La presidencia de Colombia, a través del asesor presidencial para la paz Luis Eduardo Garzón, propone el siguiente proyecto de Acuerdo de paz integral de 33 puntos a todos los sectores de la sociedad gobernada:

1. CESE AL FUEGO Y HOSTILIDADES

A partir de la firma del presente acuerdo habrá convivencia pacífica en el país y amistad entre los actores firmantes. Este cese al fuego debe ser un proceso irreversible, corto, dinámico e inmediato a la firma del presente acuerdo. Cualquier violación de cese al fuego será investigada por el organismo internacional veedor.

Los grupos armados del Estado y todos los combatientes al margen de la ley se obligan recíprocamente a cesar el fuego y a poner fin a todas las hostilidades, secuestros, extorsiones y todo acto de guerra por tierra mar y aire. Los que sembraron minas antipersonales (quiebra patas) se obligan a retirarlas; pues, son ellos quienes saben donde están.

El Estado colombiano con la colaboración de todos los sectores económicos del país y la ayuda exterior, asumirá el sostenimiento de los combatientes civiles, en sus respectivos campamentos de concentración con la presencia de todas las instituciones del Estado, tanto fuerzas armadas como civiles; porque el despeje no garantiza la cesación de los actos ilegales.

Los desmovilizados llevarán a cabo misiones de carácter no bélico necesarias para cumplir el presente acuerdo, por ejemplo: participar en programas de desactivación, retirada y eliminación de minas quiebra patas; para efectuar abastecimientos y suministros logísticos; para disfrutar de permisos, atención médica u otros motivos humanitarios, en ropa civil debidamente carnetizados y sin armas; para llevar a cabo rotaciones y relevos de excombatientes sin poner en peligro el cese al fuego.

La entrega de armas se hará en la fecha en la cual la Asamblea Nacional Constituyente apruebe las reformas legales e institucionales que faciliten, normen y garanticen el cabal cumplimiento de todo lo pactado en el presente acuerdo, mediante la redacción de una nueva Constitución Política. Este punto es complementario con el No.30.

Nota: A la Asamblea Nacional constituyente se debe llegar con un mandato ampliamente definido.

2. LIBERTAD PARA TODOS LOS SECUESTRADOS

Absolutamente todos los secuestrados en manos de grupos combatientes por fuera de la ley recuperarán su libertad de manera inmediata a la firma del presente acuerdo.

3. ESTADO DE DERECHO

En el presente acuerdo nacional las partes aceptan promover la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, abierta a la participación de todos los sectores gubernamentales y no gubernamentales de la sociedad.

El 50% (cincuenta por ciento) de los miembros de dicha asamblea será integrada por los representantes de los grupos combatientes desmovilizados y las fuerzas armadas del Estado (FARC, ELN, Paramilitares, Comandante General del Ejército y de la Policía, etc.) por los representantes legales de todas las organizaciones no gubernamentales, de los gremios económicos, de los sindicatos, de las iglesias, todos los ministros del gobierno nacional etc. (El número de miembros que constituyen este cincuenta por ciento determinará el número-igual- de los escogidos por elección popular)

El otro 50% (cincuenta por ciento) será elegido por voto popular, para darles participación a los partidos políticos. Los organismos del Estado asumirán la realización de dichas elecciones.

En la redacción de una nueva Constitución Política, de unidad nacional, multiétnica, pluricultural, multilingüe y pluripartidista, la reconciliación social se hará sobre la base de una clara redefinición del poder político, económico y militar que haga posible la construcción, entre todos, de una democracia económica y social real, plena, funcional y participativa, que garantice a todos los habitantes el derecho a la vida digna, a la libertad real, a la justicia, a la seguridad, a la paz y al desarrollo integral.

La nueva Constitución Política permitirá el acceso a la consulta ciudadana sin pasar por el Congreso. El pueblo como constituyente primario es quien debe ostentar el poder decisorio, por siempre.

La nueva Constitución política deberá ser normativa, es decir, la realidad nacional será fiel reflejo de la letra constitucional, para superar su carácter nominal (conjunto de artículos de nombre “Constitución” que no se aplica) y de disfraz (gobiernos que pagan con subsidios parlamentarios la redacción de una constitución política favorable a los que ostentan el poder)

Nota: Se debe buscar una participación equilibrada entre lo público y lo privado; es decir, entre el sector gremial y productivo, el ejecutivo nacional, las fuerzas armadas del Estado, los combatientes al margen de la ley y el sector político.

4. REESTRUCTURACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

La Asamblea Nacional Constituyente, en beneficio de la unidad, responsabilidad, estabilidad en la jurisprudencia, credibilidad y armonía en el ordenamiento jurídico, se compromete a eliminar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y en su defecto reestructurará la Corte Constitucional en los siguientes términos:

La Corte Constitucional tendrá veintisiete (27) miembros; quienes integrarán las tres salas, cada una de nueve (9) miembros: la sala constitucional, la sala de la jurisdicción ordinaria y la sala de la jurisdicción contenciosa administrativa. La Ley señalará a cada una de las salas y secciones los asuntos que deba conocer separadamente antes de llevar a la aprobación de la corte en pleno. (Esto evitará el choque de competencias)

Los primeros veintisiete miembros serán cubiertos por los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional; pero en lo sucesivo para reemplazar cualquier miembro de la nueva Corte Constitucional se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener dos títulos: Ser abogado y el otro título correspondiente a las disciplinas económicas, puede ser economista o administrador público o Administrador de empresas y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber dictado cátedra universitaria en disciplinas jurídicas y económicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

La Corte Constitucional en pleno elegirá por mayoría simple los reemplazos de cualquiera de sus miembros, de candidatos pertenecientes a la carrera judicial enviados por el Consejo superior de la Judicatura.

Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos para períodos individuales de 12 años. No podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio de acuerdo con la carrera judicial y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso de 70 años.

Son atribuciones de la Corte Constitucional darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley.

El Gobierno no podrá conferir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional durante el período de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro.

La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República o al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Esta comunicación no dilatará los términos del proceso.

La Corte en pleno elegirá al Fiscal General de la Nación de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido

La Corte Constitucional tendrá autonomía administrativa y presupuestal.

5. ACUERDO PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS GRUPOS COMBATIENTES A LA LEGALIDAD

La Asamblea Nacional Constituyente redactará y aprobará la Ley de Reconciliación Nacional (LRN), cuyo articulado promueva una cultura de concordia y respeto mutuo, de eliminación de toda forma de revancha o venganza, de mecanismo de resarcimiento y asistencia a las víctimas, dando prioridad a las mujeres, a los niños y a los discapacitados.

Esta Ley de Reconciliación Nacional (LRN) declarará la extinción de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia de la nueva Constitución Política. La ley especificará exactamente qué artículos fueron violados del código penal.

La Ley de Reconciliación Nacional (LRN) facultará a las autoridades judiciales para que declaren el sobreseimiento definitivo de los implicados en delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional, contra la administración pública, contra la tenencia y porte de armas y municiones. Igualmente, facultará a las autoridades judiciales para que declaren la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes conexos cometidos en el enfrentamiento armado, entendiéndose por tales aquellos que directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación con la comisión de los delitos políticos y respecto de los cuales no se pueda demostrar que tuvieron como móvil un fin personal.

La Ley de Reconciliación Nacional (LRN) permitirá que los miembros de los distintos frentes guerrilleros y paramilitares se integren a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.

El Estado mediante esta ley reconocerá como partido político a los integrantes de los sectores desmovilizados (guerrilleros y paramilitares) que así lo deseen. El Estado garantizará a los desmovilizados el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física comprometiendo a los sectores ultraderechistas a no asesinar a los nuevos líderes políticos. En consecuencia todo nuevo grupo paramilitar debe ser prohibido, dentro del nuevo Estado de Derecho.

La LRN creará, temporalmente, la Comisión Especial de Incorporación que tendrá por funciones la coordinación del programa de Incorporación que incluirá la documentación, de manera ágil, para los desmovilizados; asesoría jurídica de los desmovilizados que ingresan a la legalidad constitucional; incorporación de los excombatientes a programas de capacitación laboral; implementación de programas de reconocimiento, validación y legalización de los estudios formales y no formales realizados por los desmovilizados, mediante mecanismos adecuados de evaluación y nivelación.

La LRN creará la policía cívica rural, un cuerpo nuevo, con nueva organización, nuevos cuadros, nuevos mecanismo de formación y adiestramiento y nueva doctrina. Se incorporará a los desmovilizados, que no presenten graves antecedentes penales, con cédula de ciudadanía, mayores de 18 años (prohíbase el reclutamiento de menores). Dentro de la nueva ley de servicio militar quedará prohibida toda forma de reclutamiento forzoso. El reclutamiento se hará con base en el registro voluntario. A los desmovilizados que quieren hacer parte de la policía cívica rural se le exigirá un curso gratuito en la academia de policía en donde recibirán formación policíaca, cultura de paz y de respeto a los derechos humanos, a la democracia y obediencia a la ley.

La policía cívica rural en compañía de la policía cívica urbana velará por la convivencia ciudadana rural y citadina. Quedando la responsabilidad de la defensa de la soberanía Nacional en manos de un pequeño ejército nacional profesional, que ejerza en los municipios fronterizos. Dicho ejército profesional debe ser de una elevada formación académica y técnica para desarrollar programas socioeconómicos, tales como campañas de sanidad preventiva, vigilancia ecológica, aperturas de vías de penetración, construcción de puentes y carreteras, desplazamiento de equipos multidisciplinarios para beneficio de ciudadanos en litorales, ríos y regiones de difícil acceso. Estimular dinámicas de autogestión en poblaciones de escasa presencia estatal.

Los miembros, de alto rango, de cualquiera de las fuerzas armadas del país están inhabilitados para participar en política aún después de su retiro del servicio activo. Las fuerzas armadas son instituciones ajenas a cualquier participación en política y deben obediencia a las autoridades constitucionales. La participación en la Asamblea Nacional Constituyente debe ser algo excepcional y coyuntural.

