(Equipo de Comunicación Indígena Originario).- Mario Palacios vive cerca del Cerro Pasco, en Perú. La ciudad es un enorme cráter creado por la minería a cielo abierto. En los márgenes del hueco se acomodan las casas aún no tragadas por la Volcán Compañía Minera. En 2008 el gobierno nacional declaró que era una zona inhabitable, pero no dispuso ningún plan para mudar a toda la población de 80 mil personas. Desde que nació Palacios vive este panorama, donde ocho de cada 10 niños tienen niveles muy elevados de metales en la sangre. Para enfrentar a las transnacionales que envenenan a quienes viven allí –y a los gobiernos que apañan su actividad- estuvo entre los fundadores de la Confederación Nacional de Comunidades de Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).
“Debemos estar unidos en lo bueno y en lo malo”

Organizaciones sociales e indígenas de Colombia, Perú y Bolivia participaron del encuentro “Modelos Alternativos de Desarrollo y Vivir Bien”, donde intercambiaron experiencias de lucha en sus países por el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas. El seminario-taller, que tuvo lugar el 11 y 12 de septiembre, fue organizado por Broederlijk Denle, el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), la Fundación Solón, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y la Fundación Jubileo.

La explotación de hidrocarburos, la minería y la agroindustria fueron identificadas como las actividades que más afectan a la vida de las poblaciones y sus territorios en América Latina. En contraposición a este modelo que destruye la naturaleza, comunidades rurales y pueblos indígenas proponen, entre otras cosas, recuperar saberes de cientos de años cuya eficacia ya ha sido comprobada.

“Estamos mirando alternativas al modelo de desarrollo predominante, alternativas de Buen Vivir. Queremos ver cómo es posible consolidar procesos desde las comunidades indígenas campesinas en torno a la conservación y al cuidado del medio ambiente, en torno a la soberanía alimentaria, a la autonomía alimentaria, al buen cuidado de los recursos naturales y al trabajo social y comunitario”, dijo María Stella Sandoval, del Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo (CENSAT) Agua Viva Colombia.

En el seminario-taller, realizado en la ciudad de Cochabamba, hubo representantes de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), de Perú; del Movimiento Campesino de Cajibío, de Colombia; del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), de Bolivia. Las dos últimas son regionales de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que atraviesa dificultades orgánicas porque el Gobierno nacional creó una CIDOB paralela sumisa a la voluntad del partido Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Hay compañeros que tienen muy claro cuáles son las dificultades, pero también tienen claro cuáles son las alternativas. Hemos podido compartir, conocer otras alternativas importantes que se pueden desarrollar en diversos países, aprovechando también de esas bases sociales que todavía existen en diferentes lugares”, dijo Sandoval. Muchos de los casos presentados, muestran a la participación social y al trabajo comunitario como las claves para liberarse de pésimas gestiones de gobiernos que privilegian la actividad de empresas transnacionales que explotan recursos de los territorios indígenas campesinos.

Mario Palacios, de la CONACAMI, presentó como “alternativa” el caso de las Amunas de Huarochirí, que llevan agua a tres comunidades andinas encargadas de la gestión social del agua y del mantenimiento de obras hidráulicas en funcionamiento desde hace más de 500 años. Mediante este sistema, captan agua de lluvias como escorrentía en la parte alta de las montañas y la infiltran en la parte media, para aprovecharla en la parte baja, donde aflora en manantiales y puquios.

Palacios también contó cómo acopian agua en las depresiones cordilleranas, de acuerdo con un método milenario de construcción de represas y canales de riego.

Por su parte, la APG mostró su forma de hacer Gestión Territorial Indígena en los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) que posee el pueblo Guaraní en el Chaco boliviano, una zona de explotación intensa de gas y petróleo.

“Entre Colombia y Bolivia hay similitud en los problemas que existen. Tenía una idea diferente de lo que pasa en Bolivia por la presencia Evo Morales, quien siempre ha sido visto como el presidente del pueblo y para el pueblo. Pero cuando escucho acá de todas las leyes y normas, todas las cosas que está haciendo en su país, uno ve que no es así: se ve que hay un discurso muy bonito, que es un discurso-ejemplo. Aunque en la práctica, desafortunadamente no lleva a cabo eso que dice. Por el contrario, pasa por encima de los intereses de su propio pueblo. Contamina y deteriora a la Pachamama de la que tanto él habló. Es ilógico el discurso con el trabajo práctico del Gobierno”, comentó Sandoval.

