es un mal administrador y estamos en tiempos de la globalización. Aunque estos proyectos terminen siendo uno cosa y otra la práctica efectiva, salvo en los neoliberales que no se hacían ilusiones con ningún ideal, pues se trataba sólo de los beneficios y las rentabilidades, de alguna manera se podía percibir el perfil ideal de estas formas de gubernamentabilidad.

En cambio ahora, bajo la presencia y ritmo de lo que se viene en llamar formas neo-populistas y neo-nacionalistas, ya no se tiene un perfil ideal, pues lo que prepondera es otra forma de pragmatismo, el pragmatismo político basado en la improvisación de acuerdo al sello impreso por las fuerzas concurrentes. Ciertamente los discursos dan réditos políticos; hablar del proceso de cambio, hablar de la reivindicación indígena, hablar de la madre tierra, hablar de la soberanía, hablar del anti-imperialismo, da réditos políticos, que se verifican electoralmente. Empero estos discursos no están para definir un perfil político, sino para acompañar las decisiones que se toman, por más contradictorias que fuesen. La ruta no es un perfil ideal, sino el pragmatismo político secante, la acumulación electoral. No importa si lo que se hace contradice a la Constitución, lo que importa es que lo que se haga gane adeptos, logre votos, responda a la contingencia de los intereses en juego. De todas maneras, aunque sea contradictorio lo que se haga se pondrán en escena los discursos justificativos, la propaganda y la publicidad. Es, como se puede ver, un gobierno de actuaciones y de puestas en escena, no un gobierno “real”, en el sentido de sólido y consistente; es más bien un gobierno volátil.

Pero no se crea que es el único caso, se trata de algo compartido, es como un síntoma de la época, tanto los gobiernos populistas, los gobiernos socialdemócratas, como los gobiernos liberales, los gobiernos declarados de derecha, los gobiernos conservadores, manifiestan este apego por la escena y la publicidad, el apego por el teatro político. Es como si se hubiera dado un desvanecimiento de las estructuras que definen la política como estrategia. Lo que se constata es solamente el impulso de conservación, de preservarse en el poder. Todo lo demás está decidido, quienes manejan las reglas del juego, quienes controlan los monopolios, quienes son los dueños del capital, quienes en definitiva hacen a la estructura del poder. Hagan lo que hagan los gobiernos de “derecha” o de “izquierda” el control y dominio del capital está garantizado, el control del capital financiero sobre el resto de los capitales, el control de las tecnologías, de los mercados, el control financiero, la tienen las empresas trasnacionales. Lo importante es que estos gobiernos convenzan a sus electores. Nada más.

Se han borrado las fronteras, los limites demarcadores, a pesar de que unos y otros se esmeren de definir sus propias camisetas de club. Unos dirán los otros son imperialistas, derechistas, neoliberales; los otros dirán que los unos son utópicos, extremistas, anacrónicos con los tiempos modernos, insensatos, demagogos. De todas maneras ambos cumplen su función en el sistema-mundo capitalista y en la economía-mundo capitalista. Las víctimas son los pueblos, las naciones y pueblos indígenas originarios, los trabajadores, los sectores populares.

La experiencia de estas poblaciones mayoritarias es que no hay cambios, que se hace como imposible la transformación, que la historia parece un círculo vicioso que repite una especie de explotación y condena eternas, mientras pasan los personajes políticos de los gobiernos, con un rostro u otro, con un perfil discursivo u otro. Parece que el camino no es ese de elegir a los que te convencen por una propuesta racional o una propuesta de cambio, parece que, más bien, el cambio está en las manos de los condenados y desheredados de la tierra, otra forma de Estado, formas gubernamentales de las multitudes, ejercicios efectivos de la democracia participativa, sin líderes y caudillos, que son productos de la imaginación.

¿Para qué gobernar hasta el 2025?

¿Para qué gobernar hasta el 2025? ¿Qué sentido tiene la prolongación de lo mismo, de la misma continuidad decrépita y de disgregación del proceso? ¿Qué sentido tiene prolongar la agonía del proceso? No tienen ningún sentido histórico y tampoco político, salvo el de la misma continuidad, el de permanecer en el poder. Esto acerca al gobierno de Evo Morales Ayma a los otros gobiernos anteriores y sus partidos, que entre sus objetivos se encontraba precisamente la preservación del poder. ¿Para qué? Sencillamente para seguir administrando la crisis y los intereses de la burguesía intermediaria y de las empresas trasnacionales, además del capital financiero internacional y del orden mundial.

La prolongación gubernamental adquiere sentido histórico y político cuando asistimos a la realización de transformaciones estructurales e institucionales, cuando un proceso de cambio está en marcha, materializándose constantemente. En cambio cuando el proceso de cambio entra en contradicciones profundas, se estanca, se detiene y adquiere una dirección curvada, restaurando los aparatos, las estructuras y relaciones del régimen anterior, el Estado-nación, la prolongación de un gobierno pusilánime se hace poco atractivo. Se parece a la circulación de todos los gobiernos anteriores, cuyo sentido era garantizar la misma administración de las cosas y de los humanos, convertidos ambos en objetos y materias de poder. Diagrama de Poder que busca la docilidad y domesticación de los cuerpos.