Nota: Que la historia no se repita. Es necesario garantizarle a los excombatientes el derecho real al trabajo y a unos ingresos mínimos, de lo contrario, seguirán delinquiendo para poder subsistir. Preferimos cuarenta mil nuevos policías rurales plenamente identificados trabajando por la convivencia pacífica y no a 20 mil guerrilleros y 20 mil paramilitares, sin identificar, que no dejan trabajar en paz a 40 millones de colombianos y aumentan el desempleo de los ciudadanos de bien. Hoy tenemos mejores policías porque es más fácil prescindir de un mal policía. La guerra nos vale mucho más que los cuarenta mil nuevos policías rurales. ¿Sabe usted que pasó con los guerrilleros rasos del amnistiado movimiento guerrillero M-19? Unos están en las filas del ELN, otros en las filas de la FARC-EP; otros con los paramilitares hoy llamados bacrim. ¿Sabe usted cuántos soldados rasos después de prestar servicio militar están hoy en las FARC-EP, el ELN y los Paramilitares? Muchos lo están porque no encontraron un trabajo productivo dentro de la sociedad. Se necesita del presente Acuerdo Nacional de No-Violencia para garantizar la subsistencia a quienes están combatiendo por física necesidad material. La policía cívica rural acabará con los combatientes al margen de la ley.

6. INDULTO

La LRN creará un tribunal civil con autoridades judiciales nacionales y representantes de países amigos para esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos que han causado sufrimiento a la población.

El tribunal se integrará, instalará y empezará a funcionar a partir del día de la firma de la nueva Constitución Política. Las funciones del tribunal durarán un período de seis meses contados a partir de su instalación, prorrogables por seis meses más, si así lo requiere el volumen del trabajo por realizar. La constitución y sede de dicho tribunal se hará pública por todos los medios posibles e invitará a los interesados a que den su información y testimonio sobre los hechos violatorios. Los informes del tribunal no tendrán efecto judicial en el presente, pero sí lo tendrán en el futuro para casos de reincidentes. La ausencia de comparecencia de los interesados no impedirá que el tribunal se pronuncie sobre los casos.

El indulto será nominal, es decir, que los prisioneros serán puestos en libertad previa confesión individual de la ofensa, acto de contrición y compromiso de reparación pública a que hubiere lugar ante el mencionado tribunal para futuras identificación de los reincidentes y violadores del presente pacto de confianza, porque el perdón anónimo y colectivo va en contravía de una reconciliación funcional. Lo mismo se hará con los desmovilizados uno por uno.

7. EXILIADOS Y DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

La LRN facilitará a los ciudadanos en el exilio ejercer el derecho a residir y vivir libremente en el territorio nacional. En tal virtud, el gobierno se compromete a asegurar las condiciones que permitan y garanticen el retorno voluntario de las personas exiliadas a sus lugares de origen o al sitio que ellos elijan, en condiciones de seguridad y dignidad. Las personas que deseen permanecer en el exterior, el gobierno llevará a cabo las gestiones y negociaciones necesarias con los países receptores a fin de garantizarles su situación migratoria estable.

La LRN contemplará que los desplazados por la violencia dentro del territorio nacional reciban atención especial, y haga particular énfasis en la protección de viudas cabeza de hogar, dentro de una estrategia global de carácter excepcional que asegure en el corto plazo su ubicación en condiciones de seguridad y dignidad, y permitan su pronta integración libre y plena a la vida social, económica y política del país.

El Gobierno Nacional se compromete a dar urgente solución a la falta de documentación e identificación de los desplazados por la violencia, en el país y en el exterior, que le impiden el ejercicio de sus derechos civiles.

8. REFORMA AGRARIA y DESARROLLO RURAL

La nueva Constitución Política a partir de la fecha de su firma eliminará la explotación individual del suelo rural y la economía campesina de subsistencia, sin ningún tipo de expropiación.

El Gobierno Nacional, y los propietarios de tierra en el área rural se obligan a crear cooperativas agroindustriales grandes, medianas y pequeñas con criterio de eficiencia agro ecológica, económica y social. Se garantizará el pleno empleo en el campo y en su defecto, el desempleado será cubierto con el seguro de desempleo rural, en cuya creación participarán las cooperativas agrícolas y el gobierno nacional, aportes de países amigos, y el compromiso de todos los sectores productivos de la nación.

El gobierno nacional hará inversión urgente en infraestructura básica de comunicaciones, carreteras, caminos rurales, riego, electrificación, saneamiento ambiental, almacenamiento de productos agrícolas y asistencia financiera y crediticia apropiadas.

El gobierno nacional desarrollará programas de asistencia técnica y de capacitación que incrementen la calificación, diversificación y productividad de la mano de obra rural.