Celia Beyuma, del pueblo Tacana, pertenece a la Central de Mujeres Indígenas de La Paz (CMILAP), organización hermana de la CPILAP. “Siempre hemos querido tener un intercambio de experiencias con otros países. Nosotros, como pueblos indígenas del norte de La Paz, peleamos para que se titule toda la tierra que todavía no se ha titulado. También tenemos invasión más que todo de las empresas petroleras. En San Miguel del Bala, al lado del parque Madidi, como pueblo Tacana nos hemos parado, porque el Gobierno primero tienen que hacernos la consulta para ver si la empresa puede entrar o no”, dijo Beyuma. Por la resistencia de las comunidades, este proyecto de exploración hidrocarburífera en la región está detenido.

La señora tacana, que tiene cinco hijos, participó de la Octava Marcha Indígena, en 2011; y en la Novena Marcha, este año. “La enseñanza que me quedó de las marchas es que todos debemos estar unidos en lo bueno y en lo malo. Me tocó sufrir juntamente con los hermanos, cuando nos han hecho la represión (el 25 de septiembre de 2011) tuvimos que salir de eso y seguir a pie hasta llegar a la Sede de Gobierno. Eso me ha fortalecido y hasta ahora tengo esa fuerza para seguir luchando por los demás”. Comentó que, basados sobre esta idea, las regionales de la CIDOB analizan la manera de volver a unirla y liberarla de las injerencias del Gobierno nacional.

A Celia Beyuma, como a muchas mujeres indígenas, la vida de las organizaciones la aleja bastante de su familia. “Me siento un poco triste porque tengo dos hijas pequeñas todavía, a las que no puedo ver siempre. Pero en la lucha de nuestros pueblos un dirigente tiene que luchar por todos, no solamente por su familia. Ese es el orgullo que tengo ahora como dirigenta y quiero ayudar a fortalecer a las mujeres para que haya más líderes”, dijo Beyuma.

Volver a la tierra

En estos días Palacios visitó Bolivia para intercambiar experiencias con organizaciones como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), ambas regionales de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

Palacios se refirió a esta situación y a la de su país, a las políticas ambientales de América Latina –dijo que entre los gobiernos de Bolivia y de Perú hay más similitudes que diferencias. “Entre lo que predica y entre lo que hace el gobierno boliviano hay una distancia que no se ha podido superar”, considera el dirigente, quien presidió a la CONACAMI entre 2008 y 2010.

En Cochabamba, Palacios presentó como “alternativa” el caso de las Amunas de Huarochirí, que llevan agua a tres comunidades andinas encargadas de la gestión social del agua y del mantenimiento de obras hidráulicas en funcionamiento desde hace más de 500 años. Mediante este sistema captan agua de lluvias como escorrentía en la parte alta de las montañas y la infiltran en la parte media, para aprovecharla en la parte baja, donde aflora en manantiales y puquios. También contó cómo acopian agua en las depresiones cordilleranas, de acuerdo con un método milenario de construcción de represas y canales de riego.

“Estamos en la búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo al actual modelo basado en el extractivismo. Nosotros ponemos énfasis en este proyecto de vida que es el Buen Vivir. Eso nos ha congregado en Cochabamba con las propias comunidades, sus líderes, sus autoridades, así como aquellos que acompañan los procesos de construcción del Buen Vivir o Sumaj Qamaña. Este compartir nos sirve para mirar con optimismo el proceso de construcción de este paradigma alternativo que nace de las comunidades, de los pueblos, de las naciones originarias indígenas de América andina”, comentó Palacios.
P. A fin de cuentas, lo alternativo pasa por volver a sistemas más antiguos que el capitalismo…

R. En el Perú, en estos últimos 20 años nos estamos redescubriendo a nosotros mismos, nuestros sistemas de gestión del agua, de gestión del territorio, de gestión de la agricultura o de la ganadería, basado sobre la crianza de diversidades y potencialidades. Eso está sirviendo para renovar nuestra mirada optimista desde las comunidades y, sobre todo, para poder ampliar también la visión de otros, compartiendo nuestras experiencias de reconstrucción de sistemas de acuíferos, que se traduce en la siembra, el cultivo, la cosecha de agua.

En estos tiempos, el agua es un bien muy escaso, producto de altos niveles de contaminación que se dan en nuestros países y en tiempos de cambios climáticos. De alguna manera aportamos perspectivas complementarias con otras experiencias para enriquecerlas. Nosotros también nos llevamos un enorme bagaje de aprendizaje luego de este encuentro con muchos actores pero con mismo objetivo: la búsqueda de una alternativa de vida más allá del desarrollo y más allá de estos modelos, sistemas que están atentando contra la vida misma y contra nuestras estructuras ancestrales, que son nuestras comunidades y nuestras formas de vida allí establecidas.

