Carlos Miranda, quien fuera subsecretario de energía durante el proceso de capitalización/privatización de la industria petrolera boliviana, en su última columna de opinión publicada en Página Siete el 28 de septiembre, informaba que “las empresas petroleras estatales regionales Petrobras (PB), YPF, Perupetro han llegado a la misma conclusión: la exploración petrolera es muy costosa y riesgosa para usar reservas nacionales. Lo más prudente es compartir el riesgo con otros inversores”.

Sensiblemente para sostener tal afirmación Carlos Miranda tiene que tergiversar algunos hechos y mentir sobre otros. Por ejemplo, aduciendo que Petrobras tiene limitaciones y problemas financieros, señala que “se ha suprimido el monopolio de PB en el ‘Presal’”, para seguidamente dar a entender que esa supresión es el motivo por el que “la presidenta Rouseff ha anunciado una próxima ronda de licitaciones de áreas”, que (seguramente porque Petrobras ya no tiene el monopolio) “ha despertado un enorme interés en las compañías petroleras”.
Lo evidente es que en virtud de la ley brasilera N° 12.351, aprobada una vez que se tenía certeza de las reservas existentes en el Pre-sal, se dispone que en esa zona no se otorgaran concesiones petroleras y sólo se aplicaran los contratos de producción compartida; contratos que pueden ser adjudicados a cualquier inversor nacional o extranjero, eso sí, con la obligación de que la estatal Petrobras tenga al menos el 30% de la participación y sea la empresa operadora del contrato.
En esta estipulación no existe monopolio petrolero, sólo el resguardo de que las ingentes riquezas petroleras vayan a beneficiar efectivamente al Brasil; valga anotar que en 2010, cuando se debatía dicha ley, los trabajadores de Petrobras propusieron la reinstauración del monopolio estatal en el sector petrolero, sino en todo el Brasil, por lo menos en el área del Pre-sal. Sensiblemente no se impusieron, no obstante, la tendencia mayoritaria estuvo de acuerdo en privilegiar a Petrobras y restringir al capital extranjero; máxime si la inversión extranjera, una vez eliminado el monopolio estatal del petróleo y adquirido una serie de ventajas, no contribuyó al desarrollo petrolero del Brasil y menos al descubrimiento del Pre-sal.
La aprobación de la 11a Rodada de Leilões, que ha hecho Dilma Rouseff se inscribe en este marco, es decir, en uno de poner trabas al capital extranjero, y no en uno de apertura al mismo como da a entender Miranda.
Otro ejemplo de tergiversación es cuando sostiene que la Argentina “desde que nacionalizó expropiando acciones de Repsol YPF está tratando de lograr inversiones para disminuir la factura de importación de energéticos y lograr la autosuficiencia”. Por este motivo, según Miranda, el presidente de YPF, “un profundo conocedor de la industria… se ha lanzado en una especie de ‘Road Show’ personal” para buscar inversores.
No es el Estado argentino quien está organizando ni promoviendo una muestra itinerante de las oportunidades de inversión en el sector petrolero argentino; sino que es la recientemente estatizada YPF, una de las varias empresas petroleras que hay en dicho país, la que está enseñando su Plan de Negocios 2013 – 2017, es decir, el presidente de YPF está realizando presentaciones itinerantes del Plan a fin de buscar socios para YPF, no para otorgar nuevas áreas de exploración al capital extranjero. Es que en la Argentina YPF es una verdadera empresa petrolera, responsable de realizar operaciones petroleras, no es la encargada de promocionar áreas ni de otorgarlas.
Además, si Carlos Miranda se hubiera tomado un tiempo para revisar dicho Plan, hubiera podido constatar que el mismo prevé invertir 37,2 mil millones de dólares en cinco años, de los cuales el 80% corresponden a recursos propios de YPF y sólo el restante 20% a otras fuentes de financiamiento, entre ellas la inversión directa extranjera. Podría decirse que la parte fundamental del capital de inversión lo constituye, lo que Miranda llama “reservas nacionales”.
En la Argentina, al igual que en el Brasil, el contexto no es de apertura al capital extranjero ni de otorgación de ventajas al mismo, sino todo lo contrario, es un contexto en el que se restringe y desplaza la inversión extranjera y, en la medida de lo posible, se intenta que la industria petrolera vuelva a ser realmente nacional. No es un proceso lineal y, por supuesto, no está exento de contradicciones y posiciones contrapuestas.
La afirmación inicial de Miranda sólo es valedera en relación a Petroperu, pues, ésta no es una empresa operativa, sino es la responsable de delimitar y promocionar las áreas de exploración y explotación, de negociar, celebrar y supervisar los contratos petroleros, etc. Algo similar a lo que fue “YPFB residual” aquí en Bolivia que, por lo que connota el artículo que comentamos, parece ser que Carlos Miranda extraña.
El remate de las tergiversaciones de Miranda, además con aires doctorales, es que recomienda al gobierno y a YPFB que no es “prudente gastar reservas internas del país en exploración petrolera”. Aquí es donde “salta la liebre”, a Carlos Miranda no le interesa la veracidad de los hechos sino crear, un tanto mentirosa y burdamente, una corriente de opinión favorable al capital extranjero.
Supongo que su esfuerzo no es gratuito, sino cómo es posible que un conocedor de la industria como es él, cierre los ojos ante la actual experiencia de los países petroleros de Latinoamérica y el mundo, que vienen dando primacía a sus empresas estatales; u olvidar que las “reservas internas del país”, invertidas por la antigua YPFB, permitieron conocer la geología del país, cuantificar su potencial hidrocarburífero y ubicar reservas importantes; o negar que la vía libre dejada al capital extranjero no permitió desarrollar ese potencial y terminó agotando las reservas petroleras del país.
* Economista.