El gobierno nacional desarrollará un sistema de recopilación, sistematización y difusión de información agropecuaria, pesquera, forestal, agroindustrial, que permita al campesino contar con información para sus decisiones en materia de pesca, cultivos, insumos, cosechas, precios y comercialización, y tener elementos de juicio para la afiliación a una determinada empresa campesina asociativa.

El gobierno Nacional promoverá mecanismos adecuados de comercialización de los productos agroindustriales y artesanales para cubrir mercados locales, nacionales y extranjeros, con la proyección de convertir a Colombia en despensa mundial de alimentos.

Los desplazados de sus tierras por la violencia recuperarán sus derechos de propiedad, de posesión, y otros derechos reales, al presentar los correspondientes títulos. Se actualizarán las normas concernientes a titulación, protección, reivindicación, restitución y compensación de estos derechos para poner fin a la desprotección jurídica que impidan integrar las cooperativas agroindustriales. El Estado, con la veeduría internacional, expropiará las tierras a quienes se nieguen a devolverlas a sus legítimos dueños.

El gobierno nacional creará la asesoría jurídica gratuita mediante una Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos para los reclamos de tierras. Será mandato constitucional la creación de un fondo de tierras estatales compradas o expropiadas por el gobierno nacional; para proveer de tierras preferentemente a los campesinos que la perdieron y que por alguna circunstancia no la pudieron recuperar. El fondo se conformará inicialmente con las siguientes tierras: tierras de baldíos nacionales y de fincas registradas a nombre de la Nación; tierras que se adquieran con donativos de Gobiernos de países amigos, de ONG`s internacionales y préstamos de organismos financieros internacionales, tierras ociosas, expropiación de tierras arrebatadas a sus legítimos dueños durante el conflicto y tierras que el Estado pueda adquirir a cualquier título y donaciones de todo tipo. El gobierno nacional impondrá un impuesto anual sobre tierras ociosas tan alto que obligue a entregarlas al Estado.

En los centros de enseñanza rural se incluirá en los currículos todo lo concerniente a legislación agraria y formación agrícola.

En el área rural es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y a otros recursos productivos, que garanticen seguridad jurídica y que posibilite la resolución pacífica de conflictos.

La erradicación de los cultivos ilícitos se hará manual para proteger el medio ambiente previa concertación de sustitución con el dueño del mismo.

Nota: En concertación con el mundo se debe buscar, en el mediano plazo, la legalización de la droga. El narcotráfico es la mayor fuente de financiación de los insurgentes. La invitación es a no ignorar la historia del tabaco y de los licores, a no ser miopes frente a la historia.

9. SEGURIDAD JURÍDICA

Para garantizar la imparcialidad, objetividad, generalidad e igualdad ante la ley, los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado se comprometen en la lucha frontal contra la impunidad, corrupción e ineficiencia del sistema judicial.

Nota: La impunidad incita a delinquir.

10. DEMOCRATIZACIÓN ECONÓMICA

Los planes de desarrollo social en los niveles nacional, regional, departamental, municipal, comunal y de unidades productivas rurales y urbanas debe ser el resultado de la concertación para estimular y estabilizar la dinámica económica y social.

Habrá redistribución de ingresos democratizando la propiedad mediante la conversión de las empresas individuales en cooperativas, solidarias, y mixtas en las ciudades y en el campo.

El Gobierno Nacional y la legislación del mercado de capitales estimularán la incorporación de los trabajadores como socios en sus empresas.

Nota: Aportando todos la cuota obtendremos más justicia social.

11. DESARROLLO SOCIAL

Corresponde a todos los sectores de la sociedad coordinados por el Estado el desarrollo socioeconómico del país, es decir, que con el compromiso del conjunto de la sociedad, se logre en forma integrada, el crecimiento económico que garantice la satisfacción de necesidades que eleven el nivel de vida del humano.

12. SOBRE DISCRIMINACIÓN RACIAL Y DERECHOS HUMANOS

El órgano nacional legislativo adoptará las disposiciones pertinentes para reconocer, proteger, respetar y promover los idiomas y dialectos del país. (Recuérdese que la nueva Constitución Política será de unidad nacional, multiétnica, pluricultural, multilingüe y pluripartidista)

Todas las partes firmantes reafirman su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los Derechos Humanos, así como su voluntad de respetarlos y hacerlos respetar en sus áreas de acción.

Tanto la policía cívica rural como la policía cívica urbana y el ejército nacional recibirán amplia formación en Derecho Internacional Humanitario y en la salvaguardia y respeto de los derechos humanos universales.

13. DERECHOS DE LA MUJER

Toda la sociedad continuará promoviendo la eliminación de cualquier forma de discriminación de la mujer y, por el contrario, fortalecerá la participación de las mujeres en el desarrollo político, económico y social. Las partes coinciden tener en cuenta la situación económica y social específica de las mujeres a la hora de realizar los planes de desarrollo gubernamentales.

Adecuar la legislación laboral en forma tal que garantice la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en relación con salarios justos, horarios de trabajo, prestaciones laborales y respeto de su dignidad. El órgano legislativo nacional se obliga a tipificar el acoso sexual como delito digno de ejemplar castigo.