P. ¿Lo alternativo pasa por aprender a hacer otra vez lo hecho hace más de 500 años, con sistemas que todavía funcionan?

R. Estos sistemas han sido sostenidos por cientos de años, por centurias, por las comunidades, sobre todo por las comunidades más alejadas de las ciudades. Sistemas de cultivo, sistemas de gestión de agua o de territorios han sido mantenidas por esas comunidades. Es un potencial. Entonces empezamos a cuestionar fuertemente las tecnologías, los desarrollos importados en diferentes momentos, con mucha pompa y con muchos recursos económicos, que han tratado de implementar en las comunidades. Pero en realidad no han respondido a las expectativas de resolver los graves problemas que viven las comunidades, como es la necesidad de mejorar los niveles de vida, mejorar la productividad o mejorar la alimentación. Esas tecnologías antiguas de las comunidades ahora son muy modernas, porque están resolviendo problemas que durante décadas la tecnología occidental no ha podido resolver.

P. Esas tecnologías sustituyeron el trabajo comunitario por el de máquinas.

R. Mucha de esta tecnología ancestral tiene que ver con la vida comunitaria, con el trabajo comunitario, con entender que uno no vive en la naturaleza, sino que vive con la naturaleza, con la Madre Tierra, siendo parte de la Madre Tierra. Entonces, para muchos de nosotros es reencontrarnos con la Madre Tierra, es reencontrarnos con saberes ancestrales que están todavía en nuestros mayores y que también hemos aprendido siendo niños o jóvenes. Todavía está en nosotros, aunque en algún momento lo hemos dejado de lado. Reencontrarnos sirve para reinventarnos nosotros mismos, también para reidentificarnos con nosotros mismos. El futuro es eso: es volver a la tierra, es volver la mirada a una vida en armonía, una vida en colectividad y en comunitariedad. Esos son aspectos fundamentales, cimiento de esta construcción colectiva que es el Buen Vivir.

P. Además de que el agua en muchas regiones está muy contaminada, como recién usted nos decía, también se la mercantiliza, como a otros bienes esenciales para la vida.

R. La lucha, la resistencia de los pueblos originarios quechuas, aymaras y los pueblos de la Amazonía es por la diversidad, por los recursos y bienes fundamentales, como el agua. El agua es la sangre de la Madre Tierra, nos da la vida, pero por intereses de terceros la privatizan, la mercantilizan, en actividades extractivas hacen uso de ella de forma indiscriminada. Luego pues la dejan contaminada y no permiten que esas aguas puedan usarse para otras actividades. En el Perú, por ejemplo, los altos niveles de contaminación en el agua han provocado que cuencas enteras no puedan usarse para agricultura. En este escenario, la defensa del agua es importante porque es la defensa de la vida misma, porque el agua en sí trae la vida.

P. ¿Qué nos puede contar del lugar donde vive? Nació justo al lado de toda la contaminación y afectación que pueden causar una empresa minera.

R. El Cerro de Pasco es considerado una de las ciudades más contaminadas del mundo. Al mismo tiempo, se la considera una catástrofe ambiental. El anterior gobierno, en 2008, declaró que la ciudad no era vivible ambientalmente. Se promulgó una ley para que se la trasladara, pero la ley no ha establecido criterios simples, por ejemplo adónde se trasladará la ciudad. Tampoco ha establecido quién asume los costos de trasladar una ciudad de 80 mil habitantes y más o menos 25 mil viviendas, dejando también en claro que hay otras infraestructuras públicas, como calles, veredas, pistas, coliseos, estadios, toda la infraestructura pública, como sistemas de agua, desagües. No se puede trasladar la ciudad porque no hay voluntad política de cumplir con la obligación de trasladar una ciudad. Es una catástrofe ambiental: ocho de cada 10 niños están con fuertes o altos niveles de metales pesados en la sangre, como plomo o arsénico. Muchos de esos niños ya son irrecuperables, entendiendo que el plomo se aloja en los huesos y en el cerebro. Los sectores más vulnerables son mujeres, niños, mujeres embarazadas.

Mi comunidad y sus territorios comunitarios lindan con la ciudad del Cerro de Pasco. También en la comunidad tenemos pues enormes problemas ambientales. Muchos de nuestros animales sufren lo que sufre el resto de la población. Muchos animales no son aptos para el mercado. Esa situación trágica que atraviesa la comunidad tampoco es remediada o indemnizada, sea por el Estado porque el Estado lo permite, sea por la empresa minera que solo ve lucro o ganancia, no ve aquello que siempre predica: la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental. A nosotros nos queda solamente la gestión, la autogestión, la gestión comunitaria para enfrentar estos problemas. Por eso muchos hemos asumido responsabilidades de dirigencia y de autoridad para exigir los derechos que nos asisten. Y, sobre todo, para buscar una solución a tan lamentables hechos que provienen de la actividad minera, la cual en nuestros países tiene muy bajo nivel de control ambiental. Los impactos a las comunidades no siempre son tratados y menos aún son sancionados quienes deberían ser sancionados.