El problema radica en cómo se asume la política. Una cosa es que se la entienda como sinónimo de democracia y revolución, como respuesta popular a la crisis, y otra cosa que se la use para ejercer dominio, para mantener el orden, usando todos los medios para lograr estos objetivos, convertir la política en un teatro, montando escenarios espectaculares para impresionar al público, que en este caso es el pueblo convertido en tal. Claro está que la política, en sentido pleno de la palabra, es el desborde de la potencia social, de su capacidad creativa, de su participación e incidencia, es la respuesta transformadora popular ante la crisis del Estado y del capitalismo.

Empero, de aquí a una parte, los grupos de poder, las clases dominantes, los partidos institucionalizados, los medios de comunicación, hasta la misma ciencia política, han convertido a la política en el procedimiento institucional de gobernar, de garantizar el orden instituido, de repetir la reproducción de lo mismo a través de la competencia electoral. Aquí hay como un acuerdo de caballeros. Todos aceptamos las reglas del juego, competimos, es decir, jugamos a la política, y cuando gobernamos no cambiamos nada sustancialmente, aunque puedan permitirse matices y modificaciones superficiales, acompañadas por delirantes discurso altisonantes. Este es el club de la democracia formal y liberal; es decir, de la democracia fosilizada, no de la democracia vital, entendida como suspensión de los mecanismos de dominación.

Las preguntas son: ¿Por qué un gobierno que tiene el mandato popular del ciclo insurreccional de 2000 al 2005, y que tiene el mandado de la Constitución, ha caído en lo mismo que hacen todos los gobiernos y partidos tradicionales? ¿Por qué ha convertido la política en la hazaña de las astucias criollas, en el uso de los dispositivos del poder para imponer la voluntad burocrática, en el manejo de las maniobras diversas para convencer? ¿Por qué se han descartado las posibilidades de la participación social, de la construcción colectiva de la decisión política, de la ley y de la gestión pública, como manda la Constitución? ¿Por qué se prefirió la construcción del campo burocrático y no la construcción de la democracia plural y participativa?

La experiencia de las dos gestiones de gobierno y el análisis comparativo con otros procesos en Sud América nos muestra que el peso de las estructuras estatales, de su campo burocrático, de sus instituciones fosilizadas, sus normas y prácticas administrativas, es gravitante. Tienen una fuerza de resistencia al cambio basada en la reproducción misma de sus instituciones, es decir, del Estado. Reproducción además que funciona en la sociedad misma, es la misma sociedad la que reproduce el Estado, a partir de las propias instituciones sociales del campo social, del funcionamiento de los propios campos derivados del campo social, como el campo escolar, el campo cultural, el campo simbólico, el campo económico. El Estado se reproduce en la efectuación de los habitus de los propios sujetos, que han internalizado las relaciones de poder. A esto hay que añadirle el funcionamiento de otros campos paralelos distorsionantes, los campos relativos a la economía política del chantaje, los circuitos de influencia, las prácticas de coerción, los flujos de corrosión y las formas polimorfas de la corrupción.

Empero, esta gran voluntad que se encuentra en el camino no es una justificación para optar por el conformismo, investido de pragmatismo y realismo político. Los desafíos hay que asumirlos. Se trata de sortear las dificultades con la participación popular, con la movilización y aprendizaje colectivos en la acción política y en la reflexión compartida. Se trata de resolver punto por punto los problemas presentados, buscando la transformación de los contenidos inherentes a las estructuras y relaciones que se enfrentan, vaciarlos de su contenido anterior y llenarlos con los contenidos que requiere la transformación, si es que no se inventan nuevas instituciones, que es a lo que se apunta verdaderamente. Lo importante es tener la voluntad, la estructura afectiva, el deseo de transformación, y no renunciar en las primeras de cambio.

Afrontamos un tiempo político contradictorio, sus estructuras afectivas cambiaron; se paso del deseo de ruptura y de cambiar a la predisposición afectiva por la continuidad y la sucesión temporal. El conformismo es dominante, las opciones preponderantes en el campo popular se han reducido a las reivindicaciones gremiales y sectoriales, las opciones del gobierno son por la expansión del modelo extractivista, paradigma colonial del capitalismo dependiente, y la economía rentista. En este panorama parece difícil, sino imposible, la re-conducción del proceso. Sin embargo, no hay que olvidar que el impulso vital del proceso, desatado en las movilizaciones y eventos insurreccionales de 2000 al 2005, irradiados al proceso constituyente, está latente. Hay como una intuición colectiva por la ruptura y el cambio, una consciencia diseminada de la responsabilidad de los movimientos sociales por el destino del proceso.

Sólo tiene sentido una prolongación de la temporalidad política, entendida como oportunidad de transformación, de invención y creatividad de la potencia social, si es que hay una re-conducción del proceso. Re-conducción quiere decir volver a los causes del proceso, a su inquietud descolonizadora y deseo de transformación, por lo tanto afecto colectivo de ruptura y cambio. Re-conducir quiere decir abolir el Estado-nación y construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, construirlo efectivamente, mediante transformaciones estructurales e institucionales profundas, no simular que se lo hace con demagogia, oropeles y folclorismos.

Notas:

1. Bolpress, 26 de septiembre de 2012; La Paz.

2. Ibídem.

* Miembro de Comuna, http://horizontesnomadas.blogspot.com/