14. LIBERTAD DE CULTO

El gobierno nacional reconoce, respeta y protege las distintas formas de espiritualidad practicada en su territorio. Los lugares de oración (templos, iglesias, etc.) serán respetados como lugares santos de congregación. Se resaltará en todos los ciudadanos la paternidad de Dios Padre Espiritual y la fraternidad entre todos los humanos. A partir de este principio general se garantizará la libertad de escoger el grupo religioso.

15. GESTIÓN PÚBLICA

Profundizar la descentralización y la desconcentración de las facultades, y recursos concentrados en el gobierno central con el objeto de modernizar, hacer efectiva y ágil la administración pública. Implementar la carrera administrativa o servicio civil. Los que sucumban ante la tentación de robar dineros públicos, serán destituidos, previa devolución de lo robado y sometimiento a un ejemplar castigo. Los corruptos quedan inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

16. POLÍTICA FISCAL

El Estado debe asegurar eficacia y transparencia en la recaudación de impuestos, justa y equitativa, a fin de fomentar la confianza de los contribuyentes.

Dentro de la política de los egresos públicos tendrá prioridad el gasto social, el financiamiento de la prestación de servicios públicos domiciliarios, salud, educación y vivienda, la generación de empleo y seguro de desempleo rural y urbano etc.

En lo fiscal estarán exentas de impuestos todas las empresas existentes y nuevas cuyas actividades sean el desarrollo científico y tecnológico que propicien la evolución de un mejor humano tanto biológica como culturalmente.

17. SECTOR PRODUCTIVO

La nueva Constitución política castigará ejemplarmente el enriquecimiento ilícito, pero en aras de la justicia también deberá responder por el empobrecimiento forzado a que ha sometido a los empresarios y por lo tanto, mediante una estructuración de sistemas modernos de seguros empresariales, evitará la quiebra de ciudadanos de bien.

El sector productivo de la sociedad se compromete a realizar sus actividades económicas con un criterio de lograr sus utilidades por volumen de venta y no por margen de utilidad para que la cobertura de la producción de bienes y servicios satisfaga las necesidades de la población. Paro lo cual, se establecerán controles de calidad estrictos.

La inversión del Estado en la Empresa privada será superior al 10% de su Producto Interno Bruto (PIB) tanto en el campo como en la ciudad.

Nota: La actual política neoliberal hizo crisis, actualmente se requiere nuevamente la teoría Keynesiana de pleno empleo, pero actualizada acorde con la experiencia que nos ha proporcionado la aplicación de nuevas teorías económicas.

18. SECTOR FINANCIERO

El Gobierno Nacional mediante legislación establecerá los grados de culpabilidad del sector financiero en la crisis nacional. El gobierno es consciente que no basta con manifestaciones de rechazo a la violencia, por parte de sus legítimos representantes en los medios de comunicaciones, sino que por el contrario debe contribuir con acciones concretas dirigidas a reactivar la economía y responder a las necesidades de crédito del sector productivo.

Para tal efecto, el representante legal de las instituciones financieras, por derecho propio, acorde con el presente acuerdo tendrá voz y voto en la Asamblea Nacional Constituyente.

Conscientes de la responsabilidad de todas las entidades financieras en la estabilidad económica y social del país serán comprometidas a bajar los puntos de intermediación entre la captación y colocación de dineros. De igual manera se obligarán a facilitar el acceso a las distintas líneas de crédito, generadoras de empleo. Se eliminará la exigencia de codeudores y, en su defecto, se institucionalizarán los seguros de crédito. Igualmente se establecerá el compromiso de bajar las altas tasas de rentabilidad del sector financiero.

Nota: Mediantes informes estadísticos nacionales se establecerá que cuanta más alta sean las utilidades de una entidad financiera, más baja es su participación en el proceso de pacificación del país. El Gobierno nacional considera insólito que mientras un país está sumido en su mayor crisis social y económica, una entidad financiera esté obteniendo exorbitantes utilidades y sea galardonada por organismos internacionales.

19. SECTOR COMERCIAL

El Gobierno Nacional mediante legislación obligará al sector comercial a tomar conciencia de su culpabilidad en la crisis nacional y reconoce que no basta con manifestaciones de rechazo a la violencia, por parte de sus legítimos representantes en los medios de comunicación, sino que, por el contrario, debe contribuir con acciones concretas dirigidas a facilitar la satisfacción de necesidades de bienes y servicios de la población; debe obtener sus utilidades por volumen de venta, más que por margen de utilidad en la intermediación entre los productores y los consumidores finales.

Para tal efecto, el representante legal de los comerciantes, por derecho propio, acorde con el presente acuerdo tendrá voz y voto en la Asamblea Nacional Constituyente.

Nota: El Gobierno Nacional de igual manera afirma que cuanto más altas sean las utilidades de una empresa comercial, más baja es su participación en el proceso de pacificación del país, y también les llama la atención en el sentido de que le parece insólito que mientras Colombia está sumido en su mayor crisis social y económica, algunas cadenas de supermercados estén obteniendo exorbitantes utilidades y se enorgullezcan de su eficiencia administrativa y financiera a pesar de que nuestro país esté sumido en la más execrable pobreza y en guerra.