P. ¿Cómo un negocio minero puede ser más importante que la vida de una población?

R. El Perú se precia de ser emblemático por el desarrollo que tuvo estos últimos nueve años, porque ha crecido su PBI a razón del 6 o 7% anual. Pero la pregunta es: “¿Y a qué costo?” La economía de Perú se basa fundamentalmente sobre la exportación de metales: más de 65 por ciento que exporta Perú son metales. Detrás, queda una secuela de daños irreparables a la naturaleza, a la Madre Tierra, al medio ambiente, a las aguas. También a las personas, a sus niños, al futuro de su propia población. Sin embargo, ni siquiera hay un mínimo tratamiento, ni siquiera una medicina, una pastilla, cuando muchos de estos niños están en condiciones dramáticas de locomoción, porque no caminan con normalidad, sufren daños muy fuertes en la audición, en la vista ¿Y el Estado? Bien, gracias. “Por aquí no paso nada”, eso es lo que dice.

P. Hace uno meses el presidente Ollanta Humala presentó una ley de Consulta con mucha pompa, pero por lo que nos cuentan es una ley de Consulta que está para afectarles más.

R. Es una ley de Consulta que va a cumplir un año de promulgada el próximo 23 de septiembre. En su primer año de aprobación, no ha habido todavía una consulta en concreto, a pesar de que en este último año el Estado otorgó más de 1000 concesiones mineras. El Convenio 169 dice que toda decisión administrativa o legislativa relacionada con comunidades originarias indígenas debe ser consultada. Pero en este último año se han dado –repito- 1000 concesiones mineras y no se ha consultado a nadie.

Esta ley de Consulta termina siendo una ley de Consulta inaplicable por varios motivos: uno, porque solo el nivel Ejecutivo termina haciendo la consulta, cuando los niveles del Estado deberían desarrollar la consulta a través del Gobierno nacional, del Congreso, si es necesario de los gobiernos regionales, departamentales y del gobierno local municipal. Pero en la ley ya está que solamente el Gobierno central hace la consulta, vulnerando el derecho a la Autonomía que tienen los gobiernos intermedios, parte de la misma estructura del Estado. Asimismo, la ley no ha establecido cuáles son los mecanismos para hacer una consulta. Y, finalmente, si una consulta no llega a acuerdo el Estado impone. Entonces ¿para qué nos esforzamos en hacer consulta, si finalmente el Estado va a imponer? Entendemos que es una ley de Consulta con trampa, por eso las organizaciones se han pronunciado en contra de la ejecución y del ejercicio de la consulta bajo esta normativa, que termina siendo contraria a la preservación de los derechos de las comunidades.

Esperamos que en otro momento se haga una ley de Consulta que tenga el espíritu de preservar el derecho de las comunidades, que son las que tienen título sobre las tierras y territorios. Y no que se priorice el derecho -si es que lo tienen- los terceros que son las empresas mineras, o petroleras, o las concesiones forestales, que abundan y solo están dedicadas a mercantilizar recursos tan fundamentales, priorizando sus altos niveles de ganancia en detrimento de los derechos de las poblaciones y del propio Estado también.

P. ¿Cómo percibe a las organizaciones sociales de Bolivia?

R. Creo que en Bolivia se ha desarrollado un debate por muchos años muy interesante sobre alternativas a las formas de vida y de pensamiento occidentales. Este cuestionamiento a la cultura venida de Europa es interesante para los que venimos de lejos. Compartir e intercambiar puntos de vista, aportes y hasta disensos entre nosotros era muy importante. Porque estamos con organizaciones similares, las cuales priorizamos la vida y no la acumulación de riqueza como norma de desarrollo. Es un concepto diferente de desarrollo, por eso nos apasiona participar en estos espacios donde trabajamos por nuestras comunidades.

P. Entre el modelo de desarrollo vigente en Perú con el modelo de desarrollo de Bolivia ¿Encuentra grandes diferencias?

R. Diría que hay grandes coincidencias. Con diferentes discursos, en el Perú había un proyecto que se llamó “el Gran Cambio”, que se suponía era realmente un gran cambio. El Presidente actual asumió con ese proyecto de Gobierno, pero ha sucedido que el Presidente ha sufrido un gran cambio y está aplicando políticas o planes o proyectos contrarios a lo que planteó “el Gran Cambio”.

Aquí, en Bolivia, con expectativa hemos visto su proceso. Los primeros años (desde 2006) ha habido avances significativos. Pero cuando uno mira en la actualidad los conflictos sociales, cuando uno mira cómo se pretende vulnerar derechos de los pueblos del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), entiendo que entre lo que predica y entre lo que hace el Gobierno boliviano hay una distancia que todavía no se ha podido superar. En algún momento, Bolivia ha significado para muchos la esperanza de una alternativa, de un proyecto de vida diferente, de un proyecto de sociedad diferente, pero todavía está lejos, muy lejos para poder concretizar.