Las cooperativas mineras accederán paulatinamente a más yacimientos a medida que suscriban nuevos contratos de arrendamiento con Comibol, todo esto gracias al levantamiento “parcial” de la reserva fiscal minera. Este es uno de los acuerdos suscritos ayer por representantes del gobierno y de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), reveló el ministro de Minería Mario Virreira.

Mediante decreto 29117 del 1 de mayo de 2007, el Poder Ejecutivo declaró como reserva fiscal minera a todo el territorio nacional, otorgando a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) la facultad y potestad de explotar y administrar 26 áreas mineras de un total de 3.500 cuadrículas, respetando los derechos pre constituidos.

La declaratoria de “reserva fiscal” no afectó la explotación de los grandes yacimientos concedidos al sector minero, pues el gobierno garantizó respetar las inversiones, los contratos de riesgo compartido y los arrendamientos, incluidas las concesiones de las cooperativas.

El decreto estableció que las áreas a ser prospectadas y exploradas por Sergeotecmin no podrán ser objeto de contrato minero alguno hasta después de la conclusión del estudio. La norma dispuso además la desaparición del régimen de concesiones mineras, instituyendo el régimen de contratos mineros entre el interesado y Comibol, detalla una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

Hasta abril de 2007, los concesionarios unipersonales habían solicitado el 77,9% de las nuevas concesiones mineras, seguidos por las empresas con 21,1%; mientras que Comibol solicitó apenas 0,81% y las cooperativas, el 0,13%. Según el Cedla, esta concentración demuestra la tendencia al acaparamiento de concesiones con el propósito de venderlas en el futuro.

Posteriormente, por presión de los cooperativistas, el gobierno de Evo Morales flexibilizó la declaratoria de reserva fiscal mediante el decreto 29164 del 13 de junio de 2007, viabilizando las nuevas concesiones solicitadas por las cooperativas. Tiempo después, el 9 de enero de 2008, el decreto 29410 dispuso el levantamiento de la reserva fiscal de forma parcial y progresiva, y la otorgación de áreas mineras que no sean de interés de Comibol a las cooperativas mineras y a otros operadores privados.

Antes de 1997, cuando las concesiones mineras se clasificaban por pertenencia, Comibol detentaba el 43,36% de los yacimientos; las empresas el 35,5%, las empresas unipersonales el 16,28% y las cooperativas el 4,8%. Con la aplicación del sistema de concesiones por cuadrícula el escenario cambió radicalmente, favoreciendo sobre todo al sector privado, evalúa el Cedla.

La Comibol sólo obtuvo el 5,31% de las cuadrículas; las empresas el 39,37%, mientras que la participación de las unipersonales se incrementó hasta 44,21%, y las cooperativas bajaron a 2,30%. De este modo, en la actualidad el 14,1% de las concesiones mineras pertenece a Comibol; 2,3% a las cooperativas; 39,37% a las empresas; y 44,2% son concesiones unipersonales.

El gobierno cede más

El gobierno y representantes de la Fencomin firmaron la noche del 25 de septiembre un acuerdo que solucionó temporalmente el conflicto minero suscitado en la Empresa Minera Colquiri (EMC), poniendo fin al bloqueo de caminos iniciado el lunes.

En el acuerdo, el gobierno nacional aclara que, según informes técnicos de Comibol y del Ministerio de Minería, la EMC puede contratar hasta 1.200 trabajadores, cifra que constituye una limitante técnica para asimilar a los por lo menos 564 (ó 440 según el sector asalariado) socios de la Cooperativa 26 de febrero. En otras palabras, incorporar a ese número de trabajadores a la EMC inviabilizaría la productividad del yacimiento.

Ante esta realidad, las autoridades del gobierno proponem a los dos sectores en conflicto “retomar el espíritu de concertación y entendimiento que sentó las bases del convenio original de junio, y debatir específicamenteel punto de discrepancia mencionado en el punto 9 de ese acuerdo”. El Ejecutivo deja para la evaluación y adecuación concertada los términos de aplicación o suspensión del instrumento legal cuya interpretación provocó el conflicto en Colquiri.

El Poder Ejecutivo plantea entregar a Comibol la Veta Rosario a partir del Punto 1 del Plano de Mesura del Nivel 365 hacia el sur, considerando la necesidad que tiene la Comibol del acceso expedito a las rampas y al taller de mantenimiento. A la Cooperativa 26 de Febrero le correspondería la Veta Rosario hacia el Norte del Punto 1, incluyendo los ramales Rosario “N” y Rosario “D”, en virtud al derecho al trabajo de los 440 socios de la cooperativa.

Esta división de áreas (Punto 1 y línea de referencia 78 N) tiene como única fuente de referencia el Plano de Mesura del Nivel 365 y deberá ser proyectada mediante sus coordenadas a los niveles superiores e inferiores. Estos acuerdos serán ejecutados a partir de una delimitación en campo de las áreas de explotación de cada sector con la participación de los interesados, el gobierno y la fiscalización de instituciones que garanticen la transparencia del proceso.

Según el acuerdo, los sectores en conflicto se comprometen a desmovilizar a sus bases a la brevedad posible con la finalidad de restablecer la calma en la población de Colquiri y permitir la libre transitabilidad de los ciudadanos en las carreteras, los cerros y lugares adyacentes al yacimiento minero.

Para definir soluciones estructurales a la problemática del sector minero, el gobierno propone convocar e instalar una Cumbre Nacional de la Minería con todos los actores interesados en esta actividad estratégica para el país.

El ministro Virreira reveló que uno de los acuerdos suscritos por el gobierno y los dirigentes de la Fencomin es el levantamiento de la reserva fiscal minera de forma “parcial”, en función a las solicitudes de contratos de arrendamiento, exploración, prospección o explotación

El gobierno aseguró que no puede ceder a las exigencias del sector asalariado, que reclama la reversión total de Colquiri a favor de Comibol, porque la nueva Constitución Política del Estado reconoce a la economía cooperativa como parte sustancial de la economía plural, integrada además por las formas económicas estatal, privada y comunitaria. Sin embargo, las autoridades soslayan que “el Estado debe controlar los sectores estratégicos de la economía”, como es la minería y los hidrocarburos, otro mandato constitucional.