20. SISTEMA CARCELARIO

El gobierno nacional se compromete a humanizar el sistema carcelario. Las cárceles serán socializadoras, educadoras y capacitadoras. Serán empresas industriales y comerciales del Estado.

21. EDUCACIÓN

Para asegurar el acceso a la educación créase el Seguro Nacional de Educación para que el conocimiento sea el motor dinamizador de la economía y la convivencia social.

La educación formal y la capacitación técnica y profesional de los humanos en sociedad son de vital necesidad para el desarrollo cultural, económico, político y social del país.

EL sistema educativo debe responder a la diversidad cultural y lingüística del territorio nacional. Habrá mayor compromiso con sistemas de becas y bolsas de estudio.

Todos los colegios y universidades públicas y privadas se comprometen a exigir resúmenes de los debates realizados por los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado, escuchados por los estudiantes en forma presencial o por televisión, en los respectivos recintos de la geografía nacional.

El Ministro de Educación tendrá voz y voto en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Durante el tiempo de deliberaciones de la ANC en el ministerio ejercerá el viceministro.

La formación profesional y técnica de los colombianos debe estar en relación directa con la información actualizada permanentemente, de la demanda de mano de obra de la sociedad.

Nota: Por todos los medios posibles se buscará el mejoramiento del índice de lectura por persona. El gobierno nacional está muy preocupado porque nuestro país tiene uno de los índices más bajos.

22. SALUD

Las entidades prestadoras de servicios de salud públicas y privadas garantizarán el acceso efectivo a servicios de salud de calidad a la población. La prioridad del sector salud será el combate a la desnutrición, el saneamiento ambiental, las soluciones de atención primaria materna infantil, invalidez, vejez.

Todo humano nacido en el territorio nacional será en partos sin dolor y en agua, y financiado integralmente por el Estado. El Gobierno Nacional, a través de sus científicos sabe que los nacidos en partos en agua son humanos pacíficos.

Todos los médicos del país estarán obligados de manera real al cumplimiento del juramento de Hipócrates.

El ministro de Salud tendrá voz y voto en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Durante el tiempo de deliberaciones de la ANC ejercerá el viceministro.

23. VIVIENDA

El Estado será el mayor productor de materiales de construcción para suministrarlos a, precios bajos, a la población más pobre y dará prioridad y exclusividad a quienes no poseen vivienda propia. La nueva Constitución Política contemplará normas antimonopolio en la producción de materiales de construcción.

La construcción de vivienda popular debe hacerse en terrenos hábiles y con servicios eficientes, en condiciones de higiene y sostenibilidad ambiental bajo normas homogéneas claras y sencillas. Amplios subsidios para la demanda de vivienda popular exclusivamente para los que no poseen vivienda propia.

Quienes obtengan ingresos por arrendamiento de bienes raíces de estratos 4, 5 y 6 aportarán el 10% del canon para subsidiar a los que viven en alquiler en los estratos 1º, 2 y 3

Nota: El Gobierno Nacional considera contradictorio e ingenuo hablar de paz, mientras todos los días están perdiendo sus viviendas muchos colombianos. Al propietario de muchas casas y apartamentos se le obligará a tomar conciencia de que es más efectiva su participación con el 10% en la pacificación del país que perder tiempo saliendo a las calles a decir NO MÁS violencia.

24. DERECHO AL TRABAJO

El Gobierno Nacional está convencido que la pobreza no es un problema del pobre, es un problema social. La sociedad toda deberá tomar conciencia de que un desempleado es un problema nacional, es un generador de violencia en potencia. Cuando el seguro de desempleo tenga la cobertura del 100% se sancionará la vagancia laboral con cárcel y en cárceles socializadoras. Las partes de este acuerdo nacional de no violencia coinciden en que el trabajo es fundamental para el desarrollo integral del humano, el bienestar familiar y el desarrollo socioeconómico del país.

Las políticas económicas protegerán el ingreso real de los trabajadores. El código laboral se actualizará de tal manera que sea más importante bajar la tasa de explotación (plusvalía) del humano por el humano y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, que luchar por mejores ingresos corrientes. En la concertación empleadores-trabajadores acordarán en qué porcentaje de las utilidades participarán los trabajadores, que no podrá ser inferior al 10% del total de la utilidad neta de la empresa.

Todos los sindicatos de trabajadores públicos y privados se comprometen a conciliar sus pliegos de peticiones con espíritu de solidaridad, pensando más en los que no tienen empleo. Los sindicalistas deberán a estar dispuestos a compartir las oportunidades laborales con todos sus conciudadanos colombianos.

Los presidentes de las centrales obreras del país tendrán voz y voto en la ANC.

Todos los trabajadores públicos y privados que devenguen más de tres salarios mínimos se comprometen a donar un día de salario, todos los meses hasta que las circunstancias del país hayan mejorado, para el seguro de desempleo (Es mejor aportar para la paz y no para la guerra)

Todas las empresas públicas y privadas se comprometen a ceder en todo lo que signifique, –sin perder su estabilidad económica, claro está— búsqueda común del pleno empleo.

