(Agencias).- La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados suspendió este miércoles a la diputada opositora Adriana Gil por discriminar al Presidente Evo Morales, y las ministras y viceministras del Gabinete exigieron “sanciones ejemplarizadoras” para dirigentes políticos y legisladores de oposición que pusieron en duda la legalidad del mandato de la presidenta interina Gabriela Montaño, esgrimiendo argumentos “machistas, falsos y sediciosos”.

Suman y se acumulan los juicios y las querellas interpuestas por los operadores del oficialismo en contra de sus circunstanciales enemigos políticos, con la colaboración plena de fiscales del Ministerio Público. Entre las últimas arremetidas judiciales del MAS destacan dos nuevos juicios contra los dirigentes indígenas del TIPNIS y contra el ex alcalde y jefe del MSM Juan del Granado.

El alcalde de San Ignacio de Moxos Basilio Nolvani presentó el mes pasado una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Fernando Vargas y cuatro dirigentes indígenas de la Sub Central Territorio Indígena Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS), acusados de atentar contra la libertad de enseñanza y la salud pública. çLa denuncia establece que Vargas y otros dirigentes imposibilitan el traslado del desayuno escolar, medicamentos y materiales de construcción a comunidades del TIPNIS, entre ellas Gundonovia, el centro de la resistencia indígena a la post consulta del gobierno de Evo Morales.

Las brigadas del gobierno no han podido ingresar a la zona “porque las personas al mando de los señores Vargas Mosua, José Luis Antezana, Pedro Tamo, Adolfo Moye, Miriam Yubanure y otros no lo permiten, perjudicando enormemente a la niñez que estudian en los núcleos escolares, además de atentar contra su salud, la cual se encuentra garantizada por nuestra Carta Magna”, argumenta la demanda interpuesta por el alcalde Nolvani.

Nolvani fundamenta su demanda en el artículo 297 de Código Penal, que establece que “el que por cualquier medio atentare contra la libertad de enseñanza, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de 30 a 100 días”. El demandante afirma que dos barcazas cargadas con harina, arroz, azúcar, manteca, mantequilla, leche y cocoa se encuentran inmovilizadas en el puerto Los Puentes, debido al alambrado del río Isiboro Sécure a la altura de la Comunidad de Gundonovia.

Según el alcalde, dicho bloqueo del río también imposibilita el ingreso de cemento, ladrillos, cerámica y otros materiales de construcción para comenzar las obras en las unidades educativas de San Antonio de Imose y Santa Clara.

De otra parte, la fiscal de Materia Edna Montoya inició una investigación en contra el ex alcalde de la ciudad de La Paz Juan Del Granado por la construcción del edifico de cinco plantas de Emaverde sobre el ex relleno sanitario, que supuestamente estaría ocasionando daño medio ambiental y problemas de salud a los vecinos.

“El ex alcalde de La Paz de la gestión 2007 es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación”, precisó la representante del Ministerio Público y aseguró que la denuncia está sustentada por quejas de personas particulares

La demanda se inició luego de que el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción alertó a la Fiscal de Distrito de La Paz Betty Yañiquez, quien ordenó a la División de Análisis indagar las supuestas irregularidades. Montoya dijo que la investigación sigue su curso para establecer responsabilidades por la construcción del edificio en un terreno declarado Patrimonio Natural. Ya citó a Del Granado para una declaración informativa.

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El 26 de septiembre el asesor legal de la Vicepresidencia Israel Montero presentó ante la Fiscalía de Distrito de La Paz una demanda en contra de María Galindo, activista del colectivo Mujeres Creando, por la destrucción y daños a bienes del Estado, un delito tipificado por el Código Penal y sancionado con privación de libertad de uno a seis años.

“El que destruyere, deteriore, sustrajere o exportare un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumento u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años”, dispone el Código Penal.

“Hemos denunciado y presentado una demanda contra Galindo porque no es la primera vez que daña los bienes del Estado al pintarrajear las paredes de la Vicepresidencia”, explicó Montero a la ABI. A su juicio, es hora de sentar un precedente para que el Ministerio Público inicie una investigación y procese a Galindo, que el martes pintó las paredes y selló con cinta adhesiva la puerta de ingreso de la Vicepresidencia, en protesta por la retardación de justicia en el caso de la brutal intervención policial a la VIII marcha indígena en septiembre de 2011.

Por otro lado, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados suspendió este miércoles a la diputada de Convergencia Nacional (CN) Adriana Gil, por supuesto racismo y discriminación contra el Presidente Evo Morales y autoridades de Estado. El diputado del MAS Galo Bonifaz dijo que el informe de la Comisión será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su respectiva aprobación o rechazo. “La suspensión se basará en el reglamento que puede ser de un o dos años de acuerdo al grado de culpabilidad que encontró”, precisó.

La legisladora de oposición opinó en una entrevista con la Red Uno que Morales era “amoral” y no reunía las condiciones para asumir el Presidencia del Estado. “Además la diputada se refirió sobre la Bancada del MAS como un rebaño humano. Desde la primera gestión hemos venido soportando esos adjetivos no sólo de ella sino de la oposición”, dijo Bonifaz.

El diputado masista consideró que la denuncia contra Gil, presentada por el Viceministerio de Descolonización como cabeza del Comité Nacional contra el racismo y toda forma de discriminación, “sienta precedentes”.

Gil rechazó el “alevoso y mentiroso” informe de la Comisión de Ética, denunció que la suspensión es una acción “abusiva” del gobierno y anunció que presentará un amparo constitucional.

Al mismo tiempo, las ministras de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo, de Desarrollo Productivo Teresa Morales, de Comunicación Amanda Dávila y varias viceministras del Ejecutivo exigieron una “sanción ejemplarizadora” contra quienes cuestionaron la legalidad de la sucesión constitucional de la presidenta en ejercicio Gabriela Montaño.

La ministra Suxo aseguró que el senador Luis Pedraza, el jefe del MSM Juan del Granado, el director de radio Fides Eduardo Pérez y asambleístas de oposición pusieron en duda la legalidad del mandato de la presidenta interina, esgrimiendo “falsos argumentos que se desvirtúan por si solos”, ya que la Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Cámara de Senadores señalan que en ausencia temporal del Presidente y Vicepresidente del Estado, asumirá el mando el presidente del Congreso.

“Es la primera vez que en el Estado Plurinacional de Bolivia una mujer ejerce la Presidencia del país y ese hecho en vez de ser resaltado, es cuestionado extrañamente por varones con actitudes sexistas y discriminatorias porque no admiten que una mujer este al mando”, criticó Suxo y recalcó que las mujeres del gabinete repudian y rechazan esas actitudes propias de un Estado patriarcal y colonial “que no están acordes al proceso de cambio, que reconoce a la mujer como protagonista principal en la construcción del Estado”.

La Ministra de Transparencia anunció que la denuncia será remitida a las comisiones de ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa para que asuman las acciones que correspondan contra las personas que emitieron “criterios sediciosos”.

Con información de ABI.