La Presidenta interina Gabriela Montaño aprobó dos decretos supremos; el primero sanciona con cárcel la tenencia y uso de explosivos durante movilizaciones callejeras, y el segundo instituye el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012–2016.

El gobierno aprobó por decreto el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012–2016 que será implementado anualmente por las diferentes instancias que componen el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y evaluado con indicadores locales y metas de corto plazo, además de la percepción ciudadana y el índice de criminalidad.

El Plan es el marco referencial para la elaboración de los Planes Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesino de Seguridad Ciudadana. La aplicación tiene plazos establecidos enmarcados dentro de los cinco años de vigencia (2012-2016).

Por otro lado, la Presidenta Montaño aprobó el miércoles el decreto supremo 1359 que sanciona la tenencia y uso de explosivos durante movilizaciones callejeras con penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel.El Ministerio de Gobierno elaboró el proyecto de decreto que fue analizado y aprobado en reunión de gabinete de ministros.

La norma surge luego de la muerte del Héctor Choque, minero asalariado, quien fue víctima de un explosivo que cooperativistas arrojaron a las instalaciones de la Federación de Trabajadores Mineros, durante una marcha el 18 de septiembre.

Montaño precisó que “la detentación y el uso de artefactos explosivos que pongan en riesgo la vida de personas pasará por el tema penal y en el tema penal está definida una sanción de uno a cuatro años”. Aclaró que la prohibición del uso de artefactos y sustancias explosivas se limita a las movilizaciones en las que se ponga en riesgo la integridad de la población. El uso del material está permitido en fiestas patronales, entradas folklóricas, actividades laborales mineras e hidrcarburíferas.

El decreto habilita a la Policía Boliviana y al Ministerio Público para el decomiso y la incautación de materiales explosivos, en caso de que éstos afecten la vida humana o comprometan la comisión de daños materiales de bienes públicos o privados.