Se establecerán mecanismos legales de fácil aplicación para evitar el no pago, retención y retraso de los salarios, para exigir condiciones de higiene y seguridad en el trabajo como aspectos vitales en la convivencia laboral y social. Todos los empresarios deberán ser mejores patrones.

Nota: Donde hay trigo hay pan, donde hay pan hay paz. No es por capricho que para referirnos al estómago usemos la palabra PANZA, que contiene las letras necesarias para escribir PAN y PAZ. ¡Ricos de Colombia uníos para acabar con la pobreza, no con los pobres que os hacen ricos! Debe ser el grito unánime de la sociedad nacional y mundial. Ricos colombianos uníos para adoptar una familia desplazada por la violencia. Con solidaridad en términos concretos no es necesario ir a las marchas a decir NO MÁS. Por favor no más NO MÁS.

25. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

La nueva Constitución Política recuperará la propiedad sobre todas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y reducirá las tarifas hasta que sus ingresos cubran la autosuficiencia financiera y administrativa. El beneficio social primará sobre la rentabilidad de dichas empresas. Todas serán Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Nota: El costo inicial de la infraestructura de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios hace mucho tiempo que ya se recuperó y por lo tanto las tarifas serán las requeridas para cubrir el mantenimiento y crecimiento de la cobertura de las mismas. Todas deberán operar buscando el equilibrio entre una eficiente y eficaz prestación de servicio y el cubrimiento de los costos operacionales.

26. MEDIOS DE COMUNICACIONES

La nueva Constitución política permitirá el acceso a los medios de comunicación en igualdad de condiciones.

Todos los medios de comunicaciones, se comprometen a abrir espacios gratuitos de transmisión de todo aquello que constituya defensa, divulgación, desarrollo y transmisión de los valores y conocimientos culturales para que poseer riqueza vaya aparejado con merecer respeto.

Es decir, un periodismo que exalte la vida, la honestidad, que integre y no divida, que informe con independencia e imparcialidad, donde lo colectivo prime sobre lo individual, sin subordinación a los partidos políticos y poderes económicos.

Todos los medios (radio, prensa y televisión) en el marco del presente acuerdo deberán estar comprometidos a dejar de ser incendiarios, y por el contrario deberán dedicarse a desarmar los espíritus y a propiciar la conciliación.

El gobierno Nacional espera que los medios de comunicación, públicos y privados, nacionales y locales, se comprometan, de manera gratuita, a publicar el presente Acuerdo Nacional de No-violencia.

27. REFORMA ELECTORAL

La nueva Constitución Política deberá incluir financiación estatal para la actividad política; circunscripciones especiales en los cuerpos colegiados para permitir la representación de sectores minoritarios; Garantizará mayor eficiencia y eficacia de las herramientas de la democracia participativa.

La nueva Constitución Política impondrá el voto obligatorio estableciendo, a su vez, estímulos y sanciones como por ejemplo, si el ciudadano presenta la constancia de haber votado el Estado le confiere un 10% de descuento en todo lo que le adeuda y si por el contrario no votó se le exija un incremento del 10% en todo lo que deba cancelar al Estado.

Nota: El Gobierno Nacional ha tomado conciencia que cualquier presupuesto es pequeño para tantos corruptos que llegan a ocupar los cargos de elección popular a un precio muy alto. Está plenamente consciente que mientras sea tan costoso llegar a cargos de elección popular, es ingenuo pensar que los elegidos sean honestos. Está conscientes que el sólo voto obligatorio, sin acompañarlo de concientización masiva no sirve de mucho a mediano y largo plazo; pero a inmediato y corto plazo llama a reflexión y a cambios de actitud a la clase política corrupta o simplemente la saca del escenario dando paso a los independientes honestos y capaces.

En la medida que se logre incrementar, con formación política de los ciudadanos a temprana edad, el voto de opinión, el voto de conciencia, el voto responsable y gratuito llegará el día en que se cumplirá el derecho a votar de manera voluntaria. Por ahora el Gobierno Nacional cree urgente el voto obligatorio.

28. POLÍTICA EXTERIOR

El Gobierno Nacional muy comedidamente manifiesta a los países amigos que quieren ayudarnos, lo pueden hacer concediéndonos un periodo de gracia (moratoria de pagos sin intereses) con la deuda exterior. Y que estudien con sus ministros de finanzas la posibilidad de condonarnos un porcentaje para llevarlo a inversión social.

29. EL ÓRGANO LEGISLATIVO

La nueva Constitución reducirá el número de congresistas. El congreso será unicameral.

30. TENENCIA Y PORTE DE ARMAS

Una vez entrada en vigencia la nueva Constitución Política, todos los grupos combatientes entregaran su arsenal bélico al gobierno nacional.

Todos los salvoconductos de porte o/y tenencia, en manos de particulares, quedan sin vigencia. Las armas que la población civil posea legalmente serán compradas por el Estado. No deben existir armas en manos de particulares.

Nota: Un humano armado es un criminal en potencia.

31. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Después de que un presidente ha cumplido su periodo constitucional, se debe preguntar al pueblo, mediante consulta popular, si se le pensiona o no con salario de expresidente.

Nota: Cómo está el ordenamiento jurídico actual un presidente de la República independientemente de que le cumpla al pueblo lo prometido en campaña, independientemente de que haga un buen ejercicio del poder en beneficio de las mayorías sale con salario vitalicio de expresidente.

32. COMPROMISO CON DIOS PADRE ESPIRITUAL, DIOS DE TODAS LAS RELIGIONES

La nueva constitución política preverá que en un plazo no mayor de ocho años se debe hacer el siguiente compromiso nacional en honor a todos los profetas (Abrahán, Isaac, Jacob, Elías, Moisés, Buda, Jesucristo, Mahoma, Mormón, etc.) si es que en verdad somos creyentes en un ser supremo: «todos los humanos, hombres y mujeres, menores de treinta y tres años(33), nos comprometemos a no integrar ningún grupo armado, público o privado, lícito o al margen de la ley». Es decir que las fuerzas armadas sean integradas por personas mayores de 33 años.

En la nueva Constitución Política se debe declarar el día 31 de Octubre como EL DÍA DE LOS ÁNGELES Y DE LOS NIÑOS, Debe prohibir todo disfraz o adorno en los establecimientos comerciales y en las casas que hagan culto a las brujas y a Satán y por el contrario se debe adornar con ángeles y figuras que hagan referencia al predominio del bien.

Nota: En una economía de pleno empleo no hacen falta tantos compatriotas armados. Los jóvenes deberán estar capacitándose en los establecimientos educativos. En un futuro de gran prosperidad, los colombianos mayores harán una magnífica labor en las fuerzas armadas. El Gobierno Nacional propone un ejército profesional de amplia formación académica y técnica y una basta experiencia laboral.

33. EXTRADICIONES PENDIENTES

Los Estados que han solicitados extradición de excombatientes firmantes del presente acuerdo, como gesto de buena voluntad y solidaridad para con los colombianos, expedirán el instrumento jurídico pertinente mediante el cual cancelan dicha solicitud.

DISPOSICIONES FINALES

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma por todos los que en él participaron.

Todos los sectores de la sociedad tendrán que conjurar sus esfuerzos para garantizar el éxito del presente acuerdo. Las partes convienen en la creación de un fondo para la ejecución de proyectos específicos derivados del presente acuerdo.

Las partes reconocen que la proyección del presente acuerdo tiene una amplitud y complejidad tales que requiere un fuerte apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional que complemente los esfuerzos internos del gobierno y de todos los sectores firmantes, mediante la creación de un comité económico integrado por representantes de países amigos donantes, cooperantes y agencias internacionales (Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, etc.)

Copia del presente acuerdo será remitida por el gobierno nacional a todas las embajadas que hacen presencia en el país.

Todos los medios de comunicación radio, prensa y televisión se obligan a difundir en el ámbito nacional el texto completo del acuerdo definitivo, pues este es apenas un borrador que se ampliará y mejorará gracias a los aportes de la sociedad colombiana sin discriminación alguna.

Los centros de enseñanza, colegios y universidades, participarán difundiendo y explicando el presente ejercicio de acuerdo nacional de no-violencia.

El presente acuerdo está sujeto a verificación y apoyo internacional.

Firman por el gobierno nacional y todos los sectores de la sociedad gobernada: GOBIERNO NACIONAL, VEEDOR INTERNACIONAL, MOVIMIENTOS GUERRILLEROS, PARAMILITALES, BACRIM, PARTIDOS POLÍTICOS, PAÍSES AMIGOS, ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD CIVIL, UNIVERSIDADES PRIVADAS y PÚBLICAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, INDÍGENAS, SISTEMA JURÍDICO, SINDICATOS, SECTOR PRODUCTIVO, SECTOR FINANCIERO, SECTOR COMERCIAL, IGLESIAS CATÓLICA, MORMONA, TESTIGOS DE JEHOVÁ, OTRAS IGLESIAS, SECTOR SALUD…

* Háganos saber con cuáles puntos está de acuerdo (enumérelos), con cuáles no lo está y especifique a qué se compromete el sector que representa, a qué se compromete usted a título personal, y envíenos está información a la presidencia de Colombia dirigida a Luis Eduardo Garzón, asesor presidencial para la paz. La participación se puede hacer individual, por grupos, por sector o por ciudades. Obsérvese que algunos puntos en el acuerdo tienen una nota explicativa. Se pueden agregar los puntos de acuerdo que crean necesarios. Colombia agradece sus comentarios y aportes: prensapaz@presidencia.gov.co, comunicacionesvp@presidencia.gov.co, ppdh@presidencia.gov.co, secretaria.privada@presidencia.gov.co, contactovicepresidencia@presidencia.